Ni autoritarismo reciclado, ni tutela extranjera

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se convirtió en escenario de una de las operaciones políticas más cínicas de la diplomacia estadounidense reciente. Bajo el lema de la “restauración democrática”, Washington ha impulsado una campaña contra el régimen autoritario de Maduro que jamás ha tenido como objetivo el fortalecimiento democrático del país. Detrás del discurso grandilocuente del inquilino de la Casa Blanca se esconde una estrategia colonial de vieja data: el control de los recursos naturales y la subordinación de los países de la región. La lucha por las libertades democráticas ha servido como pretexto y como herramienta retórica destinada a legitimar la injerencia. En ese marco, el secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero no constituye un hecho aislado, sino una confirmación más de que Mr. Trump actúa como gendarme del mundo, arrogándose la potestad de aplicar la legislación estadounidense más allá de sus fronteras, como si se tratara de un mandato universal incuestionable, en línea con la lógica histórica de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823).

Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos. 

El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.

 Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.

El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.

Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.

Trump: anomalía democrática, poder desmedido y posverdad

Ha transcurrido casi un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, como era de esperar, él mismo se ha encargado de proclamarse el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. En su relato, Trump no gobierna: cumple una misión casi mesiánica, llamada a restaurar una grandeza supuestamente usurpada por enemigos internos y externos. A la par, continúa desplegando su ya habitual estrategia: la descalificación sistemática de todo aquel que no se someta a su culto personal, ya sean adversarios políticos, periodistas incómodos o antiguos aliados convertidos en traidores de ocasión.

Basta, sin embargo, con retirar el velo de su propaganda para advertir que la realidad es bastante menos épica. Un examen mínimamente riguroso de aquello que Mr. Trump exhibe como trofeos sus presuntos éxitos económicos, diplomáticos e institucionales, revelan una constante inquietante: sus “logros” son, en el mejor de los casos, discutibles y, en el peor, fracasos ruidosos que han erosionado la fortaleza interna de Estados Unidos y debilitado su credibilidad internacional.

Los supuestos hitos de su liderazgo se desmoronan al contrastarlos con la realidad. El triunfalismo permanente encubre una gestión marcada por la improvisación, la arbitrariedad y un estilo de gobierno que confunde el interés nacional con la autopromoción. El balance no es el de un estadista visionario, sino el de un dirigente obsesionado con fabricar un legado ficticio, aun cuando el país deba pagar el precio de sus caprichos y vendettas personales.

Aunque la economía estadounidense sigue creciendo, ese dinamismo responde sobre todo a la inercia de un sector privado robusto y al liderazgo tecnológico del país, no a la genialidad económica del presidente. El proteccionismo trumpista, presentado como una fórmula mágica para resucitar la industria nacional, ha sido un ejercicio de voluntarismo simplista. La política arancelaria se ha convertido en una caricatura de sí misma: impuestos que suben y bajan al compás del estado de ánimo presidencial o de sus simpatías personales hacia otros mandatarios. El resultado ha sido previsible: distorsión de las cadenas globales de valor, aumento de costos para las empresas, pérdida de competitividad y una factura que termina pagando el consumidor en forma de inflación. Atribuir la evolución positiva de la economía a estas medidas no es análisis: es propaganda.

Más grave aún es el deterioro institucional. Estados Unidos, tradicionalmente presentado como un referente de democracia liberal y separación de poderes, muestra hoy signos alarmantes de erosión. Desde el regreso de Trump, el Estado de derecho se ha convertido en un estorbo que debe ser doblegado, presionado o directamente instrumentalizado. El Departamento de Justicia ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un brazo político al servicio del presidente, útil para perseguir a adversarios y proteger a aliados. La destitución, o el intento de marginar, a jueces que no se alinean con Trump demuestra que la lealtad personal sustituye al mérito y la independencia judicial pasa a ser vista como una insolencia.

El uso del indulto presidencial resume esta deriva con particular crudeza. Trump ha perdonado a implicados en el asalto al Capitolio, un ataque directo al corazón del sistema democrático, y ha extendido su clemencia a figuras como el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en tribunales estadounidenses. No se trata de misericordia ni de justicia, sino de un mensaje político transparente: la lealtad se premia, la ley se negocia.

Su política migratoria constituye otro de sus fracasos morales y políticos. Trump ha convertido al inmigrante en un chivo expiatorio, criminalizando a millones de personas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense. Las deportaciones masivas y expeditas, ejecutadas con desprecio por los derechos humanos, castigan a quienes huyen de la miseria, la violencia y la represión, mientras alimentan una narrativa de miedo útil para el consumo electoral interno.

En política exterior, el panorama es desolador. Trump se autoproclama gran pacificador y afirma haber resuelto múltiples conflictos internacionales. La realidad, como de costumbre, es menos grandiosa. En Tailandia y Camboya, su intervención produjo una tregua fugaz que se evaporó al desaparecer de los titulares. Entre India y Pakistán hubo una pausa, no una paz. En la República Democrática del Congo y Ruanda se anunció un acuerdo mientras la violencia persistía. En Gaza, el alto el fuego respondió a cálculos estratégicos de Netanyahu, no a un triunfo diplomático estadounidense. Sin embargo, el fracaso más estridente ha sido Ucrania: Trump prometió poner fin a la guerra en 24 horas y, un año después, su única propuesta exige a Kiev sacrificar territorio y soberanía. Más que una solución, es una concesión que fortalece a Moscú y debilita la posición de Occidente.

En América Latina, Trump insiste en desempolvar la doctrina Monroe como si el continente siguiera siendo un patio trasero obediente. Sus insinuaciones de intervención militar revelan una mezcla peligrosa de nostalgia imperial y desconocimiento de la región. La política resultante ha sido errática, personalista y profundamente irrespetuosa de las soberanías nacionales. En ese contexto, la llamada “presión máxima” contra Venezuela ha terminado reducida a un ejercicio de retórica vacía, con sanciones ruidosas, amenazas recurrentes, aislamiento diplomático y la evocación anacrónica de cañoneras. Todo ello, además, aderezado con contradicciones obscenas: se secuestran tanqueros en el Caribe a fin de “asfixiar económicamente al régimen mientras Chevron continúa operando sin sobresaltos”. El balance es brutalmente simple: mucho ruido y cero resultados. Los desconocedores de la voluntad popular expresada el 28/7/2024 siguen cómodamente instalados en Miraflores, mientras que cada día se estrechan aún más los ya exiguos espacios democráticos del país.

Mr. Trump es un accidente histórico en la democracia estadounidense. Su liderazgo se apoya más en la teatralidad del espectáculo que en la responsabilidad de ser presidente. El poder desmedido, la posverdad y el beneficio familiar han sido los ejes de su proyecto. Trump no gobierna para Estados Unidos: gobierna para sí mismo. 

Inciso necesario: Resulta penoso que amplios sectores de la oposición democrática venezolana sigan arrodillados, con fervor casi litúrgico, ante los desplantes abiertamente antidemocráticos de Mr. Trump, y que, además, no solo aceptan humillaciones y atropellos en silencio, sino que los aplauden y los convierten en doctrina.

Navidad Sin Presos Políticos

En esta Navidad, cuando las luces intentan abrirse paso entre la oscuridad, recordamos que la esperanza es más fuerte que el miedo. Aunque muchos corazones hoy cargan con dolor, incertidumbre y silencio impuesto, el espíritu de la Navidad nos recuerda que la dignidad humana no puede ser reprimida.

Que el nacimiento de la esperanza renueve nuestra fe en un futuro en el que la justicia, la libertad y el respeto vuelvan a florecer en nuestra tierra. Que cada gesto de solidaridad, cada palabra valiente y cada acto de amor sean una luz que acompañe a quienes resisten con dignidad.

A quienes sufren persecución, a los presos por pensar distinto, a los exiliados forzados y a las familias separadas: su dolor no es en vano. Cada abuso queda marcado en la memoria del pueblo y cada acto de valentía acerca el día de la libertad.

Que esta Navidad nos abrace con la certeza de que ningún invierno es eterno y que, después de la noche más larga, siempre hay un amanecer.

Esta Navidad no es de silencio: es de resistencia.

Navidad Sin Presos Políticos

El Nobel que no premia a una persona, sino a una causa: Venezuela

María Corina Machado quizá sea una receptora imperfecta del Premio Nobel de la Paz, como lo han sido muchos otros galardonados a lo largo de la historia. Ningún liderazgo humano está exento de contradicciones, límites o decisiones difíciles, especialmente cuando se ejerce bajo condiciones extremas. Sin embargo, este reconocimiento trasciende con creces su figura individual, tal como lo subrayó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel de la Paz. No se trata únicamente de una persona, sino de un país entero: de Venezuela y de su larga, dolorosa y aún inconclusa lucha por la paz, la dignidad, la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción democrática.

El premio reconoce una causa colectiva. Pone en el centro a millones de venezolanos que, durante más de dos décadas, han resistido la arbitrariedad, la represión y el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Destaca el sacrificio silencioso de ciudadanos comunes —estudiantes, trabajadores, madres, abuelos, profesionales, líderes sociales— que han sido perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o reducidos al silencio, y que aun así se niegan a renunciar a la idea de un país libre.

En ese sentido, el Nobel no absuelve ni idealiza a nadie: ilumina una lucha. Reconoce la determinación de una sociedad que, pese al terrorismo de Estado, la criminalización de la disidencia y el uso del miedo como método de gobierno, continúa defendiendo el voto, la verdad, la justicia y la convivencia democrática. Es un recordatorio de que la paz no es sumisión ni silencio impuesto, sino el resultado de derechos garantizados, instituciones legítimas y ciudadanos libres.

Más que un premio individual, este Nobel es un acto de memoria y de respaldo moral. Le dice al mundo que Venezuela no es una abstracción geopolítica ni una narrativa ideológica, sino un pueblo concreto que sufre, resiste y espera. Y afirma, con claridad ética, que la lucha venezolana por la democracia no es una amenaza a la paz, sino su condición indispensable.

De la distopía orwelliana al socialfascismo-bolivariano

George Orwell, en su novela distópica 1984, presenta el territorio ficticio de Oceanía, un vasto superestado sometido a un régimen totalitario implacable. El poder está concentrado en manos del Partido, cuya figura más visible es el omnipresente Gran Hermano, símbolo de vigilancia, obediencia y control. Bajo su mirada constante, cada aspecto de la vida queda sometido a supervisión: desde el pensamiento individual y el uso del lenguaje hasta la propia historia y la noción misma de la verdad.

Orwell no imaginó que, décadas después, surgirían gobiernos autoritarios de otro tipo: no envueltos en banderas con esvásticas (Hakenkreuz) o fasces (fasci littori), sino en tricolores, acompañados de discursos patrióticos y promesas de redención para los más humildes. Orwell escribió sobre totalitarismos explícitos; lo que quizá no previó fue su modalidad caribeña: el autoritarismo bolivariano, que se proclama libertador y defensor de los desposeídos mientras reprime, monopoliza la verdad, afianza el control social y coapta los derechos de los trabajadores.

Uno de los pilares del Estado totalitario descrito por Orwell fue la manipulación del lenguaje. El “neolenguaje” no solo simplificaba palabras, sino que también estrechaba la capacidad de pensamiento y cambiaba su significado. En nuestro país, se ha establecido un neolenguaje orwelliano, en el que las palabras ya no significan lo que deberían. Frases como “gobierno obrerista” encubren estructuras de poder alejadas del pueblo trabajador. La miseria y el hambre son presentadas como signos de bienestar y justicia social; la opresión, como una supuesta democracia popular; y la llamada revolución, como una forma de enfrentar al neoliberalismo, aunque en los hechos reproduzca prácticas similares. La represión se llama “protección del pueblo”, la escasez es “guerra económica”, el hambre es “soberanía alimentaria” y la dictadura es “democracia participativa y protagónica”. Esta inversión del sentido, donde la guerra es paz, la ignorancia es fuerza y la sumisión es libertad, es una de las herramientas más eficaces del régimen para desmovilizar la crítica, aplastar al disidente y controlar el pensamiento colectivo. Vivimos tiempos en los que el Estado no informa: reinventa. No narra: distorsiona. No comunica: intimida. La verdad es un territorio prohibido y la mentira oficial, un deber patriótico.

Otro rasgo inquietante es la reescritura permanente de la historia. Orwell imaginó un régimen capaz de manipular el pasado para asegurar la obediencia; en la Venezuela oprimida, observamos algo similar: episodios históricos reinterpretados, un Bolívar africanizado y próceres elevados a la categoría de santos tutelares de su proyecto hegemónico. Así se ha construido un relato en el que el pasado deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un instrumento de legitimación. La historia deja de ser memoria para transformarse en propaganda/

A ello se suma otro elemento orwelliano, quizá uno de los más decisivos: la construcción de un enemigo permanente, responsable de todos los males y fracasos. En el esquema binario de la revolución, todo ciudadano es un sospechoso en potencia: estás con el proceso (entiéndase el pueblo) o estás contra él. Y ese “pueblo” es un sujeto abstracto que, curiosamente, coincide siempre con los intereses del proyecto dominante. De lo maniqueo del discurso oficial: no se persigue al periodista; se defiende al pueblo de la mentira. No se encarcela al disidente; se combate la traición y el terrorismo. No se censura; se protege la soberanía comunicacional. Todo abuso se convierte en un acto heroico en la narrativa del mesías de Miraflores. 

En la obra de George Orwell se plantea la existencia simultánea del enemigo externo y del enemigo interno como un mecanismo fundamental para la represión y el control social. El enemigo externo -una potencia en guerra permanente o un adversario lejano- actúa como elemento de cohesión nacional, pues permite justificar la militarización del país, la vigilancia, la represión y la obediencia. Paralelamente, el régimen alimenta la idea del enemigo interno, un conjunto de supuestos traidores infiltrados que amenazan la pureza ideológica y la seguridad del Estado. Estos enemigos internos, reales o imaginarios, sirven para legitimar la persecución, la represión y la depuración constantes en la sociedad. Para Orwell, ambas figuras son construcciones políticas diseñadas para mantener a la población en un estado de miedo, dependencia y desconfianza, de modo que el poder se presenta como el único garante de la supervivencia.

Las elecciones, al mejor estilo orwelliano, han dejado de ser mecanismos de toma de decisiones ciudadanas para convertirse en rituales de legitimación. La evidencia más clara quedó demostrada el pasado 28 de julio de 2024, cuando se consumó el mayor fraude de la historia republicana con la complicidad de todos los poderes del Estado. Ese día se pisoteó la voluntad popular expresada en las urnas. La soberanía popular fue sustituida por la fuerza del fusil.

En Oceanía, el régimen se sostenía sobre una emoción fundacional: el odio. “Nuestra civilización se construye sobre el odio”, proclamaban sin pudor sus dirigentes, convencidos de que la cohesión social solo podía lograrse mediante el miedo, la enemistad y la polarización constante. El autoritarismo bolivariano opera bajo una lógica similar: no es un proyecto libertario, sino un proyecto de dominación perversa que divide a los ciudadanos en categorías irreconciliables: “amigos y enemigos”, “patriotas y apátridas”, “buenos y malos”, “ciudadanos y terroristas”. En este esquema maniqueo, la lealtad ciega se erige en virtud suprema, mientras que la disidencia se castiga y criminaliza. El resultado es un orden político que disciplina, somete y reprime al ciudadano, consolidando un sistema en el que el miedo no es un accidente, sino una estrategia de Estado.

Venezuela no es una distopía literaria: es un país real, atrapado durante más de 25 años en una pesadilla que Orwell vislumbró hace más de siete décadas. La tragedia venezolana demuestra que el totalitarismo no necesita grandes mayorías para imponerse; le basta con destruir la verdad, apropiarse del lenguaje y aplastar la voluntad colectiva mediante la fuerza de las armas. Tal como advirtió Orwell, cuando el poder controla la palabra y manipula la realidad, la mentira se vuelve un mecanismo de dominación, el lenguaje se transforma en herramienta de manipulación y la fuerza pasa a ser un instrumento de obediencia.

El proyecto socialfascista bolivariano no emancipa ni libera; uniforma, adoctrina, reprime y asesina, reproduciendo los mismos patrones de los totalitarismos del siglo XX que asegura combatir. Su retórica revolucionaria -falsa y grandilocuente y cuidadosamente efectista- funciona como un blindaje ideológico destinado a justificar la violación de los derechos humanos, la anulación de los espacios democráticos y la concentración absoluta del poder.

El chavismo: modelo posmoderno del fascismo del siglo XX

Cuando cayó el fascismo europeo a mediados del siglo XX, el mundo respiró con alivio. Parecía que aquella maquinaria totalitaria, construida sobre el culto al líder, la manipulación de las masas y la represión del disenso, había quedado sepultada bajo los escombros de la guerra. Sin embargo, la historia rara vez se repite literalmente; suele hacerlo en versiones adaptadas a su tiempo, disfrazadas de nuevos ideales. En América Latina, esa metamorfosis del autoritarismo encontró su forma más persistente en el llamado chavismo, un régimen que, bajo el ropaje de la revolución socialista, terminó erigiendo un sistema de dominación que muchos ya describen como el fascismo del siglo XXI.

El chavismo nació en los años noventa como una promesa de redención nacional. Hugo Chávez se presentó como la voz de los excluidos, el vengador del pueblo frente a las élites corruptas y la política tradicional. Su mensaje caló hondo en una sociedad golpeada por la desigualdad, la corrupción y la desilusión democrática. Pero aquel proyecto que engañosamente se anunció como una “revolución de los humildes” pronto comenzó a mostrar sus costuras: un régimen de poder absoluto, construido sobre tres pilares: el culto a la personalidad, la militarización del Estado y la destrucción progresiva de las instituciones democráticas.

A lo largo de su mandato, Chávez convirtió la política en una épica personal. Su imagen omnipresente en los medios, su lenguaje mesiánico y su narrativa de “pueblo contra enemigos” consolidaron un esquema clásico del autoritarismo carismático. Con el tiempo, esa retórica devino en un aparato ideológico cerrado, donde el Estado y la revolución se confundieron hasta volverse indistinguibles. Quien criticaba al Gobierno era, automáticamente, enemigo del pueblo.

Uno de los rasgos más inquietantes del chavismo y de su continuador Maduro, que lo emparenta con el fascismo clásico, es su manipulación del concepto de pueblo. En el fascismo italiano, el “pueblo” era una masa orgánica que debía unirse en torno al líder y al destino de la nación; en el chavismo, ese “pueblo bolivariano” se erige en una entidad sagrada, propietaria exclusiva de la verdad y de la legitimidad moral.

Pero esa unidad es ilusoria: solo pertenece al pueblo quien se somete al poder. Quien disiente, deja de ser ciudadano para convertirse en traidor. Esta división maniquea —los leales contra los enemigos internos— permite justificar cualquier atropello, desde la persecución judicial hasta la censura mediática. El discurso oficial no tolera matices: el chavismo se alimenta de la polarización, porque sin enemigos que lo amenacen, su legitimidad se derrumba.

En el fascismo del siglo XXI, el Estado no solo administra: también vigila, adoctrina y castiga. Lo que en Europa fueron los sindicatos únicos o las corporaciones estatales, en Venezuela se transformó en una red de programas sociales, organismos de control y colectivos armados que operan como extensiones del poder político.

La economía, en teoría socialista, se convirtió en una herramienta de sometimiento. Los subsidios y las ayudas —como las cajas de alimentos CLAP o los bonos del carnet de la patria— se reparten según la lealtad política, no según la necesidad. Así, la supervivencia cotidiana depende del grado de obediencia al régimen. El control social, en este modelo, no se impone solo con armas, sino también con hambre.

El control social y la represión lo hacen envuelto en legalidad. Los tribunales y los fiscales actúan como ejecutores del poder, mientras los cuerpos de seguridad operan con impunidad. La tortura, las detenciones arbitrarias, los juicios amañados y los ajusticiamientos extrajudiciales no son excesos aislados, sino parte de un terrorismo de Estado que castiga la disidencia para preservar su dominio.

Si Mussolini hablaba de la “religión del Estado”, el chavismo ha construido la suya: una liturgia patriótica que mezcla bolivarianismo, socialfascismo y sumisión militar. En el imaginario chavista, el Ejército no es una institución al servicio de la República, sino la vanguardia moral de la revolución. Con el paso de los años, el poder político y el militar se fusionaron en un solo cuerpo, como en todo sistema de inspiración fascista.

A la dimensión militar se suma otra casi religiosa. Chávez fue elevado, tras su muerte, a una suerte de santidad política: su rostro adorna murales, su voz se repite en actos oficiales y su figura es invocada como guía espiritual de la patria. La fe en el líder trascendido refuerza la obediencia al sucesor, Maduro, quien desgobierna invocando la memoria del “comandante eterno” para legitimarse.

Ningún autoritarismo sobrevive sin controlar el relato. En este sentido, el chavismo aprendió de los manuales más clásicos del totalitarismo. Los medios públicos se transformaron en órganos de propaganda; los privados fueron comprados, cerrados o sometidos mediante leyes restrictivas. El lenguaje mismo fue colonizado: “patria”, “soberanía”, “lealtad”, “traición” dejaron de ser palabras comunes para convertirse en instrumentos de alineamiento ideológico.

El control simbólico alcanza incluso a la memoria histórica. Bolívar fue reinterpretado como precursor del socialismo, y los símbolos patrios se reformularon para adaptarse al nuevo credo revolucionario. Todo régimen fascista necesita una mitología fundacional; el chavismo la encontró en una historia reescrita a su medida, donde el pasado legitima eternamente el presente.

Una de las paradojas del chavismo-fascismo es su insistencia en mantener un barniz democrático. Las elecciones no desaparecieron; se transformaron en rituales vacíos. El voto, despojado de su valor competitivo, sirve para legitimar al poder, no para disputarlo. En este escenario, las elecciones son simulacros de participación: se vota, pero no se elige. La mejor demostración fue el pasado 28/7/2024

El chavismo no es una simple dictadura ni un régimen militar clásico. Es una forma de autoritarismo posmoderno, capaz de combinar discurso progresista con prácticas represivas, apelaciones al socialismo con una economía extractiva y corrupta, y retórica antiimperialista con alianzas pragmáticas con potencias extranjeras. En ese sentido, el chavismo se ha convertido en un modelo de exportación: un manual para los nuevos autoritarismos globales que buscan legitimarse en la retórica del pueblo, disfrazar la represión de democracia y manipular la pobreza como herramienta de control.

Llamar fascismo del siglo XXI al chavismo no es una exageración retórica ni un accidente histórico; no es, igualmente, un insulto, sino un diagnóstico. Es el espejo en el que se reflejan las debilidades de nuestros sistemas de gobierno: la corrupción, la desigualdad, la impunidad, la fe ciega en los caudillos. Chávez y su continuador, Maduro, no vinieron de otro planeta; surgieron de un sistema injusto, ya podrido y en plena descomposición.

El chavismo no es el futuro: es el recordatorio de todo lo que el siglo XX nos enseñó a temer… y que, contra toda lógica histórica, en pleno siglo XXI ha vuelto a convertirse en una amenaza.

Trump y la destrucción de la democracia norteamericana

En la historia reciente de Estados Unidos, ningún presidente ha desafiado con tanta audacia los cimientos de la democracia liberal norteamericana como Donald Trump. Su mandato, lejos de ser un accidente aislado en el devenir político norteamericano, constituye una ofensiva sistemática contra las instituciones, los valores democráticos, la ciencia y el conocimiento. 

Trump no inventó la polarización ni la desconfianza hacia la clase política. Se nutrió de un malestar previo: la sensación de abandono en vastos sectores de la clase media empobrecida, el resentimiento ante la globalización y el descrédito de las élites tradicionales de Washington. Pero su gran “mérito” —si cabe usar el término— fue haber transformado ese malestar en un arma contra la propia democracia. Supo convertir la ira y el descontento en una plataforma política, canalizando emociones primarias como el miedo, la nostalgia y el resentimiento hacia un proyecto personalista y autoritario.

La presidencia de Mr. Trump ha sido un ejercicio constante de manipulación informativa, donde la mentira se convirtió en una herramienta de gobierno y la “posverdad” pasó a ser una norma cotidiana. Trump ha lanzado miles de afirmaciones falsas o engañosas. Pero lo más grave no han sido las mentiras en sí, sino el efecto corrosivo de convertir la verdad en un asunto relativo, dependiente de la lealtad política. En ese escenario, los datos, las instituciones y hasta los tribunales pasaron a ser percibidos como enemigos si contradecían el relato oficial. El resultado: una democracia formal, pero emocionalmente autoritaria. Una república que todavía vota, pero cada vez menos piensa.

La guerra contra la prensa libre ha sido un componente central de esta estrategia. Al tildar a los periodistas de “enemigos del pueblo” y deslegitimar a medios enteros, Trump sembró la idea de que no existe información confiable fuera de lo que emana de su propia voz o de la de sus voceros. 

Pero la embestida no se limitó a la imposición de la posverdad. Trump ha atacado frontalmente a las instituciones diseñadas para limitar el poder presidencial. Su desprecio por la división de poderes ha sido evidente: por ejemplo, ha utilizado al Departamento de Justicia para proteger a sus aliados y desacreditar, perseguir y despedir laboralmente a jueces, fiscales y legisladores. Como si el poder fuera un espejo que solo refleja su conveniencia, también ha hecho del perdón presidencial un escudo personal, extendiéndolo a sus amigos y aliados, desde los implicados en el asalto al Capitolio (6 de enero de 2021) hasta figuras como Rudy Giuliani y Sidney Powell, acusadas de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Trump ha transformado al Partido Republicano en un rehén de su propia figura. Legisladores, gobernadores y dirigentes que antaño defendían las instituciones se someten hoy a su voluntad por temor a ser castigados en las urnas por la base trumpista (MAGA). La política estadounidense se ha convertido en un espectáculo de lealtades personales y obediencia ciega, donde el aplauso al líder pesa más que la defensa de la Constitución. El “trumpismo” ha demostrado que el populismo autoritario no es un fenómeno exclusivo de democracias frágiles o jóvenes, ni de países tercermundistas. Puede florecer en el corazón de la república más antigua del mundo contemporáneo si se combina con un líder carismático dispuesto a derribar reglas, un electorado fanatizado dispuesto a seguirlo y unas élites políticas demasiado cobardes para enfrentarlo.

La administración de Trump ha impulsado medidas antidemocráticas que restringen los derechos fundamentales de los inmigrantes. Su retórica estigmatizante ha permitido el resurgimiento de la xenofobia y ha alimentado discursos extremistas que vuelven a dividir a la sociedad. Mr. Trump gobierna no solo mediante decretos regresivos que vulneran derechos básicos, sino también a través de símbolos; y los símbolos, cuando se instalan en el imaginario colectivo, tardan mucho más en desactivarse que la proclamación de un orden ejecutivo.

Lo que ocurre en Washington no es una rareza; es un reflejo. Desde Budapest hasta Caracas, desde San Salvador hasta Turquía, el siglo XXI ha visto cómo las democracias se desangran lentamente. El método es siempre el mismo: se captura el poder a través de los votos, se violentan los derechos humanos, se deslegitima la prensa, se reescriben las reglas, se reprime y se atropella a los trabajadores, y todo en nombre del pueblo. 

No todo está perdido. Los tribunales todavía bloquean algunos excesos, el Congreso aún resiste en ciertos temas, y una ciudadanía inquieta se moviliza, protesta y litiga. Los medios independientes siguen denunciando; las universidades, debatiendo; y la sociedad civil, alertando. Son las últimas líneas de defensa frente a una maquinaria política que se alimenta de la polarización y del miedo. Pero las preguntas son: ¿Cuánto durarán esos diques antes de ceder ante la marea del poder concentrado? ¿El sistema democrático norteamericano tendrá la fortaleza para resistir este asalto interno? El tiempo lo dirá 

Washington ya no exporta libertad, sino el manual del populismo institucionalizado anglosajón 

Nota a pie de página: Es lamentable que un personaje tan ajeno a los valores democráticos y con una política antiinmigrante como Donald Trump se haya convertido en el paradigma y referente de amplios sectores de la oposición venezolana.

La defensa de “la patria” como arma de control social y político

A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han recurrido a la misma estrategia para legitimar su poder: invocar la defensa de la patria frente a supuestas amenazas (externas – internas) y manipular sin escrúpulos el sentimiento patriótico de la población. Es un recurso tan antiguo como eficaz. Bajo la bandera de la soberanía nacional se ocultan el miedo a perder privilegios, el rechazo al escrutinio democrático y la coartada perfecta para justificar la represión interna. En boca de los autoritarios, “defender la patria” no es más que un grito hueco, un instrumento de manipulación diseñado para adormecer conciencias, justificar abusos y silenciar a quienes se atreven a disentir de la política oficial.

Desde la llegada al poder del chaveco-madurismo, la “patria” dejó de ser un ideal común para convertirse en un disfraz de utilería al servicio del proyecto bolivariano dominante. Con una retórica patriotera repetida hasta el cansancio, el régimen pretende blindarse de toda crítica y tapar la ruina política, social y económica en la que ha sumido al país. La patria, en sus labios, no pasa de ser un eslogan de feria, una muletilla de propaganda con la que los chafarotes del poder desangran al país día tras día. Son los farsantes que gritan “¡Hay que defender la patria!” mientras la saquean, la subastan al mejor postor y la hunden en una pobreza estructural extrema.

En estos 25 años de “desgobierno bolivariano”, fabricar enemigos ha sido el recurso más efectivo del régimen para encubrir su desastre administrativo y perpetuar su narrativa épica. Cada crisis, cada fracaso y cada escándalo de corrupción encuentran un culpable externo: el imperio, la oligarquía, los traidores de turno. Así, mientras el país se hunde en la pobreza y la desinstitucionalización, ellos se presentan como héroes de opereta: autoproclamados defensores de la patria, sitiados por conspiraciones que solo existen en su imaginación, y en las interminables cadenas televisadas donde fabrican su propio mito.

Esta farsa patriotera, hecha de símbolos vacíos y discursos de utilería, ha sido la coartada perfecta del régimen para aplastar al ciudadano que se atreve a protestar, silenciar al periodista incómodo, aterrorizar al estudiante rebelde, encarcelar al obrero que exige sus derechos y, con brutal impunidad, asesinar al dirigente social que no se doblega ante su política hambreadora. La lógica es simple: quien no aplaude al régimen, conspira; quien disiente, atenta contra la patria; quien exige derechos, es acusado de traición. Con esta ecuación burda, los usurpadores han convertido al Estado en un tribunal inquisidor en el que el ciudadano siempre resulta culpable por el simple hecho de pensar distinto. Entre himnos gritados a destiempo, consignas huecas y uniformes prestados, se esconde la verdadera maquinaria del poder: un terrorismo de Estado que criminaliza la crítica y reduce la vida pública a un espectáculo grotesco. El famoso llamado a “defender la patria” no es otra cosa que un chantaje emocional, una mentira envuelta en banderas y fanfarrias, diseñada para anestesiar conciencias y legitimar la represión.

En Venezuela, la patria dejó de ser un espacio de ciudadanía para convertirse en un inmenso cuartel. El pestilente uniforme militar, se ha convertido en un disfraz de legitimidad política, de impunidad ante la violación de los derechos humanos. Los cuarteles y guarniciones militares, lejos de defender la soberanía nacional, se han transformado en escenarios de propaganda donde la patria no se debate ni se construye: se grita, se ordena y se obedece. 

El chaveco-madurismo ha degradado la defensa de la patria a una caricatura. No la defienden: la explotan, la exprimen y la usan como un trapo para limpiar sus propios desastres. La patria, en sus manos, es apenas un eslogan de feria, un decorado barato que se exhibe en desfiles militares, cadenas interminables y discursos huecos; pero desaparece en la vida diaria de los venezolanos, obligados a sobrevivir con salarios de miseria, hospitales en ruinas, escuelas abandonadas, cortes de luz recurrentes, represión y violencia política. 

Cuando los voceros del autoritarismo gritan “¡Defender la patria!”, en realidad lo que persiguen es proteger sus negocios, sus inversiones y los privilegios logrados gracias a la corrupción y el robo del erario público. La patria no se defiende militarizando a la sociedad, ni sembrando terror con colectivos con pasamontañas y fusiles, ni con generales tapa amarilla pronunciando discursos más aprendidos, y mucho menos pretendiendo borrar la identidad de los ciudadanos. La patria se defiende con escuelas bien dotadas, hospitales dignos, salarios justos, una justicia independiente, el respeto a la voluntad popular y los derechos humanos. Todo lo demás no es patria: es negocio, propaganda y represión envuelta en trapos de bandera. Es la creación de una sociedad basada en el miedo y el terror.

El Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz representa un homenaje al coraje y la constancia del pueblo venezolano en su lucha pacífica contra la dictadura chaveco-madurista, simbolizada por su figura más representativa: María Corina Machado. Este galardón no implica respaldo a una postura o visión política específica, sino un firme reconocimiento al compromiso con los principios universales de libertad, justicia y respeto por los derechos humanos.

Autoritarismo, terror de Estado, represión y muerte

A partir del golpe de Estado del 28/7/2024, en Venezuela se instauró una política represiva de Estado orientada a desconocer los resultados electorales y aplastar toda manifestación en defensa de la voluntad y la soberanía popular. El régimen recurrió a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra cientos de ciudadanos, en su mayoría activistas políticos, dirigentes sociales, sindicales y periodistas, además del asesinato de indefensos manifestantes. 

Esta violación sistemática de los derechos humanos se perpetró mediante el uso de las fuerzas policiales y militares del Estado, así como a través de grupos armados irregulares al servicio del régimen (colectivos). De esta manera, la represión adquirió un carácter cada vez más institucionalizado, consolidándose como un mecanismo para aniquilar los movimientos políticos y sociales que exigían el respeto a los resultados del 28 de julio.

Este preocupante panorama sobre los derechos humanos en Venezuela quedó reflejado en el informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) de las Naciones Unidas, correspondiente a 2025. El documento advierte sobre severos retrocesos en diversas libertades fundamentales, al tiempo que persiste una impunidad casi absoluta frente a las graves violaciones denunciadas tanto por organismos nacionales como internacionales.

Tras las fraudulentas elecciones del 28/7/2024, el informe documenta una escalada represiva dirigida contra quienes exigieron respeto a la voluntad popular. Manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con violencia desproporcionada, por las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares. Paralelamente, se desató una ola de detenciones arbitrarias y masivas que se extendió por todo el país. Los secuestrados han sido sometidas a procesos irregulares y acusadas bajo cargos genéricos y estigmatizantes, como “terrorismo”, “incitación al odio” o “resistencia a la autoridad”, etiquetas que buscan criminalizar la protesta ciudadana y legitimar la persecución política. Estas prácticas, señala el informe, consolidan un patrón de represión sistemática que tiene como finalidad silenciar el disenso y sembrar el miedo en la sociedad venezolana.

El informe también documenta múltiples casos de tortura, aislamiento prolongado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto físicos como psicológicos. A ello se suman la negación sistemática de atención médica adecuada, el hacinamiento extremo en los centros de reclusión y la carencia de servicios básicos como agua potable, alimentación suficiente y condiciones mínimas de salubridad. Estas prácticas no solo violan de manera flagrante los derechos fundamentales, sino que constituyen una política de castigo destinada a quebrar la resistencia de los detenidos y generar un efecto disuasorio en la población.

Asimismo, el informe denuncia una campaña sostenida de hostigamiento e intimidación contra organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. ONG como PROVEA y Foro Penal, entre otras, han sido objeto de amenazas, allanamientos, restricciones administrativas y persecución judicial, lo que busca neutralizar su labor de documentación y acompañamiento a las víctimas. Esta estrategia represiva, advierte el documento, pretende reducir al mínimo los espacios de denuncia y vigilancia ciudadana, consolidando un clima de miedo y silencio forzado en el país.

Cabe destacar que el régimen chaveco-madurista, al mejor estilo del nazismo alemán y de las dictaduras del Cono Sur en el siglo XX, ha institucionalizado el peligroso concepto jurídico del Sippenhaft o Sippenhaftung. Este principio, aplicado en la Alemania nazi, establecía que la responsabilidad penal de un acusado de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares directos, quienes eran considerados igualmente culpables, arrestados y, en algunos casos, incluso condenados a muerte por los supuestos delitos cometidos por su pariente. Los “humanistas bolivarianos del siglo XXI” han rescatado la siniestra tesis defendida por Heinrich Himmler acerca de la “corrupción de la sangre”, según la cual no bastaba con castigar al individuo considerado culpable, sino que era necesario también perseguir, neutralizar o exterminar a sus familiares. De esta forma, Maduro y sus milicos buscan sembrar el terror colectivo, utilizando los lazos de consanguinidad como herramientas de represión política, con el claro propósito de disuadir cualquier forma de disidencia o resistencia social.

Lo que ocurre hoy en Venezuela no son excesos aislados, ni simples extralimitaciones de funcionarios, ni errores coyunturales. Se trata de un patrón de represión cuidadosamente diseñado desde Miraflores con el propósito de perpetuarse en el poder a costa de las libertades ciudadanas. La criminalización de la disidencia, la institucionalización del terror, la violencia letal y la impunidad sistemática no son anomalías: constituyen, en sí mismas, manifestaciones del terrorismo de Estado que se impulsa desde Miraflores.

El gran desafío que enfrenta hoy la sociedad venezolana -y con ella la comunidad internacional- no se limita a condenar las violaciones de derechos humanos, sino a impedir que tales aberraciones se naturalicen bajo el peso del silencio, la indiferencia o la complicidad de muchos. La impunidad prolongada no solo normaliza la barbarie, sino que erosiona los cimientos de la convivencia democrática y abre la puerta a nuevas formas de dominación autoritaria.

Lo que está en juego en Venezuela trasciende las fronteras nacionales: no se trata únicamente del destino de una democracia agonizante, sino de la defensa misma de la dignidad humana frente a un autoritarismo chaveco-madurista que ha hecho del terror de Estado un instrumento cotidiano de gobierno.

Carta New York Times

State Terrorism and Human Rights Violations Under Maduro's Regime

Venezuela is enduring a severe humanitarian and human rights crisis, not caused by war or natural disaster, but by deliberate state terrorism imposed by the authoritarian Maduro regime. Following the 7/28/2024 fraudulent elections, the regime intensified its repression, targeting opposition figures, civil society leaders, students, workers, and journalists. Thousands of Venezuelans have been arbitrarily detained, many without charges, under vague accusations such as “terrorism” or “conspiracy.” UN investigations (Independent International Fact-Finding Mission) and human rights organizations report widespread use of torture, enforced disappearances, extrajudicial executions, and other inhumane treatment to suppress dissent and instill fear.

The crisis extends beyond political persecution. Venezuela’s healthcare system has collapsed, hospitals lack basic supplies, and preventable diseases claim lives. Public services like water and electricity are unreliable, while food insecurity and educational decline are rampant. Independent media and NGOs are under attack, with censorship and restrictive laws silencing dissent. Indigenous communities face displacement and exploitation linked to illegal mining and state neglect.

Despite the growing suffering and the forced exodus of over 7 million Venezuelans, the international response has been nothing short of disgraceful. Silence or distortion of Venezuela’s reality, as seen in Julie Turkewitz’s recent article, is not neutrality -it’s complicity. Venezuelans don’t need sympathy. We demand truth, accountability, and active solidarity.

El falaz discurso obrerista de Maduro

Durante más de veintiséis años, el proyecto bolivariano se ha presentado ante la opinión pública como una causa en defensa de la clase obrera, una narrativa cuidadosamente construida para legitimar su permanencia en el poder mediante la apropiación simbólica de las luchas históricas del proletariado. Amparado en ese discurso, el gobierno ha intentado mostrarse como garante de los derechos laborales y promotor de la justicia social. Pero la realidad ha sido muy distinta: lo que se ha consolidado es un modelo de dominación que mezcla una retórica socialista vacía con una explotación capitalista brutal, todo ello sostenido por prácticas autoritarias de claro tinte fascista. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela la clase obrera había sido tan golpeada con tanta dureza y crueldad como bajo este régimen autoritario. 

Lo que ha emergido de este proyecto de dominación bolivariano ha sido un esquema profundamente perverso: un capitalismo de Estado salvaje que ha desmantelado derechos laborales, militarizado las empresas, precarizado el trabajo bajo un régimen de terror que aplasta brutalmente cualquier forma de lucha social. El trabajador, exaltado en la retórica oficial como el “sujeto histórico de la revolución”, ha sido en la práctica reducido a una figura subordinada, sometida a una expoliación inhumana y controlada por una maquinaria autoritaria que no tolera voces críticas ni sindicatos autónomos.

Esta estrategia se consolidó mediante la intervención directa del Estado en la vida sindical: cooptando sindicatos, persiguiendo a dirigentes independientes y promoviendo la creación de estructuras paralelas (federaciones y sindicatos) diseñadas para neutralizar cualquier forma de representación sindical autónoma. Un ejemplo emblemático de esta maniobra fue la creación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que, lejos de defender salarios dignos, mejoras reivindicativas, garantizar la seguridad social o impulsar la democratización sindical, funciona como un aparato de propaganda y control que oprime al trabajador y lo reduce a la condición de rehén, bajo un Estado que actúa simultáneamente como patrón, policía y censor.

La llamada “revolución bolivariana”, entre otras cosas, pulverizó los salarios, flexibilizó y militarizó las relaciones de trabajo creando un mercado laboral desprotegido, donde el obrero es tratado como un desecho reemplazable. El salario dejó de ser la justa retribución al esfuerzo para convertirse en una limosna, en un símbolo del desprecio del régimen hacia los trabajadores. Una muestra clara de esta realidad es que el salario mínimo ni siquiera equivale a un dólar mensual, según la tasa oficial del BCV. Una cifra vergonzosa que condena a millones de venezolanos a la miseria y deja al descubierto la gran farsa de esta llamada revolución. 

Lo que se ha impuesto en Venezuela no es socialismo alguno, es un autoritarismo corporativo brutal: un sistema donde el Estado absorbe toda representación laboral, destruye la autonomía sindical sometiendo a los trabajadores a un control social total. Aunque se reviste de retórica revolucionaria, este modelo tiene claros paralelismos con regímenes del siglo XX como el fascismo italiano o el nazismo alemán, donde los sindicatos independientes fueron suprimidos y reemplazados por organizaciones subordinadas al poder político. En todos, la fórmula ha sido la misma: Estado autoritario + capitalismo explotador + sindicatos domesticados. El chaveco-madurismo proclama revolución mientras siembra miseria y esclaviza al obrero. 

Nunca antes el trabajador venezolano había sido tan reprimido y explotado como bajo el régimen del autoproclamado “presidente obrero”. Maduro y su grupete han empujado al trabajador venezolano al abismo del hambre, la miseria y lo mantienen sometido al peso asfixiante de un Estado que actúa con mano de hierro como patrón explotador, carcelero represivo y verdugo implacable.

Detrás del falso discurso obrerista del régimen, lo único que queda es el grito ahogado de una clase trabajadora traicionada, sometida y reprimida por la misma maquinaria autoritaria que prometió liberarla.

Sin respeto a la voluntad popular, la soberanía y la autodeterminación son una farsa.

Frente a la opereta militar caribeña de la dupla Trump-Rubio, envío de buques de guerra y tropas en el sur del Caribe, el régimen ha respondido con altisonantes y engañosos discursos antiimperialistas y comparaciones con resistencias épicas como la de Vietnam. A esto se han sumado movilizaciones militares, jornadas masivas de alistamiento y llamados a la defensa de la soberanía nacional bajo la bandera de la autodeterminación de los pueblos. 

A pesar de que el despliegue militar imperial en el sur del Caribe no reúne las características típicas de una fuerza de tarea orientada a una invasión (ni por el tipo de buques movilizados ni por el número de efectivos involucrados), su presencia ha sido hábilmente utilizada por el régimen como una amenaza inminente a la soberanía. Esta narrativa le ha servido de pretexto para profundizar la militarización del país, implementar nuevas medidas represivas y reforzar su ya desgastado discurso victimista. Además, el régimen ha intentado, con escaso éxito, despertar un sentimiento de unidad nacional frente a la supuesta agresión del “imperio”, la violación de nuestra soberanía y la amenaza al derecho a la autodeterminación.

Más allá de la posverdad bolivariana, conviene subrayar que la autodeterminación, la soberanía territorial y el respeto a la voluntad popular forman un todo indivisible, un entramado conceptual imposible de fragmentar sin traicionar su esencia. El principio de autodeterminación, concebido originalmente en el siglo XVIII como un ideal ilustrado de soberanía popular, fue redefinido en el siglo XX desde una perspectiva geopolítica y, con el tiempo, se institucionalizó como norma jurídica internacional, especialmente en el contexto del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas. Lamentablemente, la autodeterminación en muchos casos se ha descontextualizado, dejando de ser derecho legítimo de los pueblos para convertirse en una coartada política para perpetuar proyectos autocráticos que, lejos de liberar a las naciones, han terminado por someterlas a nuevas y más pesadas cadenas de opresión. 

Urge rechazar toda forma de injerencia extranjera, pero también desenmascarar el discurso patriotero y ladino de un régimen que el 28 de julio pisoteó abiertamente la voluntad popular. La soberanía territorial y la autodeterminación solo tienen sentido si se sostienen en el respeto a la soberanía popular. Negar esa voluntad no solo deslegitima el poder que se ejerce, sino que vacía de contenido los valores que históricamente han inspirado las luchas por la soberanía territorial y la autodeterminación de los pueblos.

El régimen utiliza cínicamente los principios de soberanía y autodeterminación para blindar la continuidad de su farsa autoritaria. Apelar a estos conceptos mientras se pisotea la voluntad popular no es más que una coartada burda para legitimar un poder usurpado, sostenido en la represión, el fraude y la negación de los derechos fundamentales. No hay soberanía posible allí donde el pueblo ha sido silenciado.

La verdadera independencia y soberanía territorial no llegará a bordo de las cañoneras del Tío Sam, como fantasean algunos con nostalgia colonial, ni brotará de los delirios mesiánicos que se venden como salvación. Solo será posible cuando el pueblo venezolano ejerza con firmeza su derecho irrenunciable a elegir, gobernarse y liberarse del tutelaje, tanto externo como interno, que hoy pretende secuestrar nuestro destino.

Sin respeto a la voluntad popular, no hay soberanía ni autodeterminación posibles: solo tiranía disfrazada de república, poder usurpado con lenguaje patriotero y simulacro institucional al servicio del proyecto autoritario.

Nota Final: Mientras la dupla Trump-Rubio continúa con su comedia grotesca en el Caribe, Maduro persiste en su farsa patriotera, María Corina felicita efusivamente a Mr. Trump, y afirma con fervor mesiánico la inminente caída de Maduro. En este interminable sainete falaz, los venezolanos seguimos atrapados en un laberinto sin salida, sin brújula y sin horizonte alguno que nos permita superar la crisis.

Maniqueísmo mesiánico: crónica de una derrota anunciada

La figura de María Corina Machado, que en su momento encarnó la esperanza de la oposición venezolana, hoy se presenta disminuida por su radicalismo estéril, confrontaciones improductivas y una obstinada visión mesiánica alejada de la realidad nacional. Su hiperliderazgo excluyente, sumado a una sumisión absoluta a la política dictada desde la Casa Blanca, la ha conducido a graves errores estratégicos y a un rumbo político sin dirección.

La ausencia de un plan de contingencia el 28/7 ante el desconocimiento de los resultados electorales, su renuncia a la ruta electoral, sus exhortaciones delirantes a un quiebre del estamento militar, así como su respaldo a una imaginaria intervención militar extranjera, figuran entre los tantos errores políticos de MC. A ello se suma el anuncio público -errático, imprudente y contraproducente- de transformar su plataforma electoral, los comanditos, en una estructura de carácter subversivo. Decisiones de esa envergadura no se proclaman: se ejecutan con absoluta reserva. Como decía el fallecido Luis Miquelena: ¿Con qué se come eso?

MC no solo ha interpretado erróneamente la coyuntura política, sino que su visión anclada en la posverdad la está llevando a dilapidar su capital político, arrastrando a la oposición hacia un callejón sin salida. Hoy es una figura testimonial, cada vez más desconectada de la realidad y con signos evidentes de desgaste. La participación victoriosa opositora en 50 de las 335 alcaldías en las elecciones del 28/7, pese a la campaña abstencionista y descalificadora de MC y al ventajismo oficialista, evidencia el surgimiento de liderazgos que se apartan del simplismo y de la antipolítica que ella ha promovido. Este giro en el mapa político también ha tenido repercusiones entre los principales actores opositores, como lo demuestra el documento publicado por la Plataforma Unitaria, en el cual finalmente se desmarca de su política subversiva y suicida.

El país está exhausto de mentiras, análisis simplistas y quimeras. Ya no se deja seducir por discursos altisonantes ni por la política del espectáculo, que solo llevan a la parálisis y al fracaso. Venezuela exige resultados y liderazgos capaces de construir, no solo de resistir. La gente está hastiada de aventuras condenadas al desastre y demanda menos dogmas y fanatismos, y más política real; busca referentes que escapen del maniqueísmo de “buenos” y “malos”, de esperanzas ficticias y de escenarios donde verdad y mentira se confunden.

El discurso repetitivo y fantasioso de MC ya no cala en quienes padecen hambre, inseguridad, exclusión social, hiperinflación, represión y control social, ni en aquellos que han sido engañados una y otra vez. Su liderazgo se reduce a la fe ciega de un sector fanatizado de la oposición y a un enjambre de propagandistas que, desde la comodidad del exterior, lucran con la desesperanza ajena. A través de monetizados canales de YouTube, venden humo, fabrican relatos y sostienen, sin escrúpulo alguno, una épica que se derrumba ante la realidad. Mientras tanto, el chaveco-madurismo no solo consolida su dominio territorial -como se evidenció el 25/5 y el 27/7-, sino que ha arrebatado a la oposición toda iniciativa política, incluso en medio de sus propias fisuras internas, cada vez más irreconciliables.

La oposición debe romper con la estrategia del “todo o nada” y el abstencionismo perpetuo impuesto por MC. No se trata de legitimar al régimen, sino de disputarle, palmo a palmo, el terreno político, simbólico y social allí donde aún sea posible. La reconstrucción democrática exige recomponer la disidencia, abandonar el proyecto mesiánico y personalista de MC y construir un verdadero proyecto de nación: amplio, inclusivo, democrático y con una estrategia propia, independiente de la agenda de la Casa Blanca.

No permitamos que la apatía y la frustración nos paralicen, que la abstención se vuelva norma y que el autoritarismo bolivariano siga robándonos el presente y condenando nuestro futuro. Cada elección, cada sindicato, cada gremio, cada espacio de debate es una trinchera que debemos defender. Es hora de organizarnos, movilizarnos y recuperar uno a uno los espacios arrebatados. La Venezuela democrática no se rinde ni se resigna: se levanta, resiste y lucha hasta vencer.

El costoso error estratégico de no votar

El abandono de la ruta electoral, promovido por sectores opositores liderados por María Corina Machado, constituye un craso error estratégico. Presentado como un acto de resistencia o de pureza moral, termina siendo, en la práctica, un arma funcional al servicio del régimen chavista-madurista en sus pretensiones hegemónicas. Aprovechándose del desencanto y la desesperanza, alimentados por la rabia contenida tras el fraude del 28 de julio y la represión sostenida, estos sectores insisten en llamar a la abstención de cara al evento comicial del próximo 27/7. Repiten, una vez más, su vieja letanía disfrazada de lucidez crítica: “¿Para qué votar, si las elecciones están manipuladas, los árbitros no son imparciales y la participación está plagada de obstáculos?”

Pero esas preguntas, aunque cargadas de verdades, esconden una gran mentira: que la vía electoral está agotada. Que ya no tiene sentido participar ni disputar espacios de representación popular. En contextos autoritarios, cada elección, por imperfecta y controlada que sea, sigue siendo una oportunidad para organizarse, movilizarse y demostrar fuerza. El voto, aún rodeado de trampas, sigue siendo una herramienta de lucha, representa la grieta por donde se cuela la esperanza, la articulación de mayorías y la ruptura simbólica del miedo.

Votar en dictadura no es un acto de ingenuidad: es un acto de resistencia. Cada ciudadano que acude a las urnas le arrebata al régimen parte de su narrativa de invulnerabilidad. Por el contrario, cuando la oposición se abstiene y deja las urnas vacías, el autoritarismo se fortalece ante la ausencia de adversario visible. No se trata de depositar confianza en un CNE desprestigiado y mentiroso, sino de utilizar las escasas rendijas institucionales disponibles para confrontar, desafiar y debilitar al siniestro proyecto bolivariano. Además, nuestra propia historia electoral demuestra que el chaveco-madurismo se debilita cuando enfrenta una participación masiva, organizada y decidida. El ejemplo más contundente fue el pasado 28 de julio, cuando el voto popular logró desbordar las maniobras del régimen y evidenciar su vulnerabilidad y su condición real de minoría.

El cacareado y desgastado argumento de que “votar en dictadura equivale a convalidar el sistema o legitimar el fraude del 28 de julio” es profundamente falaz. No resiste el menor análisis estratégico ni histórico. En realidad, funciona como una coartada para encubrir la ausencia de una estrategia coherente y viable capaz de enfrentar y derrotar al proyecto hegemónico bolivariano. Esa narrativa abstencionista no nace de una lucidez política, sino del extravío de una dirigencia sin rumbo, que ha terminado haciendo suya las famosas frases coloquiales de Eudomar Santos “Como vaya viniendo, vamos viendo”.

Esa falta de rumbo estratégico no solo se ha evidenciado en el discurso, sino también en la inacción ante coyunturas decisivas. Basta recordar cómo la dirigencia opositora fue incapaz de capitalizar el descontento popular tras el fraude del 28 de julio. Prueba de ello fue su silencio, o abierta confusión, frente a las manifestaciones populares espontáneas del 29 y 30 de julio, cuando la indignación ciudadana se expresó con contundencia a nivel nacional: derribo de estatuas del teniente coronel, asedio a centros de desinformación disfrazadas de radios “comunitarias”, y rechazo contra los jefes de calle y miembros de los Consejos Comunales identificados como delatores de oficio. En lugar de leer ese estallido de rebeldía social como una oportunidad para forzar al régimen a reconocer su derrota electoral, la dirigencia cayó en un laberinto de incongruencias del que aún no ha salido: desde ordenar el retorno de los manifestantes a sus casas, hasta reducir la indignación colectiva a plegarias familiares elevadas en la intimidad del hogar.

La dirigencia no estuvo, ni ha estado a la altura del momento. Se quedó sin estrategia, refugiándose en el recordatorio de fechas simbólicas y la proposición de soluciones fantasiosas: desde golpes de Estado imaginarios hasta intervenciones militares inviables, pasando por la solicitud de mayores sanciones económicas. Esa mezcla de ficción, propaganda y evasión, lejos de debilitar a Maduro y su entorno, ha contribuido a profundizar el clima de apatía, escepticismo y resignación, así como a un exilio forzado de millones de venezolanos. 

Pocas dictaduras han caído por la simple abstención de sus opositores. Por el contrario, las transiciones suelen comenzar cuando las fuerzas democráticas logran combinar presión interna con participación masiva, forzando al régimen a ceder terreno. Experiencias como las de Nicaragua, Polonia, Chile y Sudáfrica han demostrado que la participación electoral, incluso en contextos manipulados, fue clave para deslegitimar el autoritarismo y abrir paso a su desmantelamiento. ¿Qué habría ocurrido si la oposición venezolana hubiese llamado a la abstención el 28 de julio de 2024? Simplemente nada. Absolutamente nada, por masiva que hubiese sido. Maduro habría resultado vencedor, fortalecido por una victoria electoral sin adversarios visibles y sin cuestionamientos efectivos sobre su ilegitimidad de origen. Venezuela no es la excepción: el camino hacia un cambio real exige usar todos los recursos disponibles, incluido el voto. Caer en el espejismo de que la abstención, por sí sola, erosiona al poder, no solo es un error estratégico: es una concesión peligrosa.

Los regímenes autoritarios no caen por actos mágicos, llamados mesiánicos ni milagros divinos, sino por la acumulación gradual de fuerzas, resistencia organizada y lucha sostenida. El retorno a la democracia no se improvisa: se construye con unidad, amplitud ideológica y una estrategia viable.

Votar no lo resuelve todo, pero abstenerse lo empeora todo. Este 27 de julio, salgamos todos a votar. No permitamos que el autoritarismo se siga avanzando. El silencio en las urnas se traduce en continuidad y mayor control social.

Entre la abstención suicida y el caudillismo inútil: oposición sin estrategia

Los sectores abstencionistas, liderados por María Corina Machado, promovieron la abstención en las elecciones del pasado 25 de mayo y repiten la misma estrategia para el proceso previsto el próximo 27 de julio, cuando se elegirán alcaldes. Según su narrativa, votar equivaldría a olvidar el megafraude del 28 de julio y legitimar a la dictadura. Sin embargo, la realidad desmiente esa lógica: la abstención, lejos de deslegitimar o debilitar al chavismo-madurismo, ha permitido al régimen consolidar su dominio territorial, profundizar su aparato de dominación social y reforzar su narrativa de invulnerabilidad política. La realidad no puede ser mas desgarradora: el oficialismo controla 23 gobernaciones, la mayoría de los Consejos Legislativos y la Asamblea Nacional, y probablemente se alzará con la mayoría de las alcaldías el próximo 27 de julio. La abstención no ha sido en el pasado, ni lo es en el presente una herramienta de lucha, sino un facilitador del proyecto hegemónico en sus pretensiones continuistas. 

En los regímenes autoritarios, toda rendija, por pequeña que sea, representa una oportunidad para construir fuerza política y desafiar al poder. La historia esta preñada de ejemplos. Participar no es un acto de ingenuidad ni una forma de legitimar al autoritarismo; es una estrategia de confrontación inteligente: conquistar espacios, denunciar los abusos desde dentro, movilizar a la ciudadanía y mantener viva la esperanza del cambio. Renunciar a la lucha electoral “hasta nuevo aviso” es un salto al vacío. La política no se gana solo con épica, superioridad moral o denuncias altisonantes, sino con presencia real, narrativa eficaz y acción constante.

El argumento ético de MCM y los abstencionistas -“no avalar lo ilegítimo”- puede sonar atractivo en lo abstracto. Pero en la política real, las estrategias desconectadas de la realidad concreta suelen volverse inútiles, ineficaces y contraproducentes Un régimen autoritario como el venezolano no necesita legitimidad moral; le basta el apoyo de la bota militar, el control institucional y del aparato represivo, así como el manejo de los recursos públicos.

Hoy, muchos entregan ciegamente su voluntad política a un nuevo mesías. Repiten una y otra vez “hasta el final” sin entender lo que dicen o exigir una estrategia clara de cómo salir de esta pesadilla autoritaria. Sin advertirlo, reproducen la misma lógica del pensamiento mágico: creer que un solo individuo, por su carisma o fuerza moral, puede redimir al país sin alianzas, sin debate, sin autocrítica. 

La disidencia ha quedado atrapada en un laberinto de incertidumbre, y el régimen lo está explotando con perverso cálculo. Hemos perdido la iniciativa política, renunciando al terreno de la acción mientras el proyecto autoritario consolida su dominio. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la estrategia después del fraude del 28 de julio? ¿Una abstención indefinida que solo fortalece a Maduro y su grupete? ¿Un golpe militar invocado desde los teclados de X? ¿Una fantasíosa intervención extranjera que jamás llegará? ¿Una rebelión popular espontánea en medio de un gran reflujo de masas? ¿O simplemente seguir esperando una señal divina que anuncie "llegó la hora"? Mientras tanto, el autoritarismo consolida su dominio, no por invulnerabilidad, sino por la carencia de una estrategia apropiada. Estamos siendo arrastrados por una lógica mesiánica y una fe ciega que anula la crítica, desactiva la estrategia y conduce, sin frenos, al despeñadero.

La lucha por la democracia no puede reducirse a una estrategia abstencionista suicida ni a una sumisión incondicional ante un liderazgo mesiánico. No podemos seguir atrapados entre la parálisis de la inacción esperando que un milagro divino nos salve, ni caer en la trampa de la sumisión ciega, sin el más mínimo sentido crítico. Si no rompemos esta perversa dicotomía entre inanición y sumisión, no solo repetiremos el ciclo de frustraciones, falsas esperanzas y derrotas, sino que, de manera inconsciente, estaremos alimentando y perpetuando el proyecto hegemónico bolivariano.

25 de Mayo: Silencio electoral, victoria del autoritarismo

El 25 de mayo marcó un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela, no por lo que ocurrió en las urnas, sino por lo que estuvo completamente ausente: la participación masiva del pueblo. Aquella jornada quedó grabada como una escena desoladora y casi fantasmagórica: centros de votación vacíos, funcionarios aburridos por la soledad, y soldados custodiando urnas vacías. La oposición, liderada por María Corina Machado, apostó a la abstención como respuesta al mega fraude del 28/7, pero esa estrategia, lejos de desafiar al régimen, acabó allanando el terreno para que el poder hegemónico se consolidara aún más, sin ninguna oposición real en el horizonte.

Según expertos, las elecciones de 2025 son una de las de menor participación ciudadana de la última década. La falta de transparencia del genuflexo CNE, junto a evidencias de manipulación fraudulenta del registro electoral y del proceso de totalización de votos, ha oscurecido tanto el verdadero nivel de participación como los resultados finales. Entre las principales irregularidades destacan las fallas en las auditorías pre y post electorales, la eliminación del código QR y la reducción arbitraria del Registro Electoral Permanente. Esta última, mediante la exclusión de aquellos a ciudadanos que no votaron el 28/7, etiquetándolos como “electores no activos” para inflar artificialmente el porcentaje de participación. Esta maniobra explicaría la abismal discrepancia entre los datos de observadores independientes, que estimaron una participación de un 12 % -15 %, y la cifra oficial del 42 % reportada por el CNE. Cabe resaltar que la distinción entre “electores activos” y “no activos” no tiene base en la legislación electoral vigente, por lo que carece de fundamento técnico y legal. La opacidad del proceso se ha visto aún más agravada por la falta de publicación de los resultados desagregados en el portal del CNE, lo cual no sorprende, pues a diez meses del 28/7, los resultados de ese evento siguen sin ser divulgados.

Para los abstencionistas, lo ocurrido el 25 de mayo representó una “derrota para Maduro” y una “ratificación del liderazgo de María Corina”. Sin embargo, esta supuesta derrota del chaveco-madurismo se tradujo contrariamente en la victoria de 23 de las 24 gobernaciones, una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional (256 de 285 diputados) y el control total de los parlamentos regionales. Esa supuesta “contundente derrota” no debilitó al régimen ni le arrebató poder alguno; al contrario, lo fortaleció y le permitirá profundizar su hegemonía y control social. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿fue esta abstención un acto de resistencia real, o paradójicamente una cesión voluntaria de poder que terminó fortaleciendo a quienes se pretendía derrotar? Mas allá de la cacareada deslegitimación, los hechos son ineludibles: tras el 25 de mayo, todas las instituciones clave para definir el rumbo político del país quedaron bajo el control absoluto de un proyecto corrupto, autoritario y entreguista. La abstención, lejos de frenar al régimen, le despejó el camino. La historia ha demostrado que la “deslegitimación” del régimen ha sido una fantasía inútil. Al poder autoritario de Miraflores no le hace falta el voto ciudadano para su legitimación, le basta el respaldo armado de una élite militar que ha hecho del Estado su botín. Los fusiles han sustituido el consenso por la represión, el diálogo por la intimidación, y la legalidad por la obediencia impuesta.

En este escenario electoral, igualmente cabe acotar el fracaso del sector opositor encarnado en figuras como Capriles, Rosales, Requesens, Stalin González y compañía que optó por la vía de la participación electoral. Como alternativa política opositora, no lograron capitalizar electoralmente a esa inmensa masa de ciudadanos que adversan al proyecto hegemónico bolivariano.

El país está atrapado en un limbo político. Por un lado, un régimen opresor-hambreador sin respaldo popular que se sostiene en el poder gracias al respaldo de las bayonetas. Frente a él, una mayoría ciudadana insatisfecha, empobrecida, y reprimida, la cual ha sido cautivada por la retórica emocional-efectista de María Corina. Retórica suicida que ha sido alimentada por promesas imposibles, fechas simbólicas y caminos cortoplacistas inviables. Estrategia que lejos de ofrecer una salida real, se ha limitado a glorifica las sanciones económicas impuestas por Washington, apostar por un improbable quiebre militar o una intervención extranjera orquestada por la grotesca dupla Trump-Rubio. 

¿Y ahora qué hacer? Es evidente que la oposición democrática -la que no se presta a ser caja de resonancia de la agenda MAGA- debe recomponerse. Basta ya de consignas vacías y de hiperliderazgos que, en el fondo, solo replican los mismos vicios del poder autoritario que pretenden combatir. No se puede salir de la crisis con el engaño, negando la realidad, estigmatizando a quienes no comparten su visión (traidores, normalizadores) y aferrándose liberaciones dirigidas por fuerzas extrajeras (síndrome cubano). Corregir un error no es traicionar una causa; es, más bien, un acto de valentía, honestidad, y madurez.

Es urgente la recomposición de las fuerzas democráticas, la construcción de una coalición sólida y amplia ideológicamente que sea capaz de enfrentar y derrotar el proyecto totalitario que ha sumido a la nación en la desesperanza y la decadencia.

Participar para resistir, no para legitimar. La abstención fortalece al autoritarismo

Los defensores del abstencionismo insisten, de forma reduccionista y equivocada, en que participar en las elecciones del próximo 25 de mayo sería un acto inútil. Sostienen que acudir a las urnas solo serviría para legitimar el fraude consumado el pasado 28 de julio y convertirnos en cómplices de crímenes gravísimos contra la Nación. Afirman que votar sería una traición imperdonable a la memoria de nuestros mártires, a los presos políticos, y a todos aquellos que han pagado con su libertad —y en no pocos casos con su vida— el atrevimiento de soñar con una Venezuela libre.

Esta visión maniquea, además de basarse en premisas falsas y moralmente perversas, desconoce una verdad histórica ineludible: la abstención jamás ha debilitado al régimen, y mucho menos ha logrado frenarlo. Por el contrario, ha contribuido al cierre progresivo de los escasos espacios democráticos y ha facilitado el avance del proyecto autoritario. Más paradójico aún, los abstencionistas denuncian con razón el carácter autoritario del sistema, pero inexplicablemente centran su discurso en la falta de condiciones y en la ausencia de legalidad, como si estuviéramos en una democracia plena, con separación de poderes, garantías ciudadanas y respeto al Estado de Derecho. Saben bien que no es así. Venezuela está desgobernada por un régimen autoritario-militarizado que se sostiene no por la voluntad popular, sino por el control férreo de las bayonetas. Un régimen donde las leyes no son normas de convivencia, sino instrumentos de sometimiento, redactadas, reinterpretadas y aplicadas por y para una logia cívico-militar de impronta fascista. Las instituciones “autónomas” son meros apéndices del Ejecutivo. En dictadura, participar en una elección no significa elegir en libertad: significa disputar terreno dentro de un tablero amañado, navegar con lucidez en los estrechos márgenes que permite el poder, con el propósito estratégico de erosionar su hegemonía y abrir grietas en su andamiaje.

Saben perfectamente que eso no existe. Venezuela es desgobernada por un régimen autoritario militarizado, donde el poder se sostiene no por la voluntad del pueblo, sino por la fuerza de las bayonetas. Un régimen en el que las leyes son herramientas de dominación, redactadas, aplicadas y manipuladas al servicio de una logia cívico-militar de impronta fascista. Las instituciones “autónomas” no son otra cosa que brazos ejecutores del Ejecutivo. Participar en una elección bajo dictadura no equivale a elegir libremente: es disputar espacios dentro del campo minado del autoritarismo, navegar —consciente y estratégicamente— en los márgenes que deja el poder, con la mira puesta en romper su hegemonía.

La verdadera disyuntiva no es simplemente votar o no votar, sino preguntarse: ¿es políticamente útil y estratégicamente sensato participar? Quienes apostamos por la participación afirmamos que el voto —incluso en condiciones profundamente desiguales— sigue siendo una herramienta de lucha. Permite acumular fuerza social, hacer visibles a las mayorías silenciadas, abrir fisuras en el bloque de poder, desgastar progresivamente al proyecto autoritario y reactivar el espíritu de lucha y la esperanza colectiva. 

Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia, diversos pueblos que han enfrentado regímenes autoritarios se han visto ante la misma disyuntiva. Basta con recordar casos emblemáticos: Polonia en 1989, todavía bajo el yugo soviético; Sudáfrica en 1994, saliendo del apartheid; o Chile a fines de los años 80, aún bajo dictadura militar. En todos estos escenarios, las fuerzas democráticas —con líderes como Lech Wałęsa, Nelson Mandela, Patricio Aylwin o Ricardo Lagos— decidieron participar en elecciones sin garantías plenas. Lo hicieron no por ingenuidad, sino como una forma de disputar espacios, visibilizar su causa y construir estructuras de resistencia desde adentro. Con el tiempo, esa apuesta se reveló certera: la participación electoral, incluso bajo condiciones profundamente desiguales —como ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio—, puede convertirse en un arma política poderosa para debilitar al bloque hegemónico, acumular fuerza social y abrir grietas en el andamiaje autoritario.

Ante la falta de argumentos, el abstencionismo se refugia en el mesianismo de María Corina Machado y adopta un lenguaje estigmatizador que recuerda peligrosamente al chaveco-madurismo: descalifican a quienes defendemos la ruta electoral llamándonos traidores, opositores funcionales, bates quebrados, bicharracos o alacranes. Más allá de ese hiperliderazgo tóxico y la burbuja de delirios en la que habitan, los abstencionistas han sido absolutamente incapaces de articular una estrategia viable, democrática y autónoma para derrotar al proyecto autoritario. Su accionar se limita a la aclamación genuflexa de las sanciones impuestas por Mr. Trump y a la espera estéril de una fantasía decadente: una intervención extranjera multinacional que jamás llegará.

Más recientemente, han abrazado la narrativa de que el autoritarismo cívico-militar puede ser desmontado mediante supuestas “operaciones de extracción”, asumiendo con candidez -o cinismo- que el “arresto” de figuras clave como Maduro o sus colaboradores más inmediatos bastaría para derribar todo el andamiaje represivo. Esta postura no solo es estratégicamente infantil, sino que ignora deliberadamente la compleja maquinaria represiva que sostiene al chaveco-madurismo, y subestima de forma peligrosa los desafíos estructurales que implica una transición democrática real. Es difícil encontrar parangón a la descomunal ceguera estratégica, envuelta en una arrogancia moral, que caracteriza a quienes renuncian a la ruta electoral.

Participar en la elección del 25/5 no es solo ejercer un derecho ciudadano: es, ante todo, una apuesta política cargada de sentido histórico y estratégico. Supone asumir la lucha en un terreno brutalmente desigual, donde el régimen ha manipulado las reglas, institucionalizado el ventajismo y convertido la represión en rutina. Aun así, entrar en esa contienda es un acto de rebeldía cívica: una forma de desafiar al poder desde dentro de su propia arquitectura de control, de erosionar su legitimidad desde la trinchera electoral. La ruta del voto, lejos de ser ingenua, es hoy una herramienta imprescindible para acumular fuerza, articular mayorías, movilizar al país y abrirle grietas al hegemonismo autoritario y sus cómplices civiles y militares