1 de mayo: nada que celebrar en Venezuela

Cada año, el 1 de mayo se presenta como una fecha de conmemoración, de lucha y de conquistas laborales. Un día para recordar los derechos ganados, reivindicar al trabajador y proyectar mejores condiciones de vida. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha ha perdido su esencia hasta convertirse en una fecha de lucha y resistencia.

Hablar hoy del Día del Trabajador en el país es enfrentarse a una realidad que desmiente cualquier discurso oficial. El salario mínimo permanece en 0,27 dólares mensuales: no fue modificado. Más que un ingreso, es una cifra simbólica, desconectada de cualquier noción de sustento. El anunciado y fantasioso “ingreso mínimo integral” de 240 dólares se sostiene, en realidad, sobre bonificaciones que no inciden en las prestaciones sociales ni en otros derechos laborales. No es salario: es un paliativo discrecional que no construye estabilidad ni futuro. A esto se suma la desaparición progresiva de beneficios conquistados mediante contrataciones colectivas y una estabilidad laboral cada vez más frágil. La relación entre trabajo y dignidad ha sido erosionada hasta el punto de quiebre. Hoy, la promesa de vivir del trabajo ha sido sustituida por algo mucho más precario: la mera supervivencia diaria.

El trabajador venezolano no celebra: resiste. Resiste la inflación persistente, la erosión del poder adquisitivo y la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Resiste la persecución policial y la judicialización de sus luchas por derechos conculcados por el proyecto hegemónico. Resiste la exclusión social y la miseria a las que ha sido sometido. 

Este 1 de mayo no es una celebración; es una fecha para la reflexión crítica y la denuncia. Es un día para hablar de la reconquista de derechos arrebatados: salarios dignos, contratación colectiva efectiva, estabilidad laboral, cese de la persecución policial contra los dirigentes sindicales y respeto efectivo a la clase trabajadora. El trabajo debe ser fuente de dignidad, no de miseria. Por ello, es necesario alzar la voz frente a políticas que empobrecen y exigir cambios estructurales, no paliativos temporales. La historia es clara: ningún derecho ha sido concedido voluntariamente. Cuando los trabajadores se organizan, resisten y exigen, logran transformar su realidad. ¡Viva el 1 de mayo!

Salarios pírricos, miseria estructural

El anuncio falaz de aumento salarial de Delcy Rodríguez para 2026 no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un entramado más amplio de políticas que, lejos de reivindicar el trabajo, han consolidado un modelo abiertamente antiobrero. Bajo el ropaje de la “protección social”, el Ejecutivo ha institucionalizado un esquema en el que el salario deja de ser el eje de la relación laboral y se convierte en una cifra simbólica, vaciada de contenido real.

El llamado “aumento del salario mínimo integral” no corrige la pérdida del poder adquisitivo; la profundiza. En un entorno de inflación persistente y dolarización informal, los ajustes nominales resultan irrelevantes frente al costo de vida. Pero el problema es aún más estructural: el régimen ha sustituido el salario por bonificaciones discrecionales, eliminando, en la práctica, conquistas históricas del trabajador como las prestaciones sociales, las vacaciones dignas o la negociación colectiva efectiva. No es un error técnico; es una política deliberada.

La política antiobrera del modelo venezolano se expresa precisamente en esa desalarización progresiva. Al fragmentar el ingreso en bonos no salariales, el Estado reduce sus obligaciones legales y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. A ello se suma la represión de las protestas laborales, la judicialización de dirigentes sindicales y el control férreo de las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales. El mensaje es claro: cualquier intento de reivindicación autónoma será neutralizado.

En este contexto, el anuncio de un aumento salarial falaz funciona más como una pieza propagandística que como una medida económica. Se intenta proyectar una imagen de sensibilidad social mientras se perpetúa un sistema que abarata la mano de obra y traslada el costo de la crisis a los sectores más vulnerables. Es una lógica de supervivencia política, no de justicia social.

El resultado es una contradicción evidente: un régimen que se autodefine en favor de los trabajadores ha terminado por erosionar las bases materiales del trabajo digno. El salario mínimo, lejos de ser un instrumento de bienestar, se ha convertido en una referencia irrelevante en la economía real. Y cada nuevo “aumento” no hace sino confirmar esa realidad: no se trata de mejorar las condiciones de vida, sino de administrar su deterioro.

Así, lo anunciado por el régimen no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política que ha redefinido la precariedad como norma. Mientras no se revierta el desmontaje sistemático del salario y de los derechos laborales, cualquier ajuste seguirá siendo lo que hoy es: una ilusión cuidadosamente dosificada dentro de un modelo que ha dejado de servir —si alguna vez lo hizo— a quienes viven de su trabajo.

La falsaria ley de amnistía: perdón como instrumento de dominación

En los regímenes autoritarios, las palabras suelen cumplir una función opuesta a su significado. La paz sirve para justificar la represión, la soberanía para encubrir la entrega, la justicia para perseguir al adversario y la amnistía, paradójicamente, para administrar el castigo. Eso ocurre hoy en Venezuela con la llamada Ley de Amnistía, impulsada en 2026 por Delcy Rodríguez y presentada como un gesto de reconciliación nacional, pero en realidad diseñada como un nuevo instrumento de control político.

No se trata de una novedad histórica. Venezuela ya vivió en 2016 el fracaso de una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que buscaba liberar presos políticos y corregir el uso del sistema penal como mecanismo de persecución. El régimen de Maduro la calificó de “ley de impunidad”, argumentando que pretendía absolver a responsables de violencia política, incluidos los vinculados a 2002, 2014 y otras protestas. Maduro se negó a promulgarla y la remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución sometida a los dictámenes de Miraflores. El 11 de abril de 2016, la Sala Constitucional del TSJ declaró la ley “inconstitucional” y la anuló por completo. El argumento jurídico fue predecible: supuesta violación de principios constitucionales, negación de justicia para las víctimas y riesgo de impunidad, En rigor, la ley fue rechazada por el TSJ no por sus defectos técnicos sino porque desafiaba una lógica central del poder autoritario: la discrecionalidad absoluta sobre el castigo. En estos regímenes, la justicia no es un sistema de normas, sino un instrumento de control. Permitir una amnistía desde un poder adverso implicaba ceder una facultad esencial: decidir quién es culpable, quién es inocente y, sobre todo, quién merece ser perdonado.

Diez años después, el chavismo intenta apropiarse de ese mismo lenguaje, pero vaciándolo de contenido democrático. La amnistía promovida por Delcy no surge para restituir derechos vulnerados, ni para reparar daños —mucho menos para cerrar heridas—, sino como un mecanismo de concesiones selectivas, estrictamente condicionado a la subordinación política. No apunta a la reconciliación, sino a la obediencia.

El problema central no está en el concepto de amnistía, sino en quién la administra y con qué propósito. Una amnistía genuina supone el reconocimiento del conflicto político, la reparación institucional y las garantías de no repetición. La propuesta oficialista carece de todo eso. No reconoce la existencia de presos políticos, no admite la persecución judicial, no asume responsabilidad estatal por torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o asesinatos. Tampoco existe la más mínima intención de impulsar reformas estructurales en un sistema judicial profundamente cuestionado. En su lugar, se plantea un dispositivo opaco: exclusiones deliberadamente ambiguas, criterios discrecionales y un amplio margen de arbitrariedad para decidir quién puede ser “perdonado” y quién debe seguir siendo utilizado como advertencia. No es una política de justicia transicional, sino una herramienta de control que preserva intacto el poder de castigar mientras administra, de forma selectiva, la apariencia de clemencia.

Es la lógica del indulto feudal: no se reconoce un derecho, sino que se concede una gracia. El ciudadano no recupera su libertad como garantía constitucional, sino como una concesión personal del poder. La libertad deja de ser un principio republicano para degradarse en una dádiva administrativa. 

La inquilina provisoria de Miraflores ha intentado presentar esta iniciativa como una prueba de apertura política ante la comunidad internacional y como respuesta a las críticas por la persistencia de la represión. Pero el núcleo del problema permanece intacto: no puede existir una amnistía real allí donde no hay independencia judicial ni separación de poderes. Cuando los tribunales responden al Ejecutivo, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento. Las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que una amnistía administrada por quienes han sostenido la persecución no ofrece justicia, sino arbitrariedad con otro nombre. El riesgo no es solo que muchos presos políticos queden fuera —como ya ocurre con más de 400 detenidos civiles y militares—, sino que la propia ley funcione como un mecanismo de legitimación. Se libera a unos pocos, cuidadosamente seleccionados, para hacer más tolerable —y más vendible hacia afuera— el encarcelamiento de muchos otros. No es un acto aislado; es un diseño deliberado: administrar liberaciones puntuales para normalizar la represión estructural. Así, cada excarcelación no corrige la injusticia, sino que la maquilla. Y el resultado es perverso: se transforma una política sistemática de persecución en una narrativa de aparente clemencia.

La estrategia no es nada novedosa. Los autoritarismos contemporáneos no se sostienen solo en la represión abierta, sino en una ingeniería más sofisticada: miedo selectivo y concesión calculada. No necesitan encarcelar a todos; les basta con castigar a algunos y exhibir, con total arbitrariedad, quién sale y quién se queda. Ese poder de selección no es un efecto colateral, es el mensaje central. Funciona mejor que la represión indiscriminada porque introduce incertidumbre y disciplina a la vez: convierte la libertad en un privilegio revocable. No es justicia, es administración del miedo. Y la conclusión que se impone —sin necesidad de proclamarla— es clara: la libertad no es un derecho, sino una recompensa condicionada a la obediencia.

Por eso esta ley, en esencia fraudulenta, fracasa incluso antes de aplicarse. Fracasa moralmente porque rehúye de la verdad. Fracasa jurídicamente porque sustituye los derechos por favores. Fracasa políticamente porque no genera confianza, sino sospecha. Y fracasa históricamente porque reproduce exactamente aquello que dice querer superar: el uso del sistema penal como herramienta de dominación.

No es una amnistía, sino un maquillaje institucional para un esquema que sigue criminalizando la disidencia. No puede invocarse la reconciliación mientras persisten las inhabilitaciones políticas, el exilio forzado, la censura, la judicialización de la protesta y la prisión como mecanismo disciplinario del Estado.

La reconciliación real no nace de una firma ni de una concesión subordinada al Ejecutivo. Exige restituir la institucionalidad democrática, reconocer a las víctimas, esclarecer los abusos y garantizar —de manera efectiva, no retórica— que la justicia deje de ser un instrumento de castigo político. Mientras eso no ocurra, toda amnistía será apenas una escenografía. Y toda promesa de reconciliación será simplemente otra forma de control.

Precarización y miseria: anatomía del modelo antiobrero bolivariano

La precariedad laboral solo puede entenderse como un reflejo de las transformaciones y reconfiguraciones internas en la lógica de acumulación de riqueza del capitalismo, así como una respuesta del propio capital frente a su crisis. Tras la crisis del modelo fordista en las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de capital pasó a apoyarse principalmente en la flexibilización y precarización del trabajo a fin de preservar sus tasas de ganancia. 

La precarización laboral en Venezuela no puede entenderse como una derivación accidental, sino como el resultado de un conjunto de transformaciones económicas, políticas e institucionales, desarrolladas con la llegada de Hugo Chávez al poder y su posterior continuidad con Maduro y, más recientemente, con los Rodríguez. A raíz de la llegada del nacionalfascismo-bolivarianismo al poder, se inició un modelo económico facho-neoliberal-dependiente, maquillado con una falaz retórica revolucionaria. Modelo de gestión que impuso un proyecto antiobrero caracterizado por empleos inestables, salarios pírricos, escasa o nula seguridad social y restricciones represivas a la actividad sindical.

Es importante hacer hincapié en que este perverso proyecto comenzó con la llegada de Chávez al poder. Desde Miraflores se impulsó una serie de reformas legales que modificaron, eliminaron o dejaron sin efecto diversas normativas relativas a la protección de los derechos laborales. En nombre de una tramposa revolución, se aprobaron disposiciones que significaron un retroceso en muchas de las conquistas logradas por los trabajadores, entre ellas la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Asimismo, se derogaron o transformaron marcos legales relacionados con la seguridad social, incluyendo la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Pública, y la Ley del Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (2002). Intervinieron sindicatos, se propició el paralelismo sindical, así como la criminalización y judicialización de las luchas sindicales.

Uno de los rasgos más corrosivos —y deliberadamente encubiertos— del proyecto antiobrero chavista en materia laboral ha sido la progresiva demolición del trabajo y salario dignos, disfrazada bajo el lenguaje maniqueo de una supuesta nueva democracia social. Lejos de representar mejoras socioeconómicas para los asalariados, lo que se ha impuesto es una flexibilización laboral, calcada de los manuales más ortodoxos del neoliberalismo. Bajo este paradigma, la proliferación de formas de empleo precario —contratos temporales, trabajo a domicilio, “misiones”, cooperativas instrumentalizadas y esquemas de cogestión— ha permitido desmontar, pieza por pieza, las garantías históricas del trabajo.

El resultado no es ambiguo. Se ha consolidado un mercado laboral caracterizado por la inestabilidad estructural, la indefensión jurídica y la subordinación absoluta del trabajador. La precarización salarial, en este contexto, no ha sido una consecuencia colateral, sino el núcleo del modelo. En un país afectado por una hiperinflación que ha alcanzado cifras de 617 % (anualizada febrero 2026), con una economía de facto dolarizada y una canasta básica que ronda los 677 dólares, el salario mínimo oficial —apenas 0,27 dólares— no es simplemente insuficiente: es una cifra simbólica que expresa el colapso deliberado del salario como institución. Pero incluso esa cifra, por escandalosa que sea, no agota la gravedad del problema. Lo verdaderamente estructural es la mutación del salario en algo irreconocible. El Estado, convertido en el principal empleador, ha institucionalizado un sistema basado en ingresos fragmentados, canalizados a través de bonos discrecionales, opacos y explícitamente no salariales. Estas “bonificaciones” masivas no constituyen una respuesta improvisada a la crisis, sino un dispositivo cuidadosamente diseñado de deslaboralización. Al excluir estos pagos del cálculo de prestaciones, vacaciones y pensiones, no solo se precariza el presente del trabajador, sino que también se expropia su futuro.

Lo que emerge de este entramado no es simplemente un mercado laboral deteriorado, sino un nuevo régimen de relaciones laborales en el que el salario deja de ser un derecho para convertirse en una concesión arbitraria. Más que una crisis, se trata de una reconfiguración regresiva del trabajo, en la que la pérdida de derechos no es un efecto colateral, sino su objetivo central.

El resultado de esta política no ha sido simplemente negativo: ha sido devastador. No se trata de un deterioro accidental, sino de un proceso sostenido de erosión de las capacidades fundamentales de la población venezolana. Según PROVEA, el 82,3 % de la población no tiene acceso adecuado a alimentos, el 43,3 % enfrenta inseguridad alimentaria, y los indicadores más sensibles lo confirman: 10,5 % de los niños presenta talla baja y 9,3 % nace con bajo peso, signos inequívocos de una crisis nutricional persistente y de efectos intergeneracionales. El colapso no se limita al ámbito alimentario. En el ámbito educativo, el 37 % de los jóvenes de 18 a 24 años están excluidos del sistema, lo que configura una generación amputada en sus oportunidades de movilidad social. En paralelo, más de la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad, atrapada en dinámicas de subsistencia sin derechos, sin estabilidad y sin protección social, lo que no solo precariza el presente, sino que también cancela cualquier horizonte de seguridad futura. 

En términos agregados, el panorama es aún más elocuente: el 73 % de los hogares vive en pobreza, incapaz de cubrir necesidades básicas; el 56 % padece pobreza multidimensional, lo que revela carencias simultáneas en servicios, educación y vivienda; y, de forma aún más dramática, alrededor de 3,4 millones de hogares viven en la pobreza extrema (Ecovi 2024), es decir, ni siquiera logra acceder a la canasta alimentaria. Más que una crisis social, lo que estos datos configuran es un proceso de desestructuración sistemática del bienestar: una sociedad empujada hacia la supervivencia, donde la pobreza deja de ser una condición transitoria para convertirse en un estado permanente de exclusión social.

El discurso gubernamental insiste en atribuir la crisis a factores externos, en particular a las sanciones económicas, elevándolas a una explicación casi exclusiva del colapso. Sin embargo, esta narrativa omite un hecho fundamental: la precarización y la flexibilización laboral no nacieron con las sanciones, sino que las precedieron de forma clara y documentada. Este proyecto antiobrero y hambreador comenzó a gestarse durante el período de Chávez. En este contexto, las sanciones han operado más bien como un acelerador que como causa originaria. Reducir el colapso a un único factor externo no solo empobrece el análisis, sino que constituye una falacia deliberada.

La precarización laboral, inserta en un esquema de autoritarismo protofascista
bolivariano, no constituye un error coyuntural ni una desviación accidental, sino un componente estructural del modelo, en el que la erosión de los derechos de los asalariados deja de ser una anomalía para convertirse en una condición funcional del proyecto hegemónico.

César Chávez: del ícono de los derechos humanos al autoritario depredador de trabajadoras

En la construcción de los mitos políticos, pocas figuras han sido tan cuidadosamente resguardadas como la de César Chávez, cofundador del principal sindicato de trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, la United Farm Workers. (1927–1993). Elevado a símbolo de la lucha campesina en ese país, su legado suele presentarse como intachable, casi sagrado. Su imagen —de campesino, organizador y mártir laico, profundamente comprometido con la justicia social— ha sido repetida en discursos, murales y libros de texto, consolidando una narrativa que privilegia la épica por encima de la complejidad.

Sin embargo, reportes periodísticos recientes —entre ellos, investigaciones del The New York Times— así como la difusión de una carta y entrevistas posteriores de Dolores Huerta (cofundadora del sindicato United Farm Workers), han colocado en el centro del debate señalamientos graves sobre la conducta de Chávez, Según estas investigaciones y denuncias, Chávez habría incurrido en prácticas de manipulación y abuso sexual dentro del entorno del movimiento que lideró desde la década de 1960 hasta su muerte en 1993.

Una de las primeras acusaciones de abuso sexual en contra de Chávez fue formulada por Ana Murguía, quien, habría afirmado que Chávez abusó de ella cuando tenía 13 años y que estas conductas se prolongaron durante varios años en la década de 1970. A ello se sumó el caso de Debra Rojas, quien, en testimonios, sostuvo que el dirigente la habría violado cuando tenía 15 años. Lamentablemente, sus denuncias, no fueron recibidas con empatía, sino con hostilidad. Se les acusó de dañar la causa, como si esta pudiera sostenerse sobre el silencio forzado de quienes afirman haber sido perjudicadas por ella. El rechazo a las acusaciones atribuidas a Murguía y Debra Rojas revela una lógica profundamente perversa: la de movimientos que exigen sacrificios, pero solo reconocen como legítimos aquellos que refuerzan su relato heroico, relegando o desacreditando cualquier testimonio que lo contradiga.

Sin embargo, la denuncia reciente a Dolores Huerta —hoy con 95 años— ha sido demoledora. Huerta, cofundadora de la United Farm Workers, lideró huelgas, protestas y marchas junto a César Chávez, denunciando las precarias condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en California y en el resto del país. Sin embargo, su liderazgo siempre fue subestimado o relegado, en parte debido a la centralidad casi incuestionable que Chávez ejercía en el movimiento. Huerta, tras décadas de silencio, ha señalado que Chávez la violó en dos ocasiones (1960 y 1966), lo que derivó en embarazos que mantuvo en secreto. Asimismo, Huerta afirmó no haber reportado ambos incidentes a la policía ni habérselo contado a sus compañeros en el sindicato, por temor a no ser creída y a que cualquier señalamiento debilitara la figura de Chávez y comprometiera la lucha que ambos impulsaban.

Lo inquietante no es solo la gravedad de las denuncias, sino lo previsible de su encubrimiento. Chávez no operaba en el vacío. Lo hacía dentro de una estructura —la United Farm Workers— que, lejos de funcionar como contrapeso democrático, terminó consolidando una cultura de obediencia y sumisión. No fue un accidente organizativo, sino una elección política: centralizar el poder en una figura carismática y desalentar la disidencia en nombre de la unidad. El problema del autoritarismo en la figura de Chávez no es un detalle secundario de su biografía: es una clave para entender tanto las limitaciones del movimiento que encabezó como las contradicciones internas que terminaron debilitándolo. Lejos de la imagen pública de líder comunitario, Chávez ejerció el poder de forma altamente centralizada, con una marcada desconfianza hacia la autonomía del colectivo que decía representar. En teoría, Farm Workers se construía sobre la organización de base, la solidaridad y la acción conjunta. En la práctica, las decisiones estratégicas dependían casi exclusivamente de Chávez, lo que generó una cultura en la que disentir no formaba parte del proceso democrático, sino que era un acto de deslealtad. La consecuencia fue una organización menos capaz de corregirse a sí misma y más vulnerable a los errores —o impulsos— de su líder. 

Lamentablemente, existe una tendencia recurrente a blindar a las figuras históricas que representan causas nobles. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Chávez: ocurre con líderes políticos, religiosos y culturales en distintas partes del mundo. La sacralización de estas figuras suele ir acompañada de una resistencia a examinar sus fallas, bajo el argumento de que hacerlo debilita las luchas que simbolizan. Sin embargo, esta lógica resulta peligrosa. Al negar o minimizar las posibles sombras de un liderazgo, se corre el riesgo de perpetuar las mismas dinámicas de poder que esas luchas buscan erradicar.

Revisar críticamente la figura de Chávez implica, entonces, asumir una postura incómoda pero necesaria. Significa reconocer que una persona puede haber contribuido significativamente a una causa justa y, al mismo tiempo, haber incurrido en prácticas cuestionables. Esta dualidad no invalida automáticamente su legado, pero sí obliga a matizarlo. La historia no es un relato de héroes perfectos, sino un entramado de acciones humanas, con sus luces y sus sombras.

Estos cuestionamientos invitan a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden prevenir abusos de poder, garantizar la escucha de voces críticas y construir liderazgos menos dependientes de figuras individuales. Más que un juicio destructivo, o un acto de demolición, revisar críticamente a figuras como César Chávez constituye un ejercicio de responsabilidad histórica: solo al confrontar sus propios mitos con honestidad, una sociedad puede aspirar a movimientos más coherentes entre sus principios y su práctica.

El espejismo de la transición democrática en Venezuela

Hay un relato que el Departamento de Estado—amplificado por sus aliados políticos locales— intenta posicionar desde el secuestro de Maduro: la idea de que el país habría entrado en una “transición etapista”, de acuerdo con el "intendente imperial” Marcos Rubio. Sin embargo, aunque los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica política venezolana, sostener que se ha iniciado una verdadera transición democrática resulta, cuando menos, una afirmación fantasiosa. Es cierto que se han producido algunos gestos de apertura, pero cientos de venezolanos permanecen detenidos en las mazmorras del régimen y las estructuras fundamentales del poder autoritario e instrumentos de represión siguen intactos. 

Más que una transición democrática, lo que se observa es un reacomodo interno que ha permitido a Delcy Rodríguez (con el apoyo y reconocimiento explícito de Mr. Trump) recomponerse tras la salida forzosa de Maduro y reconfigurar su control sobre el Estado. Se ha producido un sorprendente alineamiento entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, orientado principalmente a garantizar que la riqueza petrolera de Venezuela fluya hacia los mercados del Tío Sam bajo la supervisión de la Casa Blanca. El mismo actor que durante años fue presentado como el “enemigo imperial” pasó, en cuestión de semanas, a convertirse en un interlocutor privilegiado e incluso en socio estratégico. No solo se reanudaron los contactos diplomáticos, sino que también se abrieron espacios de cooperación en inteligencia y energía, que incluyeron reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. Las imágenes de Delcy recibiendo delegaciones de Washington, sosteniendo encuentros con figuras clave del aparato de seguridad y energía de EE.UU., o avanzando acuerdos en sectores estratégicos— habrían sido impensables antes del 3 de enero. Más que el inicio de una democratización, estamos ante una adaptación del mismo proyecto, ahora rearticulado para sobrevivir al tutelaje impuesto por la Casa Blanca.

Es evidente que la presión y tutela ejercidas por Mr. Trump ha generado ciertos movimientos en el tablero político venezolano. Entre ellos destacan la aprobación de una Ley de Amnistía llena de falencias y precariedades, pero que ha permitido excarcelaciones selectivas de presos políticos —excluyendo a los militares—, la libertad plena de cientos de expresos políticos sometidos a medidas coercitivas judiciales, así como la realización de protestas sociales que, de manera inusual, no han sido reprimidas con la misma brutalidad del pasado. Se trata de una norma ampliamente cuestionada, no solo por omitir elementos esenciales —como el reconocimiento a las víctimas o la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas—, sino también por un aspecto especialmente problemático: su implementación queda en manos del propio poder judicial, que ha formado parte del entramado represivo al servicio del régimen. Además, siguen vigentes, normas ampliamente cuestionadas por su carácter discrecional y represivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

Sin embargo, lo que sí resulta evidente hoy es la transición económica. Así lo demuestran la aprobación de un nuevo marco jurídico —en particular, la reforma de la Ley de Hidrocarburos— y la discusión y aprobación, en primera discusión, de la Ley de Minas, diseñados explícitamente para atraer al capital privado y flexibilizar el histórico control estatal sobre el sector energético. La reforma petrolera —junto con los posibles cambios a la Ley de Minas— puede leerse como una cesión encubierta de la soberanía bajo el discurso de la “normalización económica”. Lejos de representar una simple apertura, estas medidas consolidan un esquema en el que el control efectivo de los recursos estratégicos se desplaza hacia actores privados externos, mientras la soberanía queda reducida a un mero formalismo. En términos estratégicos, Venezuela pierde su autonomía en política energética y queda subordinada a los intereses y la influencia de los Estados Unidos. El enemigo que se estigmatizó y repudió ahora es recibido con los brazos abiertos y hasta con alfombra roja en Miraflores. Estamos ante una forma sofisticada de dominación neocolonial, con la complicidad de un grupete que mantiene una retórica patriótica y revolucionaria, mientras entrega impunemente los recursos estratégicos al gran capital extranjero. 

El verdadero riesgo, entonces, es la consolidación de una “normalización autoritaria”: un esquema en el que el control del poder permanece intacto bajo la hegemonía del proyecto gobernante, maquillado con nuevos rostros y acompañado de una apertura económica de corte proimperial. No estamos ante una transición alguna, y es precisamente ahí donde la narrativa de la “transición” se vuelve especialmente peligrosa. Este relato fantasioso, de tintes siniestros, opera como una coartada cuidadosamente construida para blanquear el proyecto autoritario dirigido por el binomio Rodríguez, que no muestra la menor intención de desmontar el entramado represivo y antipopular erigido desde su llegada al poder, ni mucho menos de impulsar una auténtica transición democrática.

Que ese escenario termine imponiéndose dependerá de factores que hoy juegan, más bien, en su contra. Por un lado, la capacidad de presión de las fuerzas democráticas —tanto dentro como fuera del país— se encuentra profundamente erosionada. Ello obedece, en buena medida, a la subordinación acrítica de la oposición, liderada por María Corina, a la estrategia de Mr. Trump. Esta sumisión, difícil de justificar, no solo ha dejado a la oposición venezolana sin un rumbo estratégico propio, sino que además ha convertido a muchos de sus voceros en validadores complacientes de las maniobras de la dupla Rodríguez, presentadas ilusoriamente como supuestos avances en el desmantelamiento de la hegemonía bolivariana. Por otro lado, no es menor la interrogante sobre las verdaderas prioridades de los Estados Unidos respecto del caso de Venezuela. Si el eje de su política se limita a asegurar fabulosas ganancias económicas y el acceso ilimitado al “excremento del diablo” —en palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo—, la democratización podría quedar relegada a un plano retórico o, sencillamente, fuera de la ecuación. En ese escenario, la “transición democrática” dejaría de ser un objetivo real de Washington para convertirse en un recurso discursivo, útil para legitimar su acceso a las mayores reservas petroleras del planeta.

En ese contexto, hablar de “transición democrática que culmine con la salida del proyecto hegemónico” no solo resulta irresponsable, sino también profundamente engañoso. Lo que observamos con profunda preocupación es una metamorfosis del proyecto autoritario en medio de una posible bonanza económica que, lejos de ceder el poder, aprende a reinventarse para perpetuarse en Miraflores bajo el tutelaje de la Casa Blanca. 

Auge y derrumbe de un proyecto carismático y autoritario

En América Latina, la política ha arrastrado históricamente una profunda debilidad estructural: su tendencia persistente a confundir el proyecto con la persona. A lo largo de distintos momentos históricos y bajo ideologías aparentemente opuestas, numerosos movimientos han sido construidos no sobre programas ideológicos sólidos ni sobre visiones estratégicas duraderas, sino en torno a la figura casi providencial de un líder. La política se convierte entonces menos en una disputa de ideas que en una apuesta por la voluntad, el carisma o la supuesta excepcionalidad de un individuo. El líder o salvador no es solo el conductor del proyecto: es su fuente de legitimidad, su intérprete único y, en muchos casos, su única garantía de coherencia.

El sociólogo Max Weber denominó a este fenómeno de dominación carismática: una forma de autoridad que se sostiene en la devoción hacia una persona considerada excepcional. En este tipo de liderazgo, la legitimidad no se fundamenta en instituciones sólidas ni en doctrinas consolidadas, sino en el magnetismo personal del líder y en la creencia colectiva en su singularidad. Hugo Chávez puede considerarse un claro ejemplo de este tipo de dominación. Su figura se construyó como la de un redentor político en un contexto marcado por la implosión del sistema bipartidista venezolano —representado por AD y Copei— durante la década de 1990. En ese escenario de crisis institucional y desencanto ciudadano, su liderazgo carismático encontró terreno fértil para consolidarse como una alternativa. 

El chavismo fue un fenómeno profundamente personalista. Un cesarismo tropical, donde la legitimidad del líder terminó desplazando a la de las instituciones. Chávez, el encantador de serpientes del siglo XXI, supo articular una narrativa poderosa basada en la redención de los pobres frente a una élite política desacreditada, presentándose como el portavoz directo del pueblo de Venezuela y el líder providencial destinado a corregir las injusticias acumuladas durante décadas. 

El proyecto chavista funcionó durante años como un verdadero aluvión político, impulsado por la presencia de un líder carismático, una retórica demagógica, un perverso sistema de control social financiado por los abundantes ingresos petroleros y una represión despiadada contra la disidencia política. Bajo esas condiciones, el chavismo logró capitalizar el descontento acumulado, las expectativas frustradas de inclusión social, los resentimientos históricos y las aspiraciones de justicia de amplios sectores de la sociedad, transformando ese malestar en una poderosa base de apoyo político. Sin embargo, nunca mostró una verdadera coherencia programática. Su principal bandera ideológica —el llamado socialismo del siglo XXI— terminó siendo, en realidad, un gran fraude ideológico. Un batiburrillo doctrinario: una amalgama de militarismo pretoriano, retórica antiimperialista, referencias cristianas, terrorismo de Estado de inspiración fascista, apelaciones constantes a Simón Bolívar e invocaciones oportunistas al socialismo. La ausencia de un marco doctrinario no fue un accidente ni el resultado de una mera improvisación. Más bien respondió a una lógica política en la que el discurso ideológico operó como un repertorio flexible de símbolos, consignas y referencias históricas al servicio del mesías tropical, más que como un cuerpo teórico coherente y sistemático.

La muerte de Chávez (2013) desnudó la verdadera naturaleza del proyecto que encarnaba. Ningún liderazgo es eterno: los líderes mueren, se desgastan, pierden la iniciativa o simplemente dejan de interpretar el momento histórico. La ausencia de una doctrina capaz de sostener por sí sola la cohesión del chavismo como movimiento terminó por condenarlo a su descomposición. Tras la desaparición física de Chávez, lo que ha persistido ha sido principalmente la invocación de su legado y la repetición de sus consignas, muchas veces acompañadas de notorias incoherencias ideológicas. La transferencia simbólica del liderazgo a Nicolás Maduro buscó asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por Chávez. Sin embargo, esta designación monárquica reveló pronto sus límites. El carisma político no es un patrimonio heredable ni puede transmitirse por simple designación. La sucesión terminó transformando al chavismo sin Chávez en una estructura cada vez más burocrática y coercitiva, sostenida menos por la adhesión popular que por el control del aparato estatal, militar y partidista. En términos de Max Weber, este proceso pudo interpretarse como una forma de “rutinización del carisma”, en la que un liderazgo mesiánico tiende, ilusoriamente, a institucionalizarse, lo cual ha derivado históricamente en grandes fracasos.

La designación dinástica de Maduro representó la muerte del chavismo como movimiento aluvional. Más que el heredero político de Chávez, Maduro terminó siendo el administrador de su fase crepuscular: el custodio de un proyecto que, tras la desaparición de su líder carismático, comenzó a transformarse en un cascarón vacío dedicado fundamentalmente a preservarse a sí mismo. Su gestión quedó marcada por su incapacidad, por una crisis económica sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, la migración masiva, la represión despiadada, el asesinato de jóvenes y el progresivo cierre de los espacios democráticos. El proyecto sobrevivió gracias a la incondicionalidad de un estamento militar corrupto y a un perverso terrorismo de Estado impuesto desde Miraflores.

El secuestro de Maduro el pasado 3/01/2026 marcó un punto de inflexión decisivo para el chavismo en su largo y doloroso camino hacia el derrumbe político: simbolizó una capitulación humillante ante el imperio. El post-chaveco-madurismo, bajo la hegemonía de los hermanos Rodríguez, se configura como un modelo abiertamente antidemocrático y como el sepulturero definitivo del chavismo originario. Despojado ya de su impulso plebeyo y de su narrativa antiimperialista, el régimen aparece cada vez más dócilmente subordinado a los intereses económicos y geopolíticos de Washington, más allá de los estertores espasmódicos y cada vez menos creíbles de su retórica confr
ontacional.