Venezuela: anatomía de un Estado fallido

Los Estados no se miden por la grandilocuencia de sus discursos ni por la cantidad de ministerios, generales o leyes que poseen. Se juzgan por su capacidad para cumplir las funciones que justifican su existencia: proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía, administrar justicia y garantizar los servicios públicos esenciales. Cuando dejan de hacerlo, las instituciones permanecen, pero el Estado comienza a desaparecer. No muere de un día para otro; se descompone lentamente, institución tras institución, hasta que solo sobreviven sus símbolos mientras se extinguen sus funciones.

Durante más de un cuarto de siglo, el chavismo prometió construir un Estado fuerte, soberano y socialmente justo. Lo que terminó edificando fue exactamente lo contrario: un proyecto represor antinacional, antiborrero y excluyente, incapaz de cumplir las funciones elementales que justifican la existencia de cualquier Estado. La revolución que proclamaba haber refundado la República terminó demoliéndola.

Hoy Venezuela conserva las formas de un Estado, pero funciona como un territorio donde las instituciones dejaron de servir al interés nacional para convertirse en instrumentos de preservación de “parcelas” de una élite política cívico-militar. El Palacio de Miraflores continúa ocupado, los ministerios siguen abiertos y los tribunales mantienen sus fachadas. Sin embargo, detrás de esa escenografía burocrática se esconde una estructura profundamente corroída por la corrupción, la incompetencia y el autoritarismo. Venezuela ya no enfrenta únicamente a un Estado incapaz, es un Estado fallido y a partir del 3 de enero, tutelado por la Casa Blanca. No se trata de un eslogan político panfletario; es una realidad ante la incapacidad que ha mostrado el Estado venezolano para ejercer soberanía sobre su territorio, garantizar la seguridad de la población, administrar justicia, proveer servicios públicos esenciales, hacer cumplir el Estado de derecho y proteger a sus ciudadanos.

Venezuela es un Estado fallido,  porque fracasó en materia de seguridad al perder el monopolio efectivo de la fuerza. Mientras el discurso oficial proclama la defensa de la soberanía, extensas zonas del territorio nacional han sido penetradas por organizaciones criminales, guerrillas extranjeras, bandas armadas, redes de narcotráfico y grupos parapoliciales cuya existencia resulta incompatible con cualquier Estado moderno. En muchas regiones, la autoridad efectiva ya no descansa exclusivamente en las instituciones republicanas, sino en actores armados cuya influencia supera con frecuencia la del propio régimen.

Venezuela es un Estado fallido, ya que destruyó deliberadamente la independencia de los poderes públicos. Los tribunales dejaron de impartir justicia para administrar conveniencias políticas. La Fiscalía dejó de investigar el delito para perseguir adversarios o proteger aliados. Los organismos de seguridad dejan de combatir prioritariamente al crimen organizado para concentrar buena parte de sus recursos en controlar a la disidencia. La Constitución deja de ser la norma suprema para convertirse en un texto invocado únicamente cuando resulta útil al poder. Cuando la ley deja de aplicarse por igual y pasa a depender de la lealtad política, desaparece el Estado de derecho y comienza el gobierno de la arbitrariedad.

Venezuela es un Estado fallido, pues también fracasó en los servicios públicos. Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta y, sin embargo, millones de ciudadanos padecen cortes eléctricos, escasez de agua potable, hospitales sin insumos, escuelas deterioradas, universidades abandonadas, salarios miserables, y una infraestructura que se desmorona. Pocas ironías históricas resultan tan crueles como la de un país inmensamente rico cuyos ciudadanos viven en condiciones tan miserables. 

Venezuela es un Estado fallido, no solo porque ha dejado de cumplir sus funciones esenciales de gobierno y administración, sino porque ha convertido el aparato estatal en un instrumento de represión. En lugar de garantizar derechos y proteger a la ciudadanía, ha utilizado sus cuerpos de seguridad para intimidar, perseguir, torturar e incluso asesinar a quienes cuestionan su proyecto hegemónico. Desde las más altas esferas del poder se ha consolidado un sistema de terrorismo de Estado, sustentado en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Se trata de un Estado que no solo ha fracasado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, sino que ha hecho del terror una política de gobierno, empleando el poder público como mecanismo de control, sometimiento y perpetuación del régimen.

Venezuela es un Estado fallido, pues más de ocho millones de sus ciudadanos fueron “forzados” a abandonar el país. No como consecuencia de las sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos, como afirma la prensa oficial, sino de un prolongado colapso institucional, económico y social que destruyó las bases de la convivencia nacional. Ese éxodo constituye probablemente el plebiscito más contundente contra el modelo autoritario forjado por el chavismo.

Venezuela es un Estado fallido porque no solo ha sido incapaz de cumplir una de sus funciones esenciales —proteger la vida y el patrimonio de la población mediante una adecuada planificación territorial—, sino que, además, ha contribuido activamente a incrementar la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. El crecimiento urbano desordenado, la ocupación de cauces y zonas de alto riesgo, la ausencia de planificación y la falta de ejecución y mantenimiento de obras de mitigación transformaron amenazas naturales previsibles en tragedias anunciadas. Tras el deslave de 1999, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Dr. Carlos Genatios, presidió la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV), desde la cual se elaboró un amplio conjunto de recomendaciones técnicas destinadas a reducir la vulnerabilidad del litoral central y evitar la repetición de una catástrofe de esa magnitud. Entre ellas figuraban el ordenamiento territorial, la prohibición de nuevas construcciones en zonas de alto riesgo, la culminación de las obras de control de torrentes y el mantenimiento permanente de la infraestructura hidráulica. Estas medidas constituían una hoja de ruta sustentada en criterios científicos y de ingeniería. Sin embargo, el propio Estado desestimó e ignoró esas recomendaciones. A través de organismos como Fundavargas y otras instituciones públicas, se permitieron nuevas ocupaciones en áreas de alto riesgo y se promovieron desarrollos habitacionales, tanto privados como estatales —incluidos los de la Misión Vivienda—, al margen de los criterios técnicos y sin planificación integral. En consecuencia, la tragedia que hoy vuelve a golpear al litoral central no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza. Es, en gran medida, el resultado de la corrupción en la concesión de permisos de construcción y la imposición de deseos mesiánicos que terminaron desplazando las evidencias científicas y las recomendaciones de los expertos. El populismo político sustituyó a la planificación; la improvisación reemplazó a la prevención. El Estado no solo omitió su deber de prevenir el riesgo, sino que también contribuyó a crearlo, incumpliendo una de sus obligaciones más elementales: proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos mediante el respeto al ordenamiento territorial, la planificación urbana y la ejecución responsable de las obras públicas.

Venezuela es un Estado fallido, ya que ha perdido la capacidad de garantizar derechos fundamentales, entre ellos los laborales. Lejos de proteger a los trabajadores, el propio Estado ha promovido un modelo de precarización del empleo que ha reducido los salarios a niveles insuficientes para cubrir las necesidades básicas, ha eliminado la contratación colectiva y ha deteriorado las condiciones de trabajo tanto en el sector público como en el privado. A ello se suma la judicialización de las luchas sindicales, de las protestas laborales y de las restricciones a la libertad sindical. La intervención del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, la negativa a reconocer autoridades legítimamente electas, así como la promoción de estructuras paralelas afines al poder político, han debilitado la autonomía de los sindicatos y limitado su capacidad para representar efectivamente a los trabajadores.

Venezuela es un Estado fallido, debido a que su Fuerza Armada ha fracasado en sus grandes misiones institucionales: la defensa de la soberanía nacional (3 de enero) y la protección de los ciudadanos de catástrofes naturales (como los terremotos del litoral central).  El social-chavismo convirtió a la Fuerza Armada en un instrumento fundamentalmente represivo (CEOFAN, REDI, ZODI, ADI) destinado a preservar el poder político. La preparación para enfrentar amenazas externas y responder a grandes emergencias cedió espacio a funciones de control interno, vigilancia, represión y muerte. Para ello, premió la obediencia incondicional por encima de la capacidad, comprometió su apresto operacional y permitió que la corrupción se expandiera en su seno como una metástasis maligna. La institución que debía proteger a la población terminó, paradójicamente, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para hacer llegar de manera efectiva la ayuda a las zonas afectadas. La profesionalización fue sustituida por la genuflexión partidista; el mérito, por la lealtad ideológica; la doctrina militar, por la propaganda maniquea. El uniforme dejó de dignificar a la institución armada para pasar a representar al régimen despreciable y opresor.

Venezuela es un Estado fallido, como quedó evidenciado a raíz de la tragedia del litoral central provocada por los terremotos del 24/06/2026. La ausencia de una respuesta oportuna y eficaz en las primeras 120 horas, el período crítico en el que se concentra la mayor probabilidad de rescatar sobrevivientes y salvar vidas— evidenció la incapacidad del Estado para ejercer una de las funciones que justifican su propia existencia Ante una emergencia de esta magnitud, corresponde al Estado movilizar de inmediato todos los recursos disponibles, coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, brindar asistencia humanitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud, asegurar el suministro de agua y alimentos, restablecer las comunicaciones y liderar la recuperación de las zonas afectadas. Nada de ello ocurrió con la rapidez y la eficacia que exigía la emergencia. Fueron los propios ciudadanos, con la ayuda de grupos de rescatistas extranjeros, quienes asumieron tareas que correspondían a las instituciones públicas. Mientras miles de familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros, el inmenso aparato estatal parecía concentrar mayores esfuerzos en controlar la información y administrar el relato público que en desplegar una respuesta eficaz para salvar vidas.

Este Estado fallido no ha sido consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, como insiste la propaganda oficial. Ha sido el resultado de años de corrupción estructural, destrucción del aparato productivo, estatizaciones compulsivas, improvisación administrativa, militarización de la sociedad, pérdida de espacios democráticos, saqueo de la renta petrolera y subordinación absoluta de las instituciones a un proyecto político autoritario-mesiánico. El Estado fue materialmente “asaltado por un grupete cívico-militar que, en nombre de una supuesta revolución, institucionalizó el saqueo, la represión, la tortura, la explotación, la muerte y la impunidad”. 

Esta lamentable tragedia ha dejado al descubierto una verdad incómoda: después de casi tres décadas de expansión del aparato estatal y de una creciente militarización del país, el proyecto hegemónico y su Estado fallido han demostrado ser mucho más eficientes para vigilar, intimidar, reprimir, asesinar y controlar políticamente a la población que para rescatar, asistir y proteger a sus ciudadanos ante tragedias naturales.

¿Para qué sirve la Fuerza Armada Nacional?

La razón de ser de una institución armada nacional es cumplir dos misiones esenciales: defender la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas y proteger a la población en situaciones de emergencia o desastre. No se trata de funciones accesorias ni complementarias, sino del fundamento mismo que justifica su existencia y el enorme esfuerzo económico que la sociedad destina a su sostenimiento. Cuando una Fuerza Armada fracasa de manera sistemática en ambas tareas, deja de cumplir el propósito para el cual fue creada, surge una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿para qué sirve realmente una Fuerza Armada Nacional (FAN) que no puede defender la nación cuando su soberanía es vulnerada ni proteger a sus ciudadanos cuando estos enfrentan una catástrofe?

Durante más de dos décadas, Venezuela ha sostenido uno de los aparatos militares más numerosos y costosos de América Latina. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, Milicia y una extensa burocracia castrense han absorbido miles de millones de dólares del erario público. La propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja margen para interpretaciones. Los artículos 328 y 329 establecen con claridad que la misión esencial de la FAN es garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, preservar la integridad del espacio geográfico y participar, en coordinación con las autoridades civiles, en la protección de la población frente a situaciones de emergencia y desastres. En ninguna parte la Constitución concibe a la insti
tución militar como un instrumento de control político, de represión interna o de preservación de un proyecto autoritario. 

Sin embargo, la realidad parece contar una historia muy distinta. En materia de defensa nacional, la FAN ha sido incapaz de ofrecer una respuesta convincente ante algunos de los principales desafíos que enfrenta la soberanía venezolana. Durante años, organizaciones guerrilleras y grupos armados colombianos han operado con relativa impunidad en amplias zonas fronterizas del territorio venezolano, utilizándolas como santuarios estratégicos para refugiarse, reagruparse y establecer corredores logísticos que les permitan evadir la presión militar ejercida por las fuerzas colombianas. Lejos de constituir una frontera efectivamente resguardada, estas regiones se han convertido en espacios de retaguardia para actores delincuenciales armados que disfrutan la complicidad y el apoyo que les brinda la FAN. Además, en un Estado de derecho, el monopolio legítimo de las armas y de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. Sin embargo, la FAN ha tolerado y apoyado a grupos armados (colectivos) del régimen, involucrados en la represión y en asesinatos de ciudadanos. 

Adicionalmente, la FAN ha demostrado una alarmante incapacidad para cumplir su misión esencial de defender la soberanía nacional frente a unidades militares extranjeras como ocurrió el pasado 3/01/2026. La “batalla de Fuerte Tiuna” representa uno de los episodios más humillantes para una institución castrense en las últimas décadas. Tropas norteamericanas penetraron en el territorio nacional, atacaron objetivos militares estratégicos y secuestraron al propio jefe del Estado, sin que la FAN impidiese la incursión ni articulara una respuesta militar eficaz. Más allá del injerencismo imperial de la Casa Blanca, el hecho dejó al descubierto una realidad difícil de ocultar: un aparato militar que durante años fue presentado por la propaganda oficial como uno de los más poderosos de América Latina evidenció su incapacidad para cumplir la misión esencial que la Constitución le asigna: defender la independencia, y la soberanía de la República.

A esta preocupante pérdida de capacidad para defender la soberanía nacional se suma un fenómeno aún más grave: la transformación de la FAN en un instrumento de represión y control político interno. Diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas han documentado la participación de efectivos militares —en particular de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)— en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y ejecuciones extrajudiciales. La contradicción difícilmente podría ser más profunda. Una institución concebida por la Constitución para garantizar la independencia de la República, asegurar la integridad del territorio, proteger a la población y salvaguardar el orden constitucional ha sido convertida en uno de los principales pilares de la maquinaria represiva del régimen, al servicio de una política de terrorismo de Estado orientada a asegurar la permanencia del régimen en el poder.

Pero si esa metamorfosis ya resulta profundamente preocupante, la tragedia provocada por los terremotos del 24 de junio de 2026 pone de manifiesto una dimensión adicional del deterioro institucional de la FAN. En cualquier democracia moderna, las fuerzas armadas constituyen el principal instrumento del Estado para responder a desastres naturales. Su capacidad logística, sus ingenieros militares, hospitales de campaña, helicópteros, sistemas de comunicaciones, equipos de búsqueda y rescate, así como su maquinaria pesada, las convierten en la institución mejor preparada para actuar durante las primeras y más críticas horas de una emergencia. Sin embargo, las imágenes provenientes de las zonas devastadas revelan una realidad difícil de conciliar con ese mandato institucional y con el discurso oficial. Ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos, vecinos organizando brigadas de rescate improvisadas y comunidades enteras enfrentando la tragedia prácticamente abandonada evidencian la ausencia de una respuesta militar proporcional a la magnitud del desastre. Lo que debía ser una demostración de capacidad operativa y solidaridad nacional de la FAN está derivando en un símbolo de incapacidad y negligencia para proteger a su propia población. Pero, más grave aún, los escasos reportes sobre la presencia de efectivos militares en las zonas afectadas, dotados de armas de fuego pero no de herramientas para el rescate de víctimas, han estado acompañados de denuncias de saqueo y desvalijamiento de viviendas dañadas, así como de actuaciones arbitrarias que, lejos de facilitar las labores de rescate y asistencia humanitaria, habrían obstaculizado el trabajo de voluntarios y equipos de socorro. Estamos no únicamente ante una omisión en el cumplimiento de un deber constitucional, sino ante una inversión perversa de la función militar: una institución llamada a proteger a los ciudadanos durante una emergencia convertida en una fuente adicional de vulnerabilidad e incertidumbre.

¿Qué sentido tiene mantener uno de los aparatos militares más grandes y costosos de América Latina si ha fracasado en las dos misiones que justifican su existencia: defender la soberanía nacional y proteger a la población en situaciones de emergencia? Más aún, ¿cómo justificar su permanencia cuando, en lugar de cumplir esas funciones esenciales, se ha convertido en uno de los principales pilares de la represión y en un instrumento al servicio de un proyecto hegemónico antinacional?

Reflexión final: Para los venezolanos, esta coyuntura invita a reflexionar sobre la decisión soberana del presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer, de abolir el ejército como institución permanente. La medida quedó consagrada en la Constitución de 1949. Desde entonces, Costa Rica confió su seguridad a cuerpos policiales civiles y destinó los recursos antes destinados al gasto militar a la educación, la salud y el fortalecimiento de los espacios democráticos. Cambió los cuarteles por escuelas, la obediencia supina por la acritud crítica y los fusiles por libros. Lo que en 1948 muchos consideraron una apuesta temeraria terminó convirtiéndose en una de las decisiones de política pública más exitosas y admiradas de América Latina.

Tarek William Saab: de falaz predicador de derechos humanos a verdugo del régimen

La historia política venezolana está llena de farsantes ideológicos, oportunistas y figuras que terminaron devoradas por el mismo poder que ayudaron a construir. Pero pocas transformaciones resultan tan simbólicas y perversas como la de Tarek William Saab. Su trayectoria encarna, quizá mejor que ninguna otra, la degradación ética del chaveco-madurismo y la metamorfosis de un falsario que terminó convirtiendo antiguos discursos emancipadores en mecanismos de persecución y control.

Hubo un tiempo en que William Saab cultivó cuidadosamente la imagen de intelectual orgánico comprometido, poeta insurgente y defensor de los derechos humanos. Durante años de la mal llamada IV República, su figura solía aparecer denunciando abusos policiales, cuestionando excesos estatales y reivindicando causas progresistas. Su discurso estaba impregnado de referencias a la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de enfrentar la represión heredada del viejo sistema político venezolano. En aquel entonces, su figura parecía representar una izquierda que aspiraba a diferenciarse de las prácticas autoritarias latinoamericanas del siglo XX. 

Sin embargo, el paso del tiempo terminó revelando una de las paradojas más crudas de la política venezolana contemporánea: muchos de quienes denunciaban el abuso del poder en el pasado terminaron seducidos por él. Saab no escapó a esa lógica. Por el contrario, se convirtió en uno de sus ejemplos más acabados y perversos.

Su ascenso dentro del aparato chaveco-madurista fue indetenible. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado entre 2000 y 2004, gobernador del estado Anzoátegui entre 2004 y 2012 y Defensor del Pueblo entre 2014 y 2017. Para entonces, ya había renunciado a cualquier independencia crítica y se había integrado plenamente al proyecto hegemónico del chavismo. Además, arrastraba una gestión administrativa plagada de corrupción durante su paso por la gobernación de Anzoátegui. Pero el punto de ruptura definitivo llegó en 2017, cuando fue designado fiscal general tras la destitución de Luisa Ortega Díaz. A partir de ese momento dejó de ser un funcionario político para convertirse en una pieza central del engranaje represivo del régimen. El antiguo defensor de derechos humanos asumió sin reservas el papel de operador político del poder, subordinando el Ministerio Público a los intereses perversos de Miraflores.

A partir de su designación como fiscal, asumió sin escrúpulo alguno el papel de operador político y alcahuete de Maduro y su grupete de chafarotes. La contradicción resultó brutal. El hombre que en otros tiempos denunció violaciones de derechos humanos y se presentó como defensor de las víctimas terminó convertido en uno de los principales encargados de relativizarlas, justificarlas, negarlas o maquillarlas desde las instituciones del Estado. Tarek William Saab pasó de denunciar la persecución política a defender a quienes la ejercían; de reivindicar la protección de los derechos fundamentales a minimizar denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales señaladas por organizaciones nacionales e internacionales. La transformación no fue únicamente política, sino también simbólica. Quien alguna vez construyó su imagen pública alrededor de la defensa de causas progresistas y del compromiso con los derechos humanos terminó actuando como portavoz de un aparato estatal erosionado por la corrupción, y cada vez más cuestionado por sus prácticas represivas. En foros internacionales, entrevistas y comunicados oficiales, asumió la tarea de desestimar acusaciones, desacreditar informes críticos y proyectar una narrativa destinada a exculpar al poder de todas las aberraciones cometidas por el proyecto hegemónico. Terminó convirtiéndose en el escribano de la arbitrariedad, el notario político de la represión institucionalizada, el encubridor sistemático de las violaciones del debido proceso y el fabricante de falaces expedientes construidos en torno a acusaciones de terrorismo, conspiración o desestabilización.

La abrupta defenestración y caída ética de William Saab simbolizan, en última instancia, el colapso moral de una generación política que llegó al poder prometiendo la redención de los excluidos y terminó reproduciendo muchas de las prácticas que decía combatir. Representa el destino de una falaz revolución que acabó devorando sus propias banderas. Personifica al intelectual orgánico que un día denunció a los inquisidores y terminó ocupando su lugar. Es la imagen degradada de quien se proclamó poeta de la paz y terminó por encarar la intolerancia, el silencio impuesto y la violencia del poder. Su trayectoria encarna la metamorfosis del crítico en censor, del disidente en verdugo, de la palabra liberadora en instrumento de miedo, represión y muerte.

Venezuela: un país doblemente tutelado por USA

La tragedia venezolana ha alcanzado un nivel de degradación política tan grotesco que ya ni siquiera puede disimularse bajo discursos patrióticos. El chavismo nació proclamándose como la gran rebelión antiimperialista de América Latina, con un Hugo Chávez que convirtió el antiamericanismo en religión oficial, en instrumento de propaganda que le sirvió de coartada ideológica para consolidar un proyecto hegemónico de rasgos fascistoides. Construyó hábilmente una narrativa en torno al mito de Bolívar enfrentando al imperio, a la épica de la independencia nacional y a la supuesta dignidad soberana de los pueblos del sur.

Durante años se vendió la fantasía de una Venezuela heroicamente enfrentada a Washington. El discurso revolucionario convirtió al “imperio” en enemigo permanente y en la explicación universal de todos los fracasos internos. Sin embargo, el tiempo terminó pulverizando aquella retórica antiimperialista. Todo resultó ser una representación cuidadosamente orquestada, una utilería ideológica destinada más a preservar el poder que a defender la soberanía nacional. La opereta terminó de derrumbarse el pasado 3 de enero con el secuestro de Maduro, cuando el chaveco-madurismo consumó públicamente su metamorfosis política y dejó atrás la vieja retórica incendiaria para asumir, sin pudor, una actitud de subordinación pragmática frente a Washington. A partir de ese momento cesaron los discursos grandilocuentes sobre la “Patria Grande” y las proclamas furibundas contra el Tío Sam. En lugar de amenazas y consignas incendiarias comenzaron a escucharse tonos conciliadores, elogios diplomáticos y discretos gestos de complacencia hacia los mismos actores internacionales que durante décadas fueron presentados como enemigos existenciales de la revolución.

Hoy, los jerarcas del poder reciben a John Ratcliffe, director de la tenebrosa CIA, a Chris Wright, secretario de Energía, y a Francis Donovan, jefe del Comando Sur (quien dirigió el secuestro de Maduro), con alfombra roja, sonrisas protocolares y gestos folclóricos cuidadosamente escenificados en Miraflores, mientras esperan las próximas señales políticas emitidas desde Washington. Se han modificado leyes estratégicas para facilitar y garantizar la participación de capitales imperiales en sectores que durante años fueron presentados como símbolos intocables de la soberanía revolucionaria. Allí están la reforma de la Ley de Minas, la nueva Ley de Hidrocarburos y, más recientemente, la modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La contradicción resulta brutal: el mismo régimen que demonizó la inversión extranjera, expropió empresas y convirtió el antiimperialismo en doctrina oficial, hoy reforma el marco jurídico nacional para atraer inversionistas internacionales, ofrecer garantías al capital privado y abrir áreas estratégicas de la economía al mercado global. El chavismo terminó haciendo exactamente aquello que durante décadas calificó de “entrega de la patria”. El supuesto antiimperialismo terminó reducido a un simple accesorio retórico, a una pieza de escenografía propagandística útil únicamente para movilizar fanáticos y justificar la imposición de su proyecto hegemónico. El régimen que prometió liberar a Venezuela de la tutela extranjera acabó transformándose en cachorro del imperio que juró derrotar. La ironía es brutal: el chavismo ya no gobierna mirando a Miraflores, sino interpretando cada mirada y gesto de Mr. Trump desde la Oficina Oval. 

Pero la oposición venezolana tampoco ha escapado a esa lógica de dependencia y subordinación. Incapaz de construir una estrategia viable de poder, un proyecto nacional coherente o una fuerza social verdaderamente autónoma, ha desplazado progresivamente su centro de decisión política a la capital del imperio. La esperanza democrática dejó de sustentarse en la organización, la conciencia y la capacidad de lucha de los propios venezolanos para quedar subordinada a las decisiones emanadas de Washington, bajo la nueva troika imperial integrada por Trump, Rubio y Hegseth. Hoy, la gran mayoría del liderazgo opositor parece prestar más atención a las órdenes, señales emanadas de la Casa Blanca o de Mar-a-Lago que, a la voluntad soberana, la conciencia política y la capacidad de resistencia del propio pueblo venezolano. La tragedia ha alcanzado un nivel particularmente humillante: la libertad de Venezuela ya no parece concebirse como una conquista nacional impulsada por los ciudadanos, sino como una concesión geopolítica administrada desde Estados Unidos. Esta realidad quedó crudamente reflejada en el reciente Manifiesto de Panamá, donde la negociación política propuesta por sectores de la oposición aparece explícitamente subordinada al esquema y a las etapas diseñadas desde Washington bajo la orientación política de Marco Rubio. La oposición dejó de hablarle al país para comenzar a hablarle al poder norteamericano, como si la legitimidad de la lucha democrática dependiera más de la aprobación de la Casa Blanca que de la voluntad de los venezolanos.

Lamentablemente, la ilusoria esperanza de una democratización “Made in USA”, compartida hoy por millones de venezolanos, se sustenta en una premisa profundamente equivocada. Donald Trump jamás ha demostrado interés real en promover una auténtica transición democrática en Venezuela. Su atención al país ha estado determinada fundamentalmente por consideraciones energéticas, estratégicas y geopolíticas. Para Trump, un cambio de régimen en Venezuela nunca ha sido su prioridad, sino el control político de una pieza “muy importante” en el tablero energético y de la seguridad hemisférica de Estados Unidos.

 

Venezuela dejó de concebirse como sujeto soberano de su propia historia para convertirse en una nación sometida a un doble vasallaje político bajo la tutela del Tío Sam.

Carmen Teresa Navas: Le arrebataron a su hijo, pero no pudieron silenciar su voz

En este Día de las Madres, el nombre de Carmen Teresa Navas resuena con dolor, dignidad y valentía. Porque mientras muchas madres hoy reciben abrazos y celebraciones, ella enfrenta la ausencia irreparable de un hijo que le fue arrebatado por la crueldad y la represión de un régimen que ha sembrado miedo, persecución y muerte.

A Carmen Teresa Navas no solo le asesinaron a su hijo; también intentaron quebrar su esperanza, silenciar su voz y condenarla al sufrimiento. Pero una madre que ama de verdad jamás se rinde. Su lucha se ha convertido en un símbolo de denuncia ante la injusticia y ante quienes utilizan el poder para destruir vidas y familias enteras.

Hoy este mensaje no es solo de felicitación, sino también de memoria y denuncia. Porque ningún gobierno debería perseguir, encarcelar ni matar a los hijos de su pueblo. Ninguna madre debería vivir el horror de buscar justicia en medio del silencio, la impunidad y el abuso de poder.

Carmen Teresa, su dolor representa el de miles de madres venezolanas que han perdido a sus hijos por la violencia, la represión y la falta de humanidad de quienes gobiernan. Que el mundo no olvide sus nombres ni permita que estas tragedias se normalicen.

En este Día de las Madres, le enviamos respeto, solidaridad y la certeza de que el amor por un hijo jamás podrá ser derrotado por ningún régimen.

Muerte del chavismo: de la retórica antiimperialista al vasallaje político

 Aún es incierto el rumbo que tomará la tan anhelada transición democrática en Venezuela tras la captura y extradición de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Aunque el país ha experimentado ciertos cambios desde entonces —una apertura económica limitada, una reducción parcial de la represión y una mayor disposición de algunos medios a romper con la autocensura—, resulta prematuro hablar de una verdadera transición democrática. Las estructuras de poder del chavismo permanecen intactas, amplios sectores de la sociedad continúan sometidos a la precariedad y el miedo. Más que el inicio claro de una transición democrática, Venezuela parece encontrarse en un período de incertidumbre y reacomodo del proyecto económico bajo el apoyo y tutelaje de la Casa Blanca. Esta posible transición hacia la democracia dependerá, en gran medida, de si entre las prioridades de Mr. Trump —más allá del petróleo y de otros recursos estratégicos— existe un compromiso real con una verdadera transición democrática en Venezuela, y no simplemente con la instauración de un nuevo esquema de poder funcional a los intereses de Washington.

A escasos cuatro meses del 3 de enero, resulta evidente cómo muchos de los antiguos monaguillos del autoritarismo hoy negocian, se repliegan y se humillan ante el mismo imperio que durante años aseguraron combatir. Las interminables alocuciones escatológicas y antiimperialistas de Hugo Chávez ahora incomodan incluso a quienes antes las repetían con fervor doctrinario; sus discursos apenas sobreviven como ecos gastados en el cajón de los recuerdos de una falaz revolución agotada y moribunda. Los “ojitos de Chávez”, al igual que el rostro del nuevo inquilino de Brooklyn, han desaparecido progresivamente de los espacios públicos, como si el poder intentara borrar con rapidez los símbolos de una fe política que hasta hace poco exigía una devoción absoluta. El rojo —convertido durante años en un emblema omnipresente de la revolución— ha sido desplazado por tonalidades neutras como el blanco y el azul. El chavismo busca mutar, camuflarse y desprenderse de una identidad política que ya no moviliza la épica, sino el desgaste, el fracaso y la vergüenza.

Hoy queda muy poco por defender en términos doctrinarios, si es que alguna vez existieron. Las reformas “expresas” a las leyes emblemáticas como la de hidrocarburos y del sector minero, y muy posiblemente la del trabajo, demuestran el grado de humillación y vasallaje frente al tutelaje impuesto por Washington. Al margen de su ya desgastada retórica contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han terminado por volver de rodillas ante ambos organismos, implorando financiamiento y legitimidad. El chavismo agonizante, hoy se subasta al mejor postor y alquila sus últimos restos de poder como una meretriz política dispuesta a servir a quien garantice su supervivencia.

La subordinación ante Washington, tras el 3 de enero, también resquebrajó la llamada “solidaridad con Cuba”, presentada durante años como uno de los pilares simbólicos del proyecto bolivariano. Durante más de una década, Venezuela envió petróleo a la isla de forma gratuita o a precios solidarios (Petrocaribe), como parte de una alianza que convirtió la energía en un instrumento de integración ideológica y de lealtad geopolítica. Sin embargo, bastó la presión de la Casa Blanca para que la tan cacareada hermandad revolucionaria se desplomara. A los hermanos Rodríguez no les tembló la mano para dejar a Cuba sin petróleo, pese a que 32 efectivos cubanos murieron defendiendo a Maduro en Fuerte Tiuna durante los acontecimientos del 3 de enero.

Estamos ante la sepultura de un proyecto político deliberadamente engañoso, ideológicamente vacío y construido sobre el culto a la personalidad de un improvisado oficial tropero: Hugo Chávez. Un proyecto mesiánico y profundamente reaccionario que sustituyó los principios por la obediencia ciega, desmontó la pluralidad democrática para imponer un pensamiento único militarizado y convirtió las políticas sociales en instrumentos de chantaje y control sobre los sectores más vulnerables. En nombre del “pueblo”, destruyó las instituciones y la separación de poderes, pulverizó la autonomía sindical y redujo la libertad a una forma de sumisión administrada por el Estado. Hoy, lo que sobrevive es apenas un cascarón autoritario, tutelado por los intereses de Washington, sostenido por la represión sistemática, el miedo y una élite burocrático-militar que desconoció la soberanía popular el 28/7/2024 en nombre de una supuesta revolución. El chavismo, más que una alternativa histórica, ha sido una regresión  política envuelta en una falaz retórica revolucionaria.

La tumba del chavismo no representa únicamente el cierre de una etapa marcada por el autoritarismo, la corrupción, la represión y la muerte, sino también la apertura de un desafío histórico aún más complejo: construir una democracia verdaderamente soberana, justa y equitativa, ajena a reproducir los vicios del pasado y la subordinación política, económica o geopolítica. El riesgo no es solo repetir el fracaso del chavismo bajo otro discurso, sino sustituir una élite hegemónica por otra, igualmente dependiente de intereses externos y sostenida por nuevos hiperliderazgos providenciales. La reconstrucción de Venezuela exigirá algo más profundo que un simple cambio de gobierno: requerirá nuevas instituciones sólidas, una ciudadanía crítica y una sociedad que deje de depender de caudillos, mesianismos y tutelajes extranjeros para definir su destino.

1 de mayo: nada que celebrar en Venezuela

Cada año, el 1 de mayo se presenta como una fecha de conmemoración, de lucha y de conquistas laborales. Un día para recordar los derechos ganados, reivindicar al trabajador y proyectar mejores condiciones de vida. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha ha perdido su esencia hasta convertirse en una fecha de lucha y resistencia.

Hablar hoy del Día del Trabajador en el país es enfrentarse a una realidad que desmiente cualquier discurso oficial. El salario mínimo permanece en 0,27 dólares mensuales: no fue modificado. Más que un ingreso, es una cifra simbólica, desconectada de cualquier noción de sustento. El anunciado y fantasioso “ingreso mínimo integral” de 240 dólares se sostiene, en realidad, sobre bonificaciones que no inciden en las prestaciones sociales ni en otros derechos laborales. No es salario: es un paliativo discrecional que no construye estabilidad ni futuro. A esto se suma la desaparición progresiva de beneficios conquistados mediante contrataciones colectivas y una estabilidad laboral cada vez más frágil. La relación entre trabajo y dignidad ha sido erosionada hasta el punto de quiebre. Hoy, la promesa de vivir del trabajo ha sido sustituida por algo mucho más precario: la mera supervivencia diaria.

El trabajador venezolano no celebra: resiste. Resiste la inflación persistente, la erosión del poder adquisitivo y la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Resiste la persecución policial y la judicialización de sus luchas por derechos conculcados por el proyecto hegemónico. Resiste la exclusión social y la miseria a las que ha sido sometido. 

Este 1 de mayo no es una celebración; es una fecha para la reflexión crítica y la denuncia. Es un día para hablar de la reconquista de derechos arrebatados: salarios dignos, contratación colectiva efectiva, estabilidad laboral, cese de la persecución policial contra los dirigentes sindicales y respeto efectivo a la clase trabajadora. El trabajo debe ser fuente de dignidad, no de miseria. Por ello, es necesario alzar la voz frente a políticas que empobrecen y exigir cambios estructurales, no paliativos temporales. La historia es clara: ningún derecho ha sido concedido voluntariamente. Cuando los trabajadores se organizan, resisten y exigen, logran transformar su realidad. ¡Viva el 1 de mayo!