Precarización y miseria: anatomía del modelo antiobrero bolivariano

La precariedad laboral solo puede entenderse como un reflejo de las transformaciones y reconfiguraciones internas en la lógica de acumulación de riqueza del capitalismo, así como una respuesta del propio capital frente a su crisis. Tras la crisis del modelo fordista en las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de capital pasó a apoyarse principalmente en la flexibilización y precarización del trabajo a fin de preservar sus tasas de ganancia. 

La precarización laboral en Venezuela no puede entenderse como una derivación accidental, sino como el resultado de un conjunto de transformaciones económicas, políticas e institucionales, desarrolladas con la llegada de Hugo Chávez al poder y su posterior continuidad con Maduro y, más recientemente, con los Rodríguez. A raíz de la llegada del nacionalfascismo-bolivarianismo al poder, se inició un modelo económico facho-neoliberal-dependiente, maquillado con una falaz retórica revolucionaria. Modelo de gestión que impuso un proyecto antiobrero caracterizado por empleos inestables, salarios pírricos, escasa o nula seguridad social y restricciones represivas a la actividad sindical.

Es importante hacer hincapié en que este perverso proyecto comenzó con la llegada de Chávez al poder. Desde Miraflores se impulsó una serie de reformas legales que modificaron, eliminaron o dejaron sin efecto diversas normativas relativas a la protección de los derechos laborales. En nombre de una tramposa revolución, se aprobaron disposiciones que significaron un retroceso en muchas de las conquistas logradas por los trabajadores, entre ellas la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Asimismo, se derogaron o transformaron marcos legales relacionados con la seguridad social, incluyendo la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Pública, y la Ley del Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (2002). Intervinieron sindicatos, se propició el paralelismo sindical, así como la criminalización y judicialización de las luchas sindicales.

Uno de los rasgos más corrosivos —y deliberadamente encubiertos— del proyecto antiobrero chavista en materia laboral ha sido la progresiva demolición del trabajo y salario dignos, disfrazada bajo el lenguaje maniqueo de una supuesta nueva democracia social. Lejos de representar mejoras socioeconómicas para los asalariados, lo que se ha impuesto es una flexibilización laboral, calcada de los manuales más ortodoxos del neoliberalismo. Bajo este paradigma, la proliferación de formas de empleo precario —contratos temporales, trabajo a domicilio, “misiones”, cooperativas instrumentalizadas y esquemas de cogestión— ha permitido desmontar, pieza por pieza, las garantías históricas del trabajo.

El resultado no es ambiguo. Se ha consolidado un mercado laboral caracterizado por la inestabilidad estructural, la indefensión jurídica y la subordinación absoluta del trabajador. La precarización salarial, en este contexto, no ha sido una consecuencia colateral, sino el núcleo del modelo. En un país afectado por una hiperinflación que ha alcanzado cifras de 617 % (anualizada febrero 2026), con una economía de facto dolarizada y una canasta básica que ronda los 677 dólares, el salario mínimo oficial —apenas 0,27 dólares— no es simplemente insuficiente: es una cifra simbólica que expresa el colapso deliberado del salario como institución. Pero incluso esa cifra, por escandalosa que sea, no agota la gravedad del problema. Lo verdaderamente estructural es la mutación del salario en algo irreconocible. El Estado, convertido en el principal empleador, ha institucionalizado un sistema basado en ingresos fragmentados, canalizados a través de bonos discrecionales, opacos y explícitamente no salariales. Estas “bonificaciones” masivas no constituyen una respuesta improvisada a la crisis, sino un dispositivo cuidadosamente diseñado de deslaboralización. Al excluir estos pagos del cálculo de prestaciones, vacaciones y pensiones, no solo se precariza el presente del trabajador, sino que también se expropia su futuro.

Lo que emerge de este entramado no es simplemente un mercado laboral deteriorado, sino un nuevo régimen de relaciones laborales en el que el salario deja de ser un derecho para convertirse en una concesión arbitraria. Más que una crisis, se trata de una reconfiguración regresiva del trabajo, en la que la pérdida de derechos no es un efecto colateral, sino su objetivo central.

El resultado de esta política no ha sido simplemente negativo: ha sido devastador. No se trata de un deterioro accidental, sino de un proceso sostenido de erosión de las capacidades fundamentales de la población venezolana. Según PROVEA, el 82,3 % de la población no tiene acceso adecuado a alimentos, el 43,3 % enfrenta inseguridad alimentaria, y los indicadores más sensibles lo confirman: 10,5 % de los niños presenta talla baja y 9,3 % nace con bajo peso, signos inequívocos de una crisis nutricional persistente y de efectos intergeneracionales. El colapso no se limita al ámbito alimentario. En el ámbito educativo, el 37 % de los jóvenes de 18 a 24 años están excluidos del sistema, lo que configura una generación amputada en sus oportunidades de movilidad social. En paralelo, más de la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad, atrapada en dinámicas de subsistencia sin derechos, sin estabilidad y sin protección social, lo que no solo precariza el presente, sino que también cancela cualquier horizonte de seguridad futura. 

En términos agregados, el panorama es aún más elocuente: el 73 % de los hogares vive en pobreza, incapaz de cubrir necesidades básicas; el 56 % padece pobreza multidimensional, lo que revela carencias simultáneas en servicios, educación y vivienda; y, de forma aún más dramática, alrededor de 3,4 millones de hogares viven en la pobreza extrema (Ecovi 2024), es decir, ni siquiera logra acceder a la canasta alimentaria. Más que una crisis social, lo que estos datos configuran es un proceso de desestructuración sistemática del bienestar: una sociedad empujada hacia la supervivencia, donde la pobreza deja de ser una condición transitoria para convertirse en un estado permanente de exclusión social.

El discurso gubernamental insiste en atribuir la crisis a factores externos, en particular a las sanciones económicas, elevándolas a una explicación casi exclusiva del colapso. Sin embargo, esta narrativa omite un hecho fundamental: la precarización y la flexibilización laboral no nacieron con las sanciones, sino que las precedieron de forma clara y documentada. Este proyecto antiobrero y hambreador comenzó a gestarse durante el período de Chávez. En este contexto, las sanciones han operado más bien como un acelerador que como causa originaria. Reducir el colapso a un único factor externo no solo empobrece el análisis, sino que constituye una falacia deliberada.

La precarización laboral, inserta en un esquema de autoritarismo protofascista
bolivariano, no constituye un error coyuntural ni una desviación accidental, sino un componente estructural del modelo, en el que la erosión de los derechos de los asalariados deja de ser una anomalía para convertirse en una condición funcional del proyecto hegemónico.

César Chávez: del ícono de los derechos humanos al autoritario depredador de trabajadoras

En la construcción de los mitos políticos, pocas figuras han sido tan cuidadosamente resguardadas como la de César Chávez, cofundador del principal sindicato de trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, la United Farm Workers. (1927–1993). Elevado a símbolo de la lucha campesina en ese país, su legado suele presentarse como intachable, casi sagrado. Su imagen —de campesino, organizador y mártir laico, profundamente comprometido con la justicia social— ha sido repetida en discursos, murales y libros de texto, consolidando una narrativa que privilegia la épica por encima de la complejidad.

Sin embargo, reportes periodísticos recientes —entre ellos, investigaciones del The New York Times— así como la difusión de una carta y entrevistas posteriores de Dolores Huerta (cofundadora del sindicato United Farm Workers), han colocado en el centro del debate señalamientos graves sobre la conducta de Chávez, Según estas investigaciones y denuncias, Chávez habría incurrido en prácticas de manipulación y abuso sexual dentro del entorno del movimiento que lideró desde la década de 1960 hasta su muerte en 1993.

Una de las primeras acusaciones de abuso sexual en contra de Chávez fue formulada por Ana Murguía, quien, habría afirmado que Chávez abusó de ella cuando tenía 13 años y que estas conductas se prolongaron durante varios años en la década de 1970. A ello se sumó el caso de Debra Rojas, quien, en testimonios, sostuvo que el dirigente la habría violado cuando tenía 15 años. Lamentablemente, sus denuncias, no fueron recibidas con empatía, sino con hostilidad. Se les acusó de dañar la causa, como si esta pudiera sostenerse sobre el silencio forzado de quienes afirman haber sido perjudicadas por ella. El rechazo a las acusaciones atribuidas a Murguía y Debra Rojas revela una lógica profundamente perversa: la de movimientos que exigen sacrificios, pero solo reconocen como legítimos aquellos que refuerzan su relato heroico, relegando o desacreditando cualquier testimonio que lo contradiga.

Sin embargo, la denuncia reciente a Dolores Huerta —hoy con 95 años— ha sido demoledora. Huerta, cofundadora de la United Farm Workers, lideró huelgas, protestas y marchas junto a César Chávez, denunciando las precarias condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en California y en el resto del país. Sin embargo, su liderazgo siempre fue subestimado o relegado, en parte debido a la centralidad casi incuestionable que Chávez ejercía en el movimiento. Huerta, tras décadas de silencio, ha señalado que Chávez la violó en dos ocasiones (1960 y 1966), lo que derivó en embarazos que mantuvo en secreto. Asimismo, Huerta afirmó no haber reportado ambos incidentes a la policía ni habérselo contado a sus compañeros en el sindicato, por temor a no ser creída y a que cualquier señalamiento debilitara la figura de Chávez y comprometiera la lucha que ambos impulsaban.

Lo inquietante no es solo la gravedad de las denuncias, sino lo previsible de su encubrimiento. Chávez no operaba en el vacío. Lo hacía dentro de una estructura —la United Farm Workers— que, lejos de funcionar como contrapeso democrático, terminó consolidando una cultura de obediencia y sumisión. No fue un accidente organizativo, sino una elección política: centralizar el poder en una figura carismática y desalentar la disidencia en nombre de la unidad. El problema del autoritarismo en la figura de Chávez no es un detalle secundario de su biografía: es una clave para entender tanto las limitaciones del movimiento que encabezó como las contradicciones internas que terminaron debilitándolo. Lejos de la imagen pública de líder comunitario, Chávez ejerció el poder de forma altamente centralizada, con una marcada desconfianza hacia la autonomía del colectivo que decía representar. En teoría, Farm Workers se construía sobre la organización de base, la solidaridad y la acción conjunta. En la práctica, las decisiones estratégicas dependían casi exclusivamente de Chávez, lo que generó una cultura en la que disentir no formaba parte del proceso democrático, sino que era un acto de deslealtad. La consecuencia fue una organización menos capaz de corregirse a sí misma y más vulnerable a los errores —o impulsos— de su líder. 

Lamentablemente, existe una tendencia recurrente a blindar a las figuras históricas que representan causas nobles. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Chávez: ocurre con líderes políticos, religiosos y culturales en distintas partes del mundo. La sacralización de estas figuras suele ir acompañada de una resistencia a examinar sus fallas, bajo el argumento de que hacerlo debilita las luchas que simbolizan. Sin embargo, esta lógica resulta peligrosa. Al negar o minimizar las posibles sombras de un liderazgo, se corre el riesgo de perpetuar las mismas dinámicas de poder que esas luchas buscan erradicar.

Revisar críticamente la figura de Chávez implica, entonces, asumir una postura incómoda pero necesaria. Significa reconocer que una persona puede haber contribuido significativamente a una causa justa y, al mismo tiempo, haber incurrido en prácticas cuestionables. Esta dualidad no invalida automáticamente su legado, pero sí obliga a matizarlo. La historia no es un relato de héroes perfectos, sino un entramado de acciones humanas, con sus luces y sus sombras.

Estos cuestionamientos invitan a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden prevenir abusos de poder, garantizar la escucha de voces críticas y construir liderazgos menos dependientes de figuras individuales. Más que un juicio destructivo, o un acto de demolición, revisar críticamente a figuras como César Chávez constituye un ejercicio de responsabilidad histórica: solo al confrontar sus propios mitos con honestidad, una sociedad puede aspirar a movimientos más coherentes entre sus principios y su práctica.

El espejismo de la transición democrática en Venezuela

Hay un relato que el Departamento de Estado—amplificado por sus aliados políticos locales— intenta posicionar desde el secuestro de Maduro: la idea de que el país habría entrado en una “transición etapista”, de acuerdo con el "intendente imperial” Marcos Rubio. Sin embargo, aunque los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica política venezolana, sostener que se ha iniciado una verdadera transición democrática resulta, cuando menos, una afirmación fantasiosa. Es cierto que se han producido algunos gestos de apertura, pero cientos de venezolanos permanecen detenidos en las mazmorras del régimen y las estructuras fundamentales del poder autoritario e instrumentos de represión siguen intactos. 

Más que una transición democrática, lo que se observa es un reacomodo interno que ha permitido a Delcy Rodríguez (con el apoyo y reconocimiento explícito de Mr. Trump) recomponerse tras la salida forzosa de Maduro y reconfigurar su control sobre el Estado. Se ha producido un sorprendente alineamiento entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, orientado principalmente a garantizar que la riqueza petrolera de Venezuela fluya hacia los mercados del Tío Sam bajo la supervisión de la Casa Blanca. El mismo actor que durante años fue presentado como el “enemigo imperial” pasó, en cuestión de semanas, a convertirse en un interlocutor privilegiado e incluso en socio estratégico. No solo se reanudaron los contactos diplomáticos, sino que también se abrieron espacios de cooperación en inteligencia y energía, que incluyeron reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. Las imágenes de Delcy recibiendo delegaciones de Washington, sosteniendo encuentros con figuras clave del aparato de seguridad y energía de EE.UU., o avanzando acuerdos en sectores estratégicos— habrían sido impensables antes del 3 de enero. Más que el inicio de una democratización, estamos ante una adaptación del mismo proyecto, ahora rearticulado para sobrevivir al tutelaje impuesto por la Casa Blanca.

Es evidente que la presión y tutela ejercidas por Mr. Trump ha generado ciertos movimientos en el tablero político venezolano. Entre ellos destacan la aprobación de una Ley de Amnistía llena de falencias y precariedades, pero que ha permitido excarcelaciones selectivas de presos políticos —excluyendo a los militares—, la libertad plena de cientos de expresos políticos sometidos a medidas coercitivas judiciales, así como la realización de protestas sociales que, de manera inusual, no han sido reprimidas con la misma brutalidad del pasado. Se trata de una norma ampliamente cuestionada, no solo por omitir elementos esenciales —como el reconocimiento a las víctimas o la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas—, sino también por un aspecto especialmente problemático: su implementación queda en manos del propio poder judicial, que ha formado parte del entramado represivo al servicio del régimen. Además, siguen vigentes, normas ampliamente cuestionadas por su carácter discrecional y represivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

Sin embargo, lo que sí resulta evidente hoy es la transición económica. Así lo demuestran la aprobación de un nuevo marco jurídico —en particular, la reforma de la Ley de Hidrocarburos— y la discusión y aprobación, en primera discusión, de la Ley de Minas, diseñados explícitamente para atraer al capital privado y flexibilizar el histórico control estatal sobre el sector energético. La reforma petrolera —junto con los posibles cambios a la Ley de Minas— puede leerse como una cesión encubierta de la soberanía bajo el discurso de la “normalización económica”. Lejos de representar una simple apertura, estas medidas consolidan un esquema en el que el control efectivo de los recursos estratégicos se desplaza hacia actores privados externos, mientras la soberanía queda reducida a un mero formalismo. En términos estratégicos, Venezuela pierde su autonomía en política energética y queda subordinada a los intereses y la influencia de los Estados Unidos. El enemigo que se estigmatizó y repudió ahora es recibido con los brazos abiertos y hasta con alfombra roja en Miraflores. Estamos ante una forma sofisticada de dominación neocolonial, con la complicidad de un grupete que mantiene una retórica patriótica y revolucionaria, mientras entrega impunemente los recursos estratégicos al gran capital extranjero. 

El verdadero riesgo, entonces, es la consolidación de una “normalización autoritaria”: un esquema en el que el control del poder permanece intacto bajo la hegemonía del proyecto gobernante, maquillado con nuevos rostros y acompañado de una apertura económica de corte proimperial. No estamos ante una transición alguna, y es precisamente ahí donde la narrativa de la “transición” se vuelve especialmente peligrosa. Este relato fantasioso, de tintes siniestros, opera como una coartada cuidadosamente construida para blanquear el proyecto autoritario dirigido por el binomio Rodríguez, que no muestra la menor intención de desmontar el entramado represivo y antipopular erigido desde su llegada al poder, ni mucho menos de impulsar una auténtica transición democrática.

Que ese escenario termine imponiéndose dependerá de factores que hoy juegan, más bien, en su contra. Por un lado, la capacidad de presión de las fuerzas democráticas —tanto dentro como fuera del país— se encuentra profundamente erosionada. Ello obedece, en buena medida, a la subordinación acrítica de la oposición, liderada por María Corina, a la estrategia de Mr. Trump. Esta sumisión, difícil de justificar, no solo ha dejado a la oposición venezolana sin un rumbo estratégico propio, sino que además ha convertido a muchos de sus voceros en validadores complacientes de las maniobras de la dupla Rodríguez, presentadas ilusoriamente como supuestos avances en el desmantelamiento de la hegemonía bolivariana. Por otro lado, no es menor la interrogante sobre las verdaderas prioridades de los Estados Unidos respecto del caso de Venezuela. Si el eje de su política se limita a asegurar fabulosas ganancias económicas y el acceso ilimitado al “excremento del diablo” —en palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo—, la democratización podría quedar relegada a un plano retórico o, sencillamente, fuera de la ecuación. En ese escenario, la “transición democrática” dejaría de ser un objetivo real de Washington para convertirse en un recurso discursivo, útil para legitimar su acceso a las mayores reservas petroleras del planeta.

En ese contexto, hablar de “transición democrática que culmine con la salida del proyecto hegemónico” no solo resulta irresponsable, sino también profundamente engañoso. Lo que observamos con profunda preocupación es una metamorfosis del proyecto autoritario en medio de una posible bonanza económica que, lejos de ceder el poder, aprende a reinventarse para perpetuarse en Miraflores bajo el tutelaje de la Casa Blanca. 

Auge y derrumbe de un proyecto carismático y autoritario

En América Latina, la política ha arrastrado históricamente una profunda debilidad estructural: su tendencia persistente a confundir el proyecto con la persona. A lo largo de distintos momentos históricos y bajo ideologías aparentemente opuestas, numerosos movimientos han sido construidos no sobre programas ideológicos sólidos ni sobre visiones estratégicas duraderas, sino en torno a la figura casi providencial de un líder. La política se convierte entonces menos en una disputa de ideas que en una apuesta por la voluntad, el carisma o la supuesta excepcionalidad de un individuo. El líder o salvador no es solo el conductor del proyecto: es su fuente de legitimidad, su intérprete único y, en muchos casos, su única garantía de coherencia.

El sociólogo Max Weber denominó a este fenómeno de dominación carismática: una forma de autoridad que se sostiene en la devoción hacia una persona considerada excepcional. En este tipo de liderazgo, la legitimidad no se fundamenta en instituciones sólidas ni en doctrinas consolidadas, sino en el magnetismo personal del líder y en la creencia colectiva en su singularidad. Hugo Chávez puede considerarse un claro ejemplo de este tipo de dominación. Su figura se construyó como la de un redentor político en un contexto marcado por la implosión del sistema bipartidista venezolano —representado por AD y Copei— durante la década de 1990. En ese escenario de crisis institucional y desencanto ciudadano, su liderazgo carismático encontró terreno fértil para consolidarse como una alternativa. 

El chavismo fue un fenómeno profundamente personalista. Un cesarismo tropical, donde la legitimidad del líder terminó desplazando a la de las instituciones. Chávez, el encantador de serpientes del siglo XXI, supo articular una narrativa poderosa basada en la redención de los pobres frente a una élite política desacreditada, presentándose como el portavoz directo del pueblo de Venezuela y el líder providencial destinado a corregir las injusticias acumuladas durante décadas. 

El proyecto chavista funcionó durante años como un verdadero aluvión político, impulsado por la presencia de un líder carismático, una retórica demagógica, un perverso sistema de control social financiado por los abundantes ingresos petroleros y una represión despiadada contra la disidencia política. Bajo esas condiciones, el chavismo logró capitalizar el descontento acumulado, las expectativas frustradas de inclusión social, los resentimientos históricos y las aspiraciones de justicia de amplios sectores de la sociedad, transformando ese malestar en una poderosa base de apoyo político. Sin embargo, nunca mostró una verdadera coherencia programática. Su principal bandera ideológica —el llamado socialismo del siglo XXI— terminó siendo, en realidad, un gran fraude ideológico. Un batiburrillo doctrinario: una amalgama de militarismo pretoriano, retórica antiimperialista, referencias cristianas, terrorismo de Estado de inspiración fascista, apelaciones constantes a Simón Bolívar e invocaciones oportunistas al socialismo. La ausencia de un marco doctrinario no fue un accidente ni el resultado de una mera improvisación. Más bien respondió a una lógica política en la que el discurso ideológico operó como un repertorio flexible de símbolos, consignas y referencias históricas al servicio del mesías tropical, más que como un cuerpo teórico coherente y sistemático.

La muerte de Chávez (2013) desnudó la verdadera naturaleza del proyecto que encarnaba. Ningún liderazgo es eterno: los líderes mueren, se desgastan, pierden la iniciativa o simplemente dejan de interpretar el momento histórico. La ausencia de una doctrina capaz de sostener por sí sola la cohesión del chavismo como movimiento terminó por condenarlo a su descomposición. Tras la desaparición física de Chávez, lo que ha persistido ha sido principalmente la invocación de su legado y la repetición de sus consignas, muchas veces acompañadas de notorias incoherencias ideológicas. La transferencia simbólica del liderazgo a Nicolás Maduro buscó asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por Chávez. Sin embargo, esta designación monárquica reveló pronto sus límites. El carisma político no es un patrimonio heredable ni puede transmitirse por simple designación. La sucesión terminó transformando al chavismo sin Chávez en una estructura cada vez más burocrática y coercitiva, sostenida menos por la adhesión popular que por el control del aparato estatal, militar y partidista. En términos de Max Weber, este proceso pudo interpretarse como una forma de “rutinización del carisma”, en la que un liderazgo mesiánico tiende, ilusoriamente, a institucionalizarse, lo cual ha derivado históricamente en grandes fracasos.

La designación dinástica de Maduro representó la muerte del chavismo como movimiento aluvional. Más que el heredero político de Chávez, Maduro terminó siendo el administrador de su fase crepuscular: el custodio de un proyecto que, tras la desaparición de su líder carismático, comenzó a transformarse en un cascarón vacío dedicado fundamentalmente a preservarse a sí mismo. Su gestión quedó marcada por su incapacidad, por una crisis económica sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, la migración masiva, la represión despiadada, el asesinato de jóvenes y el progresivo cierre de los espacios democráticos. El proyecto sobrevivió gracias a la incondicionalidad de un estamento militar corrupto y a un perverso terrorismo de Estado impuesto desde Miraflores.

El secuestro de Maduro el pasado 3/01/2026 marcó un punto de inflexión decisivo para el chavismo en su largo y doloroso camino hacia el derrumbe político: simbolizó una capitulación humillante ante el imperio. El post-chaveco-madurismo, bajo la hegemonía de los hermanos Rodríguez, se configura como un modelo abiertamente antidemocrático y como el sepulturero definitivo del chavismo originario. Despojado ya de su impulso plebeyo y de su narrativa antiimperialista, el régimen aparece cada vez más dócilmente subordinado a los intereses económicos y geopolíticos de Washington, más allá de los estertores espasmódicos y cada vez menos creíbles de su retórica confr
ontacional.

Una izquierda colonizada y subordinada a la petrochequera de Miraflores

Durante años, la izquierda ha enarbolado la defensa de los derechos humanos, la democracia, el antimilitarismo, la protección de los asilados y la justicia social como principios irrenunciables. Sin embargo, una parte significativa de esa misma izquierda mantiene una solidaridad injustificable y un silencio cómplice ante las atrocidades del régimen autoritario venezolano.

No se trata de un desliz coyuntural ni de una interpretación errada y pasajera, sino de una conducta sostenida durante casi tres décadas, pese al progresivo deterioro institucional, económico y humanitario que ha devastado al país y obligado a millones de ciudadanos a emigrar. Ante una realidad tan dramática y ampliamente documentada, la reacción ha sido reiterada: minimizar los abusos, relativizar las violaciones de derechos humanos y encubrir los fracasos bajo consignas ideológicas.

Venezuela dejó de ser un debate ideológico abstracto para convertirse en el reflejo crudo de una tragedia social y política palpable. Frente a este drama, importantes sectores de la izquierda tarifada internacional han desempeñado un papel de complicidad activa, priorizando beneficios y cuotas de poder por encima de los principios y banderas que supuestamente deberían defender. Resulta insostenible, si no moralmente obsceno, seguir hablando de “proceso revolucionario”, “país bloqueado”, “revolución asediada” o “trinchera antiimperialista”. El bolivarianismo no es un proyecto revolucionario y mucho menos antiimperialista: es un proyecto autoritario de impronta fascista que reprime y persigue a la disidencia política y a los trabajadores, socava la libertad de expresión y ha convertido la justicia en una herramienta de coacción y castigo. Un proyecto que militariza la sociedad, que impone un terrorismo de Estado, que irrespeta la voluntad popular y que ha provocado una devastación social, forzando a millones a huir del país (una de las mayores crisis migratorias de la región). No es una opinión. Es un hecho documentado, medido y denunciado por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de esta pesadilla.

Sin embargo, la vara con la que se juzgan estos hechos parece cambiar según quién detente el poder. Así, cuando un gobierno de derecha reprime una protesta, encarcela a opositores o restringe las libertades, la condena es inmediata, tajante y moralmente categórica. Y está muy bien que así sea. Pero cuando esas mismas prácticas provienen de un gobierno que se envuelve en banderas antiimperialistas o en retórica “popular”, emerge el doble estándar: no es para tanto, hay que entender la correlación de fuerzas, existen provocaciones externas, la culpa es de las sanciones, el verdadero enemigo es Estados Unidos. Para la izquierda asalariada la represión cambia de nombre. El autoritarismo se disfraza de resistencia. El abuso se presenta como “defensa del proceso”. Los asesinatos se narran como gestas épicas. El aplastamiento de las luchas sociales se tipifica como una “necesaria estabilización del orden”. Este doble rasero no es un desliz ingenuo ni una confusión teórica: es una elección política. Para esa izquierda asalariada, el problema no es el autoritarismo en sí, sino quién lo ejerce. El poder se vuelve tolerable —incluso justificable— cuando está en “las manos correctas” Es una izquierda que ha terminado por subordinar sus principios a la perversa petrochequera de Miraflores.

Esa claudicación de principios no ocurre en el vacío: se ha sostenido sobre un relato que busca justificarla y hacerla políticamente aceptable: el antiimperialismo. Pero no entendido como una posición crítica frente a las dinámicas de dominación global, sino como un dogma incuestionable, una suerte de amnistía moral y coartada retórica. Bajo su amparo, todo se explica y todo se absuelve. Funciona como una cláusula de inmunidad: si un gobierno se proclama enemigo de Estados Unidos, automáticamente queda del lado correcto de la historia, al margen de sus prácticas concretas. Sin desconocer el carácter históricamente intervencionista —y muchas veces devastador— de la política exterior norteamericana, desde Vietnam hasta Irak, pasando por Guatemala, Chile, República Dominicana, Granada y, más recientemente, nuestro país, resulta intelectualmente deshonesto convertir el antiimperialismo en un principio que exonera cualquier deriva autoritaria, corrupción sistémica o violación de derechos fundamentales. La crítica al imperialismo no puede convertirse en un cheque en blanco para proyectos políticos que, en nombre de la soberanía, erosionan las libertades que dicen defender. Si el antiimperialismo ha de conservar algún valor ético, debe desprenderse de su uso como blindaje ideológico de proyectos autoritarios. Debería ser una crítica coherente, no una licencia para tolerar abusos cuando provienen de actores “afines”. De lo contrario, deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en una coartada para la complacencia.

Este cinismo doctrinario de esa izquierda mercancía convierte al enemigo de mi enemigo en aliado automático, aunque ese aliado encarne autoritarismo, teocracia o la más flagrante regresión social. Así, se terminan defendiendo regímenes como el de Irán, o Afganistán no por sus estándares de igualdad, libertad o pluralismo, sino por su confrontación geopolítica con Occidente. El resultado ha sido una alianza contranatural de conveniencia que sacrifica principios ideológicos en el altar del falaz antiimperialismo 

La petrochequera bolivariana no se limitó a colonizar discursos: prostituyó ideales. Movimientos sociales que alguna vez fueron voces críticas se convirtieron en vasallos sumisos, rendidos al chantaje económico, vendiendo su independencia como quien subasta su dignidad. La izquierda global dejó de ser un faro de resistencia para convertirse en un títere domesticado, legitimando dictaduras con la complicidad de un silencio comprado. No fue conquista de territorios, sino de conciencias: una colonización total de voluntades, donde la ética se troca por sobornos y aplausos serviles.

Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión.

Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural. La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con una institucionalidad debilitada y una ciudadanía reducida a clientela.

El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta. PDVSA, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales e investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por la lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.

Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.

Entre 2006 y 2007, en nombre de la “plena soberanía petrolera”, se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de PDVSA, debía poseer al menos el 60 % de la participación accionaria. El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al “capital transnacional”, el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación. Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.

Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables. Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, PDVSA y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y la sociedad civil. No lo fue.

Los cambios apuntan en la misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional. Por ejemplo, PDVSA pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando PDVSA reducida a un socio nominal, sin control efectivo. Además, la comercialización, históricamente controlada por PDVSA, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control. Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán ante los tribunales venezolanos, sino mediante arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución del 1999 (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales en los que pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno. Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución Nacional) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.

El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural. Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como “entrega” hoy se presenta como “necesidad estratégica”. Lo que antes se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente. El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero resultó incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.

El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero. Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables. Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.

El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico.

La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.

Crónica de una transición tutelada con autoritarismo continuado

A raíz del secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero, la palabra “transición” ha inundado el discurso público. Se repite hasta el cansancio, tanto en los altos círculos del poder en Washington como en la conversación cotidiana del venezolano de a pie, casi siempre sin aclarar qué significa realmente ni a quién sirve. El equipo interventor norteamericano encabezado por Mr. Rubio —autoproclamado tutor del destino venezolano— ha presentado una ruta de transición compuesta por tres fases: una “estabilización” destinada a impedir que el país colapse tras la intervención; una fase de “recuperación”, orientada a reactivar la economía bajo parámetros externos; y, finalmente, una “transición” política, postergada y condicionada, que aparece más como promesa que como derecho soberano del pueblo venezolano.

La transición venezolana promovida por Mr. Rubio nace viciada desde su origen. No surge de un acuerdo nacional ni de la voluntad popular, sino de una intervención extranjera que pretende revestirse de un lenguaje democrático. En este plan los venezolanos no tenemos ningún rol; solo obedecemos. El país ha sido tratado como territorio administrado y no como nación soberana. Más que una hoja de ruta hacia la democracia, el plan de Rubio sienta un precedente peligroso para la región: la normalización de la intervención como método de control económico. Una transición impuesta desde la Casa Blanca y subordinada a intereses económicos difícilmente puede dar lugar a la construcción —y mucho menos a la consolidación— de nuevos espacios genuinamente democráticos.

Así, la transición auspiciada por la “Casa Blanca” es un proceso abiertamente peligroso que no implica una ruptura del orden autoritario, sino una transición tutelada, diseñada no para liberar al país, sino para garantizar el control económico de sus reservas petrolíferas por parte de las transnacionales.

No hay transición cuando el autoritarismo gobernante conserva todos sus instrumentos de dominación. Primero: los presos políticos siguen presos. Según la organización Foro Penal, en la actualidad existen aproximadamente 777 presos políticos (civiles y militares), de los cuales solo han sido excarcelados (no liberados) desde el 8 de enero aproximadamente 266 personas. Han sido excarcelados con medidas cautelares sujetas a régimen de presentación en tribunales, prohibición de declarar a la prensa, procesos judiciales abiertos, prohibición de salida del país, entre otras. Mientras haya ciudadanos privados de libertad, cualquier narrativa de cambio es una farsa cuidadosamente construida. No hay transición democrática posible con rehenes y secuestrados políticos.

A la par, el aparato represivo sigue intacto. No han sido desmontados los cuerpos de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, GN), ni las huestes paramilitares, las cuales preservan las mismas cadenas de mando, las mismas prácticas de intimidación, persecución, tortura y muerte. Se invoca la paz mientras el miedo sigue siendo política de Estado. No hay transición cuando el terror sigue organizado.

En este contexto, resulta casi obsceno hablar de transición sin libertad de prensa. El ecosistema informativo venezolano sigue devastado: medios cerrados, concesiones revocadas, periodistas perseguidos y presos, portales bloqueados y una autocensura que no nace de la prudencia, sino del miedo. La información sigue bajo control y la verdad sigue siendo tratada como una amenaza. Una transición auténtica requiere ciudadanos informados, debate público y pluralidad de voces. Sin prensa libre, la transición no es más que propaganda.

Otro pilar del engaño es la fantasía de hablar de “transición” sin reinstitucionalizar el país (TSJ, CNE, AN). No se trata de un tecnicismo ni de un adorno retórico: sin reinstitucionalización, la transición es una puesta en escena. Postergarla para un supuesto “después” equivale a aceptar que la democracia sea mera utilería. Si no es una urgencia del presente, la transición no pasa de ser un simulacro.

Esta es, en esencia, la “transición” venezolana: un montaje calculado para aparentar cambios sin tocar el corazón del poder, mientras se reparten jugosas recompensas económicas. No conduce —ni pretende hacerlo— a una transición democrática creíble; apunta a una apertura económica selectiva, funcional a los intereses de capitales extranjeros ávidos del petróleo venezolano. Pero incluso esa promesa resulta inviable, dada la falta de garantías jurídicas impuestas por el estatismo gobernante. Lo que se presenta como transición se reduce al cambio del lenguaje, pero no al poder. Se promete un futuro abstracto mientras se conserva intacto el control del presente. 

Por su parte, el chavismo sin Maduro —derrotado, humillado—, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y con el beneplácito de la Casa Blanca, se aferra al poder como un acto desesperado de supervivencia. Amparado en el eufemismo de una supuesta “prudencia estratégica”, gana tiempo mientras maquilla el discurso, recicla los cuadros civiles y militares y ajusta el marco legal de la República a la medida de los intereses del Tío Sam (Reforma de la Ley de Hidrocarburos). Su apuesta no es reconstruir el país, sino hacerle juego al calendario político estadounidense: esperan que Mr. Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término —amenazado por el descontento ciudadano— y que ello frene la agenda exterior de la Casa Blanca, incluida la presión política y militar sobre Venezuela. No es una estrategia nacional; es un cálculo oportunista que encomienda el destino de Venezuela al desgaste del inquilino de Pennsylvania Avenue de la ciudad de Washington.

Mientras todo esto ocurre, la oposición venezolana permanece atrapada en su propio laberinto, perdida en una deriva estratégica sin salida. Se mantiene dócilmente alineada con la política de la Casa Blanca, a pesar de haber sido explícitamente excluida de los planes de transición de Mr. Trump. Oposición que ha aplaudido obedientemente cada gesto de Washington, incluso cuando ello ha implicado pisotear sus propias banderas de lucha, como el respeto a la voluntad popular expresada el 28/7/2024. Sin el menor rubor, “pasaron la página” para alinearse con la propuesta de Trump de convocar un nuevo proceso electoral, negando así el reconocimiento de unos comicios ya celebrados el 28 de julio. Del mismo modo, han elegido un silencio cómplice y vergonzoso ante los atropellos sistemáticos de la administración Trump contra miles de venezolanos que viven en los Estados Unidos, renunciando deliberadamente a la defensa de sus connacionales para no incomodar al caudillo mediático de Washington.

Venezuela no necesita una transición tutelada por Mr. Rubio, ni administrada por los mismos responsables de su destrucción política, económica y social (Delcy Rodríguez y su combo de operadores). Pensar que quien ha sido uno de los artífices del proyecto hegemónico vaya a autodestruirlo (como afirman los voceros y seguidores de María Corina) es un acto de ingenuidad política sin parangón. Lo que Venezuela demanda es una transición gestada por los actores políticos nacionales, no en Washington, que implique una ruptura clara y sin concesiones con el modelo represivo, hambreador y excluyente que ha cerrado todos los espacios democráticos en el país. Mientras persistan los mismos actores del proyecto hegemónico en Miraflores, cualquier intento de “transición” será una farsa, al margen del beneplácito del gran capital internacional. No solo será una fantasía pasajera, sino una traición imperdonable a la voluntad popular y un agravio a la memoria de millones de venezolanos que han soportado esta pesadilla durante los últimos 27 años.