Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión.

Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural. La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con una institucionalidad debilitada y una ciudadanía reducida a clientela.

El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta. PDVSA, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales e investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por la lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.

Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.

Entre 2006 y 2007, en nombre de la “plena soberanía petrolera”, se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de PDVSA, debía poseer al menos el 60 % de la participación accionaria. El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al “capital transnacional”, el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación. Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.

Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables. Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, PDVSA y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y la sociedad civil. No lo fue.

Los cambios apuntan en la misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional. Por ejemplo, PDVSA pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando PDVSA reducida a un socio nominal, sin control efectivo. Además, la comercialización, históricamente controlada por PDVSA, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control. Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán ante los tribunales venezolanos, sino mediante arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución del 1999 (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales en los que pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno. Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución Nacional) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.

El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural. Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como “entrega” hoy se presenta como “necesidad estratégica”. Lo que antes se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente. El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero resultó incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.

El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero. Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables. Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.

El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico.

La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.

Crónica de una transición tutelada con autoritarismo continuado

A raíz del secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero, la palabra “transición” ha inundado el discurso público. Se repite hasta el cansancio, tanto en los altos círculos del poder en Washington como en la conversación cotidiana del venezolano de a pie, casi siempre sin aclarar qué significa realmente ni a quién sirve. El equipo interventor norteamericano encabezado por Mr. Rubio —autoproclamado tutor del destino venezolano— ha presentado una ruta de transición compuesta por tres fases: una “estabilización” destinada a impedir que el país colapse tras la intervención; una fase de “recuperación”, orientada a reactivar la economía bajo parámetros externos; y, finalmente, una “transición” política, postergada y condicionada, que aparece más como promesa que como derecho soberano del pueblo venezolano.

La transición venezolana promovida por Mr. Rubio nace viciada desde su origen. No surge de un acuerdo nacional ni de la voluntad popular, sino de una intervención extranjera que pretende revestirse de un lenguaje democrático. En este plan los venezolanos no tenemos ningún rol; solo obedecemos. El país ha sido tratado como territorio administrado y no como nación soberana. Más que una hoja de ruta hacia la democracia, el plan de Rubio sienta un precedente peligroso para la región: la normalización de la intervención como método de control económico. Una transición impuesta desde la Casa Blanca y subordinada a intereses económicos difícilmente puede dar lugar a la construcción —y mucho menos a la consolidación— de nuevos espacios genuinamente democráticos.

Así, la transición auspiciada por la “Casa Blanca” es un proceso abiertamente peligroso que no implica una ruptura del orden autoritario, sino una transición tutelada, diseñada no para liberar al país, sino para garantizar el control económico de sus reservas petrolíferas por parte de las transnacionales.

No hay transición cuando el autoritarismo gobernante conserva todos sus instrumentos de dominación. Primero: los presos políticos siguen presos. Según la organización Foro Penal, en la actualidad existen aproximadamente 777 presos políticos (civiles y militares), de los cuales solo han sido excarcelados (no liberados) desde el 8 de enero aproximadamente 266 personas. Han sido excarcelados con medidas cautelares sujetas a régimen de presentación en tribunales, prohibición de declarar a la prensa, procesos judiciales abiertos, prohibición de salida del país, entre otras. Mientras haya ciudadanos privados de libertad, cualquier narrativa de cambio es una farsa cuidadosamente construida. No hay transición democrática posible con rehenes y secuestrados políticos.

A la par, el aparato represivo sigue intacto. No han sido desmontados los cuerpos de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, GN), ni las huestes paramilitares, las cuales preservan las mismas cadenas de mando, las mismas prácticas de intimidación, persecución, tortura y muerte. Se invoca la paz mientras el miedo sigue siendo política de Estado. No hay transición cuando el terror sigue organizado.

En este contexto, resulta casi obsceno hablar de transición sin libertad de prensa. El ecosistema informativo venezolano sigue devastado: medios cerrados, concesiones revocadas, periodistas perseguidos y presos, portales bloqueados y una autocensura que no nace de la prudencia, sino del miedo. La información sigue bajo control y la verdad sigue siendo tratada como una amenaza. Una transición auténtica requiere ciudadanos informados, debate público y pluralidad de voces. Sin prensa libre, la transición no es más que propaganda.

Otro pilar del engaño es la fantasía de hablar de “transición” sin reinstitucionalizar el país (TSJ, CNE, AN). No se trata de un tecnicismo ni de un adorno retórico: sin reinstitucionalización, la transición es una puesta en escena. Postergarla para un supuesto “después” equivale a aceptar que la democracia sea mera utilería. Si no es una urgencia del presente, la transición no pasa de ser un simulacro.

Esta es, en esencia, la “transición” venezolana: un montaje calculado para aparentar cambios sin tocar el corazón del poder, mientras se reparten jugosas recompensas económicas. No conduce —ni pretende hacerlo— a una transición democrática creíble; apunta a una apertura económica selectiva, funcional a los intereses de capitales extranjeros ávidos del petróleo venezolano. Pero incluso esa promesa resulta inviable, dada la falta de garantías jurídicas impuestas por el estatismo gobernante. Lo que se presenta como transición se reduce al cambio del lenguaje, pero no al poder. Se promete un futuro abstracto mientras se conserva intacto el control del presente. 

Por su parte, el chavismo sin Maduro —derrotado, humillado—, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y con el beneplácito de la Casa Blanca, se aferra al poder como un acto desesperado de supervivencia. Amparado en el eufemismo de una supuesta “prudencia estratégica”, gana tiempo mientras maquilla el discurso, recicla los cuadros civiles y militares y ajusta el marco legal de la República a la medida de los intereses del Tío Sam (Reforma de la Ley de Hidrocarburos). Su apuesta no es reconstruir el país, sino hacerle juego al calendario político estadounidense: esperan que Mr. Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término —amenazado por el descontento ciudadano— y que ello frene la agenda exterior de la Casa Blanca, incluida la presión política y militar sobre Venezuela. No es una estrategia nacional; es un cálculo oportunista que encomienda el destino de Venezuela al desgaste del inquilino de Pennsylvania Avenue de la ciudad de Washington.

Mientras todo esto ocurre, la oposición venezolana permanece atrapada en su propio laberinto, perdida en una deriva estratégica sin salida. Se mantiene dócilmente alineada con la política de la Casa Blanca, a pesar de haber sido explícitamente excluida de los planes de transición de Mr. Trump. Oposición que ha aplaudido obedientemente cada gesto de Washington, incluso cuando ello ha implicado pisotear sus propias banderas de lucha, como el respeto a la voluntad popular expresada el 28/7/2024. Sin el menor rubor, “pasaron la página” para alinearse con la propuesta de Trump de convocar un nuevo proceso electoral, negando así el reconocimiento de unos comicios ya celebrados el 28 de julio. Del mismo modo, han elegido un silencio cómplice y vergonzoso ante los atropellos sistemáticos de la administración Trump contra miles de venezolanos que viven en los Estados Unidos, renunciando deliberadamente a la defensa de sus connacionales para no incomodar al caudillo mediático de Washington.

Venezuela no necesita una transición tutelada por Mr. Rubio, ni administrada por los mismos responsables de su destrucción política, económica y social (Delcy Rodríguez y su combo de operadores). Pensar que quien ha sido uno de los artífices del proyecto hegemónico vaya a autodestruirlo (como afirman los voceros y seguidores de María Corina) es un acto de ingenuidad política sin parangón. Lo que Venezuela demanda es una transición gestada por los actores políticos nacionales, no en Washington, que implique una ruptura clara y sin concesiones con el modelo represivo, hambreador y excluyente que ha cerrado todos los espacios democráticos en el país. Mientras persistan los mismos actores del proyecto hegemónico en Miraflores, cualquier intento de “transición” será una farsa, al margen del beneplácito del gran capital internacional. No solo será una fantasía pasajera, sino una traición imperdonable a la voluntad popular y un agravio a la memoria de millones de venezolanos que han soportado esta pesadilla durante los últimos 27 años.

De la farsa antimperialista a la alfombra roja para la CIA

Durante años, el régimen bolivariano perfeccionó un género propio: la ópera bufa antimperialista. El chaveco-madurismo convirtió el antiimperialismo en una consigna vacía, utilizada más como herramienta de propaganda que como política real de defensa de la soberanía nacional. Bajo un discurso encendido contra Estados Unidos y las potencias occidentales, el régimen ha consolidado un modelo que, lejos de enfrentar al imperialismo, reproduce sus lógicas económicas y políticas, pero sin controles democráticos ni participación popular. Un antiimperialismo “tapa amarilla”, degradado a simples consignas, que ha operado como coartada para legitimar un proyecto autoritario que concentra el poder, criminaliza la disidencia y profundiza la desigualdad. Su mueca más obscena sigue siendo el alarido del comandante de escritorio «¡Vengan por mí, cobardes!», bravuconada hueca y estridente vendida como gesta heroica para entretenimiento del público de gradería 

En esta alegoría, el supuesto líder inexpugnable que repetía una y otra vez que nadie lo sacaría de Miraflores terminó, de forma abrupta, confinado en un calabozo frío y mugroso del Metropolitan Detention Center (Brooklyn, Nueva York), no como mártir de ninguna causa, sino como una caricatura patética de su propia grandilocuencia. No hay cámaras, no hay pueblo, no hay epopeya. Solo el silencio incómodo que acompaña a los falsos valientes, a los héroes de utilería cinematográfica. Se acabaron los lujos, las mansiones, las exquisiteces burguesas, y las cuentas bancarias en dólares. 

Como acto final de esta gran farsa, irrumpe Delcy en escena, la gran sacerdotisa del desastre económico, político y social, desfilando con su habitual solemnidad teatral. Con una reverencia que roza lo ridículo, ha ofrecido una bienvenida cortés y dócil a Mr. John Ratcliffe, director de la CIA, un acto servil y repugnante. La escena, entre tragicómica y grotesca, deja al descubierto la brecha entre la retórica altisonante —promesas de independencia y valentía épica— y la práctica cotidiana de sumisión, clientelismo y espectáculo vacío. Sí, la misma CIA. La misma agencia omnipresente, todopoderosa y eternamente culpable de todo, que hasta hace cinco minutos era presentada como el cerebro maligno detrás de cada apagón, cada inflación, cada resaca revolucionaria y de la extracción de Nicolás. Delcy, sin pestañear, ha extendido la alfombra roja y la solemnidad diplomática, como si no acabara de pasar nada, como si esa misma agencia no hubiera sido señalada de participar en la reciente “extracción” del gran hegemón. El enemigo de ayer se convierte en invitado distinguido hoy, porque en el bolivarianismo la coherencia ideológica es un lujo burgués y la memoria, un estorbo contrarrevolucionario.

Así, el imperialismo deja de ser una amenaza existencial para convertirse en un interlocutor conveniente. La CIA ya no conspira: ahora conversa. Ya no desestabiliza: ahora dialoga. Y el régimen, que vive denunciando complots imaginarios, demuestra que su verdadero talento no está en resistir al enemigo externo, sino en abrazarlo cuando conviene, siempre que ello garantice la continuidad en el poder.

Pero mientras Delcy hace malabarismos para mantenerse en Miraflores y solicita a la Asamblea Nacional que modifique la ley de hidrocarburos para satisfacer las exigencias de Mr. Trump y las transnacionales energéticas, el país real sigue desangrándose: la inflación no es una fábula, la represión no es una invención, la tortura no es delirio, el exilio no es metáfora, la muerte es una realidad y el hambre no entiende de ironías. 

La tragedia del chaveco-madurismo no es que haya sido humillado militarmente por el imperio el pasado 3/01/2026, sino que se derrotó solo, ahogado en su propia fanfarronería publicitada por sus chafarotes. Gritó tanto que terminó creyéndose su propio eco. Confundió el atropello con coraje, la propaganda con realidad y la lealtad con el silencio comprado. El resultado ha sido una perversa parodia sostenida por el petróleo, el miedo, la represión y la muerte.

Mientras tanto, el inquilino de la Casa Blanca se contempla en el espejo y se autoproclama no solo salvador, sino también “presidente en funciones de Venezuela”, como si una publicación en redes sociales pudiera coronar un imperio ficticio, y declara que controlará su petróleo y sus recursos como si fueran trofeos de guerra. Firma decretos con fervor mesiánico, confunde sanciones con virtud y reduce la geopolítica a un juego de mesa en el que él siempre será el ganador. Ordena el cierre de centros de tortura y la liberación de presos en discursos que solo existen en la ficción de sus delirios, mientras que en la realidad la maquinaria represiva del régimen permanece intacta. Decreta transiciones inviables que excluyen a la oposición y que, lejos de desmontar estructuras de poder, apuntan a consolidar nuevas formas de dominación. Trump no gobierna: improvisa con arrogancia, convierte la política en espectáculo y sustituye la diplomacia por la violencia de sus cañoneras. 

Ni autoritarismo reciclado, ni tutela extranjera

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se convirtió en escenario de una de las operaciones políticas más cínicas de la diplomacia estadounidense reciente. Bajo el lema de la “restauración democrática”, Washington ha impulsado una campaña contra el régimen autoritario de Maduro que jamás ha tenido como objetivo el fortalecimiento democrático del país. Detrás del discurso grandilocuente del inquilino de la Casa Blanca se esconde una estrategia colonial de vieja data: el control de los recursos naturales y la subordinación de los países de la región. La lucha por las libertades democráticas ha servido como pretexto y como herramienta retórica destinada a legitimar la injerencia. En ese marco, el secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero no constituye un hecho aislado, sino una confirmación más de que Mr. Trump actúa como gendarme del mundo, arrogándose la potestad de aplicar la legislación estadounidense más allá de sus fronteras, como si se tratara de un mandato universal incuestionable, en línea con la lógica histórica de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823).

Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos. 

El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.

 Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.

El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.

Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.

Trump: anomalía democrática, poder desmedido y posverdad

Ha transcurrido casi un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, como era de esperar, él mismo se ha encargado de proclamarse el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. En su relato, Trump no gobierna: cumple una misión casi mesiánica, llamada a restaurar una grandeza supuestamente usurpada por enemigos internos y externos. A la par, continúa desplegando su ya habitual estrategia: la descalificación sistemática de todo aquel que no se someta a su culto personal, ya sean adversarios políticos, periodistas incómodos o antiguos aliados convertidos en traidores de ocasión.

Basta, sin embargo, con retirar el velo de su propaganda para advertir que la realidad es bastante menos épica. Un examen mínimamente riguroso de aquello que Mr. Trump exhibe como trofeos sus presuntos éxitos económicos, diplomáticos e institucionales, revelan una constante inquietante: sus “logros” son, en el mejor de los casos, discutibles y, en el peor, fracasos ruidosos que han erosionado la fortaleza interna de Estados Unidos y debilitado su credibilidad internacional.

Los supuestos hitos de su liderazgo se desmoronan al contrastarlos con la realidad. El triunfalismo permanente encubre una gestión marcada por la improvisación, la arbitrariedad y un estilo de gobierno que confunde el interés nacional con la autopromoción. El balance no es el de un estadista visionario, sino el de un dirigente obsesionado con fabricar un legado ficticio, aun cuando el país deba pagar el precio de sus caprichos y vendettas personales.

Aunque la economía estadounidense sigue creciendo, ese dinamismo responde sobre todo a la inercia de un sector privado robusto y al liderazgo tecnológico del país, no a la genialidad económica del presidente. El proteccionismo trumpista, presentado como una fórmula mágica para resucitar la industria nacional, ha sido un ejercicio de voluntarismo simplista. La política arancelaria se ha convertido en una caricatura de sí misma: impuestos que suben y bajan al compás del estado de ánimo presidencial o de sus simpatías personales hacia otros mandatarios. El resultado ha sido previsible: distorsión de las cadenas globales de valor, aumento de costos para las empresas, pérdida de competitividad y una factura que termina pagando el consumidor en forma de inflación. Atribuir la evolución positiva de la economía a estas medidas no es análisis: es propaganda.

Más grave aún es el deterioro institucional. Estados Unidos, tradicionalmente presentado como un referente de democracia liberal y separación de poderes, muestra hoy signos alarmantes de erosión. Desde el regreso de Trump, el Estado de derecho se ha convertido en un estorbo que debe ser doblegado, presionado o directamente instrumentalizado. El Departamento de Justicia ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un brazo político al servicio del presidente, útil para perseguir a adversarios y proteger a aliados. La destitución, o el intento de marginar, a jueces que no se alinean con Trump demuestra que la lealtad personal sustituye al mérito y la independencia judicial pasa a ser vista como una insolencia.

El uso del indulto presidencial resume esta deriva con particular crudeza. Trump ha perdonado a implicados en el asalto al Capitolio, un ataque directo al corazón del sistema democrático, y ha extendido su clemencia a figuras como el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en tribunales estadounidenses. No se trata de misericordia ni de justicia, sino de un mensaje político transparente: la lealtad se premia, la ley se negocia.

Su política migratoria constituye otro de sus fracasos morales y políticos. Trump ha convertido al inmigrante en un chivo expiatorio, criminalizando a millones de personas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense. Las deportaciones masivas y expeditas, ejecutadas con desprecio por los derechos humanos, castigan a quienes huyen de la miseria, la violencia y la represión, mientras alimentan una narrativa de miedo útil para el consumo electoral interno.

En política exterior, el panorama es desolador. Trump se autoproclama gran pacificador y afirma haber resuelto múltiples conflictos internacionales. La realidad, como de costumbre, es menos grandiosa. En Tailandia y Camboya, su intervención produjo una tregua fugaz que se evaporó al desaparecer de los titulares. Entre India y Pakistán hubo una pausa, no una paz. En la República Democrática del Congo y Ruanda se anunció un acuerdo mientras la violencia persistía. En Gaza, el alto el fuego respondió a cálculos estratégicos de Netanyahu, no a un triunfo diplomático estadounidense. Sin embargo, el fracaso más estridente ha sido Ucrania: Trump prometió poner fin a la guerra en 24 horas y, un año después, su única propuesta exige a Kiev sacrificar territorio y soberanía. Más que una solución, es una concesión que fortalece a Moscú y debilita la posición de Occidente.

En América Latina, Trump insiste en desempolvar la doctrina Monroe como si el continente siguiera siendo un patio trasero obediente. Sus insinuaciones de intervención militar revelan una mezcla peligrosa de nostalgia imperial y desconocimiento de la región. La política resultante ha sido errática, personalista y profundamente irrespetuosa de las soberanías nacionales. En ese contexto, la llamada “presión máxima” contra Venezuela ha terminado reducida a un ejercicio de retórica vacía, con sanciones ruidosas, amenazas recurrentes, aislamiento diplomático y la evocación anacrónica de cañoneras. Todo ello, además, aderezado con contradicciones obscenas: se secuestran tanqueros en el Caribe a fin de “asfixiar económicamente al régimen mientras Chevron continúa operando sin sobresaltos”. El balance es brutalmente simple: mucho ruido y cero resultados. Los desconocedores de la voluntad popular expresada el 28/7/2024 siguen cómodamente instalados en Miraflores, mientras que cada día se estrechan aún más los ya exiguos espacios democráticos del país.

Mr. Trump es un accidente histórico en la democracia estadounidense. Su liderazgo se apoya más en la teatralidad del espectáculo que en la responsabilidad de ser presidente. El poder desmedido, la posverdad y el beneficio familiar han sido los ejes de su proyecto. Trump no gobierna para Estados Unidos: gobierna para sí mismo. 

Inciso necesario: Resulta penoso que amplios sectores de la oposición democrática venezolana sigan arrodillados, con fervor casi litúrgico, ante los desplantes abiertamente antidemocráticos de Mr. Trump, y que, además, no solo aceptan humillaciones y atropellos en silencio, sino que los aplauden y los convierten en doctrina.

Navidad Sin Presos Políticos

En esta Navidad, cuando las luces intentan abrirse paso entre la oscuridad, recordamos que la esperanza es más fuerte que el miedo. Aunque muchos corazones hoy cargan con dolor, incertidumbre y silencio impuesto, el espíritu de la Navidad nos recuerda que la dignidad humana no puede ser reprimida.

Que el nacimiento de la esperanza renueve nuestra fe en un futuro en el que la justicia, la libertad y el respeto vuelvan a florecer en nuestra tierra. Que cada gesto de solidaridad, cada palabra valiente y cada acto de amor sean una luz que acompañe a quienes resisten con dignidad.

A quienes sufren persecución, a los presos por pensar distinto, a los exiliados forzados y a las familias separadas: su dolor no es en vano. Cada abuso queda marcado en la memoria del pueblo y cada acto de valentía acerca el día de la libertad.

Que esta Navidad nos abrace con la certeza de que ningún invierno es eterno y que, después de la noche más larga, siempre hay un amanecer.

Esta Navidad no es de silencio: es de resistencia.

Navidad Sin Presos Políticos

El Nobel que no premia a una persona, sino a una causa: Venezuela

María Corina Machado quizá sea una receptora imperfecta del Premio Nobel de la Paz, como lo han sido muchos otros galardonados a lo largo de la historia. Ningún liderazgo humano está exento de contradicciones, límites o decisiones difíciles, especialmente cuando se ejerce bajo condiciones extremas. Sin embargo, este reconocimiento trasciende con creces su figura individual, tal como lo subrayó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel de la Paz. No se trata únicamente de una persona, sino de un país entero: de Venezuela y de su larga, dolorosa y aún inconclusa lucha por la paz, la dignidad, la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción democrática.

El premio reconoce una causa colectiva. Pone en el centro a millones de venezolanos que, durante más de dos décadas, han resistido la arbitrariedad, la represión y el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Destaca el sacrificio silencioso de ciudadanos comunes —estudiantes, trabajadores, madres, abuelos, profesionales, líderes sociales— que han sido perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o reducidos al silencio, y que aun así se niegan a renunciar a la idea de un país libre.

En ese sentido, el Nobel no absuelve ni idealiza a nadie: ilumina una lucha. Reconoce la determinación de una sociedad que, pese al terrorismo de Estado, la criminalización de la disidencia y el uso del miedo como método de gobierno, continúa defendiendo el voto, la verdad, la justicia y la convivencia democrática. Es un recordatorio de que la paz no es sumisión ni silencio impuesto, sino el resultado de derechos garantizados, instituciones legítimas y ciudadanos libres.

Más que un premio individual, este Nobel es un acto de memoria y de respaldo moral. Le dice al mundo que Venezuela no es una abstracción geopolítica ni una narrativa ideológica, sino un pueblo concreto que sufre, resiste y espera. Y afirma, con claridad ética, que la lucha venezolana por la democracia no es una amenaza a la paz, sino su condición indispensable.