Trump y Ucrania: El trasfondo económico de un conflicto aparentemente ideológico

El lamentable episodio ocurrido en Washington, protagonizado por el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos ante el presidente Zelenski, quedará registrado en la historia como un acto de humillación y cobardía. Lo ocurrido no fue solo una escena vergonzosa, sino también una declaración implícita de apoyo a la autocracia rusa del siglo XXI.

El trato irrespetuoso que Zelenski recibió en la Casa Blanca confirma una realidad preocupante: la administración de Trump, más allá de sus discursos grandilocuentes, representa una claudicación estratégica frente a la política expansionista del Kremlin. Fue una reunión marcada por el estilo grosero, bravucón y falaz del mandatario estadounidense, que se impuso ante un interlocutor que buscaba ayuda.

Trump y el vicepresidente J.D. Vance presionaron a Zelenski para que firmara un acuerdo económico leonino que otorgaba a Estados Unidos el control del 50% de los recursos naturales de Ucrania, además de la administración de sus puertos y otras infraestructuras críticas, como compensación por los fondos asignados tras la invasión rusa.

La administración Trump justifica ese acuerdo alegando que Kiev debe reembolsar 500.000 millones de dólares por la ayuda militar recibida tras la agresión rusa. Sin embargo, según el Instituto Kiel, esta cifra es inexacta: la asistencia real asciende a 137.000 millones de dólares, muy por debajo de lo que afirma Trump. Además, estos fondos fueron otorgados como ayuda, no como préstamos, por lo que no son reembolsables. Cabe preguntarse cuánto habría adeudado Europa a EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial si se hubiera aplicado el mismo criterio.

De prosperar la coerción impulsada desde Washington, la deuda impuesta a Ucrania equivaldría a una proporción de su PIB aún mayor que las reparaciones exigidas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, según el Tratado de Versalles de 1919. A pesar de que el acuerdo obliga a Ucrania a ceder la mitad de sus recursos naturales, no contempla garantías territoriales ni de seguridad frente a la política expansionista del Kremlin.

Es relevante destacar que Ucrania posee depósitos de 120 materias primas industriales cruciales, entre ellas carbón, petróleo, gas, titanio, litio, uranio, grafito, berilio y manganeso. Estos recursos son fundamentales para las industrias aeronáutica, espacial y militar, lo que ha despertado el interés de diversas corporaciones transnacionales y actores políticos estadounidenses. Entre ellos destaca el influyente y ultraconservador senador republicano Lindsey Graham, quien se refiere a Ucrania como el “El Dorado ucraniano”.

La administración Trump aborda el apoyo militar, humanitario y financiero proporcionado a Ucrania primordialmente desde un enfoque económico, en lugar de considerarlo un mecanismo para la protección de Ucrania y del continente europeo frente a la amenaza rusa. Reducir el conflicto, provocado por Rusia tras la anexión de Crimea y la agresión a Ucrania, a una mera cuestión de financiación revela una profunda incomprensión del peligro que representa la política expansionista del Kremlin y sus sueños de recuperar la territorialidad soviética. Para Trump, no hay sufrimiento, solo inversión y rentabilidad. La guerra en Ucrania no es una lucha en defensa de valores democráticos, sino un negocio: cada bomba es una transacción; cada vida, una cifra en su balance de pérdidas y ganancias. No hay principios, solo oportunidades.

Es imperativo que el sector de la oposición venezolana que aún apuesta por una solución mágica patrocinada por Trump tome conciencia de esta realidad y abandone la promoción de falsas esperanzas. La crisis venezolana no se resolverá con atajos ni con la intervención de actores externos que responden a sus propios intereses. La única salida viable requiere estrategia, unidad y un compromiso genuino con la lucha democrática, sin alimentar ilusiones que solo conducen a la frustración y al estancamiento.

Trump y Putin, impulsados por intereses económicos y ambiciones expansionistas, promueven una reconfiguración del orden mundial.

El Trumpismo: Posverdad, proteccionismo, xenofobia y oscurantismo

El fenómeno político de la posverdad adquirió relevancia durante el primer mandato presidencial de Mr. Trump y ha experimentado un renovado auge con su reciente regreso a la Casa Blanca. En el ámbito filosófico, la posverdad se conceptualiza como la alteración de la realidad para modificar actitudes y opiniones en el público general. En este contexto, la verdad se distorsiona, manipula o ignora en favor de narrativas que fortalecen prejuicios e intereses particulares.

En los primeros días de este segundo mandato, Trump ha impulsado y popularizado nuevamente el concepto de “posverdad” en la política e instituciones. Durante su primer periodo y campaña electoral, fue acusado de difundir información falsa y manipular hechos mediante afirmaciones no verificadas, lo que fomentó un clima de desinformación. Ejemplos incluyen su insistencia en teorías sin evidencia, como el supuesto fraude electoral masivo, o el uso de mensajes que apelan a emociones y prejuicios en lugar de datos comprobables. Ahora retoma esta estrategia al afirmar que la Unión Europea (UE) fue creada para generar inestabilidad económica y política en Estados Unidos, justificando así su política proteccionista, que aumentó en un 25 % los aranceles sobre importaciones europeas. Además, al transgredir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, 1/07/2020) y amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, planea imponer nuevos aranceles del 25 % a productos importados de México y Canadá. Estas medidas, claramente proteccionistas y fundamentadas en premisas infundadas, han generado tensiones económicas globales y temores sobre el impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, debido al aumento de costos para las empresas que dependen de insumos extranjeros.

La retórica y las políticas de Trump han sido abiertamente xenófobas. Desde su primera campaña presidencial en 2016, vinculó problemas nacionales como la inseguridad y la economía con la presencia de inmigrantes, usando este enfoque como eje central de su estrategia política. Con su segundo mandato, su administración ha tomado decisiones que afectan a comunidades inmigrantes, como la propuesta de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, contraviniendo la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción”. Las deportaciones masivas, consideradas “las más grandes” en la historia del país, no solo se dirigen a inmigrantes indocumentados, sino también a personas protegidas por programas como DACA, TPS, DED y programas humanitarios implementados en la administración Biden. Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, vigente aún, para acelerar deportaciones al clasificar a ciertos grupos como amenazas a la seguridad nacional, evadiendo los trámites del debido proceso. Estamos ante una nueva forma de limpieza étnica, ejecutada por los seguidores del movimiento MAGA bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Además, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decretó la suspensión del programa TPS para ciudadanos venezolanos, cerca de 600,000 personas, argumentando que su permanencia temporal en EE.UU. “contraría el interés nacional”.

En poco tiempo, la administración Trump ha implementado políticas que ponen en riesgo la integridad de la investigación científica y la libertad académica. Ha promovido una narrativa anticientífica, propia de la posverdad que caracteriza su gestión. Su desprecio por el conocimiento especializado se refleja en el rechazo constante a la ciencia, la negación de consensos científicos y la difusión de información errónea, ejemplificado en el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, a pesar de su historial antivacunas y de desinformación en salud pública. Además, ha amenazado con recortes financieros a proyectos de investigación que no se alineen con su ideología política. Esta manipulación de la agenda científica busca controlar el conocimiento desde el poder, debilitando la capacidad crítica de la sociedad.

La preeminencia de la posverdad, el proteccionismo, la xenofobia y el oscurantismo impulsados por Trump no son casuales; constituyen una estrategia meticulosamente diseñada para fortalecer su perverso proyecto político. Mediante la manipulación sistemática de la información, los actores en el poder han logrado que la falacia, la exclusión y la ignorancia no solo sean toleradas, sino pilares fundamentales de la gobernabilidad para los próximos cuatro años.

Votar en dictadura: participación como resistencia democrática

Venezuela enfrenta una crisis política profunda que, a pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión de la comunidad internacional, no parece tener una salida viable en el corto plazo.

En un intento por proyectar una falsa normalidad, la oficina electoral del régimen -el Consejo Nacional Electoral (CNE)- ha convocado nuevos comicios para el 27 de abril, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la Asamblea Nacional. Ante esta convocatoria, sectores de la oposición liderados por María Corina Machado han llamado a la abstención, sin previa consulta ni debate con el resto de las fuerzas políticas que integran la coalición democrática. La decisión de abstenerse no es nueva; ha sido un error político reiterado y costoso, como se evidenció en 2005, 2018 y 2020.

Los defensores de la abstención argumentan que la vía electoral está agotada y sostienen, de manera falaz, que participar en los comicios del 27 de abril solo serviría para legitimar el fraude consumado por el régimen el 28 de julio pasado. Según ellos, no acudir a las urnas es una forma de reivindicar la voluntad popular expresada en esa fecha, un acto de deslegitimación y un rechazo simbólico que, supuestamente, facilitará la salida de Maduro del poder.

Pero, ¿qué ha cambiado desde el 28 de julio? En esencia, nada: el régimen sigue siendo el mismo, ilegítimo desde 2018 -no desde 2025, como algunos afirman- con un perfil autoritario, represivo y fraudulento. Mantiene control absoluto sobre el CNE, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y cuenta con el respaldo de la cúpula militar. Si las condiciones políticas no han variado significativamente, ¿por qué llamaron a votar en julio y ahora promueven la abstención? ¿Es esta última una estrategia válida para provocar un cambio político?

La evidencia histórica indica lo contrario. La falta de participación en procesos electorales no ha debilitado al régimen chavista-madurista; por el contrario, le ha otorgado control absoluto sobre los espacios de poder y ha reforzado su narrativa de invencibilidad. La abstención genera inacción política, que contribuye indirectamente a la permanencia del régimen y dificulta la acumulación de fuerzas necesarias para lograr un cambio.

Pensar que la abstención permitirá “cobrar” los resultados electorales del 28 de julio y, por ende, la toma de posesión de Edmundo González, es una ilusión ficticia.

No existen garantías de que el proceso del 27 de abril se realice de manera transparente, ni de que el régimen se abstenga de manipular nuevamente los resultados electorales. Los regímenes autoritarios, como el de Maduro, preservan el poder mediante el fraude y la represión. Sin embargo, votar en una dictadura puede ser una estrategia de resistencia: articular movimientos sociales, generar nuevas dinámicas de protesta y catalizar cambios políticos. El voto, lejos de ser sumisión, puede ser una herramienta clave para reorganizar estructuras opositoras, conectar con la ciudadanía, reforzar liderazgos, generar una narrativa sostenida de lucha y articular un mensaje de cambio que socave las bases del autoritarismo.

Asimismo, llamar a la abstención basado en la expectativa de una fractura dentro de la Fuerza Armada o en la esperanza de una intervención extranjera respaldada por organismos multilaterales o Estados Unidos representa un error estratégico. La institución militar nunca ha actuado como garante de la constitucionalidad; históricamente, ha sido un instrumento represivo al servicio del gobierno de turno. Por otro lado, una intervención auspiciada por organismos multilaterales es inviable: potencias como China y Rusia, con intereses estratégicos en Venezuela, ejercen su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la OEA, la causa venezolana no supera el respaldo de 14 a 16 de los 33 países que la integran activamente, por lo que tampoco allí hay posibilidad real de intervención. Finalmente, una intervención militar directa de Estados Unidos es altamente improbable, dadas las complejidades geopolíticas, estratégicas y de costo-beneficio para la administración de Mr. Trump. A pesar de su retórica agresiva, la realidad es que: i) Trump ha evitado reunirse con Edmundo González, ii) no revocó la licencia de Chevron, y iii) envió a Richard Grenell a negociar con Maduro la liberación de seis estadounidenses secuestrados en Caracas, la deportación de venezolanos y otros “posibles acuerdos”, según reportó el Miami Herald. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos en EE.UU., bajo el argumento de que “las condiciones habían mejorado” en Venezuela.

Participar en elecciones bajo una dictadura no garantiza una transición democrática -el voto en estas circunstancias no es un mecanismo normal de alternancia de pode-, pero puede ser un factor clave para erosionar el poder autoritario y abrir nuevos escenarios de lucha. La clave está en no reducir la acción política al mero acto de votar, sino en convertir ese proceso en un acto de resistencia estratégica que genere presión, movilización y desgaste del régimen.

Afirmar que el camino electoral está agotado, siendo esta la única herramienta política disponible para la ciudadanía, es una declaración sumamente temeraria. Más aún cuando, además de las elecciones legislativas y regionales, se plantea la posibilidad de un referéndum consultivo para legitimar la reforma constitucional impulsada por Maduro y su círculo de poder. Esta reforma “exprés” contempla al menos 80 nuevos artículos diseñados para fortalecer y consolidar su proyecto autoritario, cercenando aún más los pocos espacios democráticos que existen en el país.

El objetivo no es “pasar la página del 28 de julio” ni conferir legitimidad a Maduro; se trata, más bien, de emplear la movilización ciudadana en torno al sufragio como mecanismo de lucha y erosión del régimen. En la coyuntura actual, el voto es el único instrumento estratégico para visibilizar el descontento, reclamar nuevos espacios, desafiar la narrativa oficial y articular formas de resistencia que trasciendan el acto electoral.

El perverso arte de construir espejismos

Venezuela enfrenta una crisis política profunda que ha llevado a diversos sectores, incluida la dirigencia opositora, a aferrarse a promesas y estrategias basadas en fantasías. Aunque este fenómeno resulta comprensible dado el anhelo de cambio de amplios sectores sociales, las promesas vacías son profundamente dañinas para la causa de lograr una transformación real y reconstruir nuestra democracia, arrebatada por la bota militar.

Cuando estas estrategias se construyen sobre premisas sobredimensionadas —como el supuesto apoyo efectivo de gobiernos extranjeros, organismos multilaterales o intervenciones militares— o fechas simbólicas falsas, se alimenta una narrativa que promete soluciones rápidas y mágicas, pero engañosas. Al no cumplirse estos espejismos, crecen la frustración y la desesperanza, debilitando la moral colectiva y minando la credibilidad del liderazgo político.

Las falsas ilusiones en política suelen adoptar la forma de promesas simplistas o simbólicas que evaden las complejidades estructurales de los problemas reales. Aunque pueden atraer atención y alimentar una esperanza momentánea, a largo plazo resultan dañinas para la conducción política. Estas estrategias ilusorias perpetúan ciclos de esperanza, frustración y desencanto que pueden conducir a la resignación popular. En Venezuela, esta perversidad ha sido constante: desde dolorosas e improvisadas acciones insurreccionales como las protestas fallidas de 2017 y 2024, pasando por un golpe militar frustrado en 2019, hasta repetidos anuncios de supuestas “fechas de inflexión”. La reiteración de estos espejismos por parte de la dirigencia opositora ha desmovilizado a amplios sectores populares, profundizando la sensación de impotencia frente a la aparente invencibilidad del inquilino de Miraflores.

Un ejemplo reciente de esta estrategia alucinatoria fue el discurso construido en torno al supuesto “cobro” de la victoria presidencial del 28/7. Esta falsa ilusión se sustentó en la expectativa de un quiebre institucional en la Fuerza Armada Nacional, una montonera uniformada que, lejos de defender el orden constitucional, se ha convertido en un instrumento de represión, tortura y muerte al servicio del régimen bolivariano. Otra promesa vacía fue el supuesto regreso de Edmundo González al país para asumir la presidencia el 10 de enero de 2025. Como se anticipaba, nada de ello ocurrió: no hubo quiebre militar, Edmundo no regresó y mucho menos se juramentó. Ambos espejismos representaron derrotas políticas evitables, que nunca implicaron avances estratégicos reales.

Un nuevo espejismo opositor ha surgido en torno al 20 de enero de 2025, fecha en la que Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos y Marco Rubio ocupará el cargo de secretario de Estado. Este humo es alimentado también por las “amenazas poco creíbles” de la llamada troika de Miami -María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Rick Scott- miembros del Congreso estadounidense, pero ajenos a la futura administración de Trump. Cabe destacar que muchas de estas estrategias alucinatorias no son errores inocentes, sino herramientas deliberadas de actores políticos y mediáticos para ganar protagonismo, mantener su relevancia o desviar la atención de sus propias limitaciones.

A pesar de las profundas dificultades actuales, marcadas por el desconocimiento de los resultados del 28/7 perpetrado por Maduro y sus miicos, la voluntad indomable del pueblo venezolano y su inquebrantable anhelo de democracia siguen siendo el motor de nuevas luchas por el cambio político y social que la gran mayoría de los venezolanos anhelamos.

El terror como instrumento de poder

El término Sippenhaft, traducido como "culpabilidad por asociación familiar", tiene sus raíces en la Alemania nazi, donde se utilizaba para castigar a los familiares de quienes eran considerados enemigos del régimen. Este concepto jurídico, implementado durante el Tercer Reich, establecía que la responsabilidad penal de una persona acusada de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares. Estos eran considerados igualmente culpables, arrestados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte por los actos cometidos por su pariente acusado.

Este aberrante principio jurídico, asociado a los horrores del nazismo bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, ha trascendido su contexto histórico original y resurgido como una herramienta de coerción en diversos regímenes represivos contemporáneos, tal como ocurre con el proyecto autoritario del facho-chavismo-madurísimo.

En los últimos tiempos, la represión en Venezuela no se ha limitado únicamente a los individuos que se posicionan como disidentes del régimen, víctimas de una barbarie que suelen ser deshumanizadas y etiquetadas como “traidores” o “enemigos de la patria”. La persecución se ha extendido también a los familiares de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso miembros de la Fuerza Armada, quienes han sido blanco de amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión. En múltiples ocasiones, organismos de seguridad del Estado, como el SEBIN, la Policía Nacional y la DGCIM, han detenido y torturado a familiares de militares o políticos opositores, bajo la acusación de “cómplices” o como represalia directa por las acciones de sus parientes. Esta práctica bolivariana cumple un doble propósito: chantajear emocionalmente al detenido y sembrar miedo y terror entre sus familiares.

Cabe destacar que esta lógica forma parte del terrorismo de Estado, concebido dentro de la aberrante doctrina de seguridad nacional bolivariana. En esta doctrina, conceptos como territorialidad, soberanía, enemigo interno y externo, así como el desarrollo nacional, fueron redefinidos en función de los objetivos geopolíticos del proyecto autoritario bolivariano.

El uso del Sippenhaft por parte de los organismos represivos del Estado no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, sino que también infringe principios básicos del derecho internacional, como el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de castigos colectivos. Estas acciones pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

La implementación de prácticas similares al Sippenhaft por parte del autoritarismo bolivariano pone en evidencia la desesperación de un régimen que, ante la pérdida de apoyo popular y legitimidad, busca aferrarse al poder a toda costa, incluso mediante la represión indiscriminada. El castigo colectivo, lejos de ser una herramienta eficaz de control, revela las profundas fracturas internas de un sistema que, al desmoronarse, recurre al miedo como último recurso para intentar someter a la población. Estas prácticas no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que también evidencian la fragilidad de un régimen facho que, incapaz de garantizar justicia, recurre a la violencia para intentar asegurar su permanencia.

La historia ha demostrado una y otra vez que, aunque los regímenes autoritarios puedan sembrar el terror y someter a los pueblos mediante tácticas de represión brutal, no pueden suprimir indefinidamente el anhelo de libertad y justicia que late en el corazón de las naciones. Los pueblos siempre encuentran el camino hacia la libertad.

 

Que el espíritu de esta temporada nos inspire a mantener viva la esperanza y la unidad. Que en cada rincón de nuestra patria resuene el sueño de libertad, justicia y paz.

Que esta Navidad renueve nuestra fe y nos regale la certeza de que los tiempos oscuros no son eternos. Que cada estrella en el cielo nos recuerde que, después de la tormenta, siempre llega la luz.

¡Feliz Navidad! Que el 2025 sea el año en que Venezuela se alce libre, soberana y sin presos políticos.

 

Crónica de una oportunidad desperdiciada

Entre el 29 y el 30 de julio, los sectores populares de Venezuela protagonizaron masivas movilizaciones en rechazo al fraude electoral y al irrespeto de la voluntad popular expresada el 28/7, perpetrados por Maduro y su cúpula militar.

El régimen quedó sorprendido por la magnitud, extensión territorial y perfil socioeconómico de las protestas. El aparato represivo de Maduro, torpe e inicialmente desbordado, se mostró incapaz de contener unas manifestaciones que brotaban con fuerza y espontaneidad en todo el país. La naturaleza inesperada de estas movilizaciones superó la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas represivas. Sin embargo, estas protestas no llegaron a convertirse en una verdadera insurrección popular que hubiese permitido hacer valer el resultado electoral del 28/7. A pesar de que existían condiciones objetivas (desempleo, inflación, hambre, corrupción, ausencia de libertades) y subjetivas (el fraude como detonante, la esperanza de cambio), la dirigencia opositora optó por redactar proclamas triunfalistas en lugar de asumir la conducción política del movimiento libertario en las calles. Así, se dilapidó una coyuntura histórica, se dejó pasar la oportunidad de materializar la voluntad popular, y se desvaneció la posibilidad de un nuevo despertar democrático.

La ausencia de dirección política y organizativa permitió al régimen aplastar brutalmente las protestas. La respuesta represiva se saldó con el asesinato de 28 jóvenes y la detención de más de 2.000 personas, incluyendo un elevado número de menores de edad, mujeres y líderes sociales. Calificados como “terroristas”, muchos de los detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de enfrentar juicios arbitrarios sin garantías. Maduro y sus militares impusieron un régimen de terror sistemático: un terrorismo de Estado que sembró miedo, dolor y muerte.

La esperanza de un cambio político, especialmente en los sectores populares, ha comenzado a diluirse. La represión, la intimidación y la violencia han erosionado el espíritu de resistencia de quienes, apenas días antes, habían depositado sus anhelos en una salida democrática el 28/7. Donde germinaba la esperanza, hoy domina el miedo.

Pretender convertir el 10 de enero de 2025 —fecha simbólica de la juramentación presidencial— en un punto de inflexión es un grave error. La hipótesis de que Edmundo González asumiría ese día la presidencia ha sido una de las más infundadas (TalCual, 31/10/2024); de hecho, es posible que nunca lo haga. Esta narrativa, alimentada por sectores fanatizados de la oposición y por opinadores que lucran con la explotación de la esperanza, ha terminado por favorecer a Maduro, entregándole una victoria política sin costo. Una vez más, se cultiva una falsa ilusión que solo genera frustración y desmovilización entre quienes aún anhelan un verdadero cambio.

Ha llegado el momento de diseñar una estrategia postelectoral realista y coherente, orientada a la construcción de un nuevo movimiento político: amplio, plural e inclusivo. Un movimiento alejado de los hiperliderazgos mesiánicos y capaz de representar la diversidad de voces que conforman la Venezuela democrática. Esta estrategia debe anclarse en la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, en la lucha por los derechos sociales y en la liberación de los presos políticos, hoy criminalizados e invisibilizados tanto por el régimen como por una dirigencia opositora desconectada.

La tarea no será fácil, pero es el único camino posible para desmantelar el régimen de facto que representará Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2025.