Finalmente la administración de Barack Obama
entendió que la política imperial basada en la filosofía del castigo y el
aislamiento contra Cuba había fracasado y ya era hora de rectificar, de poner
en práctica un nuevo enfoque. La decisión -aunque tardía- del gobierno de los Estados
Unidos de restablecer sus lazos diplomáticos con el gobierno de La Habana -rotos
hace más de medio siglo- cierra "uno de los capítulos más
equivocados" de la política exterior estadounidense y constituye el cambio
más importante en la política de Estados Unidos hacia la isla en décadas.
Este sorpresivo cambio de la política exterior
de los EEUU con respecto a Cuba responde al fracaso de su obstinada política
exterior basada en el castigo y el asilamiento, la cual lejos de haber logrado
su objetivo central -el cambio de régimen en Cuba- ha propiciado resultados
contraproducentes como el haber agravado las hostilidades entre ambas naciones,
así como un aislamiento internacional de los EEUU en lo referente al tema cubano.
Recordemos, la reciente derrota sufrida por el gobierno de la Casa Blanca durante
la ultima Asamblea General de la ONU cuando una resolución condenando el
bloqueo a la isla fue aprobada por 188 países, de los 193 que integran la ONU,
y solo Estados Unidos e Israel, votaron en contra, mientras otros tres países
se abstuvieron. Esta nueva derrota de la política exterior del Tío Sam se suma
a 22 previas, donde resoluciones condenatorias al cerco económico, financiero y
comercial contra Cuba habían contado con las mayoría abrumadora de los miembros
de esa organización mundial.
Esta fracasada política de castigo de los EEUU
contra Cuba fue iniciada con la fallida invasión armada de Bahía de Cochinos (1961)
ejecutada por 1.500 mercenarios cubanos (Brigada 2506) entrenados por la CIA.
Esta invasión era parte de un plan conocido como The Cuban Project"
(también referido como Operación Mangosta). Operación que contemplaba sabotajes
económicos, psicológicos y militares, implicando operaciones de inteligencia
así como el asesinato contra altos dirigentes de la revolución. Esta política
agresiva fue oficializada a través de la Proclama 3447 decretada por John F.
Kennedy (3/02/1962) mediante la cual se imponía un bloqueo contra la isla
caribeña. A partir de esa fecha, la Casa Blanca ordenó al Departamento del
Tesoro promulgar todas las medidas y regulaciones que fuesen necesarias para
hacer efectiva la prohibición de importaciones a los Estados Unidos de todos
los productos de origen cubano y todos aquellos importados desde o a través de
Cuba. Al mismo tiempo, se le indicó al Departamento de Comercio que diera
continuidad y reforzara las medidas de prohibición de todas las exportaciones
norteamericanas al país caribeño. Otro grupo de normativas fue adoptado en 1963
bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cubanos, entre
ellas la prohibición impuesta a los ciudadanos estadounidenses de viajar a
Cuba.
Todas estas acciones ejercidas por el gobierno
imperial norteamericano contra Cuba no pueden ser consideradas como embargo, sino
como bloqueo desde el punto de vista jurídico. Recordemos, que el Derecho
Internacional y la propia legislación norteamericana definen el “embargo” como
una orden proclama, emitida por un
Estado en tiempo de guerra, en virtud de la cual son colocados los buques
mercantes extranjeros y sus cargamentos bajo el control del Estado, sin
destinarlos a ningún uso en su provecho. Además, la Conferencia Naval de
Londres (1909), principio aceptado en el derecho internacional establece que:
"el bloqueo es un acto de guerra", y siendo así, sólo es posible su
empleo entre los países beligerantes. No existe, por otra parte, norma alguna
en el derecho internacional que justifique el llamado "bloqueo
pacífico", el cual fue práctica de las potencias coloniales del siglo XIX
y de principios del siglo XX.
En el año 1992 fue aprobado por el Congreso
norteamericano un nuevo y sustancial incremento a la compleja madeja de
sanciones contra Cuba expresada en la Ley para la Democracia Cubana o Ley
Torricelli. Esta Ley tuvo como objetivo central profundizar el aislamiento político
y económico de Cuba, justificando la política de bloqueo ya no con argumentos
relacionados con la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino con la violación
de los derechos humanos y la falta de democracia en Cuba. Cuatro años más tarde,
en repuesta al derribó de dos avionetas civiles estadounidenses en el espacio
aéreo cubano (02/96), los legisladores Jesse Helms, y Dan Burton presentaron el
proyecto de Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, mejor conocida
como Ley Helms-Burton, aprobada por el Presidente Clinton meses mas tarde. Esta
ley codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales
adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo económico financiero y comercial
impuesto a Cuba, sin importar su jerarquía normativa. Entre muchas otras cosas
esta Ley establece que cualquier compañía que no sea norteamericana que tenga
tratos comerciales con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los
dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos.
La decisión valiente, pero tardia, de la
administración Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba rectifica la
fracasada política exterior imperial que durante muchos años intento imponer
cambios políticos en Cuba. Obviamente, este restablecimiento de las relaciones
diplomáticas per se no resuelve las abismales diferencias existentes entre
ambos gobiernos pero representa un paso importante pues hay un reconocimiento
reciproco de la existencia del otro, algo que ignoró el gobierno del Tío Sam
por más de medio siglo. Además, abre las posibilidades de un diálogo
respetuoso, basado en la igualdad soberana de ambos países, para tratar temas
de interés recíproco como el bloqueo económico, el problema migratorio (Ley de
Ajuste Cubano de 1966), el respeto a los derechos humanos, presos políticos, entre
otros, sin menoscabo de la independencia y la autodeterminación de los
interlocutores.
Obviamente esta rectificación histórica por
parte de la administración de Obama ha polarizado la opinión pública en ese
país. Ha sido respaldada por sectores progresistas del partido demócrata,
algunos legisladores republicanos y lideres religiosos, pero cuestionada por el
partido republicano, el ala conservadora del partido demócrata y los sectores
más reaccionarios de la comunidad cubano-americana. Los senadores republicanos
Marcos Rubio y Ros-Lehtinen ya han anunciado medidas tendientes a bloquear toda
iniciativa presidencial referente a la nueva política hacia Cuba en el
Congreso, ahora controlado por los republicanos. Igualmente, el conservador
senador demócrata Robert Menéndez, presidente del influyente Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara alta ha expresado fuertes criticas a tal medida.
El anuncio de la normalización de las
relaciones entre Estados Unidos y Cuba pone punto final al capítulo inconcluso
de la Guerra Fría del siglo pasado, pero al mismo tiempo ha significado una
pérdida simbólica-discursiva para el fachochavismo quien ha lucido sorprendido
y desconcertado ante tal decisión. La histórica decisión de la Casa Blanca
complica la primitiva retórica del ungido Maduro, cuya plataforma política
descansa casi exclusivamente en un falaz, bufo y maniqueo discurso antiimperialista,
el cual le ha resultado útil para lograr el apoyo de los sectores progresistas
y revolucionarios a nivel internacional. Ser antiimperialista no significa defender
con una abundante dosis de hipocresía y cinismo a un grupete de milicos y representantes
de la nomenklatura bolivariana involucrados en detenciones arbitrarias,
represión, tortura y hasta el asesinato de ciudadanos en nombre de la paz y el
orden de la República.
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