Contrariamente al falaz discurso
obrerista de la sabandija de Maduro, su régimen militarista le ha dado
continuación al modelo económico capitalista-neoliberal-neorentista iniciado
por el insepulto tte coronel. El socialfascismo bolivariano lejos de
representar un proyecto emancipatorio para los trabajadores, constituye un
modelo represivo que estigmatiza y reprime toda discrepancia o disonancia que
surja en el horizonte.
Producto de la agobiante crisis
económica y como parte de su agenda demagógica el iletrado de Maduro anunció el
pasado 1 de Mayo un aumento del 30% del salario mínimo. Este miserable aumento
no representa un alza general de sueldos y salarios, sino un incremento
insuficiente y demagógico del salario mínimo, lo cual contribuye a deformar la
ya maltrecha escala salarial existente. Este cínico incremento salarial no
compensa la devastadora inflación -700% a finales de año según los expertos- y
solo alcanza para comprar una quinta parte de la llamada "canasta
alimentaria familiar" que reúne los artículos de consumo básico masivo
(142.853,20 bolívares, Marzo 2016).
Además, este aumento constituye
una violación del Art. 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la
obligatoriedad por parte de las autoridades de discutir la política salarial
con los trabajadores. Este mísero aumento salarial ha sido el producto de
conciliábulos de las cúpulas corruptas del régimen y de los filibusteros al
servicio del proyecto que se autocalifican de representantes de los
trabajadores.
Pero además, este perverso
proyecto mesiánico-militarista se ha impuesto como meta estratégica la
desarticulación de la clase obrera. En nombre de una falsa revolución, el
régimen ha eliminado, modificado o ignorado leyes consagradas a la defensa de
los derechos de los trabajadores, ha intervenido los sindicatos y ha propiciado
el paralelismo sindical, criminalizando y judicializando las luchas sindicales.
Cientos de trabajadores han sido victimas de medidas judiciales-represivas
impuestas por jueces complacientes y genuflexos al servicio del tartufo de
Miraflores. No olvidemos que el proyecto fachochavista ha aprobado normativas
que han desmejorado las conquistas de los trabajadores (Ley sobre el Estatuto
de la Función Publica), penalizado el derecho a la huelga y la protesta y
derogado la Ley Orgánica de Seguridad Social.
Además, estos sátrapas
ideológicos disfrazados de revolucionarios han impuesto una malévola
precarización del mercado laboral. Mediante la creación de empleos precarios
(puestos temporales, trabajo a domicilio, misiones sociales, cooperativas,
cogestión) los trabajadores están siendo sometidos a una superexplotación.
Latrocinio evidenciado por el pago de salarios viles, la eliminación de sus
derechos laborales (a la sindicalización, libertad sindical) y a la
desaparición de muchas de sus conquistas reivindicativas (bonos vacacionales,
caja de ahorro, aguinaldos, prestaciones sociales, seguros de cirugía
maternidad y hospitalización, etc.). El régimen, al margen de su falaz discurso
revolucionario, aplica rigurosamente los libretos flexibilizadores sugeridos
por los organismos financieros internacionales, los mismos que cuestionaron
muchos de los que hoy ocupan cargos de gobierno. Créase o no, la precarización
de la fuerza de trabajo es el paradigma de la política laboral del régimen.
Tras un falso discurso
revolucionario, la nomenklatura bolivariana prostituye conceptos como pueblo
trabajador, salario digno, socialismo, soberanía, Patria, profundiza la
explotación de los trabajadores, y construye una hegemonía totalitaria basada
en el odio, la violencia y la muerte. Su genética despótica lo impulsa a
amedrentar, reprimir y aniquilar al contrario a fin de afianzar su pestilente
proyecto militarista.
Frente al pranato cívico-militar chavista,
la unidad y el fortalecimiento del movimiento obrero adquieren un gran valor
estratégico, dado su importante papel en la construcción, desarrollo y
consolidación de un nuevo proyecto de país.
Hemos arribado a un nuevo “género
de barbarie” fascista: la bolivariana
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