Desde el triunfo
electoral de la disidencia política el pasado 6D, el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) se ha convertido en un bufete de forajidos empecinados en
desconocer la voluntad mayoritaria de los venezolanos.
Instancia judicial que ha sido asaltada por una horda de escribanos y
rábulas al servicio del proyecto militarista fachobolivariano a raíz del
triunfo electoral del insepulto tte coronel. La nominación y designación de
magistrados y jueces responde más a la lealtad política para con el régimen
fascista que a su formación profesional. No es un secreto para nadie que muchos
de los integrantes del TSJ son fieles discípulos de la “robolución” (Gladys Gutiérrez,
Malaquías Gil, Jhannett Madriz
Sotillo, Christian Tyrone Zerpa, Juan José Mendoza, Calixto Ortega), otros con antecedentes por irregularidades cometidas durante sus ejercicios
como jueces (Luisa Estella Morales), o con largos expedientes policiales
(Maikel José Moreno). Incluso, con títulos académicos de dudosa obtención como es el caso de Gladys Gutiérrez
y su grado doctoral otorgado por la Universidad de Zaragoza en España. Tesis Doctoral que “coincidencialmente” le permitió satisfacer los méritos académicos
necesarios para optar a la Presidencia del TSJ.
En fin representan una caterva de inescrupulosos
sujetos de precaria formación profesional encargados de decorar jurídicamente a
la pestilencia militar que “desgobierna” nuestro país.
Con justificaciones legalistas e interpretaciones anodinas y
contradictorias del derecho, el TSJ ha venido actuando conforme al libreto
preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar
decidieron imponer al ungido de Maduro como presidente de la República. Se ha
consumado un "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden
constitucional" que trastoca las bases jurídicas contempladas en la Carta
Magna. Se ha configurado un Estado autoritario, se ha producido una
desdemocratización de las instituciones del Estado venezolano.
Todas las decisiones del TSJ han sido verdaderos disparates jurídicos
destinados a apuntalar al régimen moribundo de Maduro y su logia militar. Entre
sus desafueros anticonstitucionales ordenó la suspensión de la proclamación de los diputados electos por el
Estado Amazonas, y su desincorporación de la Asamblea Nacional (AN), declaró
constitucional y puso en vigencia el Decreto de Emergencia Económica el cual
había sido rechazado por la AN, eliminó facultades de control político de la AN
sobre instituciones del Estado, declaró inconstitucional la reforma de la Ley del Banco
Central de Venezuela, la ley de Otorgamiento de
Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Más recientemente declaró con lugar un amparo interpuesto por
funcionarios del CNE en el que se solicita prohibir las manifestaciones en los
alrededores de las sedes del Poder Electoral, ordenó la suspensión de las elecciones para
escoger la nueva directiva del Sindicato
Integral de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco C.A. y facultó a personas
con varias nacionalidades a ejercer cargos públicos en Venezuela.
Sus fallos mas allá de violentar el orden constitucional son verdaderas
bazofias jurídicas que apuntalan a un régimen militarista-autoritario carente
del más mínimo talante democrático y que ha perdido el apoyo popular. Autoritarismo
que se refleja en el creciente clima represivo, en la militarización abierta
(seguridad pública, hospitales, supermercados) y encubierta de la sociedad, la
sistemática criminalización de la disidencia y la impunidad de los grupos
paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental. Autoritarismo,
que niega el diálogo porque no le interesa el debate político, el pensamiento
disímil, sino interesado en desaparecer toda expresión de desacuerdo, incluso
entre sus seguidores a fin de imponer su pensamiento único. Autoritarismo que
se expresa en una nociva hegemonía excluyente para asegurarse el control de la
sociedad y la perpetuación en el poder.
La administración de justicia en Venezuela se ha convertido, al igual
que en los Estados nazi-fascistas, en un elemento más del aparato coercitivo
del Estado que maneja a su antojo el pranato bolivariano. El Poder Judicial en
una instancia donde priva la miseria humana, el servilismo y la deshonestidad.
Todos ellos constituyen una nueva tribu que justifican los abusos y crímenes
que se comenten en nombre del proceso y del legado perverso del "Comandante-Presidente".
Los forajidos del TSJ se prestan de sostén a la soldadesca bolivariana
que descarga su crueldad represiva sobre la población indefensa que clama por
sus derechos; Estos facinerosos con toga y birrete avalan con sus dictámenes
esta farsa social que ha conculcado las esperanzas de los pobres y que ha
provocado una de las perores crisis económica, social y ética de nuestra
historia Republicana.
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