La muerte como política de Estado

En el año 1998 Venezuela presenció el agotamiento del proyecto hegemónico bipartidista, y su sustitución por el neofascismo bolivariano del insepulto tte coronel. Proyecto militarista y reaccionario fundamentado en distorsiones y falacias históricas, así como en una ilusoria luz libertaria. Con ello nacía el siniestro socialfascismo del siglo XXI al mejor estilo del fascismo de la Italia de Mussolini y del nazismo de la Alemania de Hitler del siglo pasado.

Desde su llegada al poder (1998) y posterior asalto del Estado (1999), el neofascismo bolivariano se ha orientado a imponer la muerte como política de Estado, a fin de destruir el enemigo interno -lenguaje usado por el jurista del Nazi Carl Schmitt- dándole continuidad al proyecto hegemónico del pasado, pero con nuevos actores. Política nefasta que se ha sustentado en la maquinaria represiva del Estado (violencia psicológica y física), la militarización de la sociedad, control social, la judicialización de la protesta social, así como la institucionalización de la tortura y la muerte.

La eliminación del disidente ideológico como política de Estado tiene larga data en nuestro país. Dictaduras como la Juan Vicente Gómez y de Pérez Jiménez apelaron a la tortura y al asesinato como políticas de Estado. La llegada al poder del bipartidismo adeco-copeyano reprodujo muchas de las ignominias de los regímenes dictatoriales del pasado. Instituciones como la DIGEPOL- DISIP, la PTJ, el SIFA, y los Teatros de Operaciones (TO) se convirtieron en tenebrosos centros de torturas y muertes. El ascenso al poder de la peste bolivariana (1998) trajo consigo la instauración de un "terrorismo de Estado Bolivariano" como sistema de acción política, que implicó entre otras cosas la reorientación del papel de la Fuerza Armada de garante de la "defensa externa", por el de "la seguridad interna”. Además, un férreo control social, la institucionalización de los grupos paramilitares, de la tortura y la eliminación física del oponente.

La muerte como política de Estado se ha traducido en ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. En nombre de una falaz revolución han sido asesinados cientos de venezolanos en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), en las masacres de Barrio Kennedy (11/2005), Tumeremo (03/2016), Paragua (10/2006), Cariaco (11/2016), Barlovento11/2016) el Junquito (02/2018) y más recientemente en la mina de Cicapra en el Municipio Roscio del Estado Bolívar (02/2018). En esta última fueron asesinados 18 personas a manos de efectivos del ejército y cuyos cuerpos presentaron signos de torturas. Llama la atención que 11 de los 18 asesinados tenían disparos en la cabeza y la dama ajusticiada tenía disparos en ambos senos. Algo muy similar a lo sucedido en la masacre del Junquito donde los integrantes del grupo de Oscar Pérez todos tenían disparos en la cabeza. Definitivamente estamos ante la presencia de macabros ajusticiamientos extrajudiciales, al margen de las declaraciones Goebbelianas de los voceros del régimen quienes hablan de enfrentamientos y resistencia armada. Otro de los rasgos siniestros de la barbarie bolivariana han sido las desapariciones forzadas de luchadores sociales y el secuestro de personas inocentes solo por tener algún vínculo consanguíneo (madres, esposas, hermanos, hijos) con las víctimas de la persecución policial, a fin de presionar la entrega del sujeto sometido al acoso policial.

Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren no obstante de que el Artículo 43 de nuestra Carta Magna establece que el “derecho a la vida es inviolable” y el Artículo 46 reza: “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el Articulo 17 de la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes establece: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión.

El neofascismo bolivariano ha institucionalizado la muerte como política de Estado con la complicidad nauseabunda del fiscal fraudulento impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, así como también del defensor del pueblo, y la nomenclatura facho-bolivariana. Farsantes asesinos.