La mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el pasado 24 de junio la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. La sentencia Roe contra Wade fue el garante para preservar la interrupción del embarazo como una legitimación constitucional.
Era evidente que uno de los objetivos de la mayoría religiosa-partidista en la Corte Suprema era invalidar la histórica sentencia de Roe contra Wade. El fallo judicial del 06/24 significa que el derecho al aborto ya no tiene protección constitucional y que los gobiernos estatales pueden promulgar leyes que prohíban el procedimiento por completo o que restrinjan severamente el acceso al mismo. Es evidente que la Corte Suprema profundizó su rumbo conservador-religioso durante la administración de Mr. Trump al ser electos magistrados proclives a la tesis de la “originalista de la Constitución” la cual renuncia a entender la Constitución en su contexto histórico. No olvidemos que el mayor legado de la administración Trump fue remodelar el sistema judicial (194 jueces federales) y 3 magistrados del Tribunal Supremo, todos ellos proclives a la derecha religiosa.
Esta decisión partidista de la Corte Suprema significa una victoria rimbombante de los intereses de los republicanos y conservadores religiosos. Con esta derogación, cada una de las 50 administraciones internas del país norteamericano podrá prohibir o no totalmente la posibilidad de intervenir durante el proceso de gestación. Nueve Estados de la unión prohibieron la interrupción del embarazo inmediatamente al conocerse la decisión de la Corte (Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin). Además, hay algunos estados que han amenazado con emprender acciones legales contra las mujeres que viajen a otras localidades para llevar a cabo abortos, una medida cuya legalidad es totalmente incierta pero que los conservadores religiosos están dispuestos a implementar.
La diferencia entre preservar o eliminar un derecho constitucional de larga data implica una cruda realidad, la imposición de una agenda partidista-religiosa en la administración de justicia que arruina la fantasiosa y cacareada independencia del poder judicial en los Estados Unidos. Nada más falaz y ridículo que calificar la anulación de la sentencia Roe contra Wade como un ejercicio “basado en principios judiciales” que recoge la “genuina expresión de la mayoría del pueblo norteamericano” (61% de la población está a favor del aborto, y el 37% en contra según Pew Research Center).
Sin embargo, esta no es la primera vez que se produce un fallo judicial histórico basado en intereses ajenos a la administración de justicia por parte de la Corte Suprema. Valdría la pena acotar algunos casos emblemáticos del pasado: i) la defensa incondicional de la esclavitud antes de la Guerra Civil (caso Dred Scott contra Sanford, 1857), ii) la anulación de las condenas impuestas a los miembros de la milicia blanca por el asesinato ciudadanos negros en Colfax, Lousiana (caso United States contra Cruikshank, 1876). La aprobación de mantener la constitucionalidad de la segregación racial en lugares públicos bajo la doctrina de “separados pero iguales” (caso Plessy contra Ferguson, 1896), y la anulación del salario mínimo federal para las mujeres (caso Adkins contra Children’s Hospital, 1923), etc.
Ya lo afirmaba el presidente Abraham Lincoln (4/03/1861) “Si la política del gobierno en cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo debe ser fijada irrevocablemente por la Corte Suprema, el pueblo habrá dejado de ser su propio amo, pues entonces prácticamente habrá puesto su gobierno en manos de ese distinguido tribunal”.
La sentencia del pasado 24/06 prueba una vez más que las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos están alejadas de la imagen de esa “dama con los ojos vendados” y en su lugar responden fundamentalmente a una agenda secreta de carácter religiosa-partidista.
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