Terrorismo de Estado Bolivariano

El terrorismo de Estado se refiere al uso sistemático de la violencia, el miedo, la intimidación, la represión y la muerte por parte de un gobierno contra su propia población con el fin de mantener el control político, suprimir la disidencia y consolidar el poder. Ejemplos históricos de terrorismo de Estado incluyen las dictaduras militares en América Latina, como en Argentina, Chile y Uruguay durante las décadas de 1960 a 1980, donde se empleó esta táctica para eliminar a opositores políticos y asegurar el poder.

La intimidación, la tortura, las desapariciones forzadas y el asesinato son algunas de las manifestaciones del terrorismo de Estado fascista impuesto por la satrapía bolivariana y su unión cívico-militar-policial desde su llegada al poder. Lamentablemente, Maduro y su grupete han intensificado la violencia institucional a raíz del megafraude electoral del 28 de julio, orquestado por el Consejo Nacional Electoral con el respaldo de la corrupta bota militar. Maduro ha hecho realidad su amenaza preelectoral de un baño de sangre y caos si perdía las elecciones.

Este abominable terrorismo de Estado bolivariano, componente esencial de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana, ha sido ejecutado por las hordas paramilitares del PSUV, un símil de las camisas negras de Mussolini o de los Sturmabteilung (SA) de Hitler, con el respaldo cómplice de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y otros organismos represivos del Estado. Esta violencia bolivariana se fundamenta en la dicotomía “amigo-enemigo” según la perspectiva del jurista nazi Carl Schmitt.

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, se han registrado 1.200 arrestos, de los cuales 70 son militares y 91 son adolescentes, así como el asesinato de 21 ciudadanos. Además, el inquilino de Miraflores ha instado a sus seguidores a utilizar la aplicación VenApp para que los “patriotas cooperantes” (es decir, vulgares sapos) denuncien a quienes protestan o apoyan a la oposición, con el fin de detenerlos y confinarlos en las cárceles de Tocorón y Tocuyito.

La ejecución de este terrorismo post-electoral por parte de la delincuente unión cívico-militar-policial ha contado con el apoyo incondicional del inquisidor tropical Tarek William Saab. Su misión ha sido judicializar toda manifestación contraria al régimen, calificándola de subversiva. En su desesperación por justificar la represión, ha llegado al extremo de considerarla necesaria para “depurar a la sociedad venezolana”. Esta declaración nos remonta a los tiempos de Heinrich Himmler, cuando anunció la operación "Aktion Reinhard" con el objetivo de depurar la sociedad alemana de los judíos.

La sociedad venezolana ha sido sometida a un proceso de fascistización que ha erosionado los principios fundamentales de la democracia y del Estado de derecho, socavado el respeto a los derechos humanos, y fomentado la intolerancia y el odio. Han instaurado un “siniestro lenguaje” en el que los términos significan lo contrario: el amor es odio, la paz es guerra, el respeto a los derechos humanos es tortura, el debido proceso es linchamiento judicial, y la soberanía es sumisión.

Los venezolanos nos preguntamos: si realmente ganaron las elecciones, ¿Por qué no han presentado las actas que el CNE tiene en su poder y los comprobantes físicos que debería tener el Plan República, los cuales deben coincidir con la sumatoria total de votos en dichas actas? Han transcurrido más de ocho días (para el momento en que escribo esta nota) y aún no hay ningún soporte que confirme la victoria del mercachifle ideológico disfrazado de militar. 

Toda solución a la actual crisis política pasa por mostrar las actas y confirmar el triunfo de Edmundo González. Proponer la repetición de las elecciones de diciembre de 2024 como un elemento negociador, a cambio de la conformación de un nuevo CNE, la liberación de los presos políticos, el cambio del Fiscal y otras concesiones ignora y desvirtúa la voluntad popular que ya se expresó en las urnas. Además, es una quimera si se toma en cuenta: i) la incapacidad del régimen para cumplir con todos los acuerdos que ha firmado; ii) que todas las instancias de coacción y terror del Estado seguirán al servicio del PSUV; y iii) que el régimen dispondrá de seis meses para profundizar su política populista y represiva sin límite alguno.