Una masacre con impronta facho-bolivariana

El asesinato de Óscar Pérez y sus 6 compañeros (masacre del Junquito) se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales institucionalizado por el régimen criminal y represivo del iletrado de Miraflores y su pestilente bota militar. Evidentemente la maquinaria represiva-delictiva del régimen abortó toda vía que condujera a una solución pacífica del conflicto y propició el desenlace violento ya que el objetivo era asesinar a Pérez y a su grupo y con ello establecer una acción punitiva ejemplarizante. La dictadura venezolana apeló una vez más al terrorismo de Estado a fin de aplastar toda manifestación de disidencia violentando los más elementales derechos humanos, como el derecho a la vida. Ello explica el uso desproporcionado de la fuerza (más de 500 efectivos militares y policiales), así como el empleo de un vehículo de transporte blindado (BTR-80) y de un lanzacohetes antitanque portátil (RPG-7), a pesar de la voluntad de Pérez y sus compañeros de entregarse a las autoridades. A Óscar Pérez y sus compañeros les fue aplicada, como en muchos otros casos (recordar las OLP), la pena de muerte, violentándose el artículo 43 de nuestra Carta Magna que reza “El derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. El silencio cómplice y nauseabundo del usurpador fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, los convierte en cómplices de estos abominables asesinatos. Vale acotar que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado del facho-chavismo-bolivariano. La organización pro derechos humanos PROVEA ha denunciado 505 ejecuciones a manos de funcionarios policiales y militares solamente en el periodo 2015-2017.

Definitivamente, estamos ante la presencia de un Estado forajido que ha impuesto un terrorismo de Estado, apoyado en el control militar de la sociedad, y ha hecho suya la tesis del nazista Carl Schmitt del "Amigo-Enemigo". Tesis plasmada en la “Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana”, que concibe el ejercicio del poder basado principalmente en la noción de una guerra interna que conlleva la eliminación física de un enemigo interno y el rechazo tanto del sistema democrático como de la cultura de los derechos humanos. Doctrina que cambió radicalmente la concepción estratégica de la Fuerza Armada Nacional, que pasó de ser una institución destinada a la defensa de nuestras fronteras a una instancia encargada de la seguridad interna, volcando todo su poderío militar contra su propio pueblo. Otro rasgo siniestro de la barbarie facho-bolivariana y de su Doctrina de Seguridad Nacional ha sido la desaparición forzada, como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas, entre ellos el luchador social Alcedo Mora (02/15). Todo ello con la complicidad repugnante del defensor del pueblo, fiscales del Ministerio Público, jueces, y de la misma nomenclatura facho-bolivariana en el poder. No olvidemos que prácticas como el asesinato, la tortura y las desapariciones forzosas son claros símbolos de un Estado fascista.

La reciente masacre del Junquito (7 asesinados, 1/2018), al igual que la de Barrio Kennedy (3 asesinados, 11/2005), Tumeremo (28 asesinados, 03/2016), Paragua (6 asesinados, 10/2006), Cariaco (9 asesinados, 11/2016) y la de Barlovento (12 asesinados, 11/2016), no pueden considerarse como hechos aislados. Son el producto de la institucionalización de la violencia y de la cultura de la muerte elementos fundamentales consagrados en la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana (exterminio del enemigo interno). Evidentemente, el carnicero Maduro y su pranato militar utilizaron la concepción de Schmittiana, asentada en la relación amigo/enemigo, para asesinar a Oscar Pérez y a sus acompañantes. Mientras la propaganda Goebbeliana del régimen “clama de una victoria por la paz” por el abatimiento de “7 peligrosos terroristas”, a los venezolanos nos consta que los “peligrosos terroristas” no eran terroristas y que fueron en realidad ajusticiados a sangre fría.

Las declaraciones falaces del chafarote Reverol, al eludir su responsabilidad en el ajusticiamiento extrajudicial cometido por sus efectivos en El Junquito, lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego a los derechos humanos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica la cual se reconoce públicamente y se premia (“Quiero reconocer a la PNB, GNB, al DGCIM, Sebin y a Reverol por el trabajo en equipo que acabó con este grupo que amenazó al país con acciones terroristas” Maduro dixit)

Aunque el fachochavismo asumió el poder proclamando la restauración del Estado de Derecho —violentado por los gobiernos previos—, lejos de erradicar esas aborrecibles prácticas del pasado (tortura, masacres y desapariciones), las ha profundizado e institucionalizado. Maduro y sus milicos han demostrado, una vez más, su militancia en el autoritarismo, el terrorismo y la muerte.

Finalmente, causa dolor e indignación el silencio que han guardado aquellos “camaradas” que históricamente lucharon contra las masacres (Retén de Catia, del Amparo, de Yumare, Cantaura y otras) y que hoy enmudecen frente a la carnicería humana del Junquito. ¿Pueden hablar de una moral revolucionaria quienes son cómplices de la represión, de la tortura, y de la muerte?