El espejismo de la transición democrática en Venezuela

Hay un relato que el Departamento de Estado—amplificado por sus aliados políticos locales— intenta posicionar desde el secuestro de Maduro: la idea de que el país habría entrado en una “transición democrática” estructurada en tres etapas (estabilización, recuperación y transición), de acuerdo con el "intendente imperial” Marcos Rubio. Sin embargo, aunque los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica política venezolana, sostener que se ha iniciado una verdadera transición democrática resulta, cuando menos, una afirmación fantasiosa. Es cierto que se han producido algunos gestos de apertura, pero las estructuras fundamentales del poder autoritario e instrumentos de represión permanecen intactos. 

Más que una transición democrática, lo que se observa es un reacomodo interno que ha permitido a Delcy Rodríguez (con el apoyo y reconocimiento explícito de Mr. Trump) recomponerse tras la salida forzosa de Maduro y reconfigurar su control sobre el Estado. Se ha producido un alineamiento sorprendente entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, orientado a garantizar, “fundamentalmente”, que la riqueza petrolera venezolana fluya a los mercados del Tío Sam bajo la supervisión de la Casa Blanca. El mismo actor que durante años fue presentado como el “enemigo imperial” pasó, en cuestión de semanas, a convertirse en un interlocutor privilegiado e incluso en socio estratégico. No solo se reanudaron los contactos diplomáticos, sino que también se abrieron espacios de cooperación en inteligencia y energía, que incluyeron reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. Las imágenes de Rodríguez recibiendo delegaciones de Washington, sosteniendo encuentros con figuras clave del aparato de seguridad y energía de EE.UU., o avanzando acuerdos en sectores estratégicos— habrían sido impensables antes del 3 de enero. Más que el inicio de una democratización, estamos ante una adaptación del mismo proyecto, ahora rearticulado para sobrevivir al tutelaje impuesto por la Casa Blanca.

Es evidente que la presión y tutela ejercidas por Mr. Trump ha generado ciertos movimientos en el tablero político venezolano. Entre ellos destacan la aprobación de una Ley de Amnistía que ha permitido excarcelaciones selectivas y cuidadosamente dosificadas de presos políticos —circunscritas, además, a civiles y excluyendo a los militares—, la libertad plena de cientos de expresos políticos sometidos a medidas coercitivas judiciales, así como la realización de protestas sociales que, de manera inusual, no han sido reprimidas con la misma brutalidad del pasado. Sin embargo, vale acotar que la Ley de Amnistía aprobada, lejos de constituir un verdadero mecanismo de justicia transicional, parece más bien una pieza de ingeniería política. Se trata de una norma ampliamente cuestionada, no solo por omitir elementos esenciales —como el reconocimiento a las víctimas o la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas—, sino también por un aspecto especialmente problemático: su implementación queda en manos del propio poder judicial, que ha formado parte del entramado represivo al servicio del régimen. Además, siguen vigentes, normas ampliamente cuestionadas por su carácter discrecional, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la llamada Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

Sin embargo, lo que sí resulta evidente hoy es la transición económica. Así lo demuestran la aprobación de un nuevo marco jurídico —en particular, la reforma de la Ley de Hidrocarburos— y la discusión y aprobación, en primera discusión, de la Ley de Minas, diseñados explícitamente para atraer al capital privado y flexibilizar el histórico control estatal sobre el sector energético. La reforma petrolera —junto con los posibles cambios a la Ley de Minas— puede leerse como una cesión encubierta de la soberanía bajo el discurso de la “normalización económica”. Lejos de representar una simple apertura, estas medidas consolidan un esquema en el que el control efectivo de los recursos estratégicos se desplaza hacia actores privados externos, mientras la soberanía queda reducida a un mero formalismo. En términos estratégicos, Venezuela pierde su autonomía en política energética y queda subordinada a los intereses y la influencia de los Estados Unidos.

Se trata de un giro silencioso pero profundo: el mismo régimen que durante años estigmatizó y repudió al capital extranjero ahora lo recibe con los brazos abiertos y hasta con alfombra roja en Miraflores. Este viraje, tutelado por Washington, implica algo más que contratos petroleros e inversiones en la minería nacional. Se trata de una forma sofisticada de dominación neocolonial, con la complicidad de un grupete que habla nuestro idioma, usurpa nuestros símbolos y mantiene una retórica patriótica y revolucionaria, mientras entrega impunemente los recursos estratégicos al gran capital extranjero. 

El verdadero riesgo, entonces, es la consolidación de una “normalización autoritaria”: un esquema en el que el control del poder permanece intacto bajo la hegemonía del proyecto gobernante, maquillado con nuevos rostros y acompañado de una apertura económica. Y es precisamente ahí donde la narrativa de la “transición” adquiere un carácter peligroso. Suponer que la mera llegada de corporaciones transnacionales actuará como motor automático para la democratización del país no solo es una simplificación grosera, sino también una ilusión perversa. Se trata de una “ingenuidad” difícil de creer, o más bien de una coartada conveniente para justificar y blanquear un proyecto autoritario, claramente desvinculado de cualquier intención genuina de transición democrática, aunque afín a los intereses de quien lo tutela.

Que ese escenario termine imponiéndose dependerá de factores que hoy juegan, más bien, en su contra. Por un lado, la capacidad de presión de las fuerzas democráticas —tanto dentro como fuera del país— parece seriamente erosionada, en gran medida debido a la subordinación acrítica de la oposición, liderada por María Corina, a la estrategia de Trump. Sumisión vergonzante que ha dejado a la oposición sin un plan estratégico propio y ha convertido a sus voceros en cómplices de validar y aplaudir cualquier acción de la dupla Rodríguez como un supuesto avance en el desmantelamiento de la hegemonía bolivariana. Por otro lado, no es menor la interrogante sobre las verdaderas prioridades de los Estados Unidos respecto del caso de Venezuela. Si el eje de su política se limita a asegurar fabulosas ganancias económicas y el acceso ilimitado al “excremento del diablo” —en palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo—, la democratización podría quedar relegada a un plano retórico o, sencillamente, fuera de la ecuación. En ese escenario, la “transición democrática” dejaría de ser un objetivo real de Washington para convertirse en un recurso discursivo, útil para legitimar su tutelaje, pero profundamente ajeno a cualquier cambio político.

En ese contexto, hablar de “transición democrática que culmine con la salida del proyecto hegemónico” no solo resulta irresponsable, sino también profundamente engañoso. Lo que observamos con profunda preocupación es una metamorfosis del proyecto autoritario en medio de una posible bonanza económica que, lejos de ceder el poder, aprende a reinventarse para perdurar en Miraflores bajo el tutelaje de la Casa Blanca.