Con la llegada al poder
del fachochavismo se inició el desmantelamiento del sistema democrático burgués,
el cual fue sustituido gradualmente por la de un Estado autoritario, totalmente
militarizado y centralizado. Igualmente se inició la construcción de un nuevo andamiaje jurídico al mejor estilo
de la Alemania nazista y la Italia Fascista, a fin de legitimar en el
marco de la Ley todos los atropellos y violaciones de los derechos fundamentales
de los ciudadanos. Quince años más tarde, observamos la consolidación de este proyecto
perverso: un sistema jurídico destinado a aterrorizar al disidente, que
proporciona sustento jurídico al ejercicio ilegal del poder, que
institucionaliza el uso de la violencia en desmedro de los derechos consagrados
en la Carta Magna.
El sistema de justicia bolivariano se ha convertido
en una herramienta para la manipulación de las masas por el terror. Los
tribunales, jueces y fiscales –muchos militantes fachos, aunque tampoco faltan los
arribistas y oportunistas en busca de ascensos o promociones– no son más que
vulgares verdugos dispuestos a complacer los deseos del régimen en su afán por
aplastar a la disidencia política. Han hecho suyo la concepción amigo y enemigo del jurista nazi Carl
Schmitt, en el entendido de que un
enemigo es alguien a quien, tarde o temprano, hay que eliminar físicamente. Son
los nuevos paladines que con cruz gamada y togas reivindican la
claudicación de derechos y
libertades fundamentales a expensas de
un abusivo poder estatal encarnado en la dupla asesina de Maduro-Cabello.
Hemos visto a un régimen represivo y a un poder
judicial miserable que avala la detención de ciudadanos sin orden judicial bajo
los rótulos de enemigos o conspiradores, que auspicia juicios exprés donde no
priva ninguna norma jurídica sino un “decisionismo arbitrario” a fin de
satisfacer las directrices emanadas desde el Palacio de Misia Jacinta (Juicios
a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel
Ceballos).
Un poder judicial que ampara con su silencio y
complicidad los asesinatos cometidos por miembros de los colectivos armados (La
Piedrita, los Tupamaros, Carapaicas y Alexis Vive) y otros
grupos de choque (Frente Francisco de Miranda) quienes constituyen “el brazo armado de la revolución Bolivariana”.
Organizaciones paramilitares que operan en el país con el apoyo del régimen y
la cooperación de la Fuerza Armada Nacional y cuyas acciones criminales forman
parte del libreto represivo orientado
a inducir, miedo, terror y muerte.
Son los siniestros miembros del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) quienes consideran a la bazofia del proyecto del
fallecido vocinglero de Miraflores como una suerte de norma no escrita del
ordenamiento jurídico, una especie de fuente supralegal del derecho, en su vil
intento de legitimación de todas las violaciones del ordenamiento legal
cometidas por el proyecto nazi-fascista bolivariano. Constituyen los nuevos
predicadores del más brutal ejercicio ilegal de poder punitivo del Estado en
contra de todo aquel que diciente de la política oficial. Son los nuevos
inquisidores practicantes de la
intolerancia, el autoritarismo, y el fanatismo quienes basados en la
espuria Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo (Lodofat) (02/2012), envían a cientos jóvenes a las mazmorras del
país. Ley que junto a la Ley Orgánica de
Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada del andamiaje
represivo del régimen bolivariano.
Lamentablemente este nefasto régimen ha
contado con el apoyo de muchos quienes abandonaron los principios representados
por Marx y fueron seducidos por el culto a la muerte de Haushofer y Rosenberg. Son los mismos que hoy defienden
rodilla en tierra al régimen del
cucuteño charlatán y su bastardo socialismo bolivariano.
La dupla Maduro-Cabello pretende mantenerse en el
poder en base al empleo de la más brutal y desnuda violencia descargada contra
quienes no se identifican con su oprobioso proyecto socialfascista bolivariano.
Fracasarán en su intento como ha ocurrido en otras latitudes del continente.
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