Desde
la llegada al poder del socialfascismo la sociedad venezolana ha sido víctima
de un terrorismo de Estado cuyos blancos han sido los sectores no afines al
proyecto facho-bolivariano. Terrorismo de Estado que forma parte importante de
la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana, y que ha tenido y sigue teniendo
una intencionalidad precisa: fragmentar el tejido social, la psique individual
y colectiva de la población, con el propósito de mantener el control absoluto de ésta a través del miedo, la
desesperanza y el silencio mediante el control casi absoluto de los medios de
comunicación.
Pecan
de ingenuos o faltos de memoria quienes se sorprenden de la brutalidad policiaco-militar
y paralumpen (bandas armadas del oficialismo) vistas en estos últimos días. Tanto
el régimen del fallecido gran estafador, así como el de la dupla Maduro-Cabello
han venido aplicando la amenaza, el amedrentamiento, el hostigamiento, la
persecución, la detención y encarcelamiento arbitrario, el uso de tribunales
militares, la desaparición forzada (tragedia de Vargas), la tortura física,
psicológica y emocional, hasta las ejecuciones extrajudiciales a manos de los
paralumpen como herramientas represivas de su terrorismo de Estado.
Hay
que entender que la violencia y el odio demostrados por la Guardia Nacional,
cuerpos represivos y paralumpen contra los manifestantes no son accidentales
producto de conductas individuales impropias, y muchos menos pensar que estos
actos deplorables han sido cometidos por ciudadanos extranjeros. Obedecen a la génesis
ideológica del proyecto, a la connotación nazi-fascista del Estado bolivariano la
cual busca desesperadamente regular y disciplinar el comportamiento de la
población; es decir, el imponer una determinada mentalidad única y modo social
de operar, a partir de acciones terroristas, procesos de institucionalización de
la violencia, de la implantación de la impunidad, la manipulación de las
necesidades y la desmovilización política de la disidencia.
En
los últimos años el Estado represor venezolano se ha valido de todo un tinglado
jurídico, como la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación a fin
de criminalizar la protesta social. Eso es precisamente lo que le ha permitido
al ungido de Miraflores y su corrupto poder judicial a detener y someter a
procesos judiciales viciados a más de 2500 jóvenes, así como a cientos de trabajadores
y dirigentes sindicales.
Mientras
se
desnuda la naturaleza fascista de la dupla Maduro-Cabello traducida en una
represión salvaje, muertes y heridos, la persecución y detención de dirigentes
opositores y de periodistas independientes, representantes de la MUD han aceptado
participar en una serie de reuniones preparatorias para un diálogo nacional auspiciado
por el régimen. Reuniones preparatorias que se han iniciado con muy mal pie por
parte de la MUD dada la ausencia de 3 actores fundamentales en dichos eventos:
los estudiantes, los familiares de los jóvenes asesinados y el Foro Penal que
ha logrado documentar la mayor parte de los casos de violaciones a los derechos
humanos por parte de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional. Igualmente,
ha sido un error el haber asistido a estas dos primeras citas sin haberse
cumplido las exigencias establecidas como pre-requisito para dar comienzo a las
mismas.
En el primer encuentro Andrés Velázquez hizo
entrega formal de un proyecto de Ley de Amnistía para los estudiantes detenidos y sometidos a procesos judiciales que
recoge el sentir de quienes consideran que todo acuerdo de paz pasa necesariamente
por la libertad de todos los presos políticos. La soberbia, intransigencia e intolerancia de los "dialogantes"
del oficialismo quedó demostrada una vez más al rechazar dicho proyecto de Ley
en forma categórica sin discusión alguna. En el segundo encuentro, a puertas
cerradas, se informó que se había logrado el acuerdo de que una nueva comisión
médica reevalúe el caso de Simonivich (evaluado previamente en 5 oportunidades)
y la ampliación de la Comisión de la Verdad presidida por el malandrín de Cabello,
y no la constitución de una nueva Comisión con personalidades internacionales
como había sido propuesta por la MUD.
Los representantes
de la MUD insisten en un diálogo de paz, que obviamente por su naturaleza debe conducir
a alcanzar pactos o acuerdos, por otro lado el oficialismo insiste que no es un
diálogo para pactos o acuerdos, sino "mecanismos
de coexistencia pacífica y de convivencia para aislar a los violentos".
Obviamente al hablar de violentos se refieren a los jóvenes estudiantes y
trabajadores a quienes han estigmatizado y desprestigiado con los peores epítetos.
Recordemos que diferentes voceros del facho-chavismo han insistido en felicitar
a los paralumpen bolivarianos por su conducta ejemplar.
No se debe continuar la farsa de un supuesto
diálogo hasta tanto estén dadas las condiciones para el mismo. Condiciones que
implican entre otras cosas: la libertad de los estudiantes detenidos, la
designación de una comisión de la verdad internacional para investigar los
hechos y no la ampliación de la viciada comisión ya existente. Además no puede haber diálogo mientras la Guardia
Nacional y cuerpos de seguridad del Estado sigan reprimiendo la protesta pacífica,
y los paralumpen siguen actuando con total impunidad.
El régimen no ha mostrado la más mínima voluntad política para adelantar
una agenda de paz, su raíz autoritaria, militarista y represiva no se lo
permite. No se trata de etiquetar a nadie de entrada, pero hacerle el juego a esta
perversa política distraccionista sería un error incalificable, una afrenta a
todos esos jóvenes quienes dieron su vida por un futuro mejor o pagan tras las
rejas el delito de querer una Venezuela distinta.
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