Hoy más que nunca hay evidencias de que el
fascismo derrotado en la Europa del siglo XX emerge de nuevo a través del pretorianismo
bolivariano que pretende imponer la logia cívico-militar que desgobierna al
país, bajo la falsa etiqueta de Socialismo del siglo XXI.
El pretorianismo bolivariano representa una de
las tantas mascaradas con que el proyecto fascista de vieja data pretende
renovarse en pleno siglo XXI. Los planteamientos y acciones del régimen, no han
tenido un ápice de lo que significa realmente el socialismo, todo lo contrario,
detrás de dicha bufonada se ha adelantado una perversa militarización del país,
que a través de un discurso mesiánico, populista, y patriotero ha generado un
gran odio social, más no conciencia de clase, ha conculcado conquistas
laborales, ha favorecido a los intereses de las multinacionales en sus procesos
de explotación y acumulación de capital y ha violentado los derechos
fundamentales en nombre de un desconocido y bastardo socialismo.
El militarismo fachochavista en su pretensión
de crear un Estado militar facho ha recurrido a los plumíferos del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), y a las focas del oficialismo de la Asamblea
Nacional a fin de afianzar su perverso, corrupto y desacreditado proyecto
militarista. Su objetivo es transformar al país en un gran cuartel que responda
obedientemente a una sola voz de mando -la del títere de Miraflores- que
profese un pensamiento político único -el fachochavismo- y que la lealtad al
comandante insepulto prive por encima de toda racionalidad.
No es por azar que hemos visto la aprobación
de 3 medidas destinadas precisamente a sentar las bases de ese gran cuartel en que
desean convertir a Venezuela: i) la Ley de Registro y Alistamiento Militar para
la Defensa Integral de la Nación, ii) la creación de la Brigada contra la Actuación
de Grupos Generadores de Violencia y iii) la decisión del TSJ, que de un
plumazo raspa a la Constitución Nacional y autoriza la participación de los
militares en actos político-partidistas. Medidas que en su conjunto responden a
la visión doctrinaria de la Seguridad Nacional Bolivariana, adefesio de
inspiración fascista destinado a domesticar y criminalizar la protesta social,
a ilegitimar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos (Provea,
Foro Penal, Control Ciudadano), y reprimir a la disidencia política a la cual
etiquetan como enemigo interno. Cuya esencia histórica emergió de los regímenes
militares del Cono Sur en el Siglo pasado y que se tradujo en represión, muerte
y desapariciones de ciudadanos.
La Ley de Registro y Alistamiento Militar para
la Defensa Integral de la Nación obliga a los venezolanos por nacimiento o por
naturalización entre 18 y 60 años, así como a las empresas a inscribirse en el
Registro para la Defensa Integral de la Nación, de lo contrario serán
sancionados con multas. Hay una intención deliberada en el texto de la Ley de
hacer a cada ciudadano un soldado, lo cual constituye un concepto errado porque
la única defensa militar que atribuye la Constitución de la República es
a la Fuerza Armada Nacional (FAN). Con ello el régimen busca profundizar el
control social que ejerce el Estado sobre los venezolanos.
La segunda medida ha sido la creación de la
Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia
(BEGV) que será dependiente del ministro de Interior, Justicia y Paz (25/06/14).
Mediante esta disposición el régimen tiene la potestad -no contemplada en
la Constitución- de calificar de violenta cualquier acción que realicen quienes
demuestren su descontento en las calles. Busca atemorizar a la población y criminalizar
la protesta social. Su creación nos retrotrae a las camisas negras de
Mussolini, también conocidos como los Fasciitaliani di combattimento o
squadristi, quienes fueron usados para sembrar la violencia y la intimidación
en la Italia fascista del siglo pasado.
La tercera medida ha sido la autorización de la
Sala Constitucional del TSJ a los militares a realizar mítines y marchas
políticas, violando de la manera más alevosa explícitos e inequívocos artículos
constitucionales. Con esta autorización del TSJ, los militares venezolanos
pasan a ser abiertamente los soldados del PSUV, se “legaliza" la
intervención militar en las campañas y actividades proselitistas del partido de
gobierno, se oficializa la transformación de la FAN en el partido armado de la
revolución, en el brazo armado del grupete cívico-militar que destruye al país.
Hecho ratificado una vez más en las palabras pronunciadas por el gorila Padrino
López en su discurso del 5 de Julio ante los miembros de la Asamblea Nacional
(“Lo voy a decir con mucha responsabilidad atendiendo a la ética y a la
gran política: esta FAN es chavista”).
Con la aprobación de todas estas medidas se
sigue avanzando hacia el establecimiento de un Estado militarizado regentado por
la logia militar bolivariana. Con una retórica más que trillada, la corrupta
camarilla militar nos habla de patria, revolución, justicia social, socialismo
y revolución. Nada más falaz. Recordemos, que la FAN ha sido la institución encargada
de reprimir, torturar y asesinar a los luchadores sociales y entregar nuestras
riquezas al capital extranjero desde su fundación bajo la presidencia de Cipriano
Castro y la jefatura de Juan Vicente Gómez (1899). La FAN bolivariana del presente
es la misma institución orgánicamente que ejecutó masacres como las de Turen
(1952), Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989), y
más recientemente la Paragua (2006). Es la misma que sembró el terror en las
montañas de Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Monagas, y Sucre en las décadas
de los 60-70 durante la insurgencia popular y que estuvo involucrada en las desapariciones
forzadas durante la tragedia de Vargas (1999), inequívocos signos fascistas de
la represión sin límites bajo el pretexto de la seguridad y defensa de la
Patria. Es la misma que a través del componente Guardia Nacional ejecutó durante
los meses de Febrero-Mayo una de las más brutales represiones que recuerde el
país. Crímenes que han quedado bajo una impunidad total por parte de los
gobiernos anteriores y del actual.
Mientras centenares de miles padecen las
penurias producto de la inflación y la escasez, cuando miles de ciudadanos
mueren a manos del hampa o por falta de insumos médicos en los hospitales, y
otros tantos deambulan en busca de un trabajo digno, paradójicamente los voceros
del régimen solo claman por lealtad, disciplina, obediencia, y orden.
El régimen militarista de la dupla
Maduro-Cabello a través de este nuevo entramado jurídico, aunado a la
aplicación de la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo” (Lodofat) aspira darle piso constitucional al
nefasto pretorianismo bolivariano, así como al Estado militar-policíaco, ambas piezas
fundamentales en la consolidación de su proyecto cuartelario. Están apostando a
una mayor militarización de la sociedad con el objetivo de sobrevivir a la
crisis política, social y económica que afecta al país producto de su fracaso.
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