Los venezolanos
llevamos una década y media siendo “desgobernados” por una partida de sátrapas
que han manipulado y engañado a los pobres y excluidos sociales en nombre de
una revolución de pacotilla que lejos de emanciparlos, como dicen sus
publicistas nacionales e internacionales, los han sumido en la mayor miseria y
dependencia económica de nuestra historia. En efecto el número de personas en
situación de pobreza aumentó 24,3% entre el segundo semestre de 2012 y el de
2013. Es el mayor aumento que ha registrado la pobreza en 12 meses durante los
últimos 15 años.
En medio de un boom
petrolero y de la continua perorata de que nuestra economía tiene un “rumbo armónico
y coherente” esta abyecta revolución prepara un conjunto de ajustes
macroeconómicos fondomonetaristas (Fondo Monetario Internacional-FMI), luego de
haber satanizado hasta el infinito las políticas neoliberales de los gobiernos
anteriores, a fin de paliar la grave crisis económica que vive el país. Los
voceros del oficialismo andan desesperados haciendo malabarismos ideológicos
para justificar la puesta en práctica de un “paquetazo de huella neoliberal”
por parte de un régimen que se autodefine socialista.
La gravedad de la
crisis ha alcanzado niveles estratosféricos. El país no tiene recursos propios
para afrontar sus gastos, la logia cívico-militar bolivariana ha
hipotecado a la nación y ya prácticamente no queda nada por empeñar. La deuda
pública total asciende a US$ 122.350 millones, lo que representa 53,7% del
producto interno bruto (cantidad de bienes y servicios que produce Venezuela en
un año). Monto que implica un aumento de 29,9% en el último año y de 328,6%
desde 1999. Esta cifra contrasta con la anunciada por los voceros del régimen
quienes han afirmado que la deuda del país era "manejable" y
representa solamente 23,6% del PIB, una mentira más. Deuda pública cuyo
componente externo esta representado por las emisiones de bonos de la República
que asciende a US$ 44.461 millones y las 8 emisiones de PDVSA que alcanzan US$ 79.000
millones. Además lo componen los préstamos firmados con China, correspondientes
al “inauditable” Fondo Binacional y al Fondo Pesado por montos que no se
conocen con exactitud, así como los endeudamientos con Rusia para la compra de
armamento (fusiles, tanques, transporte militar, aviones de combate, unidades
lanza misiles tierra-aire, etc.). El otro componente de esa deuda pública lo
representa la deuda interna que, según el BCV, totaliza US$ 37.000 millones y
está compuesta i) por los bonos que emite la República denominados y pagaderos
en dólares, que adquiere el sistema financiero público y privado y ii) el Fondo Simón Bolívar
destinado a cubrir el gasto que representan los planes de construcción de
viviendas. Obviamente, faltaría incluir los más
recientes prestamos concedidos por Rusia y China anunciados por el exdiscípulo de Sai
Baba en cadena nacional (23/7/2014). Ello aunado a un
colosal déficit fiscal generado por un Estado hipertrofiado, corrupto y
manirroto que ha propiciado la destrucción del aparato agro-industrial del país
y en consecuencia una escasez general y ha depredado las reservas
internacionales. Además, existe una delicada crisis de la balanza de pagos, una
inflación fuera de control (64%), así como un déficit financiero de PDVSA que
están llevando al país a una bancarrota total.
El paquetazo
bolivariano tiene previsto aumentos de los servicios públicos, nuevos
impuestos a la renta, incremento en los
impuestos regresivos como el IVA, débito bancario (revolución fiscal), la aplicación de una maxi-devaluación de la moneda nacional
(unificación cambiaria) y muy probablemente un aumento en el precio de la
gasolina. Igualmente, se contempla legitimar y extender la precarización laboral, es
decir el reemplazo de puestos de trabajo
estables por “mano de obra flexible”, la cual entre otras cosas carece de
seguridad social,
estabilidad laboral, derecho a sindicalizarse y discutir sus contrataciones
colectivas. Igualmente el desconocimiento de los sindicatos como representante
de los trabajadores en la discusión de las convenciones colectivas. Ya el cerebro
de albañal de Cabello desconoció la representatividad del sindicato de SIDOR,
calificó de mafiosos a los trabajadores que han realizado protestas de calle y
ordenó la militarización del conflicto, así como una averiguación penal contra
ellos. Protestas de calle que responden a la negativa del régimen de aprobar un
nuevo contrato colectivo, el anterior tiene dos años de vencido.
El ungido de
Miraflores ya no tiene mayor capacidad de maniobra por ello recurre a esta
vieja receta ortodoxa del FMI. Lamentablemente la aplicación del neo-paquetazo
bolivariano no solucionará los problemas de fondo que afectan a nuestra
economía, al igual que no representará una rectificación a la desastrosa
política económica que ha venido aplicando el fachochavismo desde su llegada al
poder. Al igual que los anteriores ajustes coyunturales, estas nuevas medidas
estarán condenadas al mayor fracaso y solo lograrán encubrir transitoriamente
los problemas económicos estructurales que nos afectan a costa de una mayor
miseria y hambre para los venezolanos.
El llamado socialfascismo
bolivariano del XXI lejos de estabilizarse y consolidarse como proyecto
hegemónico dominante, cada día da muestras de una mayor debilidad, de un
incremento de sus contradicciones internas (luchas inter-mafias) y de pérdida
de apoyo popular como quedo demostrado en las elecciones internas del PSUV celebradas
el pasado 20/07 en la cual solo participó un 12-16% de sus militantes. El
pueblo chavista está volviendo a su condición pre-chavista es decir una masa
desorganizada, inconforme y frustrada. La alianza cívico-militar (pueblo-ejército)
reivindicada por el difunto vocinglero eterno no ha pasado de ser una alianza
de malandros con uniforme, entiéndase un generalato corrupto y servil con desclasados
integrantes del lumpen al servicio de los peores intereses. Todo en nombre de
una falaz y bastarda revolución.
Presenciamos el
hundimiento de un falso socialismo, ineficiente, autoritario, represivo,
corrupto, y militarizado que básicamente se ha limitado a utilizar
clientelarmente los petrodólares como
arma político-social para asegurase los votos suficientes en cada proceso
electoral.
Quienes prometieron
desterrar las políticas fondomonetaristas han terminado aplicando una pócima
con su impronta a los venezolanos.
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