La publicación en la Gaceta Oficial (40.589
del 27/01/14) de las Normas sobre la Actuación de la Fuerza Armada Nacional
(FAN) en Funciones de Control de Orden Público, la Paz Social y la Convivencia Ciudadana (resolución 8.610),
constituye una nueva aberración de la despreciable Doctrina de la Seguridad
Nacional Bolivariana (DSNB), así como lo fueron la Ley Orgánica contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat) y la
creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria
(Cesppa). Mediante las nuevas normas se autoriza la participación de la FAN en
la preservación del orden interno y al uso de la fuerza potencialmente mortal a
fin de restablecer el orden público.
La DSNB entro en vigencia con el ascenso al
poder del fachochavismo bolivariano y representa una copia caribeña de la
perversa Doctrina de la Seguridad Nacional pretexto político y arsenal
ideológico utilizado por los gorilas militares del Cono Sur en la segunda mitad
del Siglo XX, a fin de liquidar en forma orgánica y sistemática al llamado
"enemigo interno" (entiéndase disidencia política). La Doctrina de la
Seguridad Nacional estableció el nuevo rol de las fuerzas armadas en
Latinoamérica, modificando su misión de garante de la defensa del territorio
nacional, a la de responsable de garantizar el orden interno mediante la
“neutralización y aniquilamiento” de las organizaciones, movimientos o sujetos contrarios
al pensamiento oficial. Esto ha quedado claramente definido en la resolución 8.610 suscrita por Padrino López a nombre de la barbarie bolivariana.
Hay que acotar que la resolución 8.610 usurpa
funciones que son propias de la Asamblea Nacional y quebranta las garantías consagradas
en el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual señala: “Se prohíbe el
uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones
pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de
seguridad en el control del orden público”. Además, dicha resolución contraviene
los acuerdos internacionales, como el Informe sobre Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos
Humanos (2009) el cual indica “dado que las fuerzas armadas carecen del
entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a
una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos
combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.
Además, la resolución peligrosamente no distingue en forma clara las
diferencias entre una manifestación pacífica y una violenta, solo define de
manera breve la violencia mortal como la “creación de una situación de riesgo
mortal”, dejando a la discrecionalidad del represor uniformado el uso de armas
mortales, lo cual es inaceptable y totalmente incongruente
con el Estado de Derecho.
Con la aprobación de esta resolución ilegítima
se institucionaliza lo que ya venia siendo una praxis común por parte de la
Guardia Nacional, como era el uso de armas de fuego en manifestaciones publicas
-fallecidos por disparos de armas de fuego durante las protestas de
Febrero-Marzo 2014-, pero diabólicamente extiende la función represiva-criminal
a los otros componentes de la FAN como parte de una estrategia bélica contra la
disidencia política. Implica estratégicamente una mayor politización de la FAN al
involucrarla como elemento represivo en la conflictividad social que vive el
país. Estrategia que ha implicado el uso sistemático de la violencia armada y
la tortura, así como de procesos judiciales irregulares en contra de la
disidencia política. Con esta resolución el gorilato bolivariano reivindica la
política de los gobiernos adecos-copeyanos en cuanto al uso de la FAN como
corporación represiva destinada a aplastar la conflictividad social.
El uso sistemático de la violencia
indiscriminada y su extensión contra objetivos civiles en el marco de esta
resolución implica la suspensión de los derechos y garantías constitucionales y
la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos (uso de armas de fuego) que
violentan el derecho a la vida. Además, contribuye a institucionalizar el
recurso a la violencia como forma eficaz y legítima de dirimir los conflictos políticos,
así de apelar a la represión armada como una herramienta eficaz a fin de
imponer una mayor disciplina y control social. Con esta nefasta resolución el
gorilato bolivariano se convierte en el garante de una hegemonía excluyente
encargado de tutelar a la sociedad.
Recordemos que históricamente
la FAN ha sido el instrumento armado del proyecto hegemónico en el pasado y lo
sigue siendo ahora en tiempos de “robolución”. La logia de narco-malandros uniformados
aspira transformar al país en un gran cuartel/cartel que obedezca sumisamente al
pensamiento del ya fallecido iletrado de Sabaneta.
Con la resolución 8.610, el gorilato del
Siglo XXI se ha quitado su falsa careta y muestra su rostro represivo, criminal
y asesino al declararle la guerra a muerte al pueblo que protesta por sus
justas demandas.
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