El pretorianismo se
hace presente una vez más en Venezuela. El régimen ha dado un nuevo paso en su carrera desenfrenada por
militarizar la sociedad y lograr un mayor control social de los venezolanos. En la Gaceta Oficial número 40.599, el iletrado de Maduro dictó el
reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM),
según el decreto Nº 1.605. Una de las funciones de la DGCM será la de
investigar a elementos desestabilizadores, que atenten contra la Seguridad de
la Nación y practicar las detenciones a que hubiere lugar como
consecuencia de las investigaciones que tenga a su cargo. Ya conocemos el
significado de desestabilizadores en la jerga bolivariana, se refieren: al
disidente que no comulga con el proyecto cuartelario, al trabajador que lucha
por sus conquistas laborales, al estudiante que protesta por la falta de
presupuesto educativo, al ciudadano común que levante su voz ante la escasez,
la inseguridad, la inflación, los bajos salarios. Además, la DGCM se encargará
de descubrir, prevenir y cortar las actividades de inteligencia,
contrainteligencia y subversivas, de los enemigos que actúan contra la Fuerza
Armada Nacional. Esta nuevo paso represivo del régimen crea el entramado legal para una
posible militarización de la justicia ordinaria como en los tiempos de la IV
República.
Este nuevo adefesio
represivo se aúna a la reciente resolución
8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), a la
Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
(Lodofat) y al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria
(Cesppa), todos ellos elementos importantes de la doctrina de Seguridad
Nacional Bolivariana, verdadero tesoro opresor que forma parte del legado del
insepulto del cuartel de la montaña
Esta sistemática
militarización del país forma parte de una estrategia destinada a la
construcción de una sociedad totalitaria, sin contradicciones, ni conflictos
sociales, no porque los mismos hayan sido superados mediante cambios en las
estructuras políticas y económicas reinantes en el país, sino por la
implantación de un régimen autocrático, represivo y absolutista. La utopía
socialfascista bolivariana se reduce a una sociedad con una sola voz, pero
excluyente, con una sola voluntad basada en los intereses del grupete militar-civil que ostenta el poder.
El fachochavismo en el fondo reivindica las desigualdades sociales, económicas
y políticas propias del capitalismo de Estado, pero rechaza paradójicamente sus
consecuencias naturales: los antagonismos y las luchas sociales.
El
proceso de militarización de la vida y del tejido social
del país vulneran todos los derechos y garantías individuales y sociales en
aras de una pretendida seguridad nacional y en resguardo de un supuesto enemigo
externo o interno (entiéndase disidencia política, trabajadores, estudiantes,
campesinos, amas de casa, etc.,). Representa la ocupación de cargos de la
Administración Pública, en la mayoría de los casos sin disponer de la formación
académica necesaria. Es la
institucionalización de la disciplina, y la obediencia con el fin de crear una
sociedad cuartelaría, tutelada por la pestilente y ensangrentada bota militar.
Una sociedad donde exista un orden social y político absolutamente armónico,
sujeta a la voluntad de un ya fallecido mesías que después de muerto aún es
capaz de guiar al país por un buen camino.
La
militarización de la sociedad, el nuevo orden militar y los cambios en la
doctrina militar del país están orientadas a consolidar un régimen
antidemocrático que ejerza un profundo control social sobre la población, tarea
fundamental de todo fascismo. Intenta, además "tutelar con las armas"
el descontento y conflictividad laboral y social mediante la militarización de
los supermercados (colas), de las empresas (Siderúrgica, PDVSA), y la detención
de dirigentes populares, producto del fracaso de la ortodoxia neoliberal bolivariana
maquillada con retórica revolucionaria. Acciones perversas destinadas a mitigar
la protesta ciudadana mediante el miedo, la amenaza, la agresión, y la
represión, todo ello en nombre de un supuesto socialismo militarizado con gas
del bueno y perdigones.
Pero
además, como parte de esta perversa política de militarización de la sociedad,
el MPPD ha dispuesto la obligatoriedad de la
instrucción militar en todos los niveles de educación, desde primaria hasta la Universidad. Se pretende adoctrinar políticamente a nuestros
jóvenes con el "Nuevo Pensamiento Militar Venezolano". Esperpento
doctrinario de inspiración fascista, destinado a mitificar al fallecido
Comandante-eterno, así como fomentar los más miserables principios belicistas,
de adulancia y de servilismo, como los que experimentaron los jóvenes en la Alemania de Hitler o la Italia de
Mussolini.
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