Estimado Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
Presente.-
Los firmantes de esta carta abierta, todos venezolanos, hemos sido siempre
activistas y luchadores políticos y sociales progresistas, promotores de mayor
inclusión y justicia social, y de la profundización de la democracia. Defensores
también de la soberanía de nuestro país y solidarios tanto con las luchas de
los pueblos latinoamericanos y caribeños, como con las de cualquier otra parte
del Mundo. En diferentes grados y momentos, acompañamos el proceso que Hugo
Chávez representó. Participaciones que, cada cual en su forma y por sus particulares
motivos, fueron amainando hasta llegar a distanciarnos de su proyecto. Igualmente
en diferentes grados, a asumir posturas abiertas de crítica, antes al
presidente Chávez y ahora al gobierno del presidente Maduro, por considerarlos
principales responsables de la actual situación de crisis económica, política y
social que vive el país. Nuestro distanciamiento y cuestionamiento, y en casos
enfrentamiento con estos, los motivó, precisamente, la misma posición
progresista y de compromiso con Venezuela que siempre hemos tenido y que
inicialmente nos llevó a esperanzarnos con el proceso iniciado en la pasada
década de los noventa. Esto no nos ha llevado, sin embargo, a identificamos y
participar activamente con la hasta ahora principal alianza política de fuerzas
opositoras agrupadas en la llamada Mesa de Unidad Democrática MUD.
En abril del 2013, luego de la elección de Nicolás Maduro, y un año
después, en marzo del 2014, a raíz de los sucesos violentos de calle de febrero
y mes siguiente, el gobierno venezolano solicitó, explícita o implícitamente,
pronunciamientos a su favor de instancias internacionales y figuras relevantes.
En el primer caso, en respuesta al cuestionamiento a la totalización de votos
emitida por el CNE y, en el segundo, a supuestas acciones subversivas para la
desestabilización y eventual derrocamiento del gobierno. En ambos casos recibió
amplios apoyos al reconocerlo como el Gobierno legítimo por haber surgido de
elecciones consideradas democráticas.
Aunque podamos disentir en cuanto a apreciaciones sobre nuestra realidad
actual, respetamos las motivaciones de solidaridad y reconocimiento de muchos en
el ámbito continental y mundial, con el proceso que inicialmente encarnó Hugo
Chávez y que hoy preside Nicolás Maduro. Pero estamos convencidos de que hoy, más
que en otros momentos, por el bien y la estabilidad de Venezuela y nuestra
región, es indispensable agregar soportes más sólidos a previsibles
pronunciamientos futuros en relación a la legitimidad de nuestro gobierno.
El reconocimiento y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, en ocasión a las
sobrevenidas elecciones presidenciales de abril de 2013, se sustentó en su
legitimidad por surgir del ejercicio de la soberanía popular expresada en
elecciones democráticas. Reconocimiento y apoyo que fue hecho, sin embargo, sin
profundizar ni atender a las formas concretas en que esas elecciones fueron
adelantadas.
El sistema electoral venezolano, aun con su sofisticada plataforma
tecnológica diseñada para la trasparencia, ha ido crecientemente
constituyéndose para el ciudadano común en una caja negra de las que sólo
conoce la entrada y la salida, pero desconoce los aspectos medulares de su
proceso interno. Altamente computarizado, su confiabilidad se debe presumir a
partir de la supuesta invulnerabilidad técnico-operativa de sus sistemas y
equipos. Los resultados de auditorías técnicas circunstanciales, hechas con
participación de técnicos independientes y de la oposición, han sido muy poco
difundidos oficialmente y no han ampliado la confianza en el sistema.
En sus fases y niveles medulares el CNE ha sido también crecientemente partidizado,
alejándolo del ideal de independencia, transparencia y profesionalismo. Para la
última renovación parcial de rectores hubo la frustrada expectativa de que,
siguiendo lo establecido en la Constitución, la nueva directiva del CNE fuera
designada por consenso, resultando con una composición más plural, ganando con
ello mayores grados de confiabilidad. Por el contrario, la forma, para nosotros
inconstitucional, como el PSUV manejó ese proceso, resultó en la renovación de casi
la misma directiva, concitando aún mayores niveles de desconfianza.
El sistema electoral venezolano tiene poca transparencia. Aparte de la
ausencia inconstitucional de proporcionalidad electoral, es crecientemente
visto por buena parte del electorado como un sistema manejado principalmente
por funcionarios activistas del partido del gobierno, minando la confianza en
la veracidad y exactitud de los resultados emitidos. Y el CNE poco hace para
revertir esa percepción. Por el contrario, sus actuaciones recientes tienden a
reforzarla. Como ya mencionamos, la forma en que en el mes de diciembre pasado
fue renovada parcialmente su directiva dio pie a mayores desconfianzas. La
demora en anunciar la fecha para las elecciones parlamentarias, así como su
cronograma específico, generó innecesarias incertidumbres. La misma
indefinición de las circunscripciones electorales fue otra determinante fuente
de desconfianzas. Las proyecciones poblacionales, que deberían pasar por la
aprobación de la Asamblea Nacional como un mero trámite formal, al suponerse
resultado de un proceso técnico convencional, en esta ocasión, sin siquiera
abrirse formalmente el debate, fueron aprobadas sólo con el voto de la mayoría
oficialista.
La no convocatoria de las elecciones de los diputados al PARLASUR, que
debería ser efectuada obligatoriamente este año; la eliminación de la votación
directa, universal y secreta, para elegir los diputados al PARLATINO, que se
venía realizando desde el año 2000; así como la inacción ante el ventajismo
propagandístico e informativo gubernamental y el claro uso de recursos
estatales en la campaña del PSUV, constituyen elementos adicionales de
desconfianza hacia el máximo órgano electoral del país.
Previsiblemente a usted, y a la Organización de los Estados Americanos
que ahora usted lidera, se le planteará la necesidad de pronunciarse sobre las
elecciones del 6 de diciembre y sus resultados. Un proceso que, sin ser
presidencial, tendrá una importante incidencia sobre la legitimidad del
gobierno de Nicolás Maduro. Y el reconocimiento y legitimidad de los resultados
de esas venideras elecciones, la estabilidad política que a ellas suceda,
estará determinada por la transparencia, o carencia de ella, de la autoridad
electoral y del proceso electoral en su conjunto.
Tiene esta carta por propósito solicitarle, con el mayor respeto, que usted
y la OEA, dentro de los límites que el derecho internacional impone, continúe
alerta sobre la situación en nuestro país. Para garantizarse Ud., que su
eventual futura posición tenga un soporte más sólido, le pedimos que activamente
contribuya, desde ahora, a garantizar mayores niveles de transparencia e
imparcialidad en todo el proceso conducente a las venideras elecciones. Lo
llamamos a continuar estando atento para sugerir, proponer o presionar, en aras
de garantizar que estas venideras elecciones en Venezuela, sean desde ya instrumentadas
y procesadas transparentemente y con equidad.
Caracas, agosto 2015
Elechiguerra, Javier López
Maya, Margarita
Esté, Arnaldo López
Padrino, José Rafael
Fuenmayor Toro, Luis Pérez
Martí, Felipe
Gómez, Marcos Esteban Poleo,
Víctor
Iribarren, Rafael Sambrano
Vidal, Edwin
Jordán Hernández, Alberto Yajure, Edgar
Lander, Luis E.
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