Contrariamente al falaz discurso
obrerista del exdiscípulo de Sai Baba, su régimen militarista adelanta un
modelo económico capitalista-neoliberal-dependiente maquillado con una retórica
revolucionaria. Dentro de este contexto el régimen viene aplicando una política
que violenta los derechos sociales de los trabajadores, lo cual ha afectado la
calidad de vida, la salud, el salario real, las prestaciones y beneficios
sociales de los asalariados.
Producto de la agobiante crisis
económica y como parte de una estrategia electorera el iletrado de Maduro
anunció en días pasados un aumento de 30% del salario mínimo, el cual será de 9.649
BsF. a partir del 1/11. Este pírrico aumento no representa un alza general de
sueldos y salarios, sino un incremento insuficiente y demagógico del salario
mínimo, lo cual contribuye a deformar la ya maltrecha escala salarial
existente. Este incremento salarial no compensa el agobiante alto costo de la
vida que afecta a los venezolanos. El costo de la Canasta Básica Familiar es de
78.611,65 BsF. (CENDAS-FVM), así, que se necesitan 8 salarios mínimos para
adquirirla. Ello aunado a una inflación anualizada que llega según los expertos
al 150%, ya que el régimen se niega a publicar las cifras oficiales y unos
niveles de escasez general que rozan el 75% en algunas regiones del país.
Además, dicha medida constituye una
violación del Art. 172 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece la
obligatoriedad por parte de las autoridades de discutir la política salarial
con los trabajadores; la misma no fue consultada y mucho menos discutida, fue
el producto de conciliábulos a puerta cerrada de la cúpulas corruptas del
régimen y algunos sargentones al servicio del proyecto que se autocalifican de
representantes de los trabajadores.
Es importante aclarar que el derecho al
salario mínimo no es una obra de esta falsa revolución o parte del legado del
insepulto comandante galáctico como han dado a entender algunos dicharacheros
gobierneros. El salario mínimo se estableció por primera vez en el Estado
australiano de Victoria (1894), luego de una serie de levantamientos obreros
que reclamaban un salario mínimo a percibir por el trabajo realizado.
Pero además el perverso proyecto
mesiánico fachochavista se ha impuesto como meta estratégica la desarticulación
de la clase obrera. En nombre de una falsa revolución, el régimen ha eliminado,
modificado o ignorado leyes consagradas a la defensa de los derechos de los
trabajadores, ha intervenido los sindicatos y propiciado el paralelismo
sindical, criminalizando y judicializando las luchas sindicales. Cientos de
trabajadores ha sido victimas de medidas judiciales-represivas impuestas por
jueces complaciente y genuflexos al servicio del inquilino de Miraflores.
Gracias a su mayoría abyecta en la Asamblea Nacional el oficialismo ha aprobado
normativas que han desmejorado las conquistas de los trabajadores (Ley sobre el
Estatuto de la Función Pública) y penalizado el derecho a la protesta y a la
huelga como instrumento de lucha (Art. 283 y 506 del Código Penal). Abusando
del control legislativo, derogaron en el año 2002 la Ley Orgánica de Seguridad
Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Publica y la Ley del
Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral.
Una consideración especial merece la
precarización del mercado laboral como expresión de la política neoliberal del
gobierno. Mediante la creación de empleos precarios (puestos temporales,
trabajo a domicilio, misiones sociales, cooperativas, cogestión) los
trabajadores han sido sujeto a una superexplotación. Latrocinio evidenciado por
el pago de salarios viles, la eliminación de sus derechos laborales (a la
sindicalización, libertad sindical) y la desaparición de muchas de sus
conquistas reivindicativas (bonos vacacionales, caja de ahorro, aguinaldos,
prestaciones sociales, seguros de cirugía maternidad y hospitalización, etc.).
El régimen aplica rigurosamente los libretos flexibilizadores sugeridos por los
organismos financieros internacionales, los mismos que cuestionaron muchos de
los que hoy ocupan cargos de gobierno. Créase o no, la precarización de la
fuerza de trabajo es el paradigma de la política laboral del régimen.
Este régimen autoritario y falaz en
nombre de un siniestro Nacional-Socialismo del siglo XXI, entiéndase revolución
bonita y humanista bolivariana, profundiza la explotación de los trabajadores,
y cercena los derechos y conquistas laborales de los trabajadores en su afán
por desarticular a la clase obrera.
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