Andrés Manuel López Obrador (AMLO), primero como líder de la oposición y luego durante su campaña presidencial en 2018, denunció el uso creciente de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana y el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Esta política, de larga data, se intensificó particularmente bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La promesa electoral de regresar a los militares a los cuarteles le permitió a AMLO ganarse el respaldo de amplios sectores de la sociedad mexicana, al representar un aparente cambio frente a una estrategia fallida: la militarización de la seguridad pública. Militarización que no ha debilitado a los cárteles, pero sí ha contribuido al aumento de la violencia criminal y a sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de los militares.
Sin embargo, poco después de asumir la presidencia, AMLO incumplió su promesa de desmilitarizar el país. Uno de sus primeros pasos en esta política fue ratificar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública —una decisión que él mismo había criticado— y promover una reforma constitucional (2019) que dio lugar a la creación de una nueva fuerza militarizada: la Guardia Nacional. Esta, inicialmente adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue transferida posteriormente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que agrupa al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Durante su mandato, México ha vivido una progresiva militarización. Las Fuerzas Armadas han asumido roles políticos y económicos sin precedentes, convirtiéndose en una presencia omnipresente en la vida nacional. Hoy construyen aeropuertos y ferrocarriles, administran puertos, controlan aduanas, custodian el transporte público, distribuyen apoyos sociales, implementan programas gubernamentales, combaten al narcotráfico y detienen a migrantes. De acuerdo con el Índice Nacional de Militarización elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 246 funciones que antes correspondían a autoridades civiles han sido asumidas por instancias militares, incluyendo la seguridad ciudadana.
AMLO, al parecer, no aprendió de los fracasos de la militarización como estrategia en la guerra contra las drogas en América Latina, particularmente en Perú y Colombia. Como en esos casos, el uso de las Fuerzas Armadas en México ha resultado ser una estrategia de seguridad fallida, con consecuencias graves para los derechos humanos. Esta política no ha logrado reducir la violencia ni pacificar el país, pero sí ha cobrado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.
Desafortunadamente, ni AMLO ni su partido, MORENA, muestran disposición para limitar el accionar de las Fuerzas Armadas, ya que gobiernan en estrecha colaboración con ellas. AMLO ha impulsado una unión cívico-militar de corte autoritario, inspirada en el modelo chavista, con el fin de consolidar su poder y criminalizar el disenso. En su visión autoritaria, el respaldo militar es una pieza clave para garantizar la continuidad de su proyecto político, conocido como la “Cuarta Transformación”.
La realidad es que las organizaciones criminales se han expandido por todo el territorio nacional y México vive una espiral creciente de violencia. La militarización de la seguridad coexiste con el control territorial que ejercen los cárteles y con el incremento de la violencia que imponen sobre las poblaciones. Los hechos recientes en Culiacán, tras la detención de Ovidio Guzmán, han evidenciado cómo el crimen organizado ha socavado gravemente la autoridad del Estado mexicano.
La estrategia militarizada de AMLO en la lucha contra las drogas no está funcionando. El avance territorial de los cárteles y la violencia asociada continúan creciendo frente a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la paz.
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