El pasado 22 de octubre, la oposición venezolana celebró una consulta primaria para elegir al candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Con un discurso confrontacional, pro-mercado y abiertamente privatizador, María Corina Machado logró cautivar a una abrumadora mayoría del electorado opositor, obteniendo el 92,5 % de los votos.
La participación de Machado en este proceso y su disposición a competir en las presidenciales de 2024 evidencian un giro radical en su postura política. Cabe recordar que, junto a Leopoldo López y Antonio Ledezma, fue promotora de la tesis según la cual la vía electoral estaba agotada, y que era necesario recurrir a la insurrección (como en las protestas de 2014 y 2017), a la fractura militar o incluso a una intervención extranjera. Asimismo, se mostró abiertamente contraria a cualquier proceso de negociación con el chavismo, tildando de "colaboracionistas" a quienes apostaban por el diálogo.
Con su victoria, Machado no solo desplazó del liderazgo a los partidos tradicionales de la oposición —Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, agrupados en el llamado G4—, sino que consolidó un hiperliderazgo en el campo opositor, que trasciende incluso su designación como candidata unitaria.
Recientemente, el régimen de Maduro y el gobierno de los Estados Unidos negociaron el Acuerdo de Barbados, respaldado por la oposición venezolana. La Casa Blanca ha sido enfática: la implementación de dicho acuerdo —que incluye la suspensión de sanciones en sectores como petróleo, gas y oro— depende de la habilitación política de Machado. La respuesta del chavismo ha sido invitar a los dirigentes inhabilitados a acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un procedimiento percibido como tortuoso, fraudulento y peligrosamente arbitrario. No es un secreto que el TSJ forma parte del aparato represivo del régimen, y que sus decisiones responden más a lealtades partidistas —al socialfascismo bolivariano— que al Estado de derecho.
Las inhabilitaciones políticas, al igual que el secuestro de partidos opositores, constituyen herramientas de control autoritario utilizadas por el régimen para neutralizar a cualquier figura que amenace su continuidad en el poder. No obstante, más allá de estas verdades evidentes, lo cierto es que sobre María Corina Machado pesa hoy una inhabilitación que le impide registrar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Argumentar que su respaldo popular la "habilita" de facto no es más que otra ilusión, comparable a la que se generó con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó.
La falta de mecanismos institucionales para designar a un candidato alternativo, sumada a la negativa de Machado de renunciar en favor de una figura habilitada (al menos por ahora), genera una profunda incertidumbre en torno a una contienda presidencial que podría desarrollarse sin una opción opositora con verdadero respaldo popular. A ello se suma la posibilidad de que, ante la ratificación de su inhabilitación, Machado opte por promover protestas de calle, boicotear el proceso electoral o insistir en caminos alternativos sin viabilidad política o institucional.
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