El reclamo territorial de Venezuela sobre el Esequibo se remonta a 1897, cuando Estados Unidos, en virtud de la Doctrina Monroe, actuó en representación de Venezuela y firmó con el Reino Unido el Tratado Arbitral de Washington, que sometió la disputa a arbitraje internacional. En 1899, la zona fue adjudicada al Reino Unido mediante el Laudo Arbitral de París. Décadas más tarde, en 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra, que estableció que la región en litigio sería administrada por Guyana, sin que esto implicara el reconocimiento de soberanía, pues la controversia seguiría abierta. Tras la expiración de dicho acuerdo, ambos países solicitaron a las Naciones Unidas una vía pacífica para resolver el diferendo. En 2018, la ONU remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde actualmente se encuentra pendiente de resolución.
Desafortunadamente, las políticas implementadas por el teniente coronel Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro como parte de su estrategia geopolítica en el Caribe han resultado, en los hechos, en la entrega del Esequibo. Basta recordar las declaraciones del propio Chávez durante su visita oficial a Guyana el 19 de febrero de 2004: “el asunto del Esequibo será excluido del ámbito de las relaciones sociales, políticas y económicas entre nuestros dos países”; “la controversia con Guyana es una herencia del colonialismo”; y “el gobierno de Venezuela no se opone a ningún proyecto en la región en disputa”. En su afán desmedido por consolidar poder e influencia regional, Chávez acordó con el presidente guyanés Bharrat Jagdeo congelar la controversia a cambio del respaldo del CARICOM para que Venezuela obtuviera un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (2006). No debe olvidarse que CARICOM ha mantenido desde entonces una posición de apoyo firme a Guyana en este diferendo territorial.
Ahora, tras haber dejado en manos de Guyana la administración del Esequibo, el chavismo-madurismo retoma el reclamo territorial como bandera política y electoral, convocando a un referendo consultivo sobre el Esequibo el 3 de diciembre de 2023. Esta consulta tiene lugar en un contexto de creciente tensión, marcado por la adjudicación de licencias para la exploración petrolera por parte del gobierno guyanés a empresas transnacionales como ExxonMobil y la China National Offshore Oil Corporation, en áreas marítimas aún no delimitadas. El gobierno de Georgetown ha justificado estas concesiones amparándose en las declaraciones del propio Chávez durante su visita de 2004.
El referendo resulta inapropiado, contraproducente y potencialmente peligroso. Inapropiado, porque la soberanía y la integridad territorial no se someten a consulta popular. Contraproducente, porque no tiene carácter vinculante y supone un desconocimiento explícito de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, instancia autorizada por las Naciones Unidas desde 2018 para resolver esta disputa. Peligroso, porque se realiza en un contexto de extrema debilidad institucional: un régimen desprestigiado, deslegitimado, acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos ante instancias internacionales, y carente de respaldo popular, mientras enfrenta una severa crisis económica (devaluación, inflación, endeudamiento, desindustrialización) y social (desempleo, pobreza extrema, salarios ínfimos).
En este escenario, existe un riesgo real de que Maduro, amparado en los resultados del referendo, opte por: i) Iniciar una confrontación militar con Guyana, siguiendo un guion similar al de la Junta Militar argentina en 1982. Maduro y su entorno saben que el tema del Esequibo despierta una profunda sensibilidad nacional y que una ofensiva en ese terreno podría obtener respaldo popular, instrumentalizado con fines electorales. ii) Suspender las elecciones presidenciales previstas para 2024, alegando razones de seguridad nacional, ante el temor de una inminente derrota en las urnas.
Ambas posibilidades apuntan a un único objetivo: perpetuarse en el poder. Un ejercicio de memoria nos remite a la experiencia argentina, cuando la Junta Militar (Galtieri, Anaya y Lami Dozo), acosada por una profunda crisis económica y un creciente aislamiento interno y externo, decidió recuperar las Islas Malvinas como estrategia para conservar el poder. La acción militar generó inicialmente un repunte de apoyo popular y unidad nacional, incluso con el respaldo paradójico de sectores de izquierda, seducidos por el “antiimperialismo” de Galtieri y sus socios.
Los venezolanos no debemos caer en la trampa del "falso patriotismo" que el chaveco-madurismo utiliza de forma perversa con el tema del Esequibo. A lo largo de la historia, el patrioterismo ha sido un instrumento eficaz de los regímenes autoritarios para agitar el nacionalismo y desviar la atención de las crisis sociales, como ocurrió en la Alemania nazi o la Italia fascista. Por eso, abstenerse el 3 de diciembre no es desinterés, es una forma de resistencia ante una manipulación política de graves consecuencias.
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