La furia bolivariana: un plan facho de odio y represión

El régimen de Nicolás Maduro ha instado a sus seguidores a responder ante un presunto plan golpista, con lo que denominan furia bolivariana, una estrategia de marcado corte fascista diseñada para reprimir las protestas sociales, sembrar el terror, llevar a cabo desapariciones forzosas y fortalecer el control político y social sobre los venezolanos. La furia bolivariana ha provocado la vandalización de sedes de partidos políticos y organizaciones gremiales, el sabotaje de eventos políticos y, más recientemente, la desaparición forzada (crimen de lesa humanidad) de varios líderes sociales, incluyendo a Rocío San Miguel, su hija y 4 miembros de su familia. Actos terroristas consumados por funcionarios del SEBIN y DGCIM en complicidad con las hordas paramilitares del oficialismo cuyo comportamiento recuerda a las "camisas negras" de Mussolini o a los Sturmabteilung (SA) de Hitler, cuyo propósito era sembrar el terror y la violencia entre la población.

La conquista del poder por parte de la satrapía bolivariana conllevó la construcción política del enemigo interno y externo. Apelando a la dicotomía "amigo-enemigo" (Carl Schmitt), han impulsado la fascistización de la sociedad venezolana. En este contexto, el enemigo externo está representado por los gobiernos de Washington y los de la Comunidad Europea, a quienes demonizan públicamente, pero en secreto mantienen diálogos para garantizar su propia supervivencia. En el ámbito interno, estigmatizan a la disidencia política como enemigos, apátridas y desadaptados sociales, quienes deben ser exterminados o convertidos en polvo cósmico, como lo sugería en vida el comandante galáctico. La idea es imponer una narrativa sobre la existencia de un contendiente con una ideología contraria a los intereses de la Patria.

La fascistización bolivariana ha implicado la erosión de las libertades civiles, la pérdida de la independencia del poder judicial, el aumento de la intolerancia y de la represión hacia la disidencia política, la calificación de la protesta social como acción subversiva, la manipulación de la información y la propaganda, así como el culto a la violencia y a la tortura. 

En su delirio represivo y de control social, el socialfascismo bolivariano ha llegado al extremo de institucionalizar el concepto de Sippenhaft o Sippenhaftung como una táctica para obtener información de los detenidos políticos. Este cruel castigo colectivo, fue introducido por Heinrich Himmler, jefe de la SS de Alemania nazi, estableciendo que la responsabilidad penal de un acusado por crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus parientes en igual medida.

Ante los continuos fracasos económicos y sociales, Maduro y su grupete se han refugiado en la construcción de “enemigos” para justificar todos sus desastres, desde la crisis eléctrica hasta la hiperinflación y dolarización de la economía. Aplican de manera magistral el principio goebbeliano de la transposición de responsabilidad: cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Basta recordar, por ejemplo, los alemanes culpaban a los judíos por la derrota en la Primera Guerra Mundial.

El Tte. coronel y su hijo bastardo han socavado los principios fundamentales de la democracia y el Estado de derecho, aniquilado al movimiento sindical, institucionalizado la violación a los derechos humanos, fomentado la división y promovido la intolerancia y el odio. Han impuesto un “siniestro lenguaje” donde: el amor es el odio, la paz es la guerra, el respeto a los derechos humanos es la tortura, el debido proceso es linchamiento judicial y la soberanía es la hipoteca del país. 

Ante la creciente posibilidad de perder el poder, la nomenclatura bolivariana reivindica el legado paradigmático del Tte. coronel “la acción violenta debe suplantar a la razón como método para preservar el poder”. 

Paradójicamente, aquellos que ascendieron al poder defendiendo el respeto a los derechos humanos, hoy los violan impunemente con la repugnante complicidad de jueces y fiscales, del fiscal general y del defensor del pueblo.