A lo largo de los siglos XX y XXI, América Latina ha sido testigo del surgimiento de una nueva oleada de regímenes bonapartistas. Aunque estos ensayos políticos emergen mayoritariamente de procesos electorales y conservan algunas formalidades propias de las democracias liberales, en la práctica desarrollan estrategias destinadas a debilitar la institucionalidad democrática y a promover liderazgos carismáticos y autoritarios. Chávez y Maduro son claros ejemplos del cesarismo-bonapartismo del que hablaba Marx. Ambos personifican la figura del mandatario todopoderoso, que se eleva por encima de las contradicciones entre las clases sociales y, respaldado por el aparato burocrático-militar, interviene desde el poder para mantener y preservar el proyecto hegemónico.
Por sus peculiaridades ideológicas, el bonapartismo bolivariano ha sido incapaz de modificar las estructuras económicas preexistentes del país, es decir, las relaciones de producción y la distribución de la riqueza. Al margen de la retórica efectista y pirotécnica, solo se ha limitado a impulsar planes de impronta populista que, lejos de superar la pobreza y la exclusión, han terminado por profundizarlas (82% de los venezolanos son pobres y el 53% está en pobreza extrema, ONU) en el marco de un perverso control social.
El bonapartismo bolivariano, en su consolidación como proyecto autoritario, secuestró ideológicamente el término “socialismo”. Sin embargo, lejos de promover una auténtica transformación socialista-anticapitalista, como afirman tanto sus defensores como sus detractores, Venezuela sigue siendo un país con un sistema económico capitalista dependiente. Un capitalismo de Estado depredador, que, lejos de superar el cuestionado rentismo petrolero, exacerbó sus rasgos más negativos de este diseño económico y fomentó una corrupción cívico-militar que ha arruinado a la industria petrolera nacional.
Los resultados de este infausto modelo estatista-militarizado se reflejan en que la mayoría de la población sufre de inseguridad alimentaria grave, especialmente los niños, con un aumento de la desnutrición infantil. Los sistemas públicos de salud y educación están colapsados, y la libertad de expresión está cada día más limitada debido al control absoluto de los medios de comunicación. La sociedad ha sido militarizada y la violación de los derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática. Se ha impuesto una precarización laboral de impronta neoliberal, lo que ha derivado en la pérdida de importantes conquistas laborales ya consagradas en las Constituciones de 1947 y 1961, y en la pulverización de los salarios y pensiones en medio de una hiperinflación y de una dolarización anárquica de la economía. Esta deriva bonapartista tropical ha significado un retroceso en materia de democracia, respeto de los derechos humanos y justicia social.
La coyuntura electoral que se avecina el 28/7 no será una fiesta ciudadana; será un evento complejo enmarcado en unas elecciones no competitivas, caracterizadas por el uso de recursos del Estado en favor del inquilino de Miraflores, la modificación de circuitos electorales y la migración arbitraria de electores, todo ello bajo la mirada complaciente de un Consejo Nacional Electoral al servicio del candidato gobiernero.
Es crucial que todos acudamos a las urnas, ejerzamos nuestro derecho al voto y demostremos que la fuerza de la democracia radica en la participación consciente de cada ciudadano. No olvidemos que el voto representa la estrategia más efectiva y viable para lograr el cambio político-social al que aspiramos los venezolanos.
Hay que derrotar a la barbarie bonapartista bolivariana que representa la desesperanza, la pauperización, la miseria y la represión. ¡Todos a votar!
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