El sexenio de AMLO se redujo al desmantelamiento sistemático de la democracia mexicana y a la consolidación de su proyecto populista autoritario: la Cuarta Transformación. AMLO logró debilitar al Poder Legislativo mediante reformas que otorgaron mayor poder al Ejecutivo, reduciendo la capacidad del Congreso para actuar como contrapeso. A través de leyes aprobadas por su mayoría parlamentaria, AMLO convirtió al Poder Judicial en un mero instrumento al servicio de su proyecto populista 4T. Además, transformó a la Fiscalía General de la República en una herramienta para intimidar y reprimir a la disidencia política. Su populismo creó múltiples programas sociales que, lejos de producir los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza y la exclusión social, los exacerbaron, profundizando las desigualdades sociales y la miseria. AMLO termina su sexenio con 4 millones de nuevos pobres y 15 millones de mexicanos que perdieron el acceso a los servicios de salud pública (Coneval).
AMLO a lo largo de su mandato, se empeñó en dividir maniqueamente a la sociedad mexicana entre buenos (sus seguidores) y malos (todos los demás, estigmatizados como conservadores, neoliberales, corruptos y enemigos de la patria). Menoscabó la libertad de expresión, así como la legitimidad de todos los movimientos y asociaciones no afines a su proyecto 4T y a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Su primitivismo intelectual lo llevó a atacar la libertad académica y la investigación científica. Recortó compulsivamente (75%) el presupuesto de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav). Su autoritarismo debilitó la integridad electoral de México al socavar el funcionamiento de instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambas consideradas vitales para el ejercicio democrático del país.
A pesar de todas las críticas formuladas en contra de la administración de Calderón por el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, AMLO militarizó la seguridad pública. Su estrategia de abrazos no balazos resultó un fiasco total, provocando la mayor crisis de violencia y muerte en la historia del país (171.085 asesinatos y 50.000 desaparecidos). Pero no solo militarizó a la sociedad, sino que les entregó a los uniformados áreas estratégicas del Estado mexicano, incluyendo aeropuertos, puertos, la aviación civil y las comunicaciones. Pero, además, los militares han estado involucrados en la construcción de importantes obras de infraestructura (Parque Ecológico del Lago de Texcoco, 4 aeropuertos internacionales y algunos tramos (5, 6 y 7) del controvertido Tren Maya). Esta creciente presencia militar en ámbitos civiles ha socavado el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado mexicano, limitando la transparencia administrativa y, por ende, incrementando la corrupción.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum se enfrenta a la disyuntiva de continuar la política de AMLO, es decir, gobernar mediante la amenaza, el miedo, el control social y el uso político y discrecional de la justicia, o impulsar y fortalecer la ansiada transformación democrática del Estado mexicano. Con inquietud escuchamos decir a la presidenta Sheinbaum que su misión prioritaria será garantizar la “construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, es decir, darle continuidad y profundizar el populismo autoritario de AMLO. Este enfoque plantea serias preocupaciones sobre el futuro político del país, ya que obstaculizaría el desarrollo de un México más democrático (una de sus tantas promesas electorales). Solo el tiempo dirá si Claudia Sheinbaum será capaz de navegar por esta compleja encrucijada y conducir a México hacia un futuro más democrático, equitativo y justo.
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