El 28 de julio marca un hito sombrío en la historia política de Venezuela. El golpe de Estado consumado por los chafarotes contra la soberanía popular terminó de desmantelar los últimos vestigios de una democracia agónica, tutelada por la bota militar.
Venezuela vive una de sus peores crisis políticas y sufre las consecuencias de una brutal ola represiva de impronta fascista. Organismos defensores de los derechos humanos han reportado el secuestro de más de 1,581 ciudadanos, adolescentes y mujeres, así como el asesinato de 25 jóvenes a manos de los cuerpos represivos y grupos paramilitares.
La confrontación coyuntural sociopolítica no es entre izquierdas y derechas, como afirman los líderes del régimen y esa izquierda amamantada por la petrochequera de Miraflores. El social-madurismo, más allá de su engañosa gramática discursiva y verborrea de izquierda, representa un capitalismo de estado militarizado y opresor que ha empobrecido a los venezolanos y facilitado el surgimiento de un nuevo sector empresarial (la boliburguesía). Al igual que Bonaparte, el régimen ha negociado entre las distintas fracciones de la boliburguesía y el gran capital transnacional para mantenerse en el poder.
Hay que entender que la transición en Venezuela es mucho más que "cobrar" el resultado del proceso electoral del 28/7. La debilidad electoral del social-madurismo no significa su desaparición política, ni su derrumbe militar. Por ende, la transición implica un proceso complejo, con aristas políticas y militares que no pueden ser ignoradas. Es un camino tortuoso, lleno de desafíos e incertidumbres, cuyo éxito no está garantizado.
Ante esta realidad incuestionable, la obligación y el deber de todos los sectores democráticos del país es construir un amplio frente nacional, que convoque a la sociedad civil, a los partidos políticos, incluidos aquellos que no respaldaron la candidatura de Edmundo González, al movimiento estudiantil, a sindicatos y a organizaciones profesionales; en resumen, a todos aquellos que se oponen a este barbárico régimen facho-militar. La división de las fuerzas democráticas no es una opción cuando lo que está en juego es el futuro del país.
A pesar de todas las dificultades y de las conocidas oposiciones, es igualmente conveniente redactar un programa mínimo consensuado como parte de la transición política y militar. Temas como la libertad de todos los presos políticos, la implementación de planes destinados a superar la extrema pobreza, la promoción del pleno empleo, la revisión de la política salarial, y el sistema de pensiones y seguridad social deben formar parte de esa agenda. También es necesario un programa de emergencia para atender las crisis en los sectores médico-asistencial, judicial, educacional y penitenciario. Además, se debe incluir el desmantelamiento del entramado represivo del régimen, incluyendo el SEBIN, la DGSIM y la Policía Nacional; la clausura del centro de torturas del Helicoide; y el establecimiento de una justicia transicional destinada a revisar y procesar los casos de funcionarios del Estado, efectivos de la FAN y grupos paramilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Al margen del golpe de Estado contra la soberanía popular, es necesario reivindicar la ruta electoral, incluso cuando esta parece atravesar un momento difícil y complejo. Es tentador, en un contexto de dificultades y crisis, optar por narrativas fantasiosas que podrían parecer más rápidas o efectivas a corto plazo, pero que suelen desembocar en fracasos dolorosos (2014 y 2017).
La transición en Venezuela requerirá del esfuerzo solidario de la comunidad internacional y la voluntad indomable del pueblo venezolano. La historia de Venezuela aún está por escribirse, y será el pueblo quien, con su determinación y coraje, marcará el rumbo hacia un futuro mejor.
No al golpe de las bayonetas que pretende ahogar la voluntad popular. No a la barbarie represiva.
Ni las más inhumanas medidas represivas, ni las togas genuflexas del TSJ lograrán ocultar el revolcón electoral que le dieron al inquilino de Miraflores.
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