El término Sippenhaft, traducido como "culpabilidad por asociación familiar", tiene sus raíces en la Alemania nazi, donde se utilizaba para castigar a los familiares de quienes eran considerados enemigos del régimen. Este concepto jurídico, implementado durante el Tercer Reich, establecía que la responsabilidad penal de una persona acusada de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares. Estos eran considerados igualmente culpables, arrestados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte por los actos cometidos por su pariente acusado.
Este aberrante principio jurídico, asociado a los horrores del nazismo bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, ha trascendido su contexto histórico original y resurgido como una herramienta de coerción en diversos regímenes represivos contemporáneos, tal como ocurre con el proyecto autoritario del facho-chavismo-madurísimo.
En los últimos tiempos, la represión en Venezuela no se ha limitado únicamente a los individuos que se posicionan como disidentes del régimen, víctimas de una barbarie que suelen ser deshumanizadas y etiquetadas como “traidores” o “enemigos de la patria”. La persecución se ha extendido también a los familiares de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso miembros de la Fuerza Armada, quienes han sido blanco de amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión. En múltiples ocasiones, organismos de seguridad del Estado, como el SEBIN, la Policía Nacional y la DGCIM, han detenido y torturado a familiares de militares o políticos opositores, bajo la acusación de “cómplices” o como represalia directa por las acciones de sus parientes. Esta práctica bolivariana cumple un doble propósito: chantajear emocionalmente al detenido y sembrar miedo y terror entre sus familiares.
Cabe destacar que esta lógica forma parte del terrorismo de Estado, concebido dentro de la aberrante doctrina de seguridad nacional bolivariana. En esta doctrina, conceptos como territorialidad, soberanía, enemigo interno y externo, así como el desarrollo nacional, fueron redefinidos en función de los objetivos geopolíticos del proyecto autoritario bolivariano.
El uso del Sippenhaft por parte de los organismos represivos del Estado no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, sino que también infringe principios básicos del derecho internacional, como el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de castigos colectivos. Estas acciones pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
La implementación de prácticas similares al Sippenhaft por parte del autoritarismo bolivariano pone en evidencia la desesperación de un régimen que, ante la pérdida de apoyo popular y legitimidad, busca aferrarse al poder a toda costa, incluso mediante la represión indiscriminada. El castigo colectivo, lejos de ser una herramienta eficaz de control, revela las profundas fracturas internas de un sistema que, al desmoronarse, recurre al miedo como último recurso para intentar someter a la población. Estas prácticas no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que también evidencian la fragilidad de un régimen facho que, incapaz de garantizar justicia, recurre a la violencia para intentar asegurar su permanencia.
La historia ha demostrado una y otra vez que, aunque los regímenes autoritarios puedan sembrar el terror y someter a los pueblos mediante tácticas de represión brutal, no pueden suprimir indefinidamente el anhelo de libertad y justicia que late en el corazón de las naciones. Los pueblos siempre encuentran el camino hacia la libertad.
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