El control ciudadano como política de dominación

Es evidente que nuestro país sufre una profunda crisis económica-política y social después de 18 años de “desgobierno” del pranato milico-bolivariano. Proyecto que surgió en torno a la figura de un mesías-autoritario -el tte coronel- y que luego se transformó en un movimiento populista-militarista de impronta fascista, fundamentado en distorsiones y falacias históricas, así como en una ilusoria luz libertaria. Con ello nacía el socialfascismo del siglo XXI.

Asombra ver que aún existan venezolanos que defiendan con pasión este proyecto fracasado. Obviamente, no me refiero aquellos que desde posiciones de poder disfrutan las mieles del narcogobierno, de la corrupción impune, y del tráfico de influencias; tampoco a los boliburgueses que se han convertido en grandes potentados, ni a los milicos que han acumulado fortunas al amparo del Estado. Me refiero a los sectores empobrecidos manipulados y enajenados que con su apoyo se hacen cómplices de esa camarilla antinacional que saquea el erario público, viola los derechos humanos, criminaliza y judicializa las luchas populares y entrega nuestras riquezas al capital transnacional.

Es evidente que desde su llegada al poder (1998) y posterior asalto del Estado (1999), el discurso fachobolivariano se ha orientado a la subordinación del individuo a la figura del tte coronel, como caudillo omnipotente del socialfascismo del siglo XXI. Proceso de subordinación en la cual ha jugado un papel determinante la manipulación deliberada e inteligente de las masas, en especial de los sectores más desposeídos económicamente por su orfandad educativa y cultural. Manejo emocional que ha buscado eliminar el libre pensar del ciudadano común, amoldando y condicionando sus mentes a los intereses del proyecto hegemónico dominante. 

El socialfascismo del siglo XXI ha logrado exitosamente erradicar la conciencia crítica en muchos venezolanos, e imponer falsedades históricas a fin de lograr la adhesión de individuos a su ideario político. Destaca el papel de los medios de comunicación al servicio del proyecto quienes i) repiten sistemáticamente las mentiras oficiales (“Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad” Joseph Goebbels), ii) atribuyen a la disidencia política los errores y desaciertos de la administración (“la escasez es producto de la guerra económica del imperio”), y iii) se hacen coparticipe de una visión maniquea de los venezolanos (“patriotas y antipatriotas”). Buscan desarrollar la pasividad política, la tolerancia y luego la admiración por una forma de gobierno ejercida por un mesías providencial con poderes absolutos e ilimitados. Manipulación emocional que ha inducido a los sectores populares a actuar en contra de sus propios intereses de clase, dando muestras de abnegación, y sacrificio ilimitado (“con hambre y desempleo con Chávez yo me resteo”). Se han convertido en verdaderos esclavos modernos víctimas de un contagio emocional inducido desde el poder, divorciados de cualquier pensamiento racional.

Pero además de la manipulación emocional, el régimen ha utilizado la violencia milico-policial (agresiones, detenciones arbitrarias, práctica sistemática de la tortura) y la genuflexión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo como herramientas para imponer la subordinación del ciudadano. La camarilla cívico-militar ha hecho uso de las leyes de la República como instrumentos de subyugación y control de las personas. Los esbirros del régimen recurren al establecimiento de redes de delatores (Sistema Popular de Protección para la Paz, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, 2014) como mecanismo para fortalecer el control social. Estas redes de delatores bolivarianos organizadas bajo el tutelaje de los consejos comunales, base de misiones socialistas, medios comunitarios alternativos, y los CLAP, entre otros. realizan labores de espionaje contra cualquier manifestación de disidencia a la policía oficial.

Adicionalmente el régimen fachobolivariano utiliza el estado de inseguridad alimentaria (escasez-hambre) como instrumento efectivo de control social a través de los Consejos Comunales y los CLAP. El hambre es, claro está, un hecho biológico, pero también un fenómeno social y político que el régimen ha venido utilizando como instrumento de sometimiento y sumisión de la sociedad. Históricamente el hambre ha llevado a los pueblos a niveles impensables de entrega y rendición en otras latitudes. Hoy vemos con indignación como un régimen inescrupuloso utiliza en forma siniestra la escasez de alimentos y el hambre para neutralizar y someter a los sectores populares. Estos maleantes ideológicos han politizado hasta el estómago vacío del venezolano al imponer una nueva identificación (Carnet de la Patria) para tener derecho a la alimentación.

Ante la falta de apoyo popular, la dictadura fachobolivariana profundiza el control social de los venezolanos a fin de mantenerse en el poder.

Depredadores, farsantes y entreguistas

El modelo de capitalismo estatista iniciado por el difunto tte coronel y continuado por el ungido Maduro ha conducido a un desplome de la economía del país, así como a un deterioro notable en la calidad de vida de los venezolanos. La “robolución bolivariana” se ha transformado en una pesadilla y en un calvario para todos, pero en especial para los más desposeídos.

Nuestra tragedia económica responde en gran medida a la errática política neoliberal que ha implementado el régimen, a través de un capitalismo de Estado compulsivo que se ha traducido en la profundización del viejo rentismo extractivista petrolero y más recientemente la imposición de un rentismo extractivista minero depredador del medio ambiente. Todos recordamos al ungido Nicolás Maduro anunciar al país la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco" con una extensión de casi 112 mil kilómetros cuadrados abarcando los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Atravesando selvas como la del Imataca, La Paragua y El Caura, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Ello representa la entrega aproximadamente del 12% del territorio Nacional a la gran minería transnacional para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales estratégicos. Mediante dicho decreto el régimen permite que aproximadamente 150 empresas extranjeras, nacionales y mixtas realicen labores de exploración y explotación en dicha zona. 

Empresas que operarán bajo una gama de incentivos, tales como flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la generación de mecanismos de financiamiento preferenciales, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y en sus importaciones. Igualmente dispondrán de un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Además, se contempla la militarización, y la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero. Para los trabajadores significará la pérdida de conquistas contempladas en la legislación laboral venezolana, tales como el derecho a la constitución de sindicatos, la afiliación de los trabajadores a los mismos, así como la firma de contratos colectivos.  

La explotación minera en el "Arco Minero del Orinoco" significará la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional, así como el etnocidio de los pueblos indígenas de la zona. La ejecución de este proyecto perverso compromete la rica biodiversidad de la zona, generándose la pérdida de grandes bosques amazónicos y de numerosas especies animales. Además, la deforestación previsible conducirá a una reducción de los caudales de los ríos de esa zona, los cuales constituyen la mayor fuente de agua dulce del país. Vale acotar que todas las represas hidroeléctricas del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco. Frente al engaño del ecosocialismo bolivariano sustentable, vale recordar que la minería nunca ha sido, ni será una actividad económica sustentable y mucho menos amigable con el medio ambiente. Su acción se limita a extraer de la naturaleza el recurso mineral a ser explotado, para luego abandonar la zona con daños a los ecosistemas generalmente irreversibles.

Cabe acotar que la ejecución de este proyecto siniestro constituye una flagrante violación de la Carta Magna, en lo que respecta a los derechos consagrados de los pueblos indígenas e igualmente a la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, 2005). Además, este decreto fue discutido y rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional.

El régimen ondea falaces banderas antiimperialistas mientras subordina al país a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales petroleras y mineras. Los proyectos extractivistas bolivarianos comprometen la soberanía e independencia del país. El fachochavismo y sus compinches representan a los farsantes y mercaderes ideológicos del siglo XXI.

Feliz Navidad

A pesar de las dificultades, frustraciones y dolor, no renunciemos a la esperanza de un futuro mejor. 

Feliz Navidad y un Mejor 2017

Improvisación, entrega y destrucción de un país

La medida improvisada del régimen del iletrado Maduro de suprimir la circulación de billetes de 100 Bs en tres días, sin disponer de la moneda sustitutiva, ha provocado un caos y un verdadero golpe a los bolsillos de los venezolanos. Esta desquiciada decisión ha significado un zarpazo a la economía popular al ver invalidados, sin alternativas, los recursos necesarios para la compra de alimentos, y medicinas, así como para el pago de servicios públicos como el transporte, especialmente en estas fechas decembrinas.

El tan cacareado “nuevo cono monetario”, entiéndase la devaluación del ya famélico Bolívar fuerte, se ha convertido en un verdadero calvario, un suplicio para la población en especial para aquellos ciudadanos que no forman parte del sistema bancario al no disponer de ningún tipo de cuenta (corriente o de ahorros). Esta imprevista y abusiva medida del régimen ha generado un gran malestar entre la población, provocando protestas en más de 22 ciudades del país, incluso saqueos y quema de entidades bancarias en los Estados Bolívar y Apure.

Frente a los airados y justos reclamos de los sectores populares por la escasez de circulante la bota militar bolivariana ha apelado a la criminalización de la protesta, al uso de la represión desmedida y el asesinato a fin de aplastar la protesta popular. Los esbirros del régimen han recurrido al mismo libreto descalificador de los gobiernos adeco-copeyanos. Hemos visto a quienes reivindicaron y glorificaron -por conveniencias políticas- al Caracazo (27F), hoy convertidos en acusadores del pueblo, en vulgares represores de los desposeídos a quienes acusan de desestabilizadores, terroristas o simples delincuentes. A diferencia del 27F (explosión popular espontánea y simultánea) en la Venezuela de hoy se están produciendo Caracazos por cuotas en grandes, medianas y hasta pequeñas ciudades del país. Violaciones de los derechos fundamentales, que al igual que en el pasado, han contado con el silencio cómplice del ministerio público.

Es evidente que este nuevo caos no puede considerarse como un incidente aislado. Representa una nueva manifestación de la crisis orgánica que carcome a la economía nacional, cuyos orígenes son de larga data, pero que se han agudizado a partir del año 1998 con la llegada al poder del fallecido tte coronel. Recordemos, que el régimen del Centauro de Sabaneta, lejos de sustituir los tan “criticados” modelos neoliberal y petrolero rentista, los profundizó. En efecto en estos 18 años de “desgobierno bolivariano” la economía ha estado sujeta a políticas neoliberales. Se ha profundizado el extractivismo petrolero, el aparato productivo nacional ha sido destruido (se importa todo, incluyendo rubros que previamente se producían en el país), las riquezas naturales han sido entregadas al capital trasnacional (empresas mixtas, Arco minero del Orinoco) y las relaciones obrero-patronales han sido flexibilizadas (tercerización), deslegitimado los sindicatos, conculcadas conquistas laborales (derecho a la huelga) y criminalizadas las luchas sindicales. Al mismo tiempo, se ha impuesto un estatismo asistencialista a fin de reducir la pobreza, sin haber modificado las condiciones estructurales de la pobreza y de la exclusión social. Asistencialismo (misiones) que obviamente no redujo la pobreza, pero si impuso un mayor control social.

Ignorando el carácter cíclico de los precios petroleros, la dupla del tte coronel-Maduro despilfarraron miles de millones de dólares, asumiendo que los precios del petróleo se mantendrían indefinidamente sobre el techo de los US$ 100 por barril (Venezuela recibió entre 1999 y 2014 más de US$ 960.589 millones). Pero, además, tanto el padre, como su hijo bastardo han hipotecado y quebrado al país en forma irresponsable. La deuda externa se quintuplicó a pesar del boom petrolero, la moneda ha sido continuamente devaluada y las reservas internacionales han seguido mermando en últimos años (US$43.127 millones 2008 a unos US$15.000 millones 2016). Se pronostica una caída del PIB del 8% para el año 2016, así como una galopante inflación que puede alcanzar el 720% al cierre de este año, y que podría llegar al 2.200% al cierre del 2017.

Hoy el país padece las consecuencias de un fracasado modelo de capitalismo de Estado militarizado iniciado por el tte coronel y continuado por el ungido Maduro. Desastre que podría apuntar a un estallido social, el cual no se ha producido en parte, por los niveles de militarización y represión en el país, por la incapacidad de la oposición de capitalizar el descontento y rabia popular y por el aprovechamiento perverso de la crisis por parte del régimen la cual utiliza como instrumento de control social.