El voto en tiempos de dictadura

La crisis política, económica, social, y humanitaria del país sigue agudizándose en forma dramática. El régimen del iletrado Maduro decidió huir hacia adelante anticipando las elecciones presidenciales de 2019. Primero para el 22 para abril de 2018, y luego, en un intento por darle una mayor apariencia de legitimidad, volvió a aplazarlas, esta vez para el próximo 20 de mayo. La disidencia política agrupada mayoritariamente en torno a la MUD sorpresivamente y equivocadamente decidió abstenerse, haciéndole así el juego a quienes desde posiciones más radicales niegan la opción electoral como salida a la crisis que enfrenta el país. Han abandonado la lucha electoral sin definir ninguna otra alternativa.

Una vez más la disidencia política agrupada en torno a la MUD ha dado muestra de carecer de estrategia política de cómo enfrentar a la dictadura facho-Madurista. Justifican su abstencionismo coyuntural alegando falta de condiciones para participar en el proceso eleccionario. Inexplicablemente ignoran que bajo la dictadura bolivariana todas las elecciones serán viciadas -sin condiciones ideales- pues el régimen ejerce un control férreo sobre todas los poderes e instituciones en especial el electoral. No es un secreto para nadie que el régimen ha pervertido los procesos electorales, los ha contaminado utilizando el CNE y el TSJ como custodios genuflexos de sus designios. Bien lo decía el escritor y expresidente Checo Václav Havel: ¿Tiene sentido apelar a las leyes cuando estas son solamente una fachada tras la cual se oculta una manipulación totalizante?.

No participar bajo el pretexto de que el régimen forajido facho-bolivariano se niega a cambiar las condiciones adversas (CNE parcializado, ventajismo electoral, coacción y chantaje a los electores, militarización del país, etc.), equivale a ignorar el carácter dictatorial del régimen. Es renunciar en la práctica a la ruta electoral. Si así hubiesen pensando los integrantes de la Concertación chilena, tal vez Pinochet aun estaría en el poder de no haber fallecido. No olvidemos, que en el 2015 derrotamos al régimen en situaciones muy similares a las de hoy, pero con una participación masiva, un discurso coherente, una verdadera unidad y una eficiente organización electoral. Frente a una avalancha de votos no hay CNE, ni Plan República, ni trampa que valga.

Con esta decisión los neo-abstencionistas de la MUD han replanteando la equivocada disyuntiva de ¿votar o abstenerse?. Lamentablemente hacen causa común con María Corina Machado y Antonio Ledezma, voceros de poca ascendencia popular, pero con importante influencia mediática y lobby internacional. Eternos proponentes de soluciones fantasiosas y fracasadas (desde “salidas milagrosas” (2014-2017), pasando por golpes militares y hasta invasiones de los marines de Mr. Trump). Publicistas de los “salvadores externos” encarnados por el defenestrado Tillerson y ahora por Mike Pompeo, ex director de la CIA y nuevo jefe del Departamento de Estado del Tío Sam. Argumentan que no vale la pena votar, ya que la vía electoral ha sido cancelada; afirman falazmente que las dictaduras sólo caen con violencia y con calle; estigmatizan de “ingenuos o de colaboracionistas” a todo aquel que promueve participar en procesos electorales. Aseveran que votar en estos comicios presidenciales supone un acto de legitimización del régimen del ungido Maduro y su repudiada e inconstitucional asamblea nacional constituyente. Manipulan emocionalmente a la ciudadanía con medias verdades. Olvidan estos perdedores de mil batallas que votar bajo un régimen dictatorial es un acto de rebeldía, de expresión de libertad, no de sumisión o colaboracionismo. Se trata de movilizar, politizar y organizar a esos amplios sectores sociales que han demostrado disconformidad ante el régimen milico-madurista. Es una oportunidad para llevar un mensaje de lucha y esperanza a esa gran mayoría frustrada que padece los embates del autoritarismo y exclusión del régimen. Se trata de avanzar, de sumar, de seguir luchando, de resistir hasta derrotar los grilletes impuestos por la peste facho-bolivariana.

Históricamente, la abstención no ha resuelto nada, recordemos que el llamado a la no participación en las elecciones parlamentarias de 2005 fue claramente un error. Le permitió al régimen legitimarse electoralmente y hacerse de un andamiaje jurídico para consolidar su proyecto antinacional. La abstención es lo que buscan los capitostes del facho-bolivarianismo, deslegitimar el valor del voto ciudadano. De allí la importancia de no abandonar el camino electoral como instrumento de lucha antidictatorial, aún en las condiciones más adversas, como enfrentar una arquitectura electoral ventajista que inhabilita candidatos, ilegaliza partidos, inhabilitaciones, siembra dudas sobre el secreto del sufragio, rediseña el mapa electoral, manipula y chantajea al elector. Los comicios deben encararse como un ejercicio de resistencia, incluso en circunstancias donde la victoria no se visualice en el horizonte inmediato.

Lo contradictorio y paradójico de la coyuntura política actual es que a pesar de existir una gran mayoría de venezolanos que desean cambios, que detestan al régimen de Maduro, las diferentes fracciones de la oposición han malbaratado su enorme capital político y perdido su popularidad conquistada en el 2015 cuando ganaron la mayoría de la Asamblea Nacional. Lejos de consolidar a esa gran mayoría la han confundido, desinformado, dividido, desmotivado, así como sembrado fantasiosas esperanzas y falsas salidas. Son las incoherencias de una dirección sin rumbo sumida y empantanada en sus propios errores que terminarán consolidando al proyecto hegemónico facho-bolivariano.

La muerte como política de Estado

En el año 1998 Venezuela presenció el agotamiento del proyecto hegemónico bipartidista, y su sustitución por el neofascismo bolivariano del insepulto tte coronel. Proyecto militarista y reaccionario fundamentado en distorsiones y falacias históricas, así como en una ilusoria luz libertaria. Con ello nacía el siniestro socialfascismo del siglo XXI al mejor estilo del fascismo de la Italia de Mussolini y del nazismo de la Alemania de Hitler del siglo pasado.

Desde su llegada al poder (1998) y posterior asalto del Estado (1999), el neofascismo bolivariano se ha orientado a imponer la muerte como política de Estado, a fin de destruir el enemigo interno -lenguaje usado por el jurista del Nazi Carl Schmitt- dándole continuidad al proyecto hegemónico del pasado, pero con nuevos actores. Política nefasta que se ha sustentado en la maquinaria represiva del Estado (violencia psicológica y física), la militarización de la sociedad, control social, la judicialización de la protesta social, así como la institucionalización de la tortura y la muerte.

La eliminación del disidente ideológico como política de Estado tiene larga data en nuestro país. Dictaduras como la Juan Vicente Gómez y de Pérez Jiménez apelaron a la tortura y al asesinato como políticas de Estado. La llegada al poder del bipartidismo adeco-copeyano reprodujo muchas de las ignominias de los regímenes dictatoriales del pasado. Instituciones como la DIGEPOL- DISIP, la PTJ, el SIFA, y los Teatros de Operaciones (TO) se convirtieron en tenebrosos centros de torturas y muertes. El ascenso al poder de la peste bolivariana (1998) trajo consigo la instauración de un "terrorismo de Estado Bolivariano" como sistema de acción política, que implicó entre otras cosas la reorientación del papel de la Fuerza Armada de garante de la "defensa externa", por el de "la seguridad interna”. Además, un férreo control social, la institucionalización de los grupos paramilitares, de la tortura y la eliminación física del oponente.

La muerte como política de Estado se ha traducido en ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. En nombre de una falaz revolución han sido asesinados cientos de venezolanos en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), en las masacres de Barrio Kennedy (11/2005), Tumeremo (03/2016), Paragua (10/2006), Cariaco (11/2016), Barlovento11/2016) el Junquito (02/2018) y más recientemente en la mina de Cicapra en el Municipio Roscio del Estado Bolívar (02/2018). En esta última fueron asesinados 18 personas a manos de efectivos del ejército y cuyos cuerpos presentaron signos de torturas. Llama la atención que 11 de los 18 asesinados tenían disparos en la cabeza y la dama ajusticiada tenía disparos en ambos senos. Algo muy similar a lo sucedido en la masacre del Junquito donde los integrantes del grupo de Oscar Pérez todos tenían disparos en la cabeza. Definitivamente estamos ante la presencia de macabros ajusticiamientos extrajudiciales, al margen de las declaraciones Goebbelianas de los voceros del régimen quienes hablan de enfrentamientos y resistencia armada. Otro de los rasgos siniestros de la barbarie bolivariana han sido las desapariciones forzadas de luchadores sociales y el secuestro de personas inocentes solo por tener algún vínculo consanguíneo (madres, esposas, hermanos, hijos) con las víctimas de la persecución policial, a fin de presionar la entrega del sujeto sometido al acoso policial.

Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren no obstante de que el Artículo 43 de nuestra Carta Magna establece que el “derecho a la vida es inviolable” y el Artículo 46 reza: “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el Articulo 17 de la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes establece: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión.

El neofascismo bolivariano ha institucionalizado la muerte como política de Estado con la complicidad nauseabunda del fiscal fraudulento impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, así como también del defensor del pueblo, y la nomenclatura facho-bolivariana. Farsantes asesinos.

Una masacre con impronta facho-bolivariana

El asesinato de Oscar Pérez y sus 6 compañeros (masacre del Junquito) se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales institucionalizado por el régimen criminal y represivo del iletrado de Miraflores y su pestilente bota militar. Evidentemente la maquinaria represiva-delictiva del régimen abortó toda vía que condujera a una solución pacífica del conflicto y propició el desenlace violento ya que el objetivo era asesinar a Pérez y a su grupo y con ello establecer una acción punitiva ejemplarizante. La dictadura venezolana apeló una vez más al terrorismo de Estado a fin de aplastar toda manifestación de disidencia violentando los más elementales derechos humanos, como el derecho a la vida. Ello explica el uso desproporcionado de la fuerza (más de 500 efectivos militares y policiales, el empleo de un vehículo de trasporte blindado (BTR-80), y lanzacohetes antitanque portátil – (RPG-7), a pesar de la voluntad de Pérez y sus compañeros de entregarse a las autoridades. A Oscar Pérez y sus compañeros les fue aplicada, como en muchos otros casos (recordar las OLP) la pena de muerte, violentándose el articulo 43 de nuestra Carta Magna que reza “El derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. El silencio cómplice y nauseabundo del usurpador fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruíz los hace cómplices de estos abominable asesinatos. Vale acotar que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado del facho-chavismo-bolivariano. La organización pro-derechos humanos PROVEA ha denunciado 505 ejecuciones a manos de funcionarios policiales y militares solamente en el periodo 2015-2017.

Definitivamente, estamos ante la presencia de una Estado forajido que ha impuesto un terrorismo de Estado apoyado en el control militar de la sociedad y que ha hecho suya la tesis del nazista Carl Schmitt del "Amigo-Enemigo". Tesis que ha sido plasmada en la “Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana”, la cual concibe el ejercicio del poder basado principalmente en la noción de una guerra interna que conlleva a la eliminación física de un enemigo interno y el rechazo tanto al sistema democrático como a la cultura de los derechos humanos. Doctrina que cambió radicalmente la concepción estratégica de la Fuerza Armada Nacional, que pasó de ser una institución para la defensa de nuestras fronteras a una instancia encargada de la seguridad interna, volcando todo su poderío militar en contra de su propio pueblo. Otro rasgo siniestro de la barbarie facho-bolivariana y su Doctrina de Seguridad Nacional ha sido las desapariciones forzadas como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas incluyendo el luchador social Alcedo Mora (02/15). Todo ello con la complicidad repugnante del defensor del pueblo, fiscales del ministerio público, jueces, y de la misma nomenclatura facho-bolivariana en el poder. No olvidemos que prácticas como el asesinato, la tortura y las desapariciones forzosas son claros símbolos de un Estado fascista.

La reciente masacre del Junquito (7 asesinados, 1/2018), al igual que la de Barrio Kennedy (3 asesinados, 11/2005), Tumeremo (28 asesinados, 03/2016), Paragua (6 asesinados, 10/2006), Cariaco (9 asesinados, 11/2016) y la de Barlovento (12 asesinados, 11/2016), no pueden considerarse como hechos aislados. Son el producto de la institucionalización de la violencia y de la cultura de la muerte elementos fundamentales consagrados en la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana (exterminio del enemigo interno). Evidentemente, el carnicero Maduro y su pranato militar utilizaron la concepción de Schmittiana, asentada en la relación amigo/enemigo, para asesinar a Oscar Pérez y a sus acompañantes. Mientras la propaganda Goebbeliana del régimen “clama de una victoria por la paz” por el abatimiento de “7 peligrosos terroristas”, a los venezolanos nos consta que los “peligrosos terroristas” no eran terroristas y que fueron en realidad ajusticiados a sangre fría.

Las declaraciones falaces del chafarote Reverol eludiendo su responsabilidad en el ajusticiamiento extrajudicial cometidos por sus efectivos en el Junquito lo hace cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos humanos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica la cual se reconoce públicamente y se premia (“Quiero reconocer a la PNB, GNB, al DGCIM, Sebin y a Reverol por el trabajo en equipo que acabó con este grupo que amenazó al país con acciones terroristas” Maduro dixit)

Aunque el fachochavismo asumió el poder proclamando la restauración del Estado de Derecho -violentado por los gobiernos previos-, lejos de erradicar esas aborrecibles prácticas del pasado (tortura, masacres y desapariciones) las ha profundizado e institucionalizado. Maduro y sus milicos han demostrado una vez más su militancia en el autoritarismo, el terrorismo y la muerte.

Finalmente, causa dolor e indignación el silencio que han guardado aquellos “camaradas” que históricamente lucharon en contra de las masacres (Retén de Catia, del Amparo, de Yumare, Cantaura y otras) y que hoy enmudecen frente a la carnicería humana del Junquito. ¿Pueden hablar de una moral revolucionaria quienes son cómplices de la represión, de la tortura, y de la muerte?

Una estrategia fallida y suicida

Los resultados de las pasadas elecciones municipales no deben de sorprender a nadie. La decisión equivocada y costosa de importantes sectores de la Mesa de la Unidad, aunado al ventajismo, la coacción y el control social (carnet de la patria) le permitieron al fachochavismo hacerse de la mayoría de las alcaldías sin mayores dificultades. Sin combatir, se le entregó al régimen el Poder Municipal en la casi totalidad del país. Y lo más triste es que se habría podido evitar, simplemente ejerciendo el voto con perspectiva de futuro y con una base de coherencia democrática. Se desperdició una nueva oportunidad de confrontar al régimen en el terreno electoral y demostrar que son una minoría. Con la abstención se desaprovechó la coyuntura de lograr nuevos espacios de luchas a fin de acentuar la agonía de este proyecto de dominación, reaccionario, antipopular y dictatorial.

La decisión de la mayoría de los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad de no participar en las elecciones Municipales sin un mensaje claro constituyó una inexplicable incoherencia política por parte de una coalición que ha cosechado sus mayores logros precisamente en la arena electoral. Inexplicablemente, han adoptado una política suicida de renunciar a la ruta electoral lo cual ha alimentado más el desánimo y la frustración de los venezolanos.

Pareciera que la dirección de la MUD olvidó que el voto es un instrumento de lucha popular, un recurso para desobedecer y contradecir al proyecto hegemónico en especial en tiempos de dictadura. Constituye la única arma movilizadora frente a un narcoestado inmoral, aún a sabiendas del carácter delincuencial de los miembros del CNE. Paradójicamente una dirigencia opositora promotora permanente del voto, ahora cuestiona la vía electoral sin ofrecer vías alternas específicas para desplazar del poder a Maduro y sus milicos. Hacen causa común con el sector más atrasado y fantasioso de la oposición, practicante de discursos hipócritas, excluyentes y descalificadores. Son los mismos que invocan golpes de Estado, e invasiones extrajeras, que acusan de “colaboracionistas y traidores” a quienes no coindicen con sus dislates políticos. Señalar que con la participación en las municipales se estaba legitimando a la dictadura y a la Asamblea Nacional Constituyente, refleja la más absoluta ceguera política que raya en la necedad. 

Es una gran verdad que el fachochavismo ha pervertido el sufragio. Un sector importante de la población, en especial los más desposeídos, votan bajo condiciones de absoluto control social ejercido a través del Carnet de la Patria, del voto asistido, o manoseando su miseria con una caja del CLAP. El chantaje y la coacción hoy privan más que la intención real del voto. Sin embargo, los comicios siguen siendo un escenario ideal para gestar grandes movilizaciones y capitalizar el desencanto y frustración existente en las filas del oficialismo. La aplastante victoria electoral del régimen tramposo y ventajista del ungido Maduro no refleja el sentir de la mayoría de los venezolanos, ni significa que el fachochavismo se consolidó como la nueva mayoría electoral. Reflejan la incapacidad de una dirección opositora sumida en su propio laberinto. Una oposición que renuncia a su mejor arma “el voto popular” jamás podrá ser alternativa frente a la dictadura Madurista.

Pero la incoherencia de la MUD es mayor cuando por un lado decide abstenerse en bloque frente a las municipales, pero al mismo tiempo plantea organizar primarias para escoger a un candidato presidencial con miras a participar en las elecciones presidenciales del 2018. Esta ambigüedad recurrente entre dos líneas de acción contrapuestas es en gran medida la causante de los fracasos de la dirigencia de la disidencia política en el país.   

La lucha electoral en tiempos de dictadura adquiere ribetes diferentes. Es preferible participar y que sea el régimen el que se encargue de atropellar, de desconocer los resultados, en vez de dejarle los espacios institucionales sin lucha alguna. Vivimos tiempos de dictadura donde el voto es la única y mejor arma ciudadana. Apartarnos de la vía electoral es una estupidez política cercana a la incapacidad mental.

Para el socialfascismo bolivariano el escenario presidencial del próximo año está servido: 18 Gobernaciones, 300 Alcaldías, una ANC desenfrenada al servicio del proyecto, y una oposición dividida y proponente de una abstención electoral suicida. Una ruta inadecuada que si nos empecinamos en seguir eternizaremos al socialfascismo bolivariano en el poder.