La muerte como política de Estado

En el año 1998 Venezuela presenció el agotamiento del proyecto hegemónico bipartidista, y su sustitución por el neofascismo bolivariano del insepulto tte coronel. Proyecto militarista y reaccionario fundamentado en distorsiones y falacias históricas, así como en una ilusoria luz libertaria. Con ello nacía el siniestro socialfascismo del siglo XXI al mejor estilo del fascismo de la Italia de Mussolini y del nazismo de la Alemania de Hitler del siglo pasado.

Desde su llegada al poder (1998) y posterior asalto del Estado (1999), el neofascismo bolivariano se ha orientado a imponer la muerte como política de Estado, a fin de destruir el enemigo interno -lenguaje usado por el jurista del Nazi Carl Schmitt- dándole continuidad al proyecto hegemónico del pasado, pero con nuevos actores. Política nefasta que se ha sustentado en la maquinaria represiva del Estado (violencia psicológica y física), la militarización de la sociedad, control social, la judicialización de la protesta social, así como la institucionalización de la tortura y la muerte.

La eliminación del disidente ideológico como política de Estado tiene larga data en nuestro país. Dictaduras como la Juan Vicente Gómez y de Pérez Jiménez apelaron a la tortura y al asesinato como políticas de Estado. La llegada al poder del bipartidismo adeco-copeyano reprodujo muchas de las ignominias de los regímenes dictatoriales del pasado. Instituciones como la DIGEPOL- DISIP, la PTJ, el SIFA, y los Teatros de Operaciones (TO) se convirtieron en tenebrosos centros de torturas y muertes. El ascenso al poder de la peste bolivariana (1998) trajo consigo la instauración de un "terrorismo de Estado Bolivariano" como sistema de acción política, que implicó entre otras cosas la reorientación del papel de la Fuerza Armada de garante de la "defensa externa", por el de "la seguridad interna”. Además, un férreo control social, la institucionalización de los grupos paramilitares, de la tortura y la eliminación física del oponente.

La muerte como política de Estado se ha traducido en ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática e impune. En nombre de una falaz revolución han sido asesinados cientos de venezolanos en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), en las masacres de Barrio Kennedy (11/2005), Tumeremo (03/2016), Paragua (10/2006), Cariaco (11/2016), Barlovento11/2016) el Junquito (02/2018) y más recientemente en la mina de Cicapra en el Municipio Roscio del Estado Bolívar (02/2018). En esta última fueron asesinados 18 personas a manos de efectivos del ejército y cuyos cuerpos presentaron signos de torturas. Llama la atención que 11 de los 18 asesinados tenían disparos en la cabeza y la dama ajusticiada tenía disparos en ambos senos. Algo muy similar a lo sucedido en la masacre del Junquito donde los integrantes del grupo de Oscar Pérez todos tenían disparos en la cabeza. Definitivamente estamos ante la presencia de macabros ajusticiamientos extrajudiciales, al margen de las declaraciones Goebbelianas de los voceros del régimen quienes hablan de enfrentamientos y resistencia armada. Otro de los rasgos siniestros de la barbarie bolivariana han sido las desapariciones forzadas de luchadores sociales y el secuestro de personas inocentes solo por tener algún vínculo consanguíneo (madres, esposas, hermanos, hijos) con las víctimas de la persecución policial, a fin de presionar la entrega del sujeto sometido al acoso policial.

Todas estas violaciones a los derechos humanos ocurren no obstante de que el Artículo 43 de nuestra Carta Magna establece que el “derecho a la vida es inviolable” y el Artículo 46 reza: “Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el Articulo 17 de la Ley Especial Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes establece: que el funcionario público que lesione a un ciudadano que se encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral, con la intención de intimidar, castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con la pena de 15 a 25 años de prisión.

El neofascismo bolivariano ha institucionalizado la muerte como política de Estado con la complicidad nauseabunda del fiscal fraudulento impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, así como también del defensor del pueblo, y la nomenclatura facho-bolivariana. Farsantes asesinos.

Una masacre con impronta facho-bolivariana

El asesinato de Oscar Pérez y sus 6 compañeros (masacre del Junquito) se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales institucionalizado por el régimen criminal y represivo del iletrado de Miraflores y su pestilente bota militar. Evidentemente la maquinaria represiva-delictiva del régimen abortó toda vía que condujera a una solución pacífica del conflicto y propició el desenlace violento ya que el objetivo era asesinar a Pérez y a su grupo y con ello establecer una acción punitiva ejemplarizante. La dictadura venezolana apeló una vez más al terrorismo de Estado a fin de aplastar toda manifestación de disidencia violentando los más elementales derechos humanos, como el derecho a la vida. Ello explica el uso desproporcionado de la fuerza (más de 500 efectivos militares y policiales, el empleo de un vehículo de trasporte blindado (BTR-80), y lanzacohetes antitanque portátil – (RPG-7), a pesar de la voluntad de Pérez y sus compañeros de entregarse a las autoridades. A Oscar Pérez y sus compañeros les fue aplicada, como en muchos otros casos (recordar las OLP) la pena de muerte, violentándose el articulo 43 de nuestra Carta Magna que reza “El derecho a la vida es inviolable, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. El silencio cómplice y nauseabundo del usurpador fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruíz los hace cómplices de estos abominable asesinatos. Vale acotar que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado del facho-chavismo-bolivariano. La organización pro-derechos humanos PROVEA ha denunciado 505 ejecuciones a manos de funcionarios policiales y militares solamente en el periodo 2015-2017.

Definitivamente, estamos ante la presencia de una Estado forajido que ha impuesto un terrorismo de Estado apoyado en el control militar de la sociedad y que ha hecho suya la tesis del nazista Carl Schmitt del "Amigo-Enemigo". Tesis que ha sido plasmada en la “Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana”, la cual concibe el ejercicio del poder basado principalmente en la noción de una guerra interna que conlleva a la eliminación física de un enemigo interno y el rechazo tanto al sistema democrático como a la cultura de los derechos humanos. Doctrina que cambió radicalmente la concepción estratégica de la Fuerza Armada Nacional, que pasó de ser una institución para la defensa de nuestras fronteras a una instancia encargada de la seguridad interna, volcando todo su poderío militar en contra de su propio pueblo. Otro rasgo siniestro de la barbarie facho-bolivariana y su Doctrina de Seguridad Nacional ha sido las desapariciones forzadas como expresión de un amplio catálogo de prácticas violatorias de los derechos humanos. Más de 10 ciudadanos han sido víctimas de desapariciones forzadas incluyendo el luchador social Alcedo Mora (02/15). Todo ello con la complicidad repugnante del defensor del pueblo, fiscales del ministerio público, jueces, y de la misma nomenclatura facho-bolivariana en el poder. No olvidemos que prácticas como el asesinato, la tortura y las desapariciones forzosas son claros símbolos de un Estado fascista.

La reciente masacre del Junquito (7 asesinados, 1/2018), al igual que la de Barrio Kennedy (3 asesinados, 11/2005), Tumeremo (28 asesinados, 03/2016), Paragua (6 asesinados, 10/2006), Cariaco (9 asesinados, 11/2016) y la de Barlovento (12 asesinados, 11/2016), no pueden considerarse como hechos aislados. Son el producto de la institucionalización de la violencia y de la cultura de la muerte elementos fundamentales consagrados en la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana (exterminio del enemigo interno). Evidentemente, el carnicero Maduro y su pranato militar utilizaron la concepción de Schmittiana, asentada en la relación amigo/enemigo, para asesinar a Oscar Pérez y a sus acompañantes. Mientras la propaganda Goebbeliana del régimen “clama de una victoria por la paz” por el abatimiento de “7 peligrosos terroristas”, a los venezolanos nos consta que los “peligrosos terroristas” no eran terroristas y que fueron en realidad ajusticiados a sangre fría.

Las declaraciones falaces del chafarote Reverol eludiendo su responsabilidad en el ajusticiamiento extrajudicial cometidos por sus efectivos en el Junquito lo hace cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos humanos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica la cual se reconoce públicamente y se premia (“Quiero reconocer a la PNB, GNB, al DGCIM, Sebin y a Reverol por el trabajo en equipo que acabó con este grupo que amenazó al país con acciones terroristas” Maduro dixit)

Aunque el fachochavismo asumió el poder proclamando la restauración del Estado de Derecho -violentado por los gobiernos previos-, lejos de erradicar esas aborrecibles prácticas del pasado (tortura, masacres y desapariciones) las ha profundizado e institucionalizado. Maduro y sus milicos han demostrado una vez más su militancia en el autoritarismo, el terrorismo y la muerte.

Finalmente, causa dolor e indignación el silencio que han guardado aquellos “camaradas” que históricamente lucharon en contra de las masacres (Retén de Catia, del Amparo, de Yumare, Cantaura y otras) y que hoy enmudecen frente a la carnicería humana del Junquito. ¿Pueden hablar de una moral revolucionaria quienes son cómplices de la represión, de la tortura, y de la muerte?

Una estrategia fallida y suicida

Los resultados de las pasadas elecciones municipales no deben de sorprender a nadie. La decisión equivocada y costosa de importantes sectores de la Mesa de la Unidad, aunado al ventajismo, la coacción y el control social (carnet de la patria) le permitieron al fachochavismo hacerse de la mayoría de las alcaldías sin mayores dificultades. Sin combatir, se le entregó al régimen el Poder Municipal en la casi totalidad del país. Y lo más triste es que se habría podido evitar, simplemente ejerciendo el voto con perspectiva de futuro y con una base de coherencia democrática. Se desperdició una nueva oportunidad de confrontar al régimen en el terreno electoral y demostrar que son una minoría. Con la abstención se desaprovechó la coyuntura de lograr nuevos espacios de luchas a fin de acentuar la agonía de este proyecto de dominación, reaccionario, antipopular y dictatorial.

La decisión de la mayoría de los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad de no participar en las elecciones Municipales sin un mensaje claro constituyó una inexplicable incoherencia política por parte de una coalición que ha cosechado sus mayores logros precisamente en la arena electoral. Inexplicablemente, han adoptado una política suicida de renunciar a la ruta electoral lo cual ha alimentado más el desánimo y la frustración de los venezolanos.

Pareciera que la dirección de la MUD olvidó que el voto es un instrumento de lucha popular, un recurso para desobedecer y contradecir al proyecto hegemónico en especial en tiempos de dictadura. Constituye la única arma movilizadora frente a un narcoestado inmoral, aún a sabiendas del carácter delincuencial de los miembros del CNE. Paradójicamente una dirigencia opositora promotora permanente del voto, ahora cuestiona la vía electoral sin ofrecer vías alternas específicas para desplazar del poder a Maduro y sus milicos. Hacen causa común con el sector más atrasado y fantasioso de la oposición, practicante de discursos hipócritas, excluyentes y descalificadores. Son los mismos que invocan golpes de Estado, e invasiones extrajeras, que acusan de “colaboracionistas y traidores” a quienes no coindicen con sus dislates políticos. Señalar que con la participación en las municipales se estaba legitimando a la dictadura y a la Asamblea Nacional Constituyente, refleja la más absoluta ceguera política que raya en la necedad. 

Es una gran verdad que el fachochavismo ha pervertido el sufragio. Un sector importante de la población, en especial los más desposeídos, votan bajo condiciones de absoluto control social ejercido a través del Carnet de la Patria, del voto asistido, o manoseando su miseria con una caja del CLAP. El chantaje y la coacción hoy privan más que la intención real del voto. Sin embargo, los comicios siguen siendo un escenario ideal para gestar grandes movilizaciones y capitalizar el desencanto y frustración existente en las filas del oficialismo. La aplastante victoria electoral del régimen tramposo y ventajista del ungido Maduro no refleja el sentir de la mayoría de los venezolanos, ni significa que el fachochavismo se consolidó como la nueva mayoría electoral. Reflejan la incapacidad de una dirección opositora sumida en su propio laberinto. Una oposición que renuncia a su mejor arma “el voto popular” jamás podrá ser alternativa frente a la dictadura Madurista.

Pero la incoherencia de la MUD es mayor cuando por un lado decide abstenerse en bloque frente a las municipales, pero al mismo tiempo plantea organizar primarias para escoger a un candidato presidencial con miras a participar en las elecciones presidenciales del 2018. Esta ambigüedad recurrente entre dos líneas de acción contrapuestas es en gran medida la causante de los fracasos de la dirigencia de la disidencia política en el país.   

La lucha electoral en tiempos de dictadura adquiere ribetes diferentes. Es preferible participar y que sea el régimen el que se encargue de atropellar, de desconocer los resultados, en vez de dejarle los espacios institucionales sin lucha alguna. Vivimos tiempos de dictadura donde el voto es la única y mejor arma ciudadana. Apartarnos de la vía electoral es una estupidez política cercana a la incapacidad mental.

Para el socialfascismo bolivariano el escenario presidencial del próximo año está servido: 18 Gobernaciones, 300 Alcaldías, una ANC desenfrenada al servicio del proyecto, y una oposición dividida y proponente de una abstención electoral suicida. Una ruta inadecuada que si nos empecinamos en seguir eternizaremos al socialfascismo bolivariano en el poder.

El control ciudadano como política de dominación

Es evidente que nuestro país sufre una profunda crisis económica-política y social después de 18 años de “desgobierno” del pranato milico-bolivariano. Proyecto que surgió en torno a la figura de un mesías-autoritario -el tte coronel- y que luego se transformó en un movimiento populista-militarista de impronta fascista, fundamentado en distorsiones y falacias históricas, así como en una ilusoria luz libertaria. Con ello nacía el socialfascismo del siglo XXI.

Asombra ver que aún existan venezolanos que defiendan con pasión este proyecto fracasado. Obviamente, no me refiero aquellos que desde posiciones de poder disfrutan las mieles del narcogobierno, de la corrupción impune, y del tráfico de influencias; tampoco a los boliburgueses que se han convertido en grandes potentados, ni a los milicos que han acumulado fortunas al amparo del Estado. Me refiero a los sectores empobrecidos manipulados y enajenados que con su apoyo se hacen cómplices de esa camarilla antinacional que saquea el erario público, viola los derechos humanos, criminaliza y judicializa las luchas populares y entrega nuestras riquezas al capital transnacional.

Es evidente que desde su llegada al poder (1998) y posterior asalto del Estado (1999), el discurso fachobolivariano se ha orientado a la subordinación del individuo a la figura del tte coronel, como caudillo omnipotente del socialfascismo del siglo XXI. Proceso de subordinación en la cual ha jugado un papel determinante la manipulación deliberada e inteligente de las masas, en especial de los sectores más desposeídos económicamente por su orfandad educativa y cultural. Manejo emocional que ha buscado eliminar el libre pensar del ciudadano común, amoldando y condicionando sus mentes a los intereses del proyecto hegemónico dominante. 

El socialfascismo del siglo XXI ha logrado exitosamente erradicar la conciencia crítica en muchos venezolanos, e imponer falsedades históricas a fin de lograr la adhesión de individuos a su ideario político. Destaca el papel de los medios de comunicación al servicio del proyecto quienes i) repiten sistemáticamente las mentiras oficiales (“Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad” Joseph Goebbels), ii) atribuyen a la disidencia política los errores y desaciertos de la administración (“la escasez es producto de la guerra económica del imperio”), y iii) se hacen coparticipe de una visión maniquea de los venezolanos (“patriotas y antipatriotas”). Buscan desarrollar la pasividad política, la tolerancia y luego la admiración por una forma de gobierno ejercida por un mesías providencial con poderes absolutos e ilimitados. Manipulación emocional que ha inducido a los sectores populares a actuar en contra de sus propios intereses de clase, dando muestras de abnegación, y sacrificio ilimitado (“con hambre y desempleo con Chávez yo me resteo”). Se han convertido en verdaderos esclavos modernos víctimas de un contagio emocional inducido desde el poder, divorciados de cualquier pensamiento racional.

Pero además de la manipulación emocional, el régimen ha utilizado la violencia milico-policial (agresiones, detenciones arbitrarias, práctica sistemática de la tortura) y la genuflexión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo como herramientas para imponer la subordinación del ciudadano. La camarilla cívico-militar ha hecho uso de las leyes de la República como instrumentos de subyugación y control de las personas. Los esbirros del régimen recurren al establecimiento de redes de delatores (Sistema Popular de Protección para la Paz, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, 2014) como mecanismo para fortalecer el control social. Estas redes de delatores bolivarianos organizadas bajo el tutelaje de los consejos comunales, base de misiones socialistas, medios comunitarios alternativos, y los CLAP, entre otros. realizan labores de espionaje contra cualquier manifestación de disidencia a la policía oficial.

Adicionalmente el régimen fachobolivariano utiliza el estado de inseguridad alimentaria (escasez-hambre) como instrumento efectivo de control social a través de los Consejos Comunales y los CLAP. El hambre es, claro está, un hecho biológico, pero también un fenómeno social y político que el régimen ha venido utilizando como instrumento de sometimiento y sumisión de la sociedad. Históricamente el hambre ha llevado a los pueblos a niveles impensables de entrega y rendición en otras latitudes. Hoy vemos con indignación como un régimen inescrupuloso utiliza en forma siniestra la escasez de alimentos y el hambre para neutralizar y someter a los sectores populares. Estos maleantes ideológicos han politizado hasta el estómago vacío del venezolano al imponer una nueva identificación (Carnet de la Patria) para tener derecho a la alimentación.

Ante la falta de apoyo popular, la dictadura fachobolivariana profundiza el control social de los venezolanos a fin de mantenerse en el poder.