Autoritarismo, terror de Estado, represión y muerte

A partir del golpe de Estado del 28/7/2024, en Venezuela se instauró una política represiva de Estado orientada a desconocer los resultados electorales y aplastar toda manifestación en defensa de la voluntad y la soberanía popular. El régimen recurrió a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra cientos de ciudadanos, en su mayoría activistas políticos, dirigentes sociales, sindicales y periodistas, además del asesinato de indefensos manifestantes. 

Esta violación sistemática de los derechos humanos se perpetró mediante el uso de las fuerzas policiales y militares del Estado, así como a través de grupos armados irregulares al servicio del régimen (colectivos). De esta manera, la represión adquirió un carácter cada vez más institucionalizado, consolidándose como un mecanismo para aniquilar los movimientos políticos y sociales que exigían el respeto a los resultados del 28 de julio.

Este preocupante panorama sobre los derechos humanos en Venezuela quedó reflejado en el informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) de las Naciones Unidas, correspondiente a 2025. El documento advierte sobre severos retrocesos en diversas libertades fundamentales, al tiempo que persiste una impunidad casi absoluta frente a las graves violaciones denunciadas tanto por organismos nacionales como internacionales.

Tras las fraudulentas elecciones del 28/7/2024, el informe documenta una escalada represiva dirigida contra quienes exigieron respeto a la voluntad popular. Manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con violencia desproporcionada, por las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares. Paralelamente, se desató una ola de detenciones arbitrarias y masivas que se extendió por todo el país. Los secuestrados han sido sometidas a procesos irregulares y acusadas bajo cargos genéricos y estigmatizantes, como “terrorismo”, “incitación al odio” o “resistencia a la autoridad”, etiquetas que buscan criminalizar la protesta ciudadana y legitimar la persecución política. Estas prácticas, señala el informe, consolidan un patrón de represión sistemática que tiene como finalidad silenciar el disenso y sembrar el miedo en la sociedad venezolana.

El informe también documenta múltiples casos de tortura, aislamiento prolongado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto físicos como psicológicos. A ello se suman la negación sistemática de atención médica adecuada, el hacinamiento extremo en los centros de reclusión y la carencia de servicios básicos como agua potable, alimentación suficiente y condiciones mínimas de salubridad. Estas prácticas no solo violan de manera flagrante los derechos fundamentales, sino que constituyen una política de castigo destinada a quebrar la resistencia de los detenidos y generar un efecto disuasorio en la población.

Asimismo, el informe denuncia una campaña sostenida de hostigamiento e intimidación contra organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. ONG como PROVEA y Foro Penal, entre otras, han sido objeto de amenazas, allanamientos, restricciones administrativas y persecución judicial, lo que busca neutralizar su labor de documentación y acompañamiento a las víctimas. Esta estrategia represiva, advierte el documento, pretende reducir al mínimo los espacios de denuncia y vigilancia ciudadana, consolidando un clima de miedo y silencio forzado en el país.

Cabe destacar que el régimen chaveco-madurista, al mejor estilo del nazismo alemán y de las dictaduras del Cono Sur en el siglo XX, ha institucionalizado el peligroso concepto jurídico del Sippenhaft o Sippenhaftung. Este principio, aplicado en la Alemania nazi, establecía que la responsabilidad penal de un acusado de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares directos, quienes eran considerados igualmente culpables, arrestados y, en algunos casos, incluso condenados a muerte por los supuestos delitos cometidos por su pariente. Los “humanistas bolivarianos del siglo XXI” han rescatado la siniestra tesis defendida por Heinrich Himmler acerca de la “corrupción de la sangre”, según la cual no bastaba con castigar al individuo considerado culpable, sino que era necesario también perseguir, neutralizar o exterminar a sus familiares. De esta forma, Maduro y sus milicos buscan sembrar el terror colectivo, utilizando los lazos de consanguinidad como herramientas de represión política, con el claro propósito de disuadir cualquier forma de disidencia o resistencia social.

Lo que ocurre hoy en Venezuela no son excesos aislados, ni simples extralimitaciones de funcionarios, ni errores coyunturales. Se trata de un patrón de represión cuidadosamente diseñado desde Miraflores con el propósito de perpetuarse en el poder a costa de las libertades ciudadanas. La criminalización de la disidencia, la institucionalización del terror, la violencia letal y la impunidad sistemática no son anomalías: constituyen, en sí mismas, manifestaciones del terrorismo de Estado que se impulsa desde Miraflores.

El gran desafío que enfrenta hoy la sociedad venezolana -y con ella la comunidad internacional- no se limita a condenar las violaciones de derechos humanos, sino a impedir que tales aberraciones se naturalicen bajo el peso del silencio, la indiferencia o la complicidad de muchos. La impunidad prolongada no solo normaliza la barbarie, sino que erosiona los cimientos de la convivencia democrática y abre la puerta a nuevas formas de dominación autoritaria.

Lo que está en juego en Venezuela trasciende las fronteras nacionales: no se trata únicamente del destino de una democracia agonizante, sino de la defensa misma de la dignidad humana frente a un autoritarismo chaveco-madurista que ha hecho del terror de Estado un instrumento cotidiano de gobierno.

Carta New York Times

State Terrorism and Human Rights Violations Under Maduro's Regime

Venezuela is enduring a severe humanitarian and human rights crisis, not caused by war or natural disaster, but by deliberate state terrorism imposed by the authoritarian Maduro regime. Following the 7/28/2024 fraudulent elections, the regime intensified its repression, targeting opposition figures, civil society leaders, students, workers, and journalists. Thousands of Venezuelans have been arbitrarily detained, many without charges, under vague accusations such as “terrorism” or “conspiracy.” UN investigations (Independent International Fact-Finding Mission) and human rights organizations report widespread use of torture, enforced disappearances, extrajudicial executions, and other inhumane treatment to suppress dissent and instill fear.

The crisis extends beyond political persecution. Venezuela’s healthcare system has collapsed, hospitals lack basic supplies, and preventable diseases claim lives. Public services like water and electricity are unreliable, while food insecurity and educational decline are rampant. Independent media and NGOs are under attack, with censorship and restrictive laws silencing dissent. Indigenous communities face displacement and exploitation linked to illegal mining and state neglect.

Despite the growing suffering and the forced exodus of over 7 million Venezuelans, the international response has been nothing short of disgraceful. Silence or distortion of Venezuela’s reality, as seen in Julie Turkewitz’s recent article, is not neutrality -it’s complicity. Venezuelans don’t need sympathy. We demand truth, accountability, and active solidarity.

El falaz discurso obrerista de Maduro

Durante más de veintiséis años, el proyecto bolivariano se ha presentado ante la opinión pública como una causa en defensa de la clase obrera, una narrativa cuidadosamente construida para legitimar su permanencia en el poder mediante la apropiación simbólica de las luchas históricas del proletariado. Amparado en ese discurso, el gobierno ha intentado mostrarse como garante de los derechos laborales y promotor de la justicia social. Pero la realidad ha sido muy distinta: lo que se ha consolidado es un modelo de dominación que mezcla una retórica socialista vacía con una explotación capitalista brutal, todo ello sostenido por prácticas autoritarias de claro tinte fascista. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela la clase obrera había sido tan golpeada con tanta dureza y crueldad como bajo este régimen autoritario. 

Lo que ha emergido de este proyecto de dominación bolivariano ha sido un esquema profundamente perverso: un capitalismo de Estado salvaje que ha desmantelado derechos laborales, militarizado las empresas, precarizado el trabajo bajo un régimen de terror que aplasta brutalmente cualquier forma de lucha social. El trabajador, exaltado en la retórica oficial como el “sujeto histórico de la revolución”, ha sido en la práctica reducido a una figura subordinada, sometida a una expoliación inhumana y controlada por una maquinaria autoritaria que no tolera voces críticas ni sindicatos autónomos.

Esta estrategia se consolidó mediante la intervención directa del Estado en la vida sindical: cooptando sindicatos, persiguiendo a dirigentes independientes y promoviendo la creación de estructuras paralelas (federaciones y sindicatos) diseñadas para neutralizar cualquier forma de representación sindical autónoma. Un ejemplo emblemático de esta maniobra fue la creación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que, lejos de defender salarios dignos, mejoras reivindicativas, garantizar la seguridad social o impulsar la democratización sindical, funciona como un aparato de propaganda y control que oprime al trabajador y lo reduce a la condición de rehén, bajo un Estado que actúa simultáneamente como patrón, policía y censor.

La llamada “revolución bolivariana”, entre otras cosas, pulverizó los salarios, flexibilizó y militarizó las relaciones de trabajo creando un mercado laboral desprotegido, donde el obrero es tratado como un desecho reemplazable. El salario dejó de ser la justa retribución al esfuerzo para convertirse en una limosna, en un símbolo del desprecio del régimen hacia los trabajadores. Una muestra clara de esta realidad es que el salario mínimo ni siquiera equivale a un dólar mensual, según la tasa oficial del BCV. Una cifra vergonzosa que condena a millones de venezolanos a la miseria y deja al descubierto la gran farsa de esta llamada revolución. 

Lo que se ha impuesto en Venezuela no es socialismo alguno, es un autoritarismo corporativo brutal: un sistema donde el Estado absorbe toda representación laboral, destruye la autonomía sindical sometiendo a los trabajadores a un control social total. Aunque se reviste de retórica revolucionaria, este modelo tiene claros paralelismos con regímenes del siglo XX como el fascismo italiano o el nazismo alemán, donde los sindicatos independientes fueron suprimidos y reemplazados por organizaciones subordinadas al poder político. En todos, la fórmula ha sido la misma: Estado autoritario + capitalismo explotador + sindicatos domesticados. El chaveco-madurismo proclama revolución mientras siembra miseria y esclaviza al obrero. 

Nunca antes el trabajador venezolano había sido tan reprimido y explotado como bajo el régimen del autoproclamado “presidente obrero”. Maduro y su grupete han empujado al trabajador venezolano al abismo del hambre, la miseria y lo mantienen sometido al peso asfixiante de un Estado que actúa con mano de hierro como patrón explotador, carcelero represivo y verdugo implacable.

Detrás del falso discurso obrerista del régimen, lo único que queda es el grito ahogado de una clase trabajadora traicionada, sometida y reprimida por la misma maquinaria autoritaria que prometió liberarla.

Sin respeto a la voluntad popular, la soberanía y la autodeterminación son una farsa.

Frente a la opereta militar caribeña de la dupla Trump-Rubio, envío de buques de guerra y tropas en el sur del Caribe, el régimen ha respondido con altisonantes y engañosos discursos antiimperialistas y comparaciones con resistencias épicas como la de Vietnam. A esto se han sumado movilizaciones militares, jornadas masivas de alistamiento y llamados a la defensa de la soberanía nacional bajo la bandera de la autodeterminación de los pueblos. 

A pesar de que el despliegue militar imperial en el sur del Caribe no reúne las características típicas de una fuerza de tarea orientada a una invasión (ni por el tipo de buques movilizados ni por el número de efectivos involucrados), su presencia ha sido hábilmente utilizada por el régimen como una amenaza inminente a la soberanía. Esta narrativa le ha servido de pretexto para profundizar la militarización del país, implementar nuevas medidas represivas y reforzar su ya desgastado discurso victimista. Además, el régimen ha intentado, con escaso éxito, despertar un sentimiento de unidad nacional frente a la supuesta agresión del “imperio”, la violación de nuestra soberanía y la amenaza al derecho a la autodeterminación.

Más allá de la posverdad bolivariana, conviene subrayar que la autodeterminación, la soberanía territorial y el respeto a la voluntad popular forman un todo indivisible, un entramado conceptual imposible de fragmentar sin traicionar su esencia. El principio de autodeterminación, concebido originalmente en el siglo XVIII como un ideal ilustrado de soberanía popular, fue redefinido en el siglo XX desde una perspectiva geopolítica y, con el tiempo, se institucionalizó como norma jurídica internacional, especialmente en el contexto del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas. Lamentablemente, la autodeterminación en muchos casos se ha descontextualizado, dejando de ser derecho legítimo de los pueblos para convertirse en una coartada política para perpetuar proyectos autocráticos que, lejos de liberar a las naciones, han terminado por someterlas a nuevas y más pesadas cadenas de opresión. 

Urge rechazar toda forma de injerencia extranjera, pero también desenmascarar el discurso patriotero y ladino de un régimen que el 28 de julio pisoteó abiertamente la voluntad popular. La soberanía territorial y la autodeterminación solo tienen sentido si se sostienen en el respeto a la soberanía popular. Negar esa voluntad no solo deslegitima el poder que se ejerce, sino que vacía de contenido los valores que históricamente han inspirado las luchas por la soberanía territorial y la autodeterminación de los pueblos.

El régimen utiliza cínicamente los principios de soberanía y autodeterminación para blindar la continuidad de su farsa autoritaria. Apelar a estos conceptos mientras se pisotea la voluntad popular no es más que una coartada burda para legitimar un poder usurpado, sostenido en la represión, el fraude y la negación de los derechos fundamentales. No hay soberanía posible allí donde el pueblo ha sido silenciado.

La verdadera independencia y soberanía territorial no llegará a bordo de las cañoneras del Tío Sam, como fantasean algunos con nostalgia colonial, ni brotará de los delirios mesiánicos que se venden como salvación. Solo será posible cuando el pueblo venezolano ejerza con firmeza su derecho irrenunciable a elegir, gobernarse y liberarse del tutelaje, tanto externo como interno, que hoy pretende secuestrar nuestro destino.

Sin respeto a la voluntad popular, no hay soberanía ni autodeterminación posibles: solo tiranía disfrazada de república, poder usurpado con lenguaje patriotero y simulacro institucional al servicio del proyecto autoritario.

Nota Final: Mientras la dupla Trump-Rubio continúa con su comedia grotesca en el Caribe, Maduro persiste en su farsa patriotera, María Corina felicita efusivamente a Mr. Trump, y afirma con fervor mesiánico la inminente caída de Maduro. En este interminable sainete falaz, los venezolanos seguimos atrapados en un laberinto sin salida, sin brújula y sin horizonte alguno que nos permita superar la crisis.

Maniqueísmo mesiánico: crónica de una derrota anunciada

La figura de María Corina Machado, que en su momento encarnó la esperanza de la oposición venezolana, hoy se presenta disminuida por su radicalismo estéril, confrontaciones improductivas y una obstinada visión mesiánica alejada de la realidad nacional. Su hiperliderazgo excluyente, sumado a una sumisión absoluta a la política dictada desde la Casa Blanca, la ha conducido a graves errores estratégicos y a un rumbo político sin dirección.

La ausencia de un plan de contingencia el 28/7 ante el desconocimiento de los resultados electorales, su renuncia a la ruta electoral, sus exhortaciones delirantes a un quiebre del estamento militar, así como su respaldo a una imaginaria intervención militar extranjera, figuran entre los tantos errores políticos de MC. A ello se suma el anuncio público -errático, imprudente y contraproducente- de transformar su plataforma electoral, los comanditos, en una estructura de carácter subversivo. Decisiones de esa envergadura no se proclaman: se ejecutan con absoluta reserva. Como decía el fallecido Luis Miquelena: ¿Con qué se come eso?

MC no solo ha interpretado erróneamente la coyuntura política, sino que su visión anclada en la posverdad la está llevando a dilapidar su capital político, arrastrando a la oposición hacia un callejón sin salida. Hoy es una figura testimonial, cada vez más desconectada de la realidad y con signos evidentes de desgaste. La participación victoriosa opositora en 50 de las 335 alcaldías en las elecciones del 28/7, pese a la campaña abstencionista y descalificadora de MC y al ventajismo oficialista, evidencia el surgimiento de liderazgos que se apartan del simplismo y de la antipolítica que ella ha promovido. Este giro en el mapa político también ha tenido repercusiones entre los principales actores opositores, como lo demuestra el documento publicado por la Plataforma Unitaria, en el cual finalmente se desmarca de su política subversiva y suicida.

El país está exhausto de mentiras, análisis simplistas y quimeras. Ya no se deja seducir por discursos altisonantes ni por la política del espectáculo, que solo llevan a la parálisis y al fracaso. Venezuela exige resultados y liderazgos capaces de construir, no solo de resistir. La gente está hastiada de aventuras condenadas al desastre y demanda menos dogmas y fanatismos, y más política real; busca referentes que escapen del maniqueísmo de “buenos” y “malos”, de esperanzas ficticias y de escenarios donde verdad y mentira se confunden.

El discurso repetitivo y fantasioso de MC ya no cala en quienes padecen hambre, inseguridad, exclusión social, hiperinflación, represión y control social, ni en aquellos que han sido engañados una y otra vez. Su liderazgo se reduce a la fe ciega de un sector fanatizado de la oposición y a un enjambre de propagandistas que, desde la comodidad del exterior, lucran con la desesperanza ajena. A través de monetizados canales de YouTube, venden humo, fabrican relatos y sostienen, sin escrúpulo alguno, una épica que se derrumba ante la realidad. Mientras tanto, el chaveco-madurismo no solo consolida su dominio territorial -como se evidenció el 25/5 y el 27/7-, sino que ha arrebatado a la oposición toda iniciativa política, incluso en medio de sus propias fisuras internas, cada vez más irreconciliables.

La oposición debe romper con la estrategia del “todo o nada” y el abstencionismo perpetuo impuesto por MC. No se trata de legitimar al régimen, sino de disputarle, palmo a palmo, el terreno político, simbólico y social allí donde aún sea posible. La reconstrucción democrática exige recomponer la disidencia, abandonar el proyecto mesiánico y personalista de MC y construir un verdadero proyecto de nación: amplio, inclusivo, democrático y con una estrategia propia, independiente de la agenda de la Casa Blanca.

No permitamos que la apatía y la frustración nos paralicen, que la abstención se vuelva norma y que el autoritarismo bolivariano siga robándonos el presente y condenando nuestro futuro. Cada elección, cada sindicato, cada gremio, cada espacio de debate es una trinchera que debemos defender. Es hora de organizarnos, movilizarnos y recuperar uno a uno los espacios arrebatados. La Venezuela democrática no se rinde ni se resigna: se levanta, resiste y lucha hasta vencer.

El costoso error estratégico de no votar

El abandono de la ruta electoral, promovido por sectores opositores liderados por María Corina Machado, constituye un craso error estratégico. Presentado como un acto de resistencia o de pureza moral, termina siendo, en la práctica, un arma funcional al servicio del régimen chavista-madurista en sus pretensiones hegemónicas. Aprovechándose del desencanto y la desesperanza, alimentados por la rabia contenida tras el fraude del 28 de julio y la represión sostenida, estos sectores insisten en llamar a la abstención de cara al evento comicial del próximo 27/7. Repiten, una vez más, su vieja letanía disfrazada de lucidez crítica: “¿Para qué votar, si las elecciones están manipuladas, los árbitros no son imparciales y la participación está plagada de obstáculos?”

Pero esas preguntas, aunque cargadas de verdades, esconden una gran mentira: que la vía electoral está agotada. Que ya no tiene sentido participar ni disputar espacios de representación popular. En contextos autoritarios, cada elección, por imperfecta y controlada que sea, sigue siendo una oportunidad para organizarse, movilizarse y demostrar fuerza. El voto, aún rodeado de trampas, sigue siendo una herramienta de lucha, representa la grieta por donde se cuela la esperanza, la articulación de mayorías y la ruptura simbólica del miedo.

Votar en dictadura no es un acto de ingenuidad: es un acto de resistencia. Cada ciudadano que acude a las urnas le arrebata al régimen parte de su narrativa de invulnerabilidad. Por el contrario, cuando la oposición se abstiene y deja las urnas vacías, el autoritarismo se fortalece ante la ausencia de adversario visible. No se trata de depositar confianza en un CNE desprestigiado y mentiroso, sino de utilizar las escasas rendijas institucionales disponibles para confrontar, desafiar y debilitar al siniestro proyecto bolivariano. Además, nuestra propia historia electoral demuestra que el chaveco-madurismo se debilita cuando enfrenta una participación masiva, organizada y decidida. El ejemplo más contundente fue el pasado 28 de julio, cuando el voto popular logró desbordar las maniobras del régimen y evidenciar su vulnerabilidad y su condición real de minoría.

El cacareado y desgastado argumento de que “votar en dictadura equivale a convalidar el sistema o legitimar el fraude del 28 de julio” es profundamente falaz. No resiste el menor análisis estratégico ni histórico. En realidad, funciona como una coartada para encubrir la ausencia de una estrategia coherente y viable capaz de enfrentar y derrotar al proyecto hegemónico bolivariano. Esa narrativa abstencionista no nace de una lucidez política, sino del extravío de una dirigencia sin rumbo, que ha terminado haciendo suya las famosas frases coloquiales de Eudomar Santos “Como vaya viniendo, vamos viendo”.

Esa falta de rumbo estratégico no solo se ha evidenciado en el discurso, sino también en la inacción ante coyunturas decisivas. Basta recordar cómo la dirigencia opositora fue incapaz de capitalizar el descontento popular tras el fraude del 28 de julio. Prueba de ello fue su silencio, o abierta confusión, frente a las manifestaciones populares espontáneas del 29 y 30 de julio, cuando la indignación ciudadana se expresó con contundencia a nivel nacional: derribo de estatuas del teniente coronel, asedio a centros de desinformación disfrazadas de radios “comunitarias”, y rechazo contra los jefes de calle y miembros de los Consejos Comunales identificados como delatores de oficio. En lugar de leer ese estallido de rebeldía social como una oportunidad para forzar al régimen a reconocer su derrota electoral, la dirigencia cayó en un laberinto de incongruencias del que aún no ha salido: desde ordenar el retorno de los manifestantes a sus casas, hasta reducir la indignación colectiva a plegarias familiares elevadas en la intimidad del hogar.

La dirigencia no estuvo, ni ha estado a la altura del momento. Se quedó sin estrategia, refugiándose en el recordatorio de fechas simbólicas y la proposición de soluciones fantasiosas: desde golpes de Estado imaginarios hasta intervenciones militares inviables, pasando por la solicitud de mayores sanciones económicas. Esa mezcla de ficción, propaganda y evasión, lejos de debilitar a Maduro y su entorno, ha contribuido a profundizar el clima de apatía, escepticismo y resignación, así como a un exilio forzado de millones de venezolanos. 

Pocas dictaduras han caído por la simple abstención de sus opositores. Por el contrario, las transiciones suelen comenzar cuando las fuerzas democráticas logran combinar presión interna con participación masiva, forzando al régimen a ceder terreno. Experiencias como las de Nicaragua, Polonia, Chile y Sudáfrica han demostrado que la participación electoral, incluso en contextos manipulados, fue clave para deslegitimar el autoritarismo y abrir paso a su desmantelamiento. ¿Qué habría ocurrido si la oposición venezolana hubiese llamado a la abstención el 28 de julio de 2024? Simplemente nada. Absolutamente nada, por masiva que hubiese sido. Maduro habría resultado vencedor, fortalecido por una victoria electoral sin adversarios visibles y sin cuestionamientos efectivos sobre su ilegitimidad de origen. Venezuela no es la excepción: el camino hacia un cambio real exige usar todos los recursos disponibles, incluido el voto. Caer en el espejismo de que la abstención, por sí sola, erosiona al poder, no solo es un error estratégico: es una concesión peligrosa.

Los regímenes autoritarios no caen por actos mágicos, llamados mesiánicos ni milagros divinos, sino por la acumulación gradual de fuerzas, resistencia organizada y lucha sostenida. El retorno a la democracia no se improvisa: se construye con unidad, amplitud ideológica y una estrategia viable.

Votar no lo resuelve todo, pero abstenerse lo empeora todo. Este 27 de julio, salgamos todos a votar. No permitamos que el autoritarismo se siga avanzando. El silencio en las urnas se traduce en continuidad y mayor control social.

Entre la abstención suicida y el caudillismo inútil: oposición sin estrategia

Los sectores abstencionistas, liderados por María Corina Machado, promovieron la abstención en las elecciones del pasado 25 de mayo y repiten la misma estrategia para el proceso previsto el próximo 27 de julio, cuando se elegirán alcaldes. Según su narrativa, votar equivaldría a olvidar el megafraude del 28 de julio y legitimar a la dictadura. Sin embargo, la realidad desmiente esa lógica: la abstención, lejos de deslegitimar o debilitar al chavismo-madurismo, ha permitido al régimen consolidar su dominio territorial, profundizar su aparato de dominación social y reforzar su narrativa de invulnerabilidad política. La realidad no puede ser mas desgarradora: el oficialismo controla 23 gobernaciones, la mayoría de los Consejos Legislativos y la Asamblea Nacional, y probablemente se alzará con la mayoría de las alcaldías el próximo 27 de julio. La abstención no ha sido en el pasado, ni lo es en el presente una herramienta de lucha, sino un facilitador del proyecto hegemónico en sus pretensiones continuistas. 

En los regímenes autoritarios, toda rendija, por pequeña que sea, representa una oportunidad para construir fuerza política y desafiar al poder. La historia esta preñada de ejemplos. Participar no es un acto de ingenuidad ni una forma de legitimar al autoritarismo; es una estrategia de confrontación inteligente: conquistar espacios, denunciar los abusos desde dentro, movilizar a la ciudadanía y mantener viva la esperanza del cambio. Renunciar a la lucha electoral “hasta nuevo aviso” es un salto al vacío. La política no se gana solo con épica, superioridad moral o denuncias altisonantes, sino con presencia real, narrativa eficaz y acción constante.

El argumento ético de MCM y los abstencionistas -“no avalar lo ilegítimo”- puede sonar atractivo en lo abstracto. Pero en la política real, las estrategias desconectadas de la realidad concreta suelen volverse inútiles, ineficaces y contraproducentes Un régimen autoritario como el venezolano no necesita legitimidad moral; le basta el apoyo de la bota militar, el control institucional y del aparato represivo, así como el manejo de los recursos públicos.

Hoy, muchos entregan ciegamente su voluntad política a un nuevo mesías. Repiten una y otra vez “hasta el final” sin entender lo que dicen o exigir una estrategia clara de cómo salir de esta pesadilla autoritaria. Sin advertirlo, reproducen la misma lógica del pensamiento mágico: creer que un solo individuo, por su carisma o fuerza moral, puede redimir al país sin alianzas, sin debate, sin autocrítica. 

La disidencia ha quedado atrapada en un laberinto de incertidumbre, y el régimen lo está explotando con perverso cálculo. Hemos perdido la iniciativa política, renunciando al terreno de la acción mientras el proyecto autoritario consolida su dominio. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la estrategia después del fraude del 28 de julio? ¿Una abstención indefinida que solo fortalece a Maduro y su grupete? ¿Un golpe militar invocado desde los teclados de X? ¿Una fantasíosa intervención extranjera que jamás llegará? ¿Una rebelión popular espontánea en medio de un gran reflujo de masas? ¿O simplemente seguir esperando una señal divina que anuncie "llegó la hora"? Mientras tanto, el autoritarismo consolida su dominio, no por invulnerabilidad, sino por la carencia de una estrategia apropiada. Estamos siendo arrastrados por una lógica mesiánica y una fe ciega que anula la crítica, desactiva la estrategia y conduce, sin frenos, al despeñadero.

La lucha por la democracia no puede reducirse a una estrategia abstencionista suicida ni a una sumisión incondicional ante un liderazgo mesiánico. No podemos seguir atrapados entre la parálisis de la inacción esperando que un milagro divino nos salve, ni caer en la trampa de la sumisión ciega, sin el más mínimo sentido crítico. Si no rompemos esta perversa dicotomía entre inanición y sumisión, no solo repetiremos el ciclo de frustraciones, falsas esperanzas y derrotas, sino que, de manera inconsciente, estaremos alimentando y perpetuando el proyecto hegemónico bolivariano.