El pasado 20 de julio de 2022, Nicolás Maduro firmó el ejecútese de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE), aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional con la complacencia servil de una parte de la bancada opositora. Las ZEE (o SEZ, por sus siglas en inglés) son áreas geográficas delimitadas que operan bajo un régimen socioeconómico especial, cuyo objetivo principal es atraer inversión extranjera. Esta ley constituye un nuevo capítulo de la política antinacional del régimen militarista de Maduro, al servicio del gran capital internacional y en detrimento de los intereses sociales, económicos e históricos de la clase trabajadora.
Aunque en la exposición de motivos de esta ley se proclama que “este nuevo modelo está llamado a convertirse en el fundamento de una nación moderna, capaz de brindar creciente bienestar a la población”, conviene subrayar que las ZEE no son ninguna novedad. Cuentan con un largo historial de precarización laboral y violación de derechos fundamentales de los trabajadores. Actualmente existen más de 5.400 ZEE en más de 145 países (como China, México, Vietnam, Brasil, India, Irlanda, Colombia, Singapur, Costa Rica, Filipinas, Perú, Tailandia o República Dominicana), funcionando como enclaves de explotación y privilegio para las transnacionales.
La ley de ZEE no solo otorga base legal a esta cesión de soberanía a intereses transnacionales, sino que también reafirma el carácter autoritario y centralista del régimen. La creación de estos enclaves económico-territoriales será competencia exclusiva de Maduro, al igual que la designación de sus autoridades, sin necesidad de consulta ni asesoramiento de ningún ente de la República. Además, se establece que estas zonas se implantarán al margen de la organización político-territorial vigente en el país.
Como incentivo para atraer capital transnacional, las empresas establecidas en las ZEE estarán exentas del pago de impuesto sobre la renta, aranceles de importación y del IVA. También podrán aplicar normativas laborales regresivas: inestabilidad laboral, bajos salarios, pérdida de derechos, condiciones de trabajo degradantes, prohibición de sindicalización e imposición de contratos leoninos. Contarán además con libre convertibilidad cambiaria y acceso a infraestructura tecnológica, de comunicaciones y de seguridad financiada por el Estado.
Vaya ironía: el social-autoritarismo bolivariano, que tanto denostó al capitalismo, que condenó repetidamente al neoliberalismo, que juró defender “rodilla en tierra” la soberanía nacional, que se proclamó defensor de los derechos humanos y promotor de una democracia social, termina por encarnar un proyecto autoritario-militarista que impulsa un modelo neoliberal de explotación y entrega, atentando contra los intereses sociales e históricos de los trabajadores. Tanto nadar para morir ahogados en esta orilla.
Aunque en el discurso puedan parecer opuestos, el neoliberalismo y el social-autoritarismo bolivariano son en realidad dos expresiones del mismo proyecto hegemónico: autoritario, explotador y excluyente. Ambos conducen, de distintas formas, al empobrecimiento de las mayorías y al enriquecimiento de élites civiles y militares.
La instauración de las ZEE, al igual que la polémica Ley Antibloqueo, solo beneficia a los grandes capitales extranjeros que continúan expoliando a Venezuela.
No comments:
Post a Comment