El pasado 24 de junio, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe vs. Wade, que desde 1973 había garantizado el derecho constitucional al aborto en el país. Dicha sentencia fue durante décadas el fundamento legal que legitimaba la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho amparado por la Constitución.
Era evidente que uno de los objetivos estratégicos de la mayoría religiosa y partidista dentro de la Corte era precisamente revocar esta sentencia emblemática. Con el fallo del 24/06, el derecho al aborto pierde su protección constitucional, y los gobiernos estatales quedan facultados para prohibir por completo el procedimiento o imponerle severas restricciones. Esta decisión no puede desligarse del giro conservador-religioso que la Corte experimentó durante la administración de Donald Trump, quien designó tres magistrados afines a la doctrina “originalista” de la Constitución, la cual rechaza su interpretación dinámica y contextual. No debe olvidarse que uno de los principales legados de Trump fue la reconfiguración del sistema judicial federal con la designación de 194 jueces y tres magistrados del Tribunal Supremo, todos alineados con la derecha religiosa.
La revocación de Roe vs. Wade representa una victoria estridente para los sectores republicanos y los conservadores religiosos. A partir de esta decisión, cada uno de los 50 estados de la unión podrá decidir si permite o prohíbe la interrupción del embarazo. De hecho, nueve estados (Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin) activaron de inmediato leyes que prohíben el aborto tras conocerse el fallo. Además, algunos estados amenazan con sancionar penalmente a las mujeres que viajen a otras jurisdicciones para acceder a servicios de aborto, una medida cuya legalidad es incierta, pero que los sectores más radicales están dispuestos a impulsar.
La diferencia entre preservar o eliminar un derecho constitucional tan arraigado expone con crudeza la imposición de una agenda político-religiosa en la administración de justicia, socavando la ya frágil imagen de independencia del poder judicial en los Estados Unidos. Calificar la anulación de Roe vs. Wade como un “ejercicio basado en principios judiciales” o como una “expresión genuina de la voluntad popular” no solo es falaz, sino ofensivo para la inteligencia colectiva: el 61% de la población estadounidense apoya el derecho al aborto, frente a un 37% que lo rechaza, según datos del Pew Research Center.
Abraham Lincoln advirtió el peligro de este tipo de decisiones en su discurso del 4 de marzo de 1861:
“Si la política del gobierno en cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo debe ser fijada irrevocablemente por la Corte Suprema, el pueblo habrá dejado de ser su propio amo, pues entonces prácticamente habrá puesto su gobierno en manos de ese distinguido tribunal.”
El fallo del 24 de junio de 2022 confirma que las decisiones de la Corte Suprema están muy lejos de la imagen de “la dama de la justicia con los ojos vendados”. En su lugar, responden cada vez más a una agenda partidista y religiosa que amenaza con socavar los derechos conquistados y el principio fundamental de laicidad en la administración de justicia.
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