¿Para qué sirve la Fuerza Armada Nacional?

La razón de ser de una institución armada nacional es cumplir dos misiones esenciales: defender la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas y proteger a la población en situaciones de emergencia o desastre. No se trata de funciones accesorias ni complementarias, sino del fundamento mismo que justifica su existencia y el enorme esfuerzo económico que la sociedad destina a su sostenimiento. Cuando una Fuerza Armada fracasa de manera sistemática en ambas tareas, deja de cumplir el propósito para el cual fue creada, surge una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿para qué sirve realmente una Fuerza Armada Nacional (FAN) que no puede defender la nación cuando su soberanía es vulnerada ni proteger a sus ciudadanos cuando estos enfrentan una catástrofe?

Durante más de dos décadas, Venezuela ha sostenido uno de los aparatos militares más numerosos y costosos de América Latina. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, Milicia y una extensa burocracia castrense han absorbido miles de millones de dólares del erario público. La propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja margen para interpretaciones. Los artículos 328 y 329 establecen con claridad que la misión esencial de la FAN es garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, preservar la integridad del espacio geográfico y participar, en coordinación con las autoridades civiles, en la protección de la población frente a situaciones de emergencia y desastres. En ninguna parte la Constitución concibe a la insti
tución militar como un instrumento de control político, de represión interna o de preservación de un proyecto autoritario. 

Sin embargo, la realidad parece contar una historia muy distinta. En materia de defensa nacional, la FAN ha sido incapaz de ofrecer una respuesta convincente ante algunos de los principales desafíos que enfrenta la soberanía venezolana. Durante años, organizaciones guerrilleras y grupos armados colombianos han operado con relativa impunidad en amplias zonas fronterizas del territorio venezolano, utilizándolas como santuarios estratégicos para refugiarse, reagruparse y establecer corredores logísticos que les permitan evadir la presión militar ejercida por las fuerzas colombianas. Lejos de constituir una frontera efectivamente resguardada, estas regiones se han convertido en espacios de retaguardia para actores delincuenciales armados que disfrutan la complicidad y el apoyo que les brinda la FAN. Además, en un Estado de derecho, el monopolio legítimo de las armas y de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. Sin embargo, la FAN ha tolerado y apoyado a grupos armados (colectivos) del régimen, involucrados en la represión y en asesinatos de ciudadanos. 

Adicionalmente, la FAN ha demostrado una alarmante incapacidad para cumplir su misión esencial de defender la soberanía nacional frente a unidades militares extranjeras como ocurrió el pasado 3/01/2026. La “batalla de Fuerte Tiuna” representa uno de los episodios más humillantes para una institución castrense en las últimas décadas. Tropas norteamericanas penetraron en el territorio nacional, atacaron objetivos militares estratégicos y secuestraron al propio jefe del Estado, sin que la FAN impidiese la incursión ni articulara una respuesta militar eficaz. Más allá del injerencismo imperial de la Casa Blanca, el hecho dejó al descubierto una realidad difícil de ocultar: un aparato militar que durante años fue presentado por la propaganda oficial como uno de los más poderosos de América Latina evidenció su incapacidad para cumplir la misión esencial que la Constitución le asigna: defender la independencia, y la soberanía de la República.

A esta preocupante pérdida de capacidad para defender la soberanía nacional se suma un fenómeno aún más grave: la transformación de la FAN en un instrumento de represión y control político interno. Diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas han documentado la participación de efectivos militares —en particular de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)— en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y ejecuciones extrajudiciales. La contradicción difícilmente podría ser más profunda. Una institución concebida por la Constitución para garantizar la independencia de la República, asegurar la integridad del territorio, proteger a la población y salvaguardar el orden constitucional ha sido convertida en uno de los principales pilares de la maquinaria represiva del régimen, al servicio de una política de terrorismo de Estado orientada a asegurar la permanencia del régimen en el poder.

Pero si esa metamorfosis ya resulta profundamente preocupante, la tragedia provocada por los terremotos del 24 de junio de 2026 pone de manifiesto una dimensión adicional del deterioro institucional de la FAN. En cualquier democracia moderna, las fuerzas armadas constituyen el principal instrumento del Estado para responder a desastres naturales. Su capacidad logística, sus ingenieros militares, hospitales de campaña, helicópteros, sistemas de comunicaciones, equipos de búsqueda y rescate, así como su maquinaria pesada, las convierten en la institución mejor preparada para actuar durante las primeras y más críticas horas de una emergencia. Sin embargo, las imágenes provenientes de las zonas devastadas revelan una realidad difícil de conciliar con ese mandato institucional y con el discurso oficial. Ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos, vecinos organizando brigadas de rescate improvisadas y comunidades enteras enfrentando la tragedia prácticamente abandonada evidencian la ausencia de una respuesta militar proporcional a la magnitud del desastre. Lo que debía ser una demostración de capacidad operativa y solidaridad nacional de la FAN está derivando en un símbolo de incapacidad y negligencia para proteger a su propia población. Pero, más grave aún, los escasos reportes sobre la presencia de efectivos militares en las zonas afectadas, dotados de armas de fuego pero no de herramientas para el rescate de víctimas, han estado acompañados de denuncias de saqueo y desvalijamiento de viviendas dañadas, así como de actuaciones arbitrarias que, lejos de facilitar las labores de rescate y asistencia humanitaria, habrían obstaculizado el trabajo de voluntarios y equipos de socorro. Estamos no únicamente ante una omisión en el cumplimiento de un deber constitucional, sino ante una inversión perversa de la función militar: una institución llamada a proteger a los ciudadanos durante una emergencia convertida en una fuente adicional de vulnerabilidad e incertidumbre.

¿Qué sentido tiene mantener uno de los aparatos militares más grandes y costosos de América Latina si ha fracasado en las dos misiones que justifican su existencia: defender la soberanía nacional y proteger a la población en situaciones de emergencia? Más aún, ¿cómo justificar su permanencia cuando, en lugar de cumplir esas funciones esenciales, se ha convertido en uno de los principales pilares de la represión y en un instrumento al servicio de un proyecto hegemónico antinacional?

Reflexión final: Para los venezolanos, esta coyuntura invita a reflexionar sobre la decisión soberana del presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer, de abolir el ejército como institución permanente. La medida quedó consagrada en la Constitución de 1949. Desde entonces, Costa Rica confió su seguridad a cuerpos policiales civiles y destinó los recursos antes destinados al gasto militar a la educación, la salud y el fortalecimiento de los espacios democráticos. Cambió los cuarteles por escuelas, la obediencia supina por la acritud crítica y los fusiles por libros. Lo que en 1948 muchos consideraron una apuesta temeraria terminó convirtiéndose en una de las decisiones de política pública más exitosas y admiradas de América Latina.