¿Para qué sirve la Fuerza Armada Nacional?

La razón de ser de una institución armada nacional es cumplir dos misiones esenciales: defender la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas y proteger a la población en situaciones de emergencia o desastre. Esas no son funciones accesorias ni complementarias; constituyen el fundamento mismo que justifica su existencia y el enorme esfuerzo económico que la sociedad destina a su sostenimiento. Cuando una institución demuestra de manera reiterada que es incapaz de cumplir ambas responsabilidades, surge una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿para qué sirven realmente una Fuerza Armada Nacional (FAN) que no garantiza la defensa de la nación ni la protección de sus ciudadanos en casos de emergencia?

Durante más de dos décadas, Venezuela ha mantenido uno de los aparatos militares más numerosos y costosos de América Latina. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y una extensa burocracia castrense consumen miles de millones de dólares provenientes del erario público, recursos que deberían traducirse en una capacidad efectiva para cumplir las funciones que justifican su existencia. La propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es inequívoca al respecto. En sus artículos 328 y 329 establece que la FAN tiene como misión esencial garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, asegurar la integridad del espacio geográfico y participar, en coordinación con las autoridades civiles, en la protección de la población frente a situaciones de emergencia y desastres. Es decir, la Constitución no concibe a la institución militar como un instrumento de control político interno, sino como un cuerpo profesional al servicio de la defensa nacional y de los ciudadanos.

Sin embargo, la realidad parece contar una historia muy distinta. En materia de defensa nacional, la FAN ha sido incapaz de ofrecer una respuesta convincente ante algunos de los principales desafíos que enfrenta la soberanía venezolana. Durante años, organizaciones guerrilleras y grupos armados colombianos han operado con relativa impunidad en amplias zonas fronterizas del territorio venezolano, utilizándolas como santuarios estratégicos para refugiarse, reagruparse y establecer corredores logísticos que les permitan evadir la presión militar ejercida por las fuerzas colombianas. Lejos de constituir una frontera efectivamente resguardada, estas regiones se convirtieron en espacios de retaguardia para actores armados irregulares que aprovecharon la complicidad de la FAN. A ello se sumó la humillación militar del 3 de enero de 2026, que constituyó uno de los episodios más comprometedores para la credibilidad de la institución castrense en las últimas décadas. Tropas norteamericanas penetraron en el territorio nacional, atacaron objetivos militares estratégicos y secuestraron al propio jefe del Estado, sin que la FAN impidiese la incursión ni articulara una respuesta militar eficaz. Más allá del injerencismo imperial de la Casa Blanca, el hecho dejó al descubierto una realidad difícil de ocultar: un aparato militar que durante años fue presentado por la propaganda oficial como uno de los más poderosos de América Latina evidenció su incapacidad para cumplir la misión esencial que la Constitución le asigna: defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República.

A esta preocupante pérdida de capacidad para defender la soberanía nacional se suma un fenómeno aún más inquietante: la progresiva transformación de la FAN en un instrumento de control político interno. Lejos de concentrar sus esfuerzos en la defensa del territorio y la protección de los ciudadanos, importantes sectores de la institución han sido señalados por su participación en labores de represión y persecución política. Diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas han documentado la participación de efectivos militares —especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana y de organismos de inteligencia militar— en detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos que, de acuerdo con dichos informes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La contradicción no podría ser más elocuente. Una institución concebida constitucionalmente para garantizar la independencia de la República, proteger a la población y resguardar el orden constitucional ha terminado siendo como uno de los principales pilares del aparato represivo del Estado. Cuando unas Fuerzas Armadas dejan de ser percibidas como defensoras de la Nación para convertirse en un instrumento de intimidación contra sus propios ciudadanos, no solo traicionan el espíritu de la Constitución; también erosionan la legitimidad moral y profesional que justifica su existencia.

Pero si esa transformación ya resultaba preocupante, la reciente tragedia provocada por los terremotos (24/6/26) expone otra dimensión de ese fracaso institucional. En cualquier democracia moderna, los ejércitos constituyen la primera gran fuerza de respuesta ante una catástrofe natural. Disponen de ingenieros militares, hospitales de campaña, helicópteros, aviones de transporte, sistemas de comunicaciones, equipos de búsqueda y rescate, maquinaria pesada y una capacidad logística que ninguna otra institución del Estado posee. 

Sin embargo, las imágenes provenientes de las zonas afectadas muestran una realidad difícil de conciliar con el discurso oficial: ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos, vecinos organizando brigadas de rescate improvisadas y comunidades enteras enfrentando la tragedia prácticamente solas, ante la escasa o nula presencia del componente militar. Esa ausencia resulta especialmente grave porque la Fuerza Armada Nacional dispone de personal entrenado, unidades de ingeniería, hospitales de campaña y una capacidad logística que podría ser decisiva para las labores de evacuación, búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. El contraste no puede ser más elocuente. La rapidez y contundencia con que la institución ha demostrado capacidad para desplegarse en operaciones de control interno y represión política contrasta con su limitada capacidad de respuesta cuando se trata de defender la soberanía nacional, enfrentar la presencia de grupos armados irregulares o auxiliar a la población durante grandes desastres naturales. La legitimidad de la FAN no se construye con desfiles, proclamas patrioteras ni campañas propagandísticas. Se gana demostrando competencia para defender el territorio nacional, proteger a la población y actuar con eficacia cuando la nación más la necesita. Cuando esos resultados brillan por su ausencia, la institución deja de ser un motivo de confianza para convertirse en objeto de un legítimo escrutinio ciudadano.

¿Qué sentido tiene sostener uno de los aparatos militares más grandes y costosos de América Latina si ha demostrado ser incapaz de cumplir las dos misiones que justifican su existencia: defender la soberanía nacional y proteger a la población cuando esta enfrenta grandes desastres?