Venezuela: anatomía de un Estado fallido

Los Estados no se miden por la grandilocuencia de sus discursos ni por la cantidad de ministerios, generales o leyes que poseen. Se juzgan por su capacidad para cumplir las funciones que justifican su existencia: proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía, administrar justicia y garantizar los servicios públicos esenciales. Cuando dejan de hacerlo, las instituciones permanecen, pero el Estado comienza a desaparecer. No muere de un día para otro; se descompone lentamente, institución tras institución, hasta que solo sobreviven sus símbolos mientras se extinguen sus funciones.

Durante más de un cuarto de siglo, el chavismo prometió construir un Estado fuerte, soberano y socialmente justo. Lo que terminó edificando fue exactamente lo contrario: un proyecto represor antinacional, antiborrero y excluyente, incapaz de cumplir las funciones elementales que justifican la existencia de cualquier Estado. La revolución que proclamaba haber refundado la República terminó demoliéndola.

Hoy Venezuela conserva las formas de un Estado, pero funciona como un territorio donde las instituciones dejaron de servir al interés nacional para convertirse en instrumentos de preservación de “parcelas” de una élite política cívico-militar. El Palacio de Miraflores continúa ocupado, los ministerios siguen abiertos y los tribunales mantienen sus fachadas. Sin embargo, detrás de esa escenografía burocrática se esconde una estructura profundamente corroída por la corrupción, la incompetencia y el autoritarismo. Venezuela ya no enfrenta únicamente a un Estado incapaz, es un Estado fallido y a partir del 3 de enero, tutelado por la Casa Blanca. No se trata de un eslogan político panfletario; es una realidad ante la incapacidad que ha mostrado el Estado venezolano para ejercer soberanía sobre su territorio, garantizar la seguridad de la población, administrar justicia, proveer servicios públicos esenciales, hacer cumplir el Estado de derecho y proteger a sus ciudadanos.

Venezuela es un Estado fallido,  porque fracasó en materia de seguridad al perder el monopolio efectivo de la fuerza. Mientras el discurso oficial proclama la defensa de la soberanía, extensas zonas del territorio nacional han sido penetradas por organizaciones criminales, guerrillas extranjeras, bandas armadas, redes de narcotráfico y grupos parapoliciales cuya existencia resulta incompatible con cualquier Estado moderno. En muchas regiones, la autoridad efectiva ya no descansa exclusivamente en las instituciones republicanas, sino en actores armados cuya influencia supera con frecuencia la del propio régimen.

Venezuela es un Estado fallido, ya que destruyó deliberadamente la independencia de los poderes públicos. Los tribunales dejaron de impartir justicia para administrar conveniencias políticas. La Fiscalía dejó de investigar el delito para perseguir adversarios o proteger aliados. Los organismos de seguridad dejan de combatir prioritariamente al crimen organizado para concentrar buena parte de sus recursos en controlar a la disidencia. La Constitución deja de ser la norma suprema para convertirse en un texto invocado únicamente cuando resulta útil al poder. Cuando la ley deja de aplicarse por igual y pasa a depender de la lealtad política, desaparece el Estado de derecho y comienza el gobierno de la arbitrariedad.

Venezuela es un Estado fallido, pues también fracasó en los servicios públicos. Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta y, sin embargo, millones de ciudadanos padecen cortes eléctricos, escasez de agua potable, hospitales sin insumos, escuelas deterioradas, universidades abandonadas, salarios miserables, y una infraestructura que se desmorona. Pocas ironías históricas resultan tan crueles como la de un país inmensamente rico cuyos ciudadanos viven en condiciones tan miserables. 

Venezuela es un Estado fallido, no solo porque ha dejado de cumplir sus funciones esenciales de gobierno y administración, sino porque ha convertido el aparato estatal en un instrumento de represión. En lugar de garantizar derechos y proteger a la ciudadanía, ha utilizado sus cuerpos de seguridad para intimidar, perseguir, torturar e incluso asesinar a quienes cuestionan su proyecto hegemónico. Desde las más altas esferas del poder se ha consolidado un sistema de terrorismo de Estado, sustentado en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Se trata de un Estado que no solo ha fracasado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, sino que ha hecho del terror una política de gobierno, empleando el poder público como mecanismo de control, sometimiento y perpetuación del régimen.

Venezuela es un Estado fallido, pues más de ocho millones de sus ciudadanos fueron “forzados” a abandonar el país. No como consecuencia de las sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos, como afirma la prensa oficial, sino de un prolongado colapso institucional, económico y social que destruyó las bases de la convivencia nacional. Ese éxodo constituye probablemente el plebiscito más contundente contra el modelo autoritario forjado por el chavismo.

Venezuela es un Estado fallido porque no solo ha sido incapaz de cumplir una de sus funciones esenciales —proteger la vida y el patrimonio de la población mediante una adecuada planificación territorial—, sino que, además, ha contribuido activamente a incrementar la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. El crecimiento urbano desordenado, la ocupación de cauces y zonas de alto riesgo, la ausencia de planificación y la falta de ejecución y mantenimiento de obras de mitigación transformaron amenazas naturales previsibles en tragedias anunciadas. Tras el deslave de 1999, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Dr. Carlos Genatios, presidió la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV), desde la cual se elaboró un amplio conjunto de recomendaciones técnicas destinadas a reducir la vulnerabilidad del litoral central y evitar la repetición de una catástrofe de esa magnitud. Entre ellas figuraban el ordenamiento territorial, la prohibición de nuevas construcciones en zonas de alto riesgo, la culminación de las obras de control de torrentes y el mantenimiento permanente de la infraestructura hidráulica. Estas medidas constituían una hoja de ruta sustentada en criterios científicos y de ingeniería. Sin embargo, el propio Estado desestimó e ignoró esas recomendaciones. A través de organismos como Fundavargas y otras instituciones públicas, se permitieron nuevas ocupaciones en áreas de alto riesgo y se promovieron desarrollos habitacionales, tanto privados como estatales —incluidos los de la Misión Vivienda—, al margen de los criterios técnicos y sin planificación integral. En consecuencia, la tragedia que hoy vuelve a golpear al litoral central no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza. Es, en gran medida, el resultado de la corrupción en la concesión de permisos de construcción y la imposición de deseos mesiánicos que terminaron desplazando las evidencias científicas y las recomendaciones de los expertos. El populismo político sustituyó a la planificación; la improvisación reemplazó a la prevención. El Estado no solo omitió su deber de prevenir el riesgo, sino que también contribuyó a crearlo, incumpliendo una de sus obligaciones más elementales: proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos mediante el respeto al ordenamiento territorial, la planificación urbana y la ejecución responsable de las obras públicas.

Venezuela es un Estado fallido, ya que ha perdido la capacidad de garantizar derechos fundamentales, entre ellos los laborales. Lejos de proteger a los trabajadores, el propio Estado ha promovido un modelo de precarización del empleo que ha reducido los salarios a niveles insuficientes para cubrir las necesidades básicas, ha eliminado la contratación colectiva y ha deteriorado las condiciones de trabajo tanto en el sector público como en el privado. A ello se suma la judicialización de las luchas sindicales, de las protestas laborales y de las restricciones a la libertad sindical. La intervención del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, la negativa a reconocer autoridades legítimamente electas, así como la promoción de estructuras paralelas afines al poder político, han debilitado la autonomía de los sindicatos y limitado su capacidad para representar efectivamente a los trabajadores.

Venezuela es un Estado fallido, debido a que su Fuerza Armada ha fracasado en sus grandes misiones institucionales: la defensa de la soberanía nacional (3 de enero) y la protección de los ciudadanos de catástrofes naturales (como los terremotos del litoral central).  El social-chavismo convirtió a la Fuerza Armada en un instrumento fundamentalmente represivo (CEOFAN, REDI, ZODI, ADI) destinado a preservar el poder político. La preparación para enfrentar amenazas externas y responder a grandes emergencias cedió espacio a funciones de control interno, vigilancia, represión y muerte. Para ello, premió la obediencia incondicional por encima de la capacidad, comprometió su apresto operacional y permitió que la corrupción se expandiera en su seno como una metástasis maligna. La institución que debía proteger a la población terminó, paradójicamente, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para hacer llegar de manera efectiva la ayuda a las zonas afectadas. La profesionalización fue sustituida por la genuflexión partidista; el mérito, por la lealtad ideológica; la doctrina militar, por la propaganda maniquea. El uniforme dejó de dignificar a la institución armada para pasar a representar al régimen despreciable y opresor.

Venezuela es un Estado fallido, como quedó evidenciado a raíz de la tragedia del litoral central provocada por los terremotos del 24/06/2026. La ausencia de una respuesta oportuna y eficaz en las primeras 120 horas, el período crítico en el que se concentra la mayor probabilidad de rescatar sobrevivientes y salvar vidas— evidenció la incapacidad del Estado para ejercer una de las funciones que justifican su propia existencia Ante una emergencia de esta magnitud, corresponde al Estado movilizar de inmediato todos los recursos disponibles, coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, brindar asistencia humanitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud, asegurar el suministro de agua y alimentos, restablecer las comunicaciones y liderar la recuperación de las zonas afectadas. Nada de ello ocurrió con la rapidez y la eficacia que exigía la emergencia. Fueron los propios ciudadanos, con la ayuda de grupos de rescatistas extranjeros, quienes asumieron tareas que correspondían a las instituciones públicas. Mientras miles de familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros, el inmenso aparato estatal parecía concentrar mayores esfuerzos en controlar la información y administrar el relato público que en desplegar una respuesta eficaz para salvar vidas.

Este Estado fallido no ha sido consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, como insiste la propaganda oficial. Ha sido el resultado de años de corrupción estructural, destrucción del aparato productivo, estatizaciones compulsivas, improvisación administrativa, militarización de la sociedad, pérdida de espacios democráticos, saqueo de la renta petrolera y subordinación absoluta de las instituciones a un proyecto político autoritario-mesiánico. El Estado fue materialmente “asaltado por un grupete cívico-militar que, en nombre de una supuesta revolución, institucionalizó el saqueo, la represión, la tortura, la explotación, la muerte y la impunidad”. 

Esta lamentable tragedia ha dejado al descubierto una verdad incómoda: después de casi tres décadas de expansión del aparato estatal y de una creciente militarización del país, el proyecto hegemónico y su Estado fallido han demostrado ser mucho más eficientes para vigilar, intimidar, reprimir, asesinar y controlar políticamente a la población que para rescatar, asistir y proteger a sus ciudadanos ante tragedias naturales.