Venezuela: anatomía de un Estado fallido

Los Estados no se miden por la grandilocuencia de sus discursos ni por la cantidad de ministerios, generales o leyes que poseen. Se juzgan por su capacidad para cumplir las funciones que justifican su existencia: proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía, administrar justicia y garantizar los servicios públicos esenciales. Cuando dejan de hacerlo, las instituciones permanecen, pero el Estado comienza a desaparecer. No muere de un día para otro; se descompone lentamente, institución tras institución, hasta que solo sobreviven sus símbolos mientras se extinguen sus funciones.

Durante más de un cuarto de siglo, el chavismo prometió construir un Estado fuerte, soberano y socialmente justo. Lo que terminó edificando fue exactamente lo contrario: un proyecto represor antinacional, antiobrero y excluyente, incapaz de cumplir las funciones elementales que justifican la existencia de cualquier Estado. La revolución que proclamaba haber refundado la República terminó demoliéndola.

Hoy Venezuela conserva las formas de un Estado, pero funciona como un territorio donde las instituciones dejaron de servir al interés nacional para convertirse en instrumentos de preservación de “parcelas” de una élite política cívico-militar. Venezuela ya no enfrenta únicamente a un Estado incapaz, es un Estado fallido y, a partir del 3 de enero, además tutelado por la Casa Blanca. No se trata de un eslogan político panfletario; es una realidad ante la incapacidad que ha mostrado el Estado venezolano para ejercer soberanía sobre su territorio, garantizar la seguridad de la población, administrar justicia, proveer servicios públicos esenciales, hacer cumplir el Estado de derecho y proteger a sus ciudadanos.

Venezuela es un Estado fallido, porque fracasó en materia de seguridad al perder el monopolio efectivo de la fuerza. Mientras el discurso oficial proclama la defensa de la soberanía, extensas zonas del territorio nacional han sido penetradas por organizaciones criminales, guerrillas extranjeras, bandas armadas, redes de narcotráfico y grupos parapoliciales cuya existencia resulta incompatible con cualquier Estado moderno. En muchas regiones, la autoridad efectiva ya no descansa exclusivamente en las instituciones republicanas, sino en actores armados cuya influencia supera con frecuencia la del propio régimen.

Venezuela es un Estado fallido, ya que destruyó deliberadamente la independencia de los poderes públicos. Los tribunales dejaron de impartir justicia para administrar conveniencias políticas. La Fiscalía dejó de investigar el delito para perseguir a adversarios o proteger a aliados. Los organismos de seguridad dejan de combatir prioritariamente al crimen organizado para concentrar buena parte de sus recursos en controlar a la disidencia. La Constitución deja de ser la norma suprema para convertirse en un texto invocado únicamente cuando resulta útil al poder. 

Venezuela es un Estado fallido, pues también fracasó en la prestación de los servicios básicos (salud, educación) y servicios públicos. Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del planeta y, sin embargo, millones de ciudadanos padecen cortes eléctricos, escasez de agua potable, hospitales sin insumos, escuelas deterioradas y una infraestructura que se desmorona. Pocas ironías históricas resultan tan crueles como la de un país inmensamente rico cuyos ciudadanos viven en condiciones tan miserables. 

Venezuela es un Estado fallido, no solo porque ha dejado de cumplir sus funciones esenciales de gobierno y administración, sino también porque ha convertido el aparato estatal en un instrumento de represión. En lugar de garantizar derechos y proteger a la ciudadanía, ha utilizado sus cuerpos de seguridad para intimidar, perseguir, torturar e incluso asesinar a quienes cuestionan su proyecto hegemónico. Desde las más altas esferas del poder se ha consolidado un sistema de terrorismo de Estado, sustentado en detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política. Se trata de un Estado que no solo ha fracasado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, sino que ha hecho del terror una política de gobierno, empleando el poder público como mecanismo de control, sometimiento y perpetuación del régimen.

Venezuela es un Estado fallido, pues más de ocho millones de sus ciudadanos fueron “forzados” a abandonar el país. No como consecuencia de las sanciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos, como afirma la prensa oficial, sino de un prolongado colapso institucional, económico y social que destruyó las bases de la convivencia nacional. Ese éxodo constituye probablemente el plebiscito más contundente contra el modelo autoritario forjado por el chavismo.

Venezuela es un Estado fallido porque no solo ha sido incapaz de cumplir una de sus funciones esenciales —proteger la vida y el patrimonio de la población mediante una adecuada planificación territorial—, sino que además ha contribuido activamente a incrementar la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. El crecimiento urbano desordenado, la ocupación de cauces y zonas de alto riesgo, la ausencia de planificación y la falta de ejecución y mantenimiento de obras de mitigación transformaron amenazas naturales previsibles en tragedias anunciadas. Tras el deslave de 1999, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Dr. Carlos Genatios, presidió la Autoridad Única de Área del Estado Vargas (AUAEV), desde la cual se elaboró un amplio conjunto de recomendaciones técnicas destinadas a reducir la vulnerabilidad del litoral central y evitar la repetición de una catástrofe de esa magnitud. Entre ellas figuraban el ordenamiento territorial, la prohibición de nuevas construcciones en zonas de alto riesgo, la culminación de las obras de control de torrentes y el mantenimiento permanente de la infraestructura hidráulica. Estas medidas constituían una hoja de ruta basada en criterios científicos y de ingeniería. Sin embargo, el propio Estado desestimó e ignoró esas recomendaciones. A través de organismos como Fundavargas y otras instituciones públicas, se permitieron nuevas ocupaciones en áreas de alto riesgo y se promovieron desarrollos habitacionales, tanto privados como estatales —incluidos los de la Misión Vivienda—, al margen de los criterios técnicos y sin planificación integral. En consecuencia, la tragedia que hoy vuelve a golpear al litoral central no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza. Es, en gran medida, el resultado de la corrupción en la concesión de permisos de construcción y la imposición de deseos mesiánicos que terminaron desplazando las evidencias científicas y las recomendaciones de los expertos. El populismo político sustituyó a la planificación; la improvisación reemplazó a la prevención. El Estado no solo omitió su deber de prevenir el riesgo, sino que también contribuyó a crearlo, incumpliendo una de sus obligaciones más elementales: proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos mediante el respeto al ordenamiento territorial, la planificación urbana y la ejecución responsable de las obras públicas.

Venezuela es un Estado fallido, ya que ha perdido la capacidad de garantizar derechos fundamentales, entre ellos los laborales. Lejos de proteger a los trabajadores, el propio Estado ha promovido un modelo de precarización del empleo que ha reducido los salarios a niveles insuficientes para cubrir las necesidades básicas, ha eliminado la contratación colectiva y ha deteriorado las condiciones de trabajo tanto en el sector público como en el privado. A ello se suma la judicialización de las luchas sindicales, de las protestas laborales y de las restricciones a la libertad sindical. La intervención del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, la negativa a reconocer autoridades legítimamente electas, así como la promoción de estructuras paralelas afines al poder político, han debilitado la autonomía de los sindicatos y limitado su capacidad para representar efectivamente a los trabajadores.

Venezuela es un Estado fallido, debido a que su Fuerza Armada ha fracasado en sus grandes misiones institucionales: la defensa de la soberanía nacional (3 de enero) y la protección de los ciudadanos de catástrofes naturales (como los terremotos del litoral central).  El social-chavismo convirtió a la Fuerza Armada en un instrumento fundamentalmente represivo (CEOFAN, REDI, ZODI, ADI) destinado a preservar el poder político. La preparación para enfrentar amenazas externas y responder a grandes emergencias cedió espacio a funciones de control interno, vigilancia, represión y muerte. Para ello, premió la obediencia incondicional por encima de la capacidad, comprometió su apresto operacional y permitió que la corrupción se expandiera en su seno como una metástasis maligna. La institución que debía proteger a la población terminó, paradójicamente, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para hacer llegar de manera efectiva la ayuda a las zonas afectadas. La profesionalización fue sustituida por la genuflexión partidista; el mérito, por la lealtad ideológica; la doctrina militar, por la propaganda maniquea. 

Venezuela es un Estado fallido, como quedó evidenciado a raíz de la tragedia del litoral central provocada por los terremotos del 24/06/2026. La ausencia de una respuesta oportuna y eficaz en las primeras 120 horas, el período crítico en el que se concentra la mayor probabilidad de rescatar sobrevivientes y salvar vidas— evidenció la incapacidad del Estado para ejercer una de las funciones que justifican su propia existencia Ante una emergencia de esta magnitud, corresponde al Estado movilizar de inmediato todos los recursos disponibles, coordinar las operaciones de búsqueda y rescate, brindar asistencia humanitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud, asegurar el suministro de agua y alimentos, restablecer las comunicaciones y liderar la recuperación de las zonas afectadas. Nada de ello ocurrió con la rapidez y la eficacia que exigía la emergencia. Fueron los propios ciudadanos, con la ayuda de grupos de rescatistas extranjeros, quienes asumieron tareas que correspondían a las instituciones públicas. Mientras miles de familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros, el inmenso aparato estatal parecía concentrar mayores esfuerzos en controlar la información y administrar el relato público que en desplegar una respuesta eficaz para salvar vidas.

Este Estado fallido no ha sido consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos, como insiste la propaganda oficial. Ha sido el resultado de 27 años de corrupción estructural, destrucción del aparato productivo, estatizaciones compulsivas, militarización de la sociedad, saqueo de la renta petrolera y subordinación absoluta de las instituciones a un proyecto político autoritario-mesiánico. El Estado fue materialmente “asaltado por un grupete cívico-militar que, en nombre de una supuesta revolución, institucionalizó el saqueo, la represión, la tortura, la explotación, la muerte y la impunidad”. 

¿Para qué sirve la Fuerza Armada Nacional?

La razón de ser de una institución armada nacional es cumplir dos misiones esenciales: defender la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas y proteger a la población en situaciones de emergencia o desastre. No se trata de funciones accesorias ni complementarias, sino del fundamento mismo que justifica su existencia y el enorme esfuerzo económico que la sociedad destina a su sostenimiento. Cuando una Fuerza Armada fracasa de manera sistemática en ambas tareas, deja de cumplir el propósito para el cual fue creada, surge una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿para qué sirve realmente una Fuerza Armada Nacional (FAN) que no puede defender la nación cuando su soberanía es vulnerada ni proteger a sus ciudadanos cuando estos enfrentan una catástrofe?

Durante más de dos décadas, Venezuela ha sostenido uno de los aparatos militares más numerosos y costosos de América Latina. Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional, Milicia y una extensa burocracia castrense han absorbido miles de millones de dólares del erario público. La propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no deja margen para interpretaciones. Los artículos 328 y 329 establecen con claridad que la misión esencial de la FAN es garantizar la independencia y la soberanía de la Nación, preservar la integridad del espacio geográfico y participar, en coordinación con las autoridades civiles, en la protección de la población frente a situaciones de emergencia y desastres. En ninguna parte la Constitución concibe a la insti
tución militar como un instrumento de control político, de represión interna o de preservación de un proyecto autoritario. 

Sin embargo, la realidad parece contar una historia muy distinta. En materia de defensa nacional, la FAN ha sido incapaz de ofrecer una respuesta convincente ante algunos de los principales desafíos que enfrenta la soberanía venezolana. Durante años, organizaciones guerrilleras y grupos armados colombianos han operado con relativa impunidad en amplias zonas fronterizas del territorio venezolano, utilizándolas como santuarios estratégicos para refugiarse, reagruparse y establecer corredores logísticos que les permitan evadir la presión militar ejercida por las fuerzas colombianas. Lejos de constituir una frontera efectivamente resguardada, estas regiones se han convertido en espacios de retaguardia para actores delincuenciales armados que disfrutan la complicidad y el apoyo que les brinda la FAN. Además, en un Estado de derecho, el monopolio legítimo de las armas y de la fuerza corresponde exclusivamente al Estado. Sin embargo, la FAN ha tolerado y apoyado a grupos armados (colectivos) del régimen, involucrados en la represión y en asesinatos de ciudadanos. 

Adicionalmente, la FAN ha demostrado una alarmante incapacidad para cumplir su misión esencial de defender la soberanía nacional frente a unidades militares extranjeras como ocurrió el pasado 3/01/2026. La “batalla de Fuerte Tiuna” representa uno de los episodios más humillantes para una institución castrense en las últimas décadas. Tropas norteamericanas penetraron en el territorio nacional, atacaron objetivos militares estratégicos y secuestraron al propio jefe del Estado, sin que la FAN impidiese la incursión ni articulara una respuesta militar eficaz. Más allá del injerencismo imperial de la Casa Blanca, el hecho dejó al descubierto una realidad difícil de ocultar: un aparato militar que durante años fue presentado por la propaganda oficial como uno de los más poderosos de América Latina evidenció su incapacidad para cumplir la misión esencial que la Constitución le asigna: defender la independencia, y la soberanía de la República.

A esta preocupante pérdida de capacidad para defender la soberanía nacional se suma un fenómeno aún más grave: la transformación de la FAN en un instrumento de represión y control político interno. Diversos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas han documentado la participación de efectivos militares —en particular de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)— en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y ejecuciones extrajudiciales. La contradicción difícilmente podría ser más profunda. Una institución concebida por la Constitución para garantizar la independencia de la República, asegurar la integridad del territorio, proteger a la población y salvaguardar el orden constitucional ha sido convertida en uno de los principales pilares de la maquinaria represiva del régimen, al servicio de una política de terrorismo de Estado orientada a asegurar la permanencia del régimen en el poder.

Pero si esa metamorfosis ya resulta profundamente preocupante, la tragedia provocada por los terremotos del 24 de junio de 2026 pone de manifiesto una dimensión adicional del deterioro institucional de la FAN. En cualquier democracia moderna, las fuerzas armadas constituyen el principal instrumento del Estado para responder a desastres naturales. Su capacidad logística, sus ingenieros militares, hospitales de campaña, helicópteros, sistemas de comunicaciones, equipos de búsqueda y rescate, así como su maquinaria pesada, las convierten en la institución mejor preparada para actuar durante las primeras y más críticas horas de una emergencia. Sin embargo, las imágenes provenientes de las zonas devastadas revelan una realidad difícil de conciliar con ese mandato institucional y con el discurso oficial. Ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos, vecinos organizando brigadas de rescate improvisadas y comunidades enteras enfrentando la tragedia prácticamente abandonada evidencian la ausencia de una respuesta militar proporcional a la magnitud del desastre. Lo que debía ser una demostración de capacidad operativa y solidaridad nacional de la FAN está derivando en un símbolo de incapacidad y negligencia para proteger a su propia población. Pero, más grave aún, los escasos reportes sobre la presencia de efectivos militares en las zonas afectadas, dotados de armas de fuego pero no de herramientas para el rescate de víctimas, han estado acompañados de denuncias de saqueo y desvalijamiento de viviendas dañadas, así como de actuaciones arbitrarias que, lejos de facilitar las labores de rescate y asistencia humanitaria, habrían obstaculizado el trabajo de voluntarios y equipos de socorro. Estamos no únicamente ante una omisión en el cumplimiento de un deber constitucional, sino ante una inversión perversa de la función militar: una institución llamada a proteger a los ciudadanos durante una emergencia convertida en una fuente adicional de vulnerabilidad e incertidumbre.

¿Qué sentido tiene mantener uno de los aparatos militares más grandes y costosos de América Latina si ha fracasado en las dos misiones que justifican su existencia: defender la soberanía nacional y proteger a la población en situaciones de emergencia? Más aún, ¿cómo justificar su permanencia cuando, en lugar de cumplir esas funciones esenciales, se ha convertido en uno de los principales pilares de la represión y en un instrumento al servicio de un proyecto hegemónico antinacional?

Reflexión final: Para los venezolanos, esta coyuntura invita a reflexionar sobre la decisión soberana del presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer, de abolir el ejército como institución permanente. La medida quedó consagrada en la Constitución de 1949. Desde entonces, Costa Rica confió su seguridad a cuerpos policiales civiles y destinó los recursos antes destinados al gasto militar a la educación, la salud y el fortalecimiento de los espacios democráticos. Cambió los cuarteles por escuelas, la obediencia supina por la acritud crítica y los fusiles por libros. Lo que en 1948 muchos consideraron una apuesta temeraria terminó convirtiéndose en una de las decisiones de política pública más exitosas y admiradas de América Latina.

Tarek William Saab: de falaz predicador de derechos humanos a verdugo del régimen

La historia política venezolana está llena de farsantes ideológicos, oportunistas y figuras que terminaron devoradas por el mismo poder que ayudaron a construir. Pero pocas transformaciones resultan tan simbólicas y perversas como la de Tarek William Saab. Su trayectoria encarna, quizá mejor que ninguna otra, la degradación ética del chaveco-madurismo y la metamorfosis de un falsario que terminó convirtiendo antiguos discursos emancipadores en mecanismos de persecución y control.

Hubo un tiempo en que William Saab cultivó cuidadosamente la imagen de intelectual orgánico comprometido, poeta insurgente y defensor de los derechos humanos. Durante años de la mal llamada IV República, su figura solía aparecer denunciando abusos policiales, cuestionando excesos estatales y reivindicando causas progresistas. Su discurso estaba impregnado de referencias a la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de enfrentar la represión heredada del viejo sistema político venezolano. En aquel entonces, su figura parecía representar una izquierda que aspiraba a diferenciarse de las prácticas autoritarias latinoamericanas del siglo XX. 

Sin embargo, el paso del tiempo terminó revelando una de las paradojas más crudas de la política venezolana contemporánea: muchos de quienes denunciaban el abuso del poder en el pasado terminaron seducidos por él. Saab no escapó a esa lógica. Por el contrario, se convirtió en uno de sus ejemplos más acabados y perversos.

Su ascenso dentro del aparato chaveco-madurista fue indetenible. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado entre 2000 y 2004, gobernador del estado Anzoátegui entre 2004 y 2012 y Defensor del Pueblo entre 2014 y 2017. Para entonces, ya había renunciado a cualquier independencia crítica y se había integrado plenamente al proyecto hegemónico del chavismo. Además, arrastraba una gestión administrativa plagada de corrupción durante su paso por la gobernación de Anzoátegui. Pero el punto de ruptura definitivo llegó en 2017, cuando fue designado fiscal general tras la destitución de Luisa Ortega Díaz. A partir de ese momento dejó de ser un funcionario político para convertirse en una pieza central del engranaje represivo del régimen. El antiguo defensor de derechos humanos asumió sin reservas el papel de operador político del poder, subordinando el Ministerio Público a los intereses perversos de Miraflores.

A partir de su designación como fiscal, asumió sin escrúpulo alguno el papel de operador político y alcahuete de Maduro y su grupete de chafarotes. La contradicción resultó brutal. El hombre que en otros tiempos denunció violaciones de derechos humanos y se presentó como defensor de las víctimas terminó convertido en uno de los principales encargados de relativizarlas, justificarlas, negarlas o maquillarlas desde las instituciones del Estado. Tarek William Saab pasó de denunciar la persecución política a defender a quienes la ejercían; de reivindicar la protección de los derechos fundamentales a minimizar denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales señaladas por organizaciones nacionales e internacionales. La transformación no fue únicamente política, sino también simbólica. Quien alguna vez construyó su imagen pública alrededor de la defensa de causas progresistas y del compromiso con los derechos humanos terminó actuando como portavoz de un aparato estatal erosionado por la corrupción, y cada vez más cuestionado por sus prácticas represivas. En foros internacionales, entrevistas y comunicados oficiales, asumió la tarea de desestimar acusaciones, desacreditar informes críticos y proyectar una narrativa destinada a exculpar al poder de todas las aberraciones cometidas por el proyecto hegemónico. Terminó convirtiéndose en el escribano de la arbitrariedad, el notario político de la represión institucionalizada, el encubridor sistemático de las violaciones del debido proceso y el fabricante de falaces expedientes construidos en torno a acusaciones de terrorismo, conspiración o desestabilización.

La abrupta defenestración y caída ética de William Saab simbolizan, en última instancia, el colapso moral de una generación política que llegó al poder prometiendo la redención de los excluidos y terminó reproduciendo muchas de las prácticas que decía combatir. Representa el destino de una falaz revolución que acabó devorando sus propias banderas. Personifica al intelectual orgánico que un día denunció a los inquisidores y terminó ocupando su lugar. Es la imagen degradada de quien se proclamó poeta de la paz y terminó por encarar la intolerancia, el silencio impuesto y la violencia del poder. Su trayectoria encarna la metamorfosis del crítico en censor, del disidente en verdugo, de la palabra liberadora en instrumento de miedo, represión y muerte.

Venezuela: un país doblemente tutelado por USA

La tragedia venezolana ha alcanzado un nivel de degradación política tan grotesco que ya ni siquiera puede disimularse bajo discursos patrióticos. El chavismo nació proclamándose como la gran rebelión antiimperialista de América Latina, con un Hugo Chávez que convirtió el antiamericanismo en religión oficial, en instrumento de propaganda que le sirvió de coartada ideológica para consolidar un proyecto hegemónico de rasgos fascistoides. Construyó hábilmente una narrativa en torno al mito de Bolívar enfrentando al imperio, a la épica de la independencia nacional y a la supuesta dignidad soberana de los pueblos del sur.

Durante años se vendió la fantasía de una Venezuela heroicamente enfrentada a Washington. El discurso revolucionario convirtió al “imperio” en enemigo permanente y en la explicación universal de todos los fracasos internos. Sin embargo, el tiempo terminó pulverizando aquella retórica antiimperialista. Todo resultó ser una representación cuidadosamente orquestada, una utilería ideológica destinada más a preservar el poder que a defender la soberanía nacional. La opereta terminó de derrumbarse el pasado 3 de enero con el secuestro de Maduro, cuando el chaveco-madurismo consumó públicamente su metamorfosis política y dejó atrás la vieja retórica incendiaria para asumir, sin pudor, una actitud de subordinación pragmática frente a Washington. A partir de ese momento cesaron los discursos grandilocuentes sobre la “Patria Grande” y las proclamas furibundas contra el Tío Sam. En lugar de amenazas y consignas incendiarias comenzaron a escucharse tonos conciliadores, elogios diplomáticos y discretos gestos de complacencia hacia los mismos actores internacionales que durante décadas fueron presentados como enemigos existenciales de la revolución.

Hoy, los jerarcas del poder reciben a John Ratcliffe, director de la tenebrosa CIA, a Chris Wright, secretario de Energía, y a Francis Donovan, jefe del Comando Sur (quien dirigió el secuestro de Maduro), con alfombra roja, sonrisas protocolares y gestos folclóricos cuidadosamente escenificados en Miraflores, mientras esperan las próximas señales políticas emitidas desde Washington. Se han modificado leyes estratégicas para facilitar y garantizar la participación de capitales imperiales en sectores que durante años fueron presentados como símbolos intocables de la soberanía revolucionaria. Allí están la reforma de la Ley de Minas, la nueva Ley de Hidrocarburos y, más recientemente, la modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La contradicción resulta brutal: el mismo régimen que demonizó la inversión extranjera, expropió empresas y convirtió el antiimperialismo en doctrina oficial, hoy reforma el marco jurídico nacional para atraer inversionistas internacionales, ofrecer garantías al capital privado y abrir áreas estratégicas de la economía al mercado global. El chavismo terminó haciendo exactamente aquello que durante décadas calificó de “entrega de la patria”. El supuesto antiimperialismo terminó reducido a un simple accesorio retórico, a una pieza de escenografía propagandística útil únicamente para movilizar fanáticos y justificar la imposición de su proyecto hegemónico. El régimen que prometió liberar a Venezuela de la tutela extranjera acabó transformándose en cachorro del imperio que juró derrotar. La ironía es brutal: el chavismo ya no gobierna mirando a Miraflores, sino interpretando cada mirada y gesto de Mr. Trump desde la Oficina Oval. 

Pero la oposición venezolana tampoco ha escapado a esa lógica de dependencia y subordinación. Incapaz de construir una estrategia viable de poder, un proyecto nacional coherente o una fuerza social verdaderamente autónoma, ha desplazado progresivamente su centro de decisión política a la capital del imperio. La esperanza democrática dejó de sustentarse en la organización, la conciencia y la capacidad de lucha de los propios venezolanos para quedar subordinada a las decisiones emanadas de Washington, bajo la nueva troika imperial integrada por Trump, Rubio y Hegseth. Hoy, la gran mayoría del liderazgo opositor parece prestar más atención a las órdenes, señales emanadas de la Casa Blanca o de Mar-a-Lago que, a la voluntad soberana, la conciencia política y la capacidad de resistencia del propio pueblo venezolano. La tragedia ha alcanzado un nivel particularmente humillante: la libertad de Venezuela ya no parece concebirse como una conquista nacional impulsada por los ciudadanos, sino como una concesión geopolítica administrada desde Estados Unidos. Esta realidad quedó crudamente reflejada en el reciente Manifiesto de Panamá, donde la negociación política propuesta por sectores de la oposición aparece explícitamente subordinada al esquema y a las etapas diseñadas desde Washington bajo la orientación política de Marco Rubio. La oposición dejó de hablarle al país para comenzar a hablarle al poder norteamericano, como si la legitimidad de la lucha democrática dependiera más de la aprobación de la Casa Blanca que de la voluntad de los venezolanos.

Lamentablemente, la ilusoria esperanza de una democratización “Made in USA”, compartida hoy por millones de venezolanos, se sustenta en una premisa profundamente equivocada. Donald Trump jamás ha demostrado interés real en promover una auténtica transición democrática en Venezuela. Su atención al país ha estado determinada fundamentalmente por consideraciones energéticas, estratégicas y geopolíticas. Para Trump, un cambio de régimen en Venezuela nunca ha sido su prioridad, sino el control político de una pieza “muy importante” en el tablero energético y de la seguridad hemisférica de Estados Unidos.

 

Venezuela dejó de concebirse como sujeto soberano de su propia historia para convertirse en una nación sometida a un doble vasallaje político bajo la tutela del Tío Sam.

Carmen Teresa Navas: Le arrebataron a su hijo, pero no pudieron silenciar su voz

En este Día de las Madres, el nombre de Carmen Teresa Navas resuena con dolor, dignidad y valentía. Porque mientras muchas madres hoy reciben abrazos y celebraciones, ella enfrenta la ausencia irreparable de un hijo que le fue arrebatado por la crueldad y la represión de un régimen que ha sembrado miedo, persecución y muerte.

A Carmen Teresa Navas no solo le asesinaron a su hijo; también intentaron quebrar su esperanza, silenciar su voz y condenarla al sufrimiento. Pero una madre que ama de verdad jamás se rinde. Su lucha se ha convertido en un símbolo de denuncia ante la injusticia y ante quienes utilizan el poder para destruir vidas y familias enteras.

Hoy este mensaje no es solo de felicitación, sino también de memoria y denuncia. Porque ningún gobierno debería perseguir, encarcelar ni matar a los hijos de su pueblo. Ninguna madre debería vivir el horror de buscar justicia en medio del silencio, la impunidad y el abuso de poder.

Carmen Teresa, su dolor representa el de miles de madres venezolanas que han perdido a sus hijos por la violencia, la represión y la falta de humanidad de quienes gobiernan. Que el mundo no olvide sus nombres ni permita que estas tragedias se normalicen.

En este Día de las Madres, le enviamos respeto, solidaridad y la certeza de que el amor por un hijo jamás podrá ser derrotado por ningún régimen.

Muerte del chavismo: de la retórica antiimperialista al vasallaje político

 Aún es incierto el rumbo que tomará la tan anhelada transición democrática en Venezuela tras la captura y extradición de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Aunque el país ha experimentado ciertos cambios desde entonces —una apertura económica limitada, una reducción parcial de la represión y una mayor disposición de algunos medios a romper con la autocensura—, resulta prematuro hablar de una verdadera transición democrática. Las estructuras de poder del chavismo permanecen intactas, amplios sectores de la sociedad continúan sometidos a la precariedad y el miedo. Más que el inicio claro de una transición democrática, Venezuela parece encontrarse en un período de incertidumbre y reacomodo del proyecto económico bajo el apoyo y tutelaje de la Casa Blanca. Esta posible transición hacia la democracia dependerá, en gran medida, de si entre las prioridades de Mr. Trump —más allá del petróleo y de otros recursos estratégicos— existe un compromiso real con una verdadera transición democrática en Venezuela, y no simplemente con la instauración de un nuevo esquema de poder funcional a los intereses de Washington.

A escasos cuatro meses del 3 de enero, resulta evidente cómo muchos de los antiguos monaguillos del autoritarismo hoy negocian, se repliegan y se humillan ante el mismo imperio que durante años aseguraron combatir. Las interminables alocuciones escatológicas y antiimperialistas de Hugo Chávez ahora incomodan incluso a quienes antes las repetían con fervor doctrinario; sus discursos apenas sobreviven como ecos gastados en el cajón de los recuerdos de una falaz revolución agotada y moribunda. Los “ojitos de Chávez”, al igual que el rostro del nuevo inquilino de Brooklyn, han desaparecido progresivamente de los espacios públicos, como si el poder intentara borrar con rapidez los símbolos de una fe política que hasta hace poco exigía una devoción absoluta. El rojo —convertido durante años en un emblema omnipresente de la revolución— ha sido desplazado por tonalidades neutras como el blanco y el azul. El chavismo busca mutar, camuflarse y desprenderse de una identidad política que ya no moviliza la épica, sino el desgaste, el fracaso y la vergüenza.

Hoy queda muy poco por defender en términos doctrinarios, si es que alguna vez existieron. Las reformas “expresas” a las leyes emblemáticas como la de hidrocarburos y del sector minero, y muy posiblemente la del trabajo, demuestran el grado de humillación y vasallaje frente al tutelaje impuesto por Washington. Al margen de su ya desgastada retórica contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han terminado por volver de rodillas ante ambos organismos, implorando financiamiento y legitimidad. El chavismo agonizante, hoy se subasta al mejor postor y alquila sus últimos restos de poder como una meretriz política dispuesta a servir a quien garantice su supervivencia.

La subordinación ante Washington, tras el 3 de enero, también resquebrajó la llamada “solidaridad con Cuba”, presentada durante años como uno de los pilares simbólicos del proyecto bolivariano. Durante más de una década, Venezuela envió petróleo a la isla de forma gratuita o a precios solidarios (Petrocaribe), como parte de una alianza que convirtió la energía en un instrumento de integración ideológica y de lealtad geopolítica. Sin embargo, bastó la presión de la Casa Blanca para que la tan cacareada hermandad revolucionaria se desplomara. A los hermanos Rodríguez no les tembló la mano para dejar a Cuba sin petróleo, pese a que 32 efectivos cubanos murieron defendiendo a Maduro en Fuerte Tiuna durante los acontecimientos del 3 de enero.

Estamos ante la sepultura de un proyecto político deliberadamente engañoso, ideológicamente vacío y construido sobre el culto a la personalidad de un improvisado oficial tropero: Hugo Chávez. Un proyecto mesiánico y profundamente reaccionario que sustituyó los principios por la obediencia ciega, desmontó la pluralidad democrática para imponer un pensamiento único militarizado y convirtió las políticas sociales en instrumentos de chantaje y control sobre los sectores más vulnerables. En nombre del “pueblo”, destruyó las instituciones y la separación de poderes, pulverizó la autonomía sindical y redujo la libertad a una forma de sumisión administrada por el Estado. Hoy, lo que sobrevive es apenas un cascarón autoritario, tutelado por los intereses de Washington, sostenido por la represión sistemática, el miedo y una élite burocrático-militar que desconoció la soberanía popular el 28/7/2024 en nombre de una supuesta revolución. El chavismo, más que una alternativa histórica, ha sido una regresión  política envuelta en una falaz retórica revolucionaria.

La tumba del chavismo no representa únicamente el cierre de una etapa marcada por el autoritarismo, la corrupción, la represión y la muerte, sino también la apertura de un desafío histórico aún más complejo: construir una democracia verdaderamente soberana, justa y equitativa, ajena a reproducir los vicios del pasado y la subordinación política, económica o geopolítica. El riesgo no es solo repetir el fracaso del chavismo bajo otro discurso, sino sustituir una élite hegemónica por otra, igualmente dependiente de intereses externos y sostenida por nuevos hiperliderazgos providenciales. La reconstrucción de Venezuela exigirá algo más profundo que un simple cambio de gobierno: requerirá nuevas instituciones sólidas, una ciudadanía crítica y una sociedad que deje de depender de caudillos, mesianismos y tutelajes extranjeros para definir su destino.

1 de mayo: nada que celebrar en Venezuela

Cada año, el 1 de mayo se presenta como una fecha de conmemoración, de lucha y de conquistas laborales. Un día para recordar los derechos ganados, reivindicar al trabajador y proyectar mejores condiciones de vida. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha ha perdido su esencia hasta convertirse en una fecha de lucha y resistencia.

Hablar hoy del Día del Trabajador en el país es enfrentarse a una realidad que desmiente cualquier discurso oficial. El salario mínimo permanece en 0,27 dólares mensuales: no fue modificado. Más que un ingreso, es una cifra simbólica, desconectada de cualquier noción de sustento. El anunciado y fantasioso “ingreso mínimo integral” de 240 dólares se sostiene, en realidad, sobre bonificaciones que no inciden en las prestaciones sociales ni en otros derechos laborales. No es salario: es un paliativo discrecional que no construye estabilidad ni futuro. A esto se suma la desaparición progresiva de beneficios conquistados mediante contrataciones colectivas y una estabilidad laboral cada vez más frágil. La relación entre trabajo y dignidad ha sido erosionada hasta el punto de quiebre. Hoy, la promesa de vivir del trabajo ha sido sustituida por algo mucho más precario: la mera supervivencia diaria.

El trabajador venezolano no celebra: resiste. Resiste la inflación persistente, la erosión del poder adquisitivo y la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Resiste la persecución policial y la judicialización de sus luchas por derechos conculcados por el proyecto hegemónico. Resiste la exclusión social y la miseria a las que ha sido sometido. 

Este 1 de mayo no es una celebración; es una fecha para la reflexión crítica y la denuncia. Es un día para hablar de la reconquista de derechos arrebatados: salarios dignos, contratación colectiva efectiva, estabilidad laboral, cese de la persecución policial contra los dirigentes sindicales y respeto efectivo a la clase trabajadora. El trabajo debe ser fuente de dignidad, no de miseria. Por ello, es necesario alzar la voz frente a políticas que empobrecen y exigir cambios estructurales, no paliativos temporales. La historia es clara: ningún derecho ha sido concedido voluntariamente. Cuando los trabajadores se organizan, resisten y exigen, logran transformar su realidad. ¡Viva el 1 de mayo!

Salarios pírricos y miseria estructural

El anuncio falaz de aumento salarial de Delcy Rodríguez para 2026 no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un entramado más amplio de políticas que, lejos de reivindicar el trabajo, han consolidado un modelo abiertamente antiobrero. Bajo el ropaje de la “protección social”, el Ejecutivo ha institucionalizado un esquema en el que el salario deja de ser el eje de la relación laboral y se convierte en una cifra simbólica, vaciada de contenido real.

El llamado “aumento del salario mínimo integral” no corrige la pérdida del poder adquisitivo; la profundiza. En un entorno de inflación persistente y dolarización informal, los ajustes nominales resultan irrelevantes frente al costo de vida. Pero el problema es aún más estructural: el régimen ha sustituido el salario por bonificaciones discrecionales, eliminando, en la práctica, conquistas históricas del trabajador como las prestaciones sociales, las vacaciones dignas o la negociación colectiva efectiva. No es un error técnico; es una política deliberada.

La política antiobrera del modelo venezolano se expresa precisamente en esa desalarización progresiva. Al fragmentar el ingreso en bonos no salariales, el Estado reduce sus obligaciones legales y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. A ello se suma la represión de las protestas laborales, la judicialización de dirigentes sindicales y el control férreo de las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales. El mensaje es claro: cualquier intento de reivindicación autónoma será neutralizado.

En este contexto, el anuncio de un aumento salarial falaz funciona más como una pieza propagandística que como una medida económica. Se intenta proyectar una imagen de sensibilidad social mientras se perpetúa un sistema que abarata la mano de obra y traslada el costo de la crisis a los sectores más vulnerables. Es una lógica de supervivencia política, no de justicia social.

El resultado es una contradicción evidente: un régimen que se autodefine en favor de los trabajadores ha terminado por erosionar las bases materiales del trabajo digno. El salario mínimo, lejos de ser un instrumento de bienestar, se ha convertido en una referencia irrelevante en la economía real. Y cada nuevo “aumento” no hace sino confirmar esa realidad: no se trata de mejorar las condiciones de vida, sino de administrar su deterioro.

Así, lo anunciado por el régimen no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política que ha redefinido la precariedad como norma. Mientras no se revierta el desmontaje sistemático del salario y de los derechos laborales, cualquier ajuste seguirá siendo lo que hoy es: una ilusión cuidadosamente dosificada dentro de un modelo que ha dejado de servir —si alguna vez lo hizo— a quienes viven de su trabajo.

La falsaria ley de amnistía: perdón como instrumento de dominación

En los regímenes autoritarios, las palabras suelen cumplir una función opuesta a su significado. La paz sirve para justificar la represión, la soberanía para encubrir la entrega, la justicia para perseguir al adversario y la amnistía, paradójicamente, para administrar el castigo. Eso ocurre hoy en Venezuela con la llamada Ley de Amnistía, impulsada en 2026 por Delcy Rodríguez y presentada como un gesto de reconciliación nacional, pero en realidad diseñada como un nuevo instrumento de control político.

No se trata de una novedad histórica. Venezuela ya vivió en 2016 el fracaso de una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que buscaba liberar presos políticos y corregir el uso del sistema penal como mecanismo de persecución. El régimen de Maduro la calificó de “ley de impunidad”, argumentando que pretendía absolver a responsables de violencia política, incluidos los vinculados a 2002, 2014 y otras protestas. Maduro se negó a promulgarla y la remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución sometida a los dictámenes de Miraflores. El 11 de abril de 2016, la Sala Constitucional del TSJ declaró la ley “inconstitucional” y la anuló por completo. El argumento jurídico fue predecible: supuesta violación de principios constitucionales, negación de justicia para las víctimas y riesgo de impunidad, En rigor, la ley fue rechazada por el TSJ no por sus defectos técnicos sino porque desafiaba una lógica central del poder autoritario: la discrecionalidad absoluta sobre el castigo. En estos regímenes, la justicia no es un sistema de normas, sino un instrumento de control. Permitir una amnistía desde un poder adverso implicaba ceder una facultad esencial: decidir quién es culpable, quién es inocente y, sobre todo, quién merece ser perdonado.

Diez años después, el chavismo intenta apropiarse de ese mismo lenguaje, pero vaciándolo de contenido democrático. La amnistía promovida por Delcy no surge para restituir derechos vulnerados, ni para reparar daños —mucho menos para cerrar heridas—, sino como un mecanismo de concesiones selectivas, estrictamente condicionado a la subordinación política. No apunta a la reconciliación, sino a la obediencia.

El problema central no está en el concepto de amnistía, sino en quién la administra y con qué propósito. Una amnistía genuina supone el reconocimiento del conflicto político, la reparación institucional y las garantías de no repetición. La propuesta oficialista carece de todo eso. No reconoce la existencia de presos políticos, no admite la persecución judicial, no asume responsabilidad estatal por torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o asesinatos. Tampoco existe la más mínima intención de impulsar reformas estructurales en un sistema judicial profundamente cuestionado. En su lugar, se plantea un dispositivo opaco: exclusiones deliberadamente ambiguas, criterios discrecionales y un amplio margen de arbitrariedad para decidir quién puede ser “perdonado” y quién debe seguir siendo utilizado como advertencia. No es una política de justicia transicional, sino una herramienta de control que preserva intacto el poder de castigar mientras administra, de forma selectiva, la apariencia de clemencia.

Es la lógica del indulto feudal: no se reconoce un derecho, sino que se concede una gracia. El ciudadano no recupera su libertad como garantía constitucional, sino como una concesión personal del poder. La libertad deja de ser un principio republicano para degradarse en una dádiva administrativa. 

La inquilina provisoria de Miraflores ha intentado presentar esta iniciativa como una prueba de apertura política ante la comunidad internacional y como respuesta a las críticas por la persistencia de la represión. Pero el núcleo del problema permanece intacto: no puede existir una amnistía real allí donde no hay independencia judicial ni separación de poderes. Cuando los tribunales responden al Ejecutivo, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento. Las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que una amnistía administrada por quienes han sostenido la persecución no ofrece justicia, sino arbitrariedad con otro nombre. El riesgo no es solo que muchos presos políticos queden fuera —como ya ocurre con más de 400 detenidos civiles y militares—, sino que la propia ley funcione como un mecanismo de legitimación. Se libera a unos pocos, cuidadosamente seleccionados, para hacer más tolerable —y más vendible hacia afuera— el encarcelamiento de muchos otros. No es un acto aislado; es un diseño deliberado: administrar liberaciones puntuales para normalizar la represión estructural. Así, cada excarcelación no corrige la injusticia, sino que la maquilla. Y el resultado es perverso: se transforma una política sistemática de persecución en una narrativa de aparente clemencia.

La estrategia no es nada novedosa. Los autoritarismos contemporáneos no se sostienen solo en la represión abierta, sino en una ingeniería más sofisticada: miedo selectivo y concesión calculada. No necesitan encarcelar a todos; les basta con castigar a algunos y exhibir, con total arbitrariedad, quién sale y quién se queda. Ese poder de selección no es un efecto colateral, es el mensaje central. Funciona mejor que la represión indiscriminada porque introduce incertidumbre y disciplina a la vez: convierte la libertad en un privilegio revocable. No es justicia, es administración del miedo. Y la conclusión que se impone —sin necesidad de proclamarla— es clara: la libertad no es un derecho, sino una recompensa condicionada a la obediencia.

Por eso esta ley, en esencia fraudulenta, fracasa incluso antes de aplicarse. Fracasa moralmente porque rehúye de la verdad. Fracasa jurídicamente porque sustituye los derechos por favores. Fracasa políticamente porque no genera confianza, sino sospecha. Y fracasa históricamente porque reproduce exactamente aquello que dice querer superar: el uso del sistema penal como herramienta de dominación.

No es una amnistía, sino un maquillaje institucional para un esquema que sigue criminalizando la disidencia. No puede invocarse la reconciliación mientras persisten las inhabilitaciones políticas, el exilio forzado, la censura, la judicialización de la protesta y la prisión como mecanismo disciplinario del Estado.

La reconciliación real no nace de una firma ni de una concesión subordinada al Ejecutivo. Exige restituir la institucionalidad democrática, reconocer a las víctimas, esclarecer los abusos y garantizar —de manera efectiva, no retórica— que la justicia deje de ser un instrumento de castigo político. Mientras eso no ocurra, toda amnistía será apenas una escenografía. Y toda promesa de reconciliación será simplemente otra forma de control.

Precarización y miseria: anatomía del modelo antiobrero bolivariano

La precariedad laboral solo puede entenderse como un reflejo de las transformaciones y reconfiguraciones internas en la lógica de acumulación de riqueza del capitalismo, así como una respuesta del propio capital frente a su crisis. Tras la crisis del modelo fordista en las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de capital pasó a apoyarse principalmente en la flexibilización y precarización del trabajo a fin de preservar sus tasas de ganancia. 

La precarización laboral en Venezuela no puede entenderse como una derivación accidental, sino como el resultado de un conjunto de transformaciones económicas, políticas e institucionales, desarrolladas con la llegada de Hugo Chávez al poder y su posterior continuidad con Maduro y, más recientemente, con los Rodríguez. A raíz de la llegada del nacionalfascismo-bolivarianismo al poder, se inició un modelo económico facho-neoliberal-dependiente, maquillado con una falaz retórica revolucionaria. Modelo de gestión que impuso un proyecto antiobrero caracterizado por empleos inestables, salarios pírricos, escasa o nula seguridad social y restricciones represivas a la actividad sindical.

Es importante hacer hincapié en que este perverso proyecto comenzó con la llegada de Chávez al poder. Desde Miraflores se impulsó una serie de reformas legales que modificaron, eliminaron o dejaron sin efecto diversas normativas relativas a la protección de los derechos laborales. En nombre de una tramposa revolución, se aprobaron disposiciones que significaron un retroceso en muchas de las conquistas logradas por los trabajadores, entre ellas la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Asimismo, se derogaron o transformaron marcos legales relacionados con la seguridad social, incluyendo la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Pública, y la Ley del Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (2002). Intervinieron sindicatos, se propició el paralelismo sindical, así como la criminalización y judicialización de las luchas sindicales.

Uno de los rasgos más corrosivos —y deliberadamente encubiertos— del proyecto antiobrero chavista en materia laboral ha sido la progresiva demolición del trabajo y salario dignos, disfrazada bajo el lenguaje maniqueo de una supuesta nueva democracia social. Lejos de representar mejoras socioeconómicas para los asalariados, lo que se ha impuesto es una flexibilización laboral, calcada de los manuales más ortodoxos del neoliberalismo. Bajo este paradigma, la proliferación de formas de empleo precario —contratos temporales, trabajo a domicilio, “misiones”, cooperativas instrumentalizadas y esquemas de cogestión— ha permitido desmontar, pieza por pieza, las garantías históricas del trabajo.

El resultado no es ambiguo. Se ha consolidado un mercado laboral caracterizado por la inestabilidad estructural, la indefensión jurídica y la subordinación absoluta del trabajador. La precarización salarial, en este contexto, no ha sido una consecuencia colateral, sino el núcleo del modelo. En un país afectado por una hiperinflación que ha alcanzado cifras de 617 % (anualizada febrero 2026), con una economía de facto dolarizada y una canasta básica que ronda los 677 dólares, el salario mínimo oficial —apenas 0,27 dólares— no es simplemente insuficiente: es una cifra simbólica que expresa el colapso deliberado del salario como institución. Pero incluso esa cifra, por escandalosa que sea, no agota la gravedad del problema. Lo verdaderamente estructural es la mutación del salario en algo irreconocible. El Estado, convertido en el principal empleador, ha institucionalizado un sistema basado en ingresos fragmentados, canalizados a través de bonos discrecionales, opacos y explícitamente no salariales. Estas “bonificaciones” masivas no constituyen una respuesta improvisada a la crisis, sino un dispositivo cuidadosamente diseñado de deslaboralización. Al excluir estos pagos del cálculo de prestaciones, vacaciones y pensiones, no solo se precariza el presente del trabajador, sino que también se expropia su futuro.

Lo que emerge de este entramado no es simplemente un mercado laboral deteriorado, sino un nuevo régimen de relaciones laborales en el que el salario deja de ser un derecho para convertirse en una concesión arbitraria. Más que una crisis, se trata de una reconfiguración regresiva del trabajo, en la que la pérdida de derechos no es un efecto colateral, sino su objetivo central.

El resultado de esta política no ha sido simplemente negativo: ha sido devastador. No se trata de un deterioro accidental, sino de un proceso sostenido de erosión de las capacidades fundamentales de la población venezolana. Según PROVEA, el 82,3 % de la población no tiene acceso adecuado a alimentos, el 43,3 % enfrenta inseguridad alimentaria, y los indicadores más sensibles lo confirman: 10,5 % de los niños presenta talla baja y 9,3 % nace con bajo peso, signos inequívocos de una crisis nutricional persistente y de efectos intergeneracionales. El colapso no se limita al ámbito alimentario. En el ámbito educativo, el 37 % de los jóvenes de 18 a 24 años están excluidos del sistema, lo que configura una generación amputada en sus oportunidades de movilidad social. En paralelo, más de la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad, atrapada en dinámicas de subsistencia sin derechos, sin estabilidad y sin protección social, lo que no solo precariza el presente, sino que también cancela cualquier horizonte de seguridad futura. 

En términos agregados, el panorama es aún más elocuente: el 73 % de los hogares vive en pobreza, incapaz de cubrir necesidades básicas; el 56 % padece pobreza multidimensional, lo que revela carencias simultáneas en servicios, educación y vivienda; y, de forma aún más dramática, alrededor de 3,4 millones de hogares viven en la pobreza extrema (Ecovi 2024), es decir, ni siquiera logra acceder a la canasta alimentaria. Más que una crisis social, lo que estos datos configuran es un proceso de desestructuración sistemática del bienestar: una sociedad empujada hacia la supervivencia, donde la pobreza deja de ser una condición transitoria para convertirse en un estado permanente de exclusión social.

El discurso gubernamental insiste en atribuir la crisis a factores externos, en particular a las sanciones económicas, elevándolas a una explicación casi exclusiva del colapso. Sin embargo, esta narrativa omite un hecho fundamental: la precarización y la flexibilización laboral no nacieron con las sanciones, sino que las precedieron de forma clara y documentada. Este proyecto antiobrero y hambreador comenzó a gestarse durante el período de Chávez. En este contexto, las sanciones han operado más bien como un acelerador que como causa originaria. Reducir el colapso a un único factor externo no solo empobrece el análisis, sino que constituye una falacia deliberada.

La precarización laboral, inserta en un esquema de autoritarismo protofascista
bolivariano, no constituye un error coyuntural ni una desviación accidental, sino un componente estructural del modelo, en el que la erosión de los derechos de los asalariados deja de ser una anomalía para convertirse en una condición funcional del proyecto hegemónico.

César Chávez: del ícono de los derechos humanos al autoritario depredador de trabajadoras

En la construcción de los mitos políticos, pocas figuras han sido tan cuidadosamente resguardadas como la de César Chávez, cofundador del principal sindicato de trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, la United Farm Workers. (1927–1993). Elevado a símbolo de la lucha campesina en ese país, su legado suele presentarse como intachable, casi sagrado. Su imagen —de campesino, organizador y mártir laico, profundamente comprometido con la justicia social— ha sido repetida en discursos, murales y libros de texto, consolidando una narrativa que privilegia la épica por encima de la complejidad.

Sin embargo, reportes periodísticos recientes —entre ellos, investigaciones del The New York Times— así como la difusión de una carta y entrevistas posteriores de Dolores Huerta (cofundadora del sindicato United Farm Workers), han colocado en el centro del debate señalamientos graves sobre la conducta de Chávez, Según estas investigaciones y denuncias, Chávez habría incurrido en prácticas de manipulación y abuso sexual dentro del entorno del movimiento que lideró desde la década de 1960 hasta su muerte en 1993.

Una de las primeras acusaciones de abuso sexual en contra de Chávez fue formulada por Ana Murguía, quien, habría afirmado que Chávez abusó de ella cuando tenía 13 años y que estas conductas se prolongaron durante varios años en la década de 1970. A ello se sumó el caso de Debra Rojas, quien, en testimonios, sostuvo que el dirigente la habría violado cuando tenía 15 años. Lamentablemente, sus denuncias, no fueron recibidas con empatía, sino con hostilidad. Se les acusó de dañar la causa, como si esta pudiera sostenerse sobre el silencio forzado de quienes afirman haber sido perjudicadas por ella. El rechazo a las acusaciones atribuidas a Murguía y Debra Rojas revela una lógica profundamente perversa: la de movimientos que exigen sacrificios, pero solo reconocen como legítimos aquellos que refuerzan su relato heroico, relegando o desacreditando cualquier testimonio que lo contradiga.

Sin embargo, la denuncia reciente a Dolores Huerta —hoy con 95 años— ha sido demoledora. Huerta, cofundadora de la United Farm Workers, lideró huelgas, protestas y marchas junto a César Chávez, denunciando las precarias condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en California y en el resto del país. Sin embargo, su liderazgo siempre fue subestimado o relegado, en parte debido a la centralidad casi incuestionable que Chávez ejercía en el movimiento. Huerta, tras décadas de silencio, ha señalado que Chávez la violó en dos ocasiones (1960 y 1966), lo que derivó en embarazos que mantuvo en secreto. Asimismo, Huerta afirmó no haber reportado ambos incidentes a la policía ni habérselo contado a sus compañeros en el sindicato, por temor a no ser creída y a que cualquier señalamiento debilitara la figura de Chávez y comprometiera la lucha que ambos impulsaban.

Lo inquietante no es solo la gravedad de las denuncias, sino lo previsible de su encubrimiento. Chávez no operaba en el vacío. Lo hacía dentro de una estructura —la United Farm Workers— que, lejos de funcionar como contrapeso democrático, terminó consolidando una cultura de obediencia y sumisión. No fue un accidente organizativo, sino una elección política: centralizar el poder en una figura carismática y desalentar la disidencia en nombre de la unidad. El problema del autoritarismo en la figura de Chávez no es un detalle secundario de su biografía: es una clave para entender tanto las limitaciones del movimiento que encabezó como las contradicciones internas que terminaron debilitándolo. Lejos de la imagen pública de líder comunitario, Chávez ejerció el poder de forma altamente centralizada, con una marcada desconfianza hacia la autonomía del colectivo que decía representar. En teoría, Farm Workers se construía sobre la organización de base, la solidaridad y la acción conjunta. En la práctica, las decisiones estratégicas dependían casi exclusivamente de Chávez, lo que generó una cultura en la que disentir no formaba parte del proceso democrático, sino que era un acto de deslealtad. La consecuencia fue una organización menos capaz de corregirse a sí misma y más vulnerable a los errores —o impulsos— de su líder. 

Lamentablemente, existe una tendencia recurrente a blindar a las figuras históricas que representan causas nobles. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Chávez: ocurre con líderes políticos, religiosos y culturales en distintas partes del mundo. La sacralización de estas figuras suele ir acompañada de una resistencia a examinar sus fallas, bajo el argumento de que hacerlo debilita las luchas que simbolizan. Sin embargo, esta lógica resulta peligrosa. Al negar o minimizar las posibles sombras de un liderazgo, se corre el riesgo de perpetuar las mismas dinámicas de poder que esas luchas buscan erradicar.

Revisar críticamente la figura de Chávez implica, entonces, asumir una postura incómoda pero necesaria. Significa reconocer que una persona puede haber contribuido significativamente a una causa justa y, al mismo tiempo, haber incurrido en prácticas cuestionables. Esta dualidad no invalida automáticamente su legado, pero sí obliga a matizarlo. La historia no es un relato de héroes perfectos, sino un entramado de acciones humanas, con sus luces y sus sombras.

Estos cuestionamientos invitan a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden prevenir abusos de poder, garantizar la escucha de voces críticas y construir liderazgos menos dependientes de figuras individuales. Más que un juicio destructivo, o un acto de demolición, revisar críticamente a figuras como César Chávez constituye un ejercicio de responsabilidad histórica: solo al confrontar sus propios mitos con honestidad, una sociedad puede aspirar a movimientos más coherentes entre sus principios y su práctica.

El espejismo de la transición democrática en Venezuela

Hay un relato que el Departamento de Estado—amplificado por sus aliados políticos locales— intenta posicionar desde el secuestro de Maduro: la idea de que el país habría entrado en una “transición etapista”, de acuerdo con el "intendente imperial” Marcos Rubio. Sin embargo, aunque los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica política venezolana, sostener que se ha iniciado una verdadera transición democrática resulta, cuando menos, una afirmación fantasiosa. Es cierto que se han producido algunos gestos de apertura, pero cientos de venezolanos permanecen detenidos en las mazmorras del régimen y las estructuras fundamentales del poder autoritario e instrumentos de represión siguen intactos. 

Más que una transición democrática, lo que se observa es un reacomodo interno que ha permitido a Delcy Rodríguez (con el apoyo y reconocimiento explícito de Mr. Trump) recomponerse tras la salida forzosa de Maduro y reconfigurar su control sobre el Estado. Se ha producido un sorprendente alineamiento entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, orientado principalmente a garantizar que la riqueza petrolera de Venezuela fluya hacia los mercados del Tío Sam bajo la supervisión de la Casa Blanca. El mismo actor que durante años fue presentado como el “enemigo imperial” pasó, en cuestión de semanas, a convertirse en un interlocutor privilegiado e incluso en socio estratégico. No solo se reanudaron los contactos diplomáticos, sino que también se abrieron espacios de cooperación en inteligencia y energía, que incluyeron reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. Las imágenes de Delcy recibiendo delegaciones de Washington, sosteniendo encuentros con figuras clave del aparato de seguridad y energía de EE.UU., o avanzando acuerdos en sectores estratégicos— habrían sido impensables antes del 3 de enero. Más que el inicio de una democratización, estamos ante una adaptación del mismo proyecto, ahora rearticulado para sobrevivir al tutelaje impuesto por la Casa Blanca.

Es evidente que la presión y tutela ejercidas por Mr. Trump ha generado ciertos movimientos en el tablero político venezolano. Entre ellos destacan la aprobación de una Ley de Amnistía llena de falencias y precariedades, pero que ha permitido excarcelaciones selectivas de presos políticos —excluyendo a los militares—, la libertad plena de cientos de expresos políticos sometidos a medidas coercitivas judiciales, así como la realización de protestas sociales que, de manera inusual, no han sido reprimidas con la misma brutalidad del pasado. Se trata de una norma ampliamente cuestionada, no solo por omitir elementos esenciales —como el reconocimiento a las víctimas o la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas—, sino también por un aspecto especialmente problemático: su implementación queda en manos del propio poder judicial, que ha formado parte del entramado represivo al servicio del régimen. Además, siguen vigentes, normas ampliamente cuestionadas por su carácter discrecional y represivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

Sin embargo, lo que sí resulta evidente hoy es la transición económica. Así lo demuestran la aprobación de un nuevo marco jurídico —en particular, la reforma de la Ley de Hidrocarburos— y la discusión y aprobación, en primera discusión, de la Ley de Minas, diseñados explícitamente para atraer al capital privado y flexibilizar el histórico control estatal sobre el sector energético. La reforma petrolera —junto con los posibles cambios a la Ley de Minas— puede leerse como una cesión encubierta de la soberanía bajo el discurso de la “normalización económica”. Lejos de representar una simple apertura, estas medidas consolidan un esquema en el que el control efectivo de los recursos estratégicos se desplaza hacia actores privados externos, mientras la soberanía queda reducida a un mero formalismo. En términos estratégicos, Venezuela pierde su autonomía en política energética y queda subordinada a los intereses y la influencia de los Estados Unidos. El enemigo que se estigmatizó y repudió ahora es recibido con los brazos abiertos y hasta con alfombra roja en Miraflores. Estamos ante una forma sofisticada de dominación neocolonial, con la complicidad de un grupete que mantiene una retórica patriótica y revolucionaria, mientras entrega impunemente los recursos estratégicos al gran capital extranjero. 

El verdadero riesgo, entonces, es la consolidación de una “normalización autoritaria”: un esquema en el que el control del poder permanece intacto bajo la hegemonía del proyecto gobernante, maquillado con nuevos rostros y acompañado de una apertura económica de corte proimperial. No estamos ante una transición alguna, y es precisamente ahí donde la narrativa de la “transición” se vuelve especialmente peligrosa. Este relato fantasioso, de tintes siniestros, opera como una coartada cuidadosamente construida para blanquear el proyecto autoritario dirigido por el binomio Rodríguez, que no muestra la menor intención de desmontar el entramado represivo y antipopular erigido desde su llegada al poder, ni mucho menos de impulsar una auténtica transición democrática.

Que ese escenario termine imponiéndose dependerá de factores que hoy juegan, más bien, en su contra. Por un lado, la capacidad de presión de las fuerzas democráticas —tanto dentro como fuera del país— se encuentra profundamente erosionada. Ello obedece, en buena medida, a la subordinación acrítica de la oposición, liderada por María Corina, a la estrategia de Mr. Trump. Esta sumisión, difícil de justificar, no solo ha dejado a la oposición venezolana sin un rumbo estratégico propio, sino que además ha convertido a muchos de sus voceros en validadores complacientes de las maniobras de la dupla Rodríguez, presentadas ilusoriamente como supuestos avances en el desmantelamiento de la hegemonía bolivariana. Por otro lado, no es menor la interrogante sobre las verdaderas prioridades de los Estados Unidos respecto del caso de Venezuela. Si el eje de su política se limita a asegurar fabulosas ganancias económicas y el acceso ilimitado al “excremento del diablo” —en palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo—, la democratización podría quedar relegada a un plano retórico o, sencillamente, fuera de la ecuación. En ese escenario, la “transición democrática” dejaría de ser un objetivo real de Washington para convertirse en un recurso discursivo, útil para legitimar su acceso a las mayores reservas petroleras del planeta.

En ese contexto, hablar de “transición democrática que culmine con la salida del proyecto hegemónico” no solo resulta irresponsable, sino también profundamente engañoso. Lo que observamos con profunda preocupación es una metamorfosis del proyecto autoritario en medio de una posible bonanza económica que, lejos de ceder el poder, aprende a reinventarse para perpetuarse en Miraflores bajo el tutelaje de la Casa Blanca. 

Auge y derrumbe de un proyecto carismático y autoritario

En América Latina, la política ha arrastrado históricamente una profunda debilidad estructural: su tendencia persistente a confundir el proyecto con la persona. A lo largo de distintos momentos históricos y bajo ideologías aparentemente opuestas, numerosos movimientos han sido construidos no sobre programas ideológicos sólidos ni sobre visiones estratégicas duraderas, sino en torno a la figura casi providencial de un líder. La política se convierte entonces menos en una disputa de ideas que en una apuesta por la voluntad, el carisma o la supuesta excepcionalidad de un individuo. El líder o salvador no es solo el conductor del proyecto: es su fuente de legitimidad, su intérprete único y, en muchos casos, su única garantía de coherencia.

El sociólogo Max Weber denominó a este fenómeno de dominación carismática: una forma de autoridad que se sostiene en la devoción hacia una persona considerada excepcional. En este tipo de liderazgo, la legitimidad no se fundamenta en instituciones sólidas ni en doctrinas consolidadas, sino en el magnetismo personal del líder y en la creencia colectiva en su singularidad. Hugo Chávez puede considerarse un claro ejemplo de este tipo de dominación. Su figura se construyó como la de un redentor político en un contexto marcado por la implosión del sistema bipartidista venezolano —representado por AD y Copei— durante la década de 1990. En ese escenario de crisis institucional y desencanto ciudadano, su liderazgo carismático encontró terreno fértil para consolidarse como una alternativa. 

El chavismo fue un fenómeno profundamente personalista. Un cesarismo tropical, donde la legitimidad del líder terminó desplazando a la de las instituciones. Chávez, el encantador de serpientes del siglo XXI, supo articular una narrativa poderosa basada en la redención de los pobres frente a una élite política desacreditada, presentándose como el portavoz directo del pueblo de Venezuela y el líder providencial destinado a corregir las injusticias acumuladas durante décadas. 

El proyecto chavista funcionó durante años como un verdadero aluvión político, impulsado por la presencia de un líder carismático, una retórica demagógica, un perverso sistema de control social financiado por los abundantes ingresos petroleros y una represión despiadada contra la disidencia política. Bajo esas condiciones, el chavismo logró capitalizar el descontento acumulado, las expectativas frustradas de inclusión social, los resentimientos históricos y las aspiraciones de justicia de amplios sectores de la sociedad, transformando ese malestar en una poderosa base de apoyo político. Sin embargo, nunca mostró una verdadera coherencia programática. Su principal bandera ideológica —el llamado socialismo del siglo XXI— terminó siendo, en realidad, un gran fraude ideológico. Un batiburrillo doctrinario: una amalgama de militarismo pretoriano, retórica antiimperialista, referencias cristianas, terrorismo de Estado de inspiración fascista, apelaciones constantes a Simón Bolívar e invocaciones oportunistas al socialismo. La ausencia de un marco doctrinario no fue un accidente ni el resultado de una mera improvisación. Más bien respondió a una lógica política en la que el discurso ideológico operó como un repertorio flexible de símbolos, consignas y referencias históricas al servicio del mesías tropical, más que como un cuerpo teórico coherente y sistemático.

La muerte de Chávez (2013) desnudó la verdadera naturaleza del proyecto que encarnaba. Ningún liderazgo es eterno: los líderes mueren, se desgastan, pierden la iniciativa o simplemente dejan de interpretar el momento histórico. La ausencia de una doctrina capaz de sostener por sí sola la cohesión del chavismo como movimiento terminó por condenarlo a su descomposición. Tras la desaparición física de Chávez, lo que ha persistido ha sido principalmente la invocación de su legado y la repetición de sus consignas, muchas veces acompañadas de notorias incoherencias ideológicas. La transferencia simbólica del liderazgo a Nicolás Maduro buscó asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por Chávez. Sin embargo, esta designación monárquica reveló pronto sus límites. El carisma político no es un patrimonio heredable ni puede transmitirse por simple designación. La sucesión terminó transformando al chavismo sin Chávez en una estructura cada vez más burocrática y coercitiva, sostenida menos por la adhesión popular que por el control del aparato estatal, militar y partidista. En términos de Max Weber, este proceso pudo interpretarse como una forma de “rutinización del carisma”, en la que un liderazgo mesiánico tiende, ilusoriamente, a institucionalizarse, lo cual ha derivado históricamente en grandes fracasos.

La designación dinástica de Maduro representó la muerte del chavismo como movimiento aluvional. Más que el heredero político de Chávez, Maduro terminó siendo el administrador de su fase crepuscular: el custodio de un proyecto que, tras la desaparición de su líder carismático, comenzó a transformarse en un cascarón vacío dedicado fundamentalmente a preservarse a sí mismo. Su gestión quedó marcada por su incapacidad, por una crisis económica sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, la migración masiva, la represión despiadada, el asesinato de jóvenes y el progresivo cierre de los espacios democráticos. El proyecto sobrevivió gracias a la incondicionalidad de un estamento militar corrupto y a un perverso terrorismo de Estado impuesto desde Miraflores.

El secuestro de Maduro el pasado 3/01/2026 marcó un punto de inflexión decisivo para el chavismo en su largo y doloroso camino hacia el derrumbe político: simbolizó una capitulación humillante ante el imperio. El post-chaveco-madurismo, bajo la hegemonía de los hermanos Rodríguez, se configura como un modelo abiertamente antidemocrático y como el sepulturero definitivo del chavismo originario. Despojado ya de su impulso plebeyo y de su narrativa antiimperialista, el régimen aparece cada vez más dócilmente subordinado a los intereses económicos y geopolíticos de Washington, más allá de los estertores espasmódicos y cada vez menos creíbles de su retórica confr
ontacional.

Una izquierda colonizada y subordinada a la petrochequera de Miraflores

Durante años, la izquierda ha enarbolado la defensa de los derechos humanos, la democracia, el antimilitarismo, la protección de los asilados y la justicia social como principios irrenunciables. Sin embargo, una parte significativa de esa misma izquierda mantiene una solidaridad injustificable y un silencio cómplice ante las atrocidades del régimen autoritario venezolano.

No se trata de un desliz coyuntural ni de una interpretación errada y pasajera, sino de una conducta sostenida durante casi tres décadas, pese al progresivo deterioro institucional, económico y humanitario que ha devastado al país y obligado a millones de ciudadanos a emigrar. Ante una realidad tan dramática y ampliamente documentada, la reacción ha sido reiterada: minimizar los abusos, relativizar las violaciones de derechos humanos y encubrir los fracasos bajo consignas ideológicas.

Venezuela dejó de ser un debate ideológico abstracto para convertirse en el reflejo crudo de una tragedia social y política palpable. Frente a este drama, importantes sectores de la izquierda tarifada internacional han desempeñado un papel de complicidad activa, priorizando beneficios y cuotas de poder por encima de los principios y banderas que supuestamente deberían defender. Resulta insostenible, si no moralmente obsceno, seguir hablando de “proceso revolucionario”, “país bloqueado”, “revolución asediada” o “trinchera antiimperialista”. El bolivarianismo no es un proyecto revolucionario y mucho menos antiimperialista: es un proyecto autoritario de impronta fascista que reprime y persigue a la disidencia política y a los trabajadores, socava la libertad de expresión y ha convertido la justicia en una herramienta de coacción y castigo. Un proyecto que militariza la sociedad, que impone un terrorismo de Estado, que irrespeta la voluntad popular y que ha provocado una devastación social, forzando a millones a huir del país (una de las mayores crisis migratorias de la región). No es una opinión. Es un hecho documentado, medido y denunciado por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de esta pesadilla.

Sin embargo, la vara con la que se juzgan estos hechos parece cambiar según quién detente el poder. Así, cuando un gobierno de derecha reprime una protesta, encarcela a opositores o restringe las libertades, la condena es inmediata, tajante y moralmente categórica. Y está muy bien que así sea. Pero cuando esas mismas prácticas provienen de un gobierno que se envuelve en banderas antiimperialistas o en retórica “popular”, emerge el doble estándar: no es para tanto, hay que entender la correlación de fuerzas, existen provocaciones externas, la culpa es de las sanciones, el verdadero enemigo es Estados Unidos. Para la izquierda asalariada la represión cambia de nombre. El autoritarismo se disfraza de resistencia. El abuso se presenta como “defensa del proceso”. Los asesinatos se narran como gestas épicas. El aplastamiento de las luchas sociales se tipifica como una “necesaria estabilización del orden”. Este doble rasero no es un desliz ingenuo ni una confusión teórica: es una elección política. Para esa izquierda asalariada, el problema no es el autoritarismo en sí, sino quién lo ejerce. El poder se vuelve tolerable —incluso justificable— cuando está en “las manos correctas” Es una izquierda que ha terminado por subordinar sus principios a la perversa petrochequera de Miraflores.

Esa claudicación de principios no ocurre en el vacío: se ha sostenido sobre un relato que busca justificarla y hacerla políticamente aceptable: el antiimperialismo. Pero no entendido como una posición crítica frente a las dinámicas de dominación global, sino como un dogma incuestionable, una suerte de amnistía moral y coartada retórica. Bajo su amparo, todo se explica y todo se absuelve. Funciona como una cláusula de inmunidad: si un gobierno se proclama enemigo de Estados Unidos, automáticamente queda del lado correcto de la historia, al margen de sus prácticas concretas. Sin desconocer el carácter históricamente intervencionista —y muchas veces devastador— de la política exterior norteamericana, desde Vietnam hasta Irak, pasando por Guatemala, Chile, República Dominicana, Granada y, más recientemente, nuestro país, resulta intelectualmente deshonesto convertir el antiimperialismo en un principio que exonera cualquier deriva autoritaria, corrupción sistémica o violación de derechos fundamentales. La crítica al imperialismo no puede convertirse en un cheque en blanco para proyectos políticos que, en nombre de la soberanía, erosionan las libertades que dicen defender. Si el antiimperialismo ha de conservar algún valor ético, debe desprenderse de su uso como blindaje ideológico de proyectos autoritarios. Debería ser una crítica coherente, no una licencia para tolerar abusos cuando provienen de actores “afines”. De lo contrario, deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en una coartada para la complacencia.

Este cinismo doctrinario de esa izquierda mercancía convierte al enemigo de mi enemigo en aliado automático, aunque ese aliado encarne autoritarismo, teocracia o la más flagrante regresión social. Así, se terminan defendiendo regímenes como el de Irán, o Afganistán no por sus estándares de igualdad, libertad o pluralismo, sino por su confrontación geopolítica con Occidente. El resultado ha sido una alianza contranatural de conveniencia que sacrifica principios ideológicos en el altar del falaz antiimperialismo 

La petrochequera bolivariana no se limitó a colonizar discursos: prostituyó ideales. Movimientos sociales que alguna vez fueron voces críticas se convirtieron en vasallos sumisos, rendidos al chantaje económico, vendiendo su independencia como quien subasta su dignidad. La izquierda global dejó de ser un faro de resistencia para convertirse en un títere domesticado, legitimando dictaduras con la complicidad de un silencio comprado. No fue conquista de territorios, sino de conciencias: una colonización total de voluntades, donde la ética se troca por sobornos y aplausos serviles.

Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión.

Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural. La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con una institucionalidad debilitada y una ciudadanía reducida a clientela.

El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta. PDVSA, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales e investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por la lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.

Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.

Entre 2006 y 2007, en nombre de la “plena soberanía petrolera”, se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de PDVSA, debía poseer al menos el 60 % de la participación accionaria. El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al “capital transnacional”, el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación. Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.

Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables. Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, PDVSA y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y la sociedad civil. No lo fue.

Los cambios apuntan en la misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional. Por ejemplo, PDVSA pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando PDVSA reducida a un socio nominal, sin control efectivo. Además, la comercialización, históricamente controlada por PDVSA, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control. Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán ante los tribunales venezolanos, sino mediante arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución del 1999 (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales en los que pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno. Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución Nacional) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.

El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural. Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como “entrega” hoy se presenta como “necesidad estratégica”. Lo que antes se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente. El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero resultó incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.

El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero. Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables. Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.

El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico.

La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.