1 de mayo: nada que celebrar en Venezuela

Cada año, el 1 de mayo se presenta como una fecha de conmemoración, de lucha y de conquistas laborales. Un día para recordar los derechos ganados, reivindicar al trabajador y proyectar mejores condiciones de vida. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha ha perdido su esencia hasta convertirse en una fecha de lucha y resistencia.

Hablar hoy del Día del Trabajador en el país es enfrentarse a una realidad que desmiente cualquier discurso oficial. El salario mínimo permanece en 0,27 dólares mensuales: no fue modificado. Más que un ingreso, es una cifra simbólica, desconectada de cualquier noción de sustento. El anunciado y fantasioso “ingreso mínimo integral” de 240 dólares se sostiene, en realidad, sobre bonificaciones que no inciden en las prestaciones sociales ni en otros derechos laborales. No es salario: es un paliativo discrecional que no construye estabilidad ni futuro. A esto se suma la desaparición progresiva de beneficios conquistados mediante contrataciones colectivas y una estabilidad laboral cada vez más frágil. La relación entre trabajo y dignidad ha sido erosionada hasta el punto de quiebre. Hoy, la promesa de vivir del trabajo ha sido sustituida por algo mucho más precario: la mera supervivencia diaria.

El trabajador venezolano no celebra: resiste. Resiste la inflación persistente, la erosión del poder adquisitivo y la precarización progresiva de sus condiciones laborales. Resiste la persecución policial y la judicialización de sus luchas por derechos conculcados por el proyecto hegemónico. Resiste la exclusión social y la miseria a las que ha sido sometido. 

Este 1 de mayo no es una celebración; es una fecha para la reflexión crítica y la denuncia. Es un día para hablar de la reconquista de derechos arrebatados: salarios dignos, contratación colectiva efectiva, estabilidad laboral, cese de la persecución policial contra los dirigentes sindicales y respeto efectivo a la clase trabajadora. El trabajo debe ser fuente de dignidad, no de miseria. Por ello, es necesario alzar la voz frente a políticas que empobrecen y exigir cambios estructurales, no paliativos temporales. La historia es clara: ningún derecho ha sido concedido voluntariamente. Cuando los trabajadores se organizan, resisten y exigen, logran transformar su realidad. ¡Viva el 1 de mayo!

Salarios pírricos, miseria estructural

El anuncio falaz de aumento salarial de Delcy Rodríguez para 2026 no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un entramado más amplio de políticas que, lejos de reivindicar el trabajo, han consolidado un modelo abiertamente antiobrero. Bajo el ropaje de la “protección social”, el Ejecutivo ha institucionalizado un esquema en el que el salario deja de ser el eje de la relación laboral y se convierte en una cifra simbólica, vaciada de contenido real.

El llamado “aumento del salario mínimo integral” no corrige la pérdida del poder adquisitivo; la profundiza. En un entorno de inflación persistente y dolarización informal, los ajustes nominales resultan irrelevantes frente al costo de vida. Pero el problema es aún más estructural: el régimen ha sustituido el salario por bonificaciones discrecionales, eliminando, en la práctica, conquistas históricas del trabajador como las prestaciones sociales, las vacaciones dignas o la negociación colectiva efectiva. No es un error técnico; es una política deliberada.

La política antiobrera del modelo venezolano se expresa precisamente en esa desalarización progresiva. Al fragmentar el ingreso en bonos no salariales, el Estado reduce sus obligaciones legales y debilita la capacidad organizativa de los trabajadores. A ello se suma la represión de las protestas laborales, la judicialización de dirigentes sindicales y el control férreo de las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales. El mensaje es claro: cualquier intento de reivindicación autónoma será neutralizado.

En este contexto, el anuncio de un aumento salarial falaz funciona más como una pieza propagandística que como una medida económica. Se intenta proyectar una imagen de sensibilidad social mientras se perpetúa un sistema que abarata la mano de obra y traslada el costo de la crisis a los sectores más vulnerables. Es una lógica de supervivencia política, no de justicia social.

El resultado es una contradicción evidente: un régimen que se autodefine en favor de los trabajadores ha terminado por erosionar las bases materiales del trabajo digno. El salario mínimo, lejos de ser un instrumento de bienestar, se ha convertido en una referencia irrelevante en la economía real. Y cada nuevo “aumento” no hace sino confirmar esa realidad: no se trata de mejorar las condiciones de vida, sino de administrar su deterioro.

Así, lo anunciado por el régimen no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política que ha redefinido la precariedad como norma. Mientras no se revierta el desmontaje sistemático del salario y de los derechos laborales, cualquier ajuste seguirá siendo lo que hoy es: una ilusión cuidadosamente dosificada dentro de un modelo que ha dejado de servir —si alguna vez lo hizo— a quienes viven de su trabajo.

La falsaria ley de amnistía: perdón como instrumento de dominación

En los regímenes autoritarios, las palabras suelen cumplir una función opuesta a su significado. La paz sirve para justificar la represión, la soberanía para encubrir la entrega, la justicia para perseguir al adversario y la amnistía, paradójicamente, para administrar el castigo. Eso ocurre hoy en Venezuela con la llamada Ley de Amnistía, impulsada en 2026 por Delcy Rodríguez y presentada como un gesto de reconciliación nacional, pero en realidad diseñada como un nuevo instrumento de control político.

No se trata de una novedad histórica. Venezuela ya vivió en 2016 el fracaso de una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que buscaba liberar presos políticos y corregir el uso del sistema penal como mecanismo de persecución. El régimen de Maduro la calificó de “ley de impunidad”, argumentando que pretendía absolver a responsables de violencia política, incluidos los vinculados a 2002, 2014 y otras protestas. Maduro se negó a promulgarla y la remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución sometida a los dictámenes de Miraflores. El 11 de abril de 2016, la Sala Constitucional del TSJ declaró la ley “inconstitucional” y la anuló por completo. El argumento jurídico fue predecible: supuesta violación de principios constitucionales, negación de justicia para las víctimas y riesgo de impunidad, En rigor, la ley fue rechazada por el TSJ no por sus defectos técnicos sino porque desafiaba una lógica central del poder autoritario: la discrecionalidad absoluta sobre el castigo. En estos regímenes, la justicia no es un sistema de normas, sino un instrumento de control. Permitir una amnistía desde un poder adverso implicaba ceder una facultad esencial: decidir quién es culpable, quién es inocente y, sobre todo, quién merece ser perdonado.

Diez años después, el chavismo intenta apropiarse de ese mismo lenguaje, pero vaciándolo de contenido democrático. La amnistía promovida por Delcy no surge para restituir derechos vulnerados, ni para reparar daños —mucho menos para cerrar heridas—, sino como un mecanismo de concesiones selectivas, estrictamente condicionado a la subordinación política. No apunta a la reconciliación, sino a la obediencia.

El problema central no está en el concepto de amnistía, sino en quién la administra y con qué propósito. Una amnistía genuina supone el reconocimiento del conflicto político, la reparación institucional y las garantías de no repetición. La propuesta oficialista carece de todo eso. No reconoce la existencia de presos políticos, no admite la persecución judicial, no asume responsabilidad estatal por torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o asesinatos. Tampoco existe la más mínima intención de impulsar reformas estructurales en un sistema judicial profundamente cuestionado. En su lugar, se plantea un dispositivo opaco: exclusiones deliberadamente ambiguas, criterios discrecionales y un amplio margen de arbitrariedad para decidir quién puede ser “perdonado” y quién debe seguir siendo utilizado como advertencia. No es una política de justicia transicional, sino una herramienta de control que preserva intacto el poder de castigar mientras administra, de forma selectiva, la apariencia de clemencia.

Es la lógica del indulto feudal: no se reconoce un derecho, sino que se concede una gracia. El ciudadano no recupera su libertad como garantía constitucional, sino como una concesión personal del poder. La libertad deja de ser un principio republicano para degradarse en una dádiva administrativa. 

La inquilina provisoria de Miraflores ha intentado presentar esta iniciativa como una prueba de apertura política ante la comunidad internacional y como respuesta a las críticas por la persistencia de la represión. Pero el núcleo del problema permanece intacto: no puede existir una amnistía real allí donde no hay independencia judicial ni separación de poderes. Cuando los tribunales responden al Ejecutivo, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento. Las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que una amnistía administrada por quienes han sostenido la persecución no ofrece justicia, sino arbitrariedad con otro nombre. El riesgo no es solo que muchos presos políticos queden fuera —como ya ocurre con más de 400 detenidos civiles y militares—, sino que la propia ley funcione como un mecanismo de legitimación. Se libera a unos pocos, cuidadosamente seleccionados, para hacer más tolerable —y más vendible hacia afuera— el encarcelamiento de muchos otros. No es un acto aislado; es un diseño deliberado: administrar liberaciones puntuales para normalizar la represión estructural. Así, cada excarcelación no corrige la injusticia, sino que la maquilla. Y el resultado es perverso: se transforma una política sistemática de persecución en una narrativa de aparente clemencia.

La estrategia no es nada novedosa. Los autoritarismos contemporáneos no se sostienen solo en la represión abierta, sino en una ingeniería más sofisticada: miedo selectivo y concesión calculada. No necesitan encarcelar a todos; les basta con castigar a algunos y exhibir, con total arbitrariedad, quién sale y quién se queda. Ese poder de selección no es un efecto colateral, es el mensaje central. Funciona mejor que la represión indiscriminada porque introduce incertidumbre y disciplina a la vez: convierte la libertad en un privilegio revocable. No es justicia, es administración del miedo. Y la conclusión que se impone —sin necesidad de proclamarla— es clara: la libertad no es un derecho, sino una recompensa condicionada a la obediencia.

Por eso esta ley, en esencia fraudulenta, fracasa incluso antes de aplicarse. Fracasa moralmente porque rehúye de la verdad. Fracasa jurídicamente porque sustituye los derechos por favores. Fracasa políticamente porque no genera confianza, sino sospecha. Y fracasa históricamente porque reproduce exactamente aquello que dice querer superar: el uso del sistema penal como herramienta de dominación.

No es una amnistía, sino un maquillaje institucional para un esquema que sigue criminalizando la disidencia. No puede invocarse la reconciliación mientras persisten las inhabilitaciones políticas, el exilio forzado, la censura, la judicialización de la protesta y la prisión como mecanismo disciplinario del Estado.

La reconciliación real no nace de una firma ni de una concesión subordinada al Ejecutivo. Exige restituir la institucionalidad democrática, reconocer a las víctimas, esclarecer los abusos y garantizar —de manera efectiva, no retórica— que la justicia deje de ser un instrumento de castigo político. Mientras eso no ocurra, toda amnistía será apenas una escenografía. Y toda promesa de reconciliación será simplemente otra forma de control.

Precarización y miseria: anatomía del modelo antiobrero bolivariano

La precariedad laboral solo puede entenderse como un reflejo de las transformaciones y reconfiguraciones internas en la lógica de acumulación de riqueza del capitalismo, así como una respuesta del propio capital frente a su crisis. Tras la crisis del modelo fordista en las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de capital pasó a apoyarse principalmente en la flexibilización y precarización del trabajo a fin de preservar sus tasas de ganancia. 

La precarización laboral en Venezuela no puede entenderse como una derivación accidental, sino como el resultado de un conjunto de transformaciones económicas, políticas e institucionales, desarrolladas con la llegada de Hugo Chávez al poder y su posterior continuidad con Maduro y, más recientemente, con los Rodríguez. A raíz de la llegada del nacionalfascismo-bolivarianismo al poder, se inició un modelo económico facho-neoliberal-dependiente, maquillado con una falaz retórica revolucionaria. Modelo de gestión que impuso un proyecto antiobrero caracterizado por empleos inestables, salarios pírricos, escasa o nula seguridad social y restricciones represivas a la actividad sindical.

Es importante hacer hincapié en que este perverso proyecto comenzó con la llegada de Chávez al poder. Desde Miraflores se impulsó una serie de reformas legales que modificaron, eliminaron o dejaron sin efecto diversas normativas relativas a la protección de los derechos laborales. En nombre de una tramposa revolución, se aprobaron disposiciones que significaron un retroceso en muchas de las conquistas logradas por los trabajadores, entre ellas la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Asimismo, se derogaron o transformaron marcos legales relacionados con la seguridad social, incluyendo la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley del Subsistema de Pensiones y de Salud Pública, y la Ley del Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (2002). Intervinieron sindicatos, se propició el paralelismo sindical, así como la criminalización y judicialización de las luchas sindicales.

Uno de los rasgos más corrosivos —y deliberadamente encubiertos— del proyecto antiobrero chavista en materia laboral ha sido la progresiva demolición del trabajo y salario dignos, disfrazada bajo el lenguaje maniqueo de una supuesta nueva democracia social. Lejos de representar mejoras socioeconómicas para los asalariados, lo que se ha impuesto es una flexibilización laboral, calcada de los manuales más ortodoxos del neoliberalismo. Bajo este paradigma, la proliferación de formas de empleo precario —contratos temporales, trabajo a domicilio, “misiones”, cooperativas instrumentalizadas y esquemas de cogestión— ha permitido desmontar, pieza por pieza, las garantías históricas del trabajo.

El resultado no es ambiguo. Se ha consolidado un mercado laboral caracterizado por la inestabilidad estructural, la indefensión jurídica y la subordinación absoluta del trabajador. La precarización salarial, en este contexto, no ha sido una consecuencia colateral, sino el núcleo del modelo. En un país afectado por una hiperinflación que ha alcanzado cifras de 617 % (anualizada febrero 2026), con una economía de facto dolarizada y una canasta básica que ronda los 677 dólares, el salario mínimo oficial —apenas 0,27 dólares— no es simplemente insuficiente: es una cifra simbólica que expresa el colapso deliberado del salario como institución. Pero incluso esa cifra, por escandalosa que sea, no agota la gravedad del problema. Lo verdaderamente estructural es la mutación del salario en algo irreconocible. El Estado, convertido en el principal empleador, ha institucionalizado un sistema basado en ingresos fragmentados, canalizados a través de bonos discrecionales, opacos y explícitamente no salariales. Estas “bonificaciones” masivas no constituyen una respuesta improvisada a la crisis, sino un dispositivo cuidadosamente diseñado de deslaboralización. Al excluir estos pagos del cálculo de prestaciones, vacaciones y pensiones, no solo se precariza el presente del trabajador, sino que también se expropia su futuro.

Lo que emerge de este entramado no es simplemente un mercado laboral deteriorado, sino un nuevo régimen de relaciones laborales en el que el salario deja de ser un derecho para convertirse en una concesión arbitraria. Más que una crisis, se trata de una reconfiguración regresiva del trabajo, en la que la pérdida de derechos no es un efecto colateral, sino su objetivo central.

El resultado de esta política no ha sido simplemente negativo: ha sido devastador. No se trata de un deterioro accidental, sino de un proceso sostenido de erosión de las capacidades fundamentales de la población venezolana. Según PROVEA, el 82,3 % de la población no tiene acceso adecuado a alimentos, el 43,3 % enfrenta inseguridad alimentaria, y los indicadores más sensibles lo confirman: 10,5 % de los niños presenta talla baja y 9,3 % nace con bajo peso, signos inequívocos de una crisis nutricional persistente y de efectos intergeneracionales. El colapso no se limita al ámbito alimentario. En el ámbito educativo, el 37 % de los jóvenes de 18 a 24 años están excluidos del sistema, lo que configura una generación amputada en sus oportunidades de movilidad social. En paralelo, más de la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad, atrapada en dinámicas de subsistencia sin derechos, sin estabilidad y sin protección social, lo que no solo precariza el presente, sino que también cancela cualquier horizonte de seguridad futura. 

En términos agregados, el panorama es aún más elocuente: el 73 % de los hogares vive en pobreza, incapaz de cubrir necesidades básicas; el 56 % padece pobreza multidimensional, lo que revela carencias simultáneas en servicios, educación y vivienda; y, de forma aún más dramática, alrededor de 3,4 millones de hogares viven en la pobreza extrema (Ecovi 2024), es decir, ni siquiera logra acceder a la canasta alimentaria. Más que una crisis social, lo que estos datos configuran es un proceso de desestructuración sistemática del bienestar: una sociedad empujada hacia la supervivencia, donde la pobreza deja de ser una condición transitoria para convertirse en un estado permanente de exclusión social.

El discurso gubernamental insiste en atribuir la crisis a factores externos, en particular a las sanciones económicas, elevándolas a una explicación casi exclusiva del colapso. Sin embargo, esta narrativa omite un hecho fundamental: la precarización y la flexibilización laboral no nacieron con las sanciones, sino que las precedieron de forma clara y documentada. Este proyecto antiobrero y hambreador comenzó a gestarse durante el período de Chávez. En este contexto, las sanciones han operado más bien como un acelerador que como causa originaria. Reducir el colapso a un único factor externo no solo empobrece el análisis, sino que constituye una falacia deliberada.

La precarización laboral, inserta en un esquema de autoritarismo protofascista
bolivariano, no constituye un error coyuntural ni una desviación accidental, sino un componente estructural del modelo, en el que la erosión de los derechos de los asalariados deja de ser una anomalía para convertirse en una condición funcional del proyecto hegemónico.

César Chávez: del ícono de los derechos humanos al autoritario depredador de trabajadoras

En la construcción de los mitos políticos, pocas figuras han sido tan cuidadosamente resguardadas como la de César Chávez, cofundador del principal sindicato de trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, la United Farm Workers. (1927–1993). Elevado a símbolo de la lucha campesina en ese país, su legado suele presentarse como intachable, casi sagrado. Su imagen —de campesino, organizador y mártir laico, profundamente comprometido con la justicia social— ha sido repetida en discursos, murales y libros de texto, consolidando una narrativa que privilegia la épica por encima de la complejidad.

Sin embargo, reportes periodísticos recientes —entre ellos, investigaciones del The New York Times— así como la difusión de una carta y entrevistas posteriores de Dolores Huerta (cofundadora del sindicato United Farm Workers), han colocado en el centro del debate señalamientos graves sobre la conducta de Chávez, Según estas investigaciones y denuncias, Chávez habría incurrido en prácticas de manipulación y abuso sexual dentro del entorno del movimiento que lideró desde la década de 1960 hasta su muerte en 1993.

Una de las primeras acusaciones de abuso sexual en contra de Chávez fue formulada por Ana Murguía, quien, habría afirmado que Chávez abusó de ella cuando tenía 13 años y que estas conductas se prolongaron durante varios años en la década de 1970. A ello se sumó el caso de Debra Rojas, quien, en testimonios, sostuvo que el dirigente la habría violado cuando tenía 15 años. Lamentablemente, sus denuncias, no fueron recibidas con empatía, sino con hostilidad. Se les acusó de dañar la causa, como si esta pudiera sostenerse sobre el silencio forzado de quienes afirman haber sido perjudicadas por ella. El rechazo a las acusaciones atribuidas a Murguía y Debra Rojas revela una lógica profundamente perversa: la de movimientos que exigen sacrificios, pero solo reconocen como legítimos aquellos que refuerzan su relato heroico, relegando o desacreditando cualquier testimonio que lo contradiga.

Sin embargo, la denuncia reciente a Dolores Huerta —hoy con 95 años— ha sido demoledora. Huerta, cofundadora de la United Farm Workers, lideró huelgas, protestas y marchas junto a César Chávez, denunciando las precarias condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en California y en el resto del país. Sin embargo, su liderazgo siempre fue subestimado o relegado, en parte debido a la centralidad casi incuestionable que Chávez ejercía en el movimiento. Huerta, tras décadas de silencio, ha señalado que Chávez la violó en dos ocasiones (1960 y 1966), lo que derivó en embarazos que mantuvo en secreto. Asimismo, Huerta afirmó no haber reportado ambos incidentes a la policía ni habérselo contado a sus compañeros en el sindicato, por temor a no ser creída y a que cualquier señalamiento debilitara la figura de Chávez y comprometiera la lucha que ambos impulsaban.

Lo inquietante no es solo la gravedad de las denuncias, sino lo previsible de su encubrimiento. Chávez no operaba en el vacío. Lo hacía dentro de una estructura —la United Farm Workers— que, lejos de funcionar como contrapeso democrático, terminó consolidando una cultura de obediencia y sumisión. No fue un accidente organizativo, sino una elección política: centralizar el poder en una figura carismática y desalentar la disidencia en nombre de la unidad. El problema del autoritarismo en la figura de Chávez no es un detalle secundario de su biografía: es una clave para entender tanto las limitaciones del movimiento que encabezó como las contradicciones internas que terminaron debilitándolo. Lejos de la imagen pública de líder comunitario, Chávez ejerció el poder de forma altamente centralizada, con una marcada desconfianza hacia la autonomía del colectivo que decía representar. En teoría, Farm Workers se construía sobre la organización de base, la solidaridad y la acción conjunta. En la práctica, las decisiones estratégicas dependían casi exclusivamente de Chávez, lo que generó una cultura en la que disentir no formaba parte del proceso democrático, sino que era un acto de deslealtad. La consecuencia fue una organización menos capaz de corregirse a sí misma y más vulnerable a los errores —o impulsos— de su líder. 

Lamentablemente, existe una tendencia recurrente a blindar a las figuras históricas que representan causas nobles. Este fenómeno no es exclusivo del caso de Chávez: ocurre con líderes políticos, religiosos y culturales en distintas partes del mundo. La sacralización de estas figuras suele ir acompañada de una resistencia a examinar sus fallas, bajo el argumento de que hacerlo debilita las luchas que simbolizan. Sin embargo, esta lógica resulta peligrosa. Al negar o minimizar las posibles sombras de un liderazgo, se corre el riesgo de perpetuar las mismas dinámicas de poder que esas luchas buscan erradicar.

Revisar críticamente la figura de Chávez implica, entonces, asumir una postura incómoda pero necesaria. Significa reconocer que una persona puede haber contribuido significativamente a una causa justa y, al mismo tiempo, haber incurrido en prácticas cuestionables. Esta dualidad no invalida automáticamente su legado, pero sí obliga a matizarlo. La historia no es un relato de héroes perfectos, sino un entramado de acciones humanas, con sus luces y sus sombras.

Estos cuestionamientos invitan a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden prevenir abusos de poder, garantizar la escucha de voces críticas y construir liderazgos menos dependientes de figuras individuales. Más que un juicio destructivo, o un acto de demolición, revisar críticamente a figuras como César Chávez constituye un ejercicio de responsabilidad histórica: solo al confrontar sus propios mitos con honestidad, una sociedad puede aspirar a movimientos más coherentes entre sus principios y su práctica.

El espejismo de la transición democrática en Venezuela

Hay un relato que el Departamento de Estado—amplificado por sus aliados políticos locales— intenta posicionar desde el secuestro de Maduro: la idea de que el país habría entrado en una “transición etapista”, de acuerdo con el "intendente imperial” Marcos Rubio. Sin embargo, aunque los acontecimientos del 3 de enero marcaron un punto de inflexión en la dinámica política venezolana, sostener que se ha iniciado una verdadera transición democrática resulta, cuando menos, una afirmación fantasiosa. Es cierto que se han producido algunos gestos de apertura, pero cientos de venezolanos permanecen detenidos en las mazmorras del régimen y las estructuras fundamentales del poder autoritario e instrumentos de represión siguen intactos. 

Más que una transición democrática, lo que se observa es un reacomodo interno que ha permitido a Delcy Rodríguez (con el apoyo y reconocimiento explícito de Mr. Trump) recomponerse tras la salida forzosa de Maduro y reconfigurar su control sobre el Estado. Se ha producido un sorprendente alineamiento entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, orientado principalmente a garantizar que la riqueza petrolera de Venezuela fluya hacia los mercados del Tío Sam bajo la supervisión de la Casa Blanca. El mismo actor que durante años fue presentado como el “enemigo imperial” pasó, en cuestión de semanas, a convertirse en un interlocutor privilegiado e incluso en socio estratégico. No solo se reanudaron los contactos diplomáticos, sino que también se abrieron espacios de cooperación en inteligencia y energía, que incluyeron reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. Las imágenes de Delcy recibiendo delegaciones de Washington, sosteniendo encuentros con figuras clave del aparato de seguridad y energía de EE.UU., o avanzando acuerdos en sectores estratégicos— habrían sido impensables antes del 3 de enero. Más que el inicio de una democratización, estamos ante una adaptación del mismo proyecto, ahora rearticulado para sobrevivir al tutelaje impuesto por la Casa Blanca.

Es evidente que la presión y tutela ejercidas por Mr. Trump ha generado ciertos movimientos en el tablero político venezolano. Entre ellos destacan la aprobación de una Ley de Amnistía llena de falencias y precariedades, pero que ha permitido excarcelaciones selectivas de presos políticos —excluyendo a los militares—, la libertad plena de cientos de expresos políticos sometidos a medidas coercitivas judiciales, así como la realización de protestas sociales que, de manera inusual, no han sido reprimidas con la misma brutalidad del pasado. Se trata de una norma ampliamente cuestionada, no solo por omitir elementos esenciales —como el reconocimiento a las víctimas o la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas—, sino también por un aspecto especialmente problemático: su implementación queda en manos del propio poder judicial, que ha formado parte del entramado represivo al servicio del régimen. Además, siguen vigentes, normas ampliamente cuestionadas por su carácter discrecional y represivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

Sin embargo, lo que sí resulta evidente hoy es la transición económica. Así lo demuestran la aprobación de un nuevo marco jurídico —en particular, la reforma de la Ley de Hidrocarburos— y la discusión y aprobación, en primera discusión, de la Ley de Minas, diseñados explícitamente para atraer al capital privado y flexibilizar el histórico control estatal sobre el sector energético. La reforma petrolera —junto con los posibles cambios a la Ley de Minas— puede leerse como una cesión encubierta de la soberanía bajo el discurso de la “normalización económica”. Lejos de representar una simple apertura, estas medidas consolidan un esquema en el que el control efectivo de los recursos estratégicos se desplaza hacia actores privados externos, mientras la soberanía queda reducida a un mero formalismo. En términos estratégicos, Venezuela pierde su autonomía en política energética y queda subordinada a los intereses y la influencia de los Estados Unidos. El enemigo que se estigmatizó y repudió ahora es recibido con los brazos abiertos y hasta con alfombra roja en Miraflores. Estamos ante una forma sofisticada de dominación neocolonial, con la complicidad de un grupete que mantiene una retórica patriótica y revolucionaria, mientras entrega impunemente los recursos estratégicos al gran capital extranjero. 

El verdadero riesgo, entonces, es la consolidación de una “normalización autoritaria”: un esquema en el que el control del poder permanece intacto bajo la hegemonía del proyecto gobernante, maquillado con nuevos rostros y acompañado de una apertura económica de corte proimperial. No estamos ante una transición alguna, y es precisamente ahí donde la narrativa de la “transición” se vuelve especialmente peligrosa. Este relato fantasioso, de tintes siniestros, opera como una coartada cuidadosamente construida para blanquear el proyecto autoritario dirigido por el binomio Rodríguez, que no muestra la menor intención de desmontar el entramado represivo y antipopular erigido desde su llegada al poder, ni mucho menos de impulsar una auténtica transición democrática.

Que ese escenario termine imponiéndose dependerá de factores que hoy juegan, más bien, en su contra. Por un lado, la capacidad de presión de las fuerzas democráticas —tanto dentro como fuera del país— se encuentra profundamente erosionada. Ello obedece, en buena medida, a la subordinación acrítica de la oposición, liderada por María Corina, a la estrategia de Mr. Trump. Esta sumisión, difícil de justificar, no solo ha dejado a la oposición venezolana sin un rumbo estratégico propio, sino que además ha convertido a muchos de sus voceros en validadores complacientes de las maniobras de la dupla Rodríguez, presentadas ilusoriamente como supuestos avances en el desmantelamiento de la hegemonía bolivariana. Por otro lado, no es menor la interrogante sobre las verdaderas prioridades de los Estados Unidos respecto del caso de Venezuela. Si el eje de su política se limita a asegurar fabulosas ganancias económicas y el acceso ilimitado al “excremento del diablo” —en palabras de Juan Pablo Pérez Alfonzo—, la democratización podría quedar relegada a un plano retórico o, sencillamente, fuera de la ecuación. En ese escenario, la “transición democrática” dejaría de ser un objetivo real de Washington para convertirse en un recurso discursivo, útil para legitimar su acceso a las mayores reservas petroleras del planeta.

En ese contexto, hablar de “transición democrática que culmine con la salida del proyecto hegemónico” no solo resulta irresponsable, sino también profundamente engañoso. Lo que observamos con profunda preocupación es una metamorfosis del proyecto autoritario en medio de una posible bonanza económica que, lejos de ceder el poder, aprende a reinventarse para perpetuarse en Miraflores bajo el tutelaje de la Casa Blanca. 

Auge y derrumbe de un proyecto carismático y autoritario

En América Latina, la política ha arrastrado históricamente una profunda debilidad estructural: su tendencia persistente a confundir el proyecto con la persona. A lo largo de distintos momentos históricos y bajo ideologías aparentemente opuestas, numerosos movimientos han sido construidos no sobre programas ideológicos sólidos ni sobre visiones estratégicas duraderas, sino en torno a la figura casi providencial de un líder. La política se convierte entonces menos en una disputa de ideas que en una apuesta por la voluntad, el carisma o la supuesta excepcionalidad de un individuo. El líder o salvador no es solo el conductor del proyecto: es su fuente de legitimidad, su intérprete único y, en muchos casos, su única garantía de coherencia.

El sociólogo Max Weber denominó a este fenómeno de dominación carismática: una forma de autoridad que se sostiene en la devoción hacia una persona considerada excepcional. En este tipo de liderazgo, la legitimidad no se fundamenta en instituciones sólidas ni en doctrinas consolidadas, sino en el magnetismo personal del líder y en la creencia colectiva en su singularidad. Hugo Chávez puede considerarse un claro ejemplo de este tipo de dominación. Su figura se construyó como la de un redentor político en un contexto marcado por la implosión del sistema bipartidista venezolano —representado por AD y Copei— durante la década de 1990. En ese escenario de crisis institucional y desencanto ciudadano, su liderazgo carismático encontró terreno fértil para consolidarse como una alternativa. 

El chavismo fue un fenómeno profundamente personalista. Un cesarismo tropical, donde la legitimidad del líder terminó desplazando a la de las instituciones. Chávez, el encantador de serpientes del siglo XXI, supo articular una narrativa poderosa basada en la redención de los pobres frente a una élite política desacreditada, presentándose como el portavoz directo del pueblo de Venezuela y el líder providencial destinado a corregir las injusticias acumuladas durante décadas. 

El proyecto chavista funcionó durante años como un verdadero aluvión político, impulsado por la presencia de un líder carismático, una retórica demagógica, un perverso sistema de control social financiado por los abundantes ingresos petroleros y una represión despiadada contra la disidencia política. Bajo esas condiciones, el chavismo logró capitalizar el descontento acumulado, las expectativas frustradas de inclusión social, los resentimientos históricos y las aspiraciones de justicia de amplios sectores de la sociedad, transformando ese malestar en una poderosa base de apoyo político. Sin embargo, nunca mostró una verdadera coherencia programática. Su principal bandera ideológica —el llamado socialismo del siglo XXI— terminó siendo, en realidad, un gran fraude ideológico. Un batiburrillo doctrinario: una amalgama de militarismo pretoriano, retórica antiimperialista, referencias cristianas, terrorismo de Estado de inspiración fascista, apelaciones constantes a Simón Bolívar e invocaciones oportunistas al socialismo. La ausencia de un marco doctrinario no fue un accidente ni el resultado de una mera improvisación. Más bien respondió a una lógica política en la que el discurso ideológico operó como un repertorio flexible de símbolos, consignas y referencias históricas al servicio del mesías tropical, más que como un cuerpo teórico coherente y sistemático.

La muerte de Chávez (2013) desnudó la verdadera naturaleza del proyecto que encarnaba. Ningún liderazgo es eterno: los líderes mueren, se desgastan, pierden la iniciativa o simplemente dejan de interpretar el momento histórico. La ausencia de una doctrina capaz de sostener por sí sola la cohesión del chavismo como movimiento terminó por condenarlo a su descomposición. Tras la desaparición física de Chávez, lo que ha persistido ha sido principalmente la invocación de su legado y la repetición de sus consignas, muchas veces acompañadas de notorias incoherencias ideológicas. La transferencia simbólica del liderazgo a Nicolás Maduro buscó asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por Chávez. Sin embargo, esta designación monárquica reveló pronto sus límites. El carisma político no es un patrimonio heredable ni puede transmitirse por simple designación. La sucesión terminó transformando al chavismo sin Chávez en una estructura cada vez más burocrática y coercitiva, sostenida menos por la adhesión popular que por el control del aparato estatal, militar y partidista. En términos de Max Weber, este proceso pudo interpretarse como una forma de “rutinización del carisma”, en la que un liderazgo mesiánico tiende, ilusoriamente, a institucionalizarse, lo cual ha derivado históricamente en grandes fracasos.

La designación dinástica de Maduro representó la muerte del chavismo como movimiento aluvional. Más que el heredero político de Chávez, Maduro terminó siendo el administrador de su fase crepuscular: el custodio de un proyecto que, tras la desaparición de su líder carismático, comenzó a transformarse en un cascarón vacío dedicado fundamentalmente a preservarse a sí mismo. Su gestión quedó marcada por su incapacidad, por una crisis económica sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, la migración masiva, la represión despiadada, el asesinato de jóvenes y el progresivo cierre de los espacios democráticos. El proyecto sobrevivió gracias a la incondicionalidad de un estamento militar corrupto y a un perverso terrorismo de Estado impuesto desde Miraflores.

El secuestro de Maduro el pasado 3/01/2026 marcó un punto de inflexión decisivo para el chavismo en su largo y doloroso camino hacia el derrumbe político: simbolizó una capitulación humillante ante el imperio. El post-chaveco-madurismo, bajo la hegemonía de los hermanos Rodríguez, se configura como un modelo abiertamente antidemocrático y como el sepulturero definitivo del chavismo originario. Despojado ya de su impulso plebeyo y de su narrativa antiimperialista, el régimen aparece cada vez más dócilmente subordinado a los intereses económicos y geopolíticos de Washington, más allá de los estertores espasmódicos y cada vez menos creíbles de su retórica confr
ontacional.

Una izquierda colonizada y subordinada a la petrochequera de Miraflores

Durante años, la izquierda ha enarbolado la defensa de los derechos humanos, la democracia, el antimilitarismo, la protección de los asilados y la justicia social como principios irrenunciables. Sin embargo, una parte significativa de esa misma izquierda mantiene una solidaridad injustificable y un silencio cómplice ante las atrocidades del régimen autoritario venezolano.

No se trata de un desliz coyuntural ni de una interpretación errada y pasajera, sino de una conducta sostenida durante casi tres décadas, pese al progresivo deterioro institucional, económico y humanitario que ha devastado al país y obligado a millones de ciudadanos a emigrar. Ante una realidad tan dramática y ampliamente documentada, la reacción ha sido reiterada: minimizar los abusos, relativizar las violaciones de derechos humanos y encubrir los fracasos bajo consignas ideológicas.

Venezuela dejó de ser un debate ideológico abstracto para convertirse en el reflejo crudo de una tragedia social y política palpable. Frente a este drama, importantes sectores de la izquierda tarifada internacional han desempeñado un papel de complicidad activa, priorizando beneficios y cuotas de poder por encima de los principios y banderas que supuestamente deberían defender. Resulta insostenible, si no moralmente obsceno, seguir hablando de “proceso revolucionario”, “país bloqueado”, “revolución asediada” o “trinchera antiimperialista”. El bolivarianismo no es un proyecto revolucionario y mucho menos antiimperialista: es un proyecto autoritario de impronta fascista que reprime y persigue a la disidencia política y a los trabajadores, socava la libertad de expresión y ha convertido la justicia en una herramienta de coacción y castigo. Un proyecto que militariza la sociedad, que impone un terrorismo de Estado, que irrespeta la voluntad popular y que ha provocado una devastación social, forzando a millones a huir del país (una de las mayores crisis migratorias de la región). No es una opinión. Es un hecho documentado, medido y denunciado por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de esta pesadilla.

Sin embargo, la vara con la que se juzgan estos hechos parece cambiar según quién detente el poder. Así, cuando un gobierno de derecha reprime una protesta, encarcela a opositores o restringe las libertades, la condena es inmediata, tajante y moralmente categórica. Y está muy bien que así sea. Pero cuando esas mismas prácticas provienen de un gobierno que se envuelve en banderas antiimperialistas o en retórica “popular”, emerge el doble estándar: no es para tanto, hay que entender la correlación de fuerzas, existen provocaciones externas, la culpa es de las sanciones, el verdadero enemigo es Estados Unidos. Para la izquierda asalariada la represión cambia de nombre. El autoritarismo se disfraza de resistencia. El abuso se presenta como “defensa del proceso”. Los asesinatos se narran como gestas épicas. El aplastamiento de las luchas sociales se tipifica como una “necesaria estabilización del orden”. Este doble rasero no es un desliz ingenuo ni una confusión teórica: es una elección política. Para esa izquierda asalariada, el problema no es el autoritarismo en sí, sino quién lo ejerce. El poder se vuelve tolerable —incluso justificable— cuando está en “las manos correctas” Es una izquierda que ha terminado por subordinar sus principios a la perversa petrochequera de Miraflores.

Esa claudicación de principios no ocurre en el vacío: se ha sostenido sobre un relato que busca justificarla y hacerla políticamente aceptable: el antiimperialismo. Pero no entendido como una posición crítica frente a las dinámicas de dominación global, sino como un dogma incuestionable, una suerte de amnistía moral y coartada retórica. Bajo su amparo, todo se explica y todo se absuelve. Funciona como una cláusula de inmunidad: si un gobierno se proclama enemigo de Estados Unidos, automáticamente queda del lado correcto de la historia, al margen de sus prácticas concretas. Sin desconocer el carácter históricamente intervencionista —y muchas veces devastador— de la política exterior norteamericana, desde Vietnam hasta Irak, pasando por Guatemala, Chile, República Dominicana, Granada y, más recientemente, nuestro país, resulta intelectualmente deshonesto convertir el antiimperialismo en un principio que exonera cualquier deriva autoritaria, corrupción sistémica o violación de derechos fundamentales. La crítica al imperialismo no puede convertirse en un cheque en blanco para proyectos políticos que, en nombre de la soberanía, erosionan las libertades que dicen defender. Si el antiimperialismo ha de conservar algún valor ético, debe desprenderse de su uso como blindaje ideológico de proyectos autoritarios. Debería ser una crítica coherente, no una licencia para tolerar abusos cuando provienen de actores “afines”. De lo contrario, deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en una coartada para la complacencia.

Este cinismo doctrinario de esa izquierda mercancía convierte al enemigo de mi enemigo en aliado automático, aunque ese aliado encarne autoritarismo, teocracia o la más flagrante regresión social. Así, se terminan defendiendo regímenes como el de Irán, o Afganistán no por sus estándares de igualdad, libertad o pluralismo, sino por su confrontación geopolítica con Occidente. El resultado ha sido una alianza contranatural de conveniencia que sacrifica principios ideológicos en el altar del falaz antiimperialismo 

La petrochequera bolivariana no se limitó a colonizar discursos: prostituyó ideales. Movimientos sociales que alguna vez fueron voces críticas se convirtieron en vasallos sumisos, rendidos al chantaje económico, vendiendo su independencia como quien subasta su dignidad. La izquierda global dejó de ser un faro de resistencia para convertirse en un títere domesticado, legitimando dictaduras con la complicidad de un silencio comprado. No fue conquista de territorios, sino de conciencias: una colonización total de voluntades, donde la ética se troca por sobornos y aplausos serviles.

Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión.

Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural. La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con una institucionalidad debilitada y una ciudadanía reducida a clientela.

El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta. PDVSA, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales e investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por la lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.

Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.

Entre 2006 y 2007, en nombre de la “plena soberanía petrolera”, se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de PDVSA, debía poseer al menos el 60 % de la participación accionaria. El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al “capital transnacional”, el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación. Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.

Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables. Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, PDVSA y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y la sociedad civil. No lo fue.

Los cambios apuntan en la misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional. Por ejemplo, PDVSA pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando PDVSA reducida a un socio nominal, sin control efectivo. Además, la comercialización, históricamente controlada por PDVSA, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control. Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán ante los tribunales venezolanos, sino mediante arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución del 1999 (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales en los que pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno. Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución Nacional) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.

El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural. Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como “entrega” hoy se presenta como “necesidad estratégica”. Lo que antes se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente. El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero resultó incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.

El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero. Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables. Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.

El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico.

La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.

Crónica de una transición tutelada con autoritarismo continuado

A raíz del secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero, la palabra “transición” ha inundado el discurso público. Se repite hasta el cansancio, tanto en los altos círculos del poder en Washington como en la conversación cotidiana del venezolano de a pie, casi siempre sin aclarar qué significa realmente ni a quién sirve. El equipo interventor norteamericano encabezado por Mr. Rubio —autoproclamado tutor del destino venezolano— ha presentado una ruta de transición compuesta por tres fases: una “estabilización” destinada a impedir que el país colapse tras la intervención; una fase de “recuperación”, orientada a reactivar la economía bajo parámetros externos; y, finalmente, una “transición” política, postergada y condicionada, que aparece más como promesa que como derecho soberano del pueblo venezolano.

La transición venezolana promovida por Mr. Rubio nace viciada desde su origen. No surge de un acuerdo nacional ni de la voluntad popular, sino de una intervención extranjera que pretende revestirse de un lenguaje democrático. En este plan los venezolanos no tenemos ningún rol; solo obedecemos. El país ha sido tratado como territorio administrado y no como nación soberana. Más que una hoja de ruta hacia la democracia, el plan de Rubio sienta un precedente peligroso para la región: la normalización de la intervención como método de control económico. Una transición impuesta desde la Casa Blanca y subordinada a intereses económicos difícilmente puede dar lugar a la construcción —y mucho menos a la consolidación— de nuevos espacios genuinamente democráticos.

Así, la transición auspiciada por la “Casa Blanca” es un proceso abiertamente peligroso que no implica una ruptura del orden autoritario, sino una transición tutelada, diseñada no para liberar al país, sino para garantizar el control económico de sus reservas petrolíferas por parte de las transnacionales.

No hay transición cuando el autoritarismo gobernante conserva todos sus instrumentos de dominación. Primero: los presos políticos siguen presos. Según la organización Foro Penal, en la actualidad existen aproximadamente 777 presos políticos (civiles y militares), de los cuales solo han sido excarcelados (no liberados) desde el 8 de enero aproximadamente 266 personas. Han sido excarcelados con medidas cautelares sujetas a régimen de presentación en tribunales, prohibición de declarar a la prensa, procesos judiciales abiertos, prohibición de salida del país, entre otras. Mientras haya ciudadanos privados de libertad, cualquier narrativa de cambio es una farsa cuidadosamente construida. No hay transición democrática posible con rehenes y secuestrados políticos.

A la par, el aparato represivo sigue intacto. No han sido desmontados los cuerpos de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, GN), ni las huestes paramilitares, las cuales preservan las mismas cadenas de mando, las mismas prácticas de intimidación, persecución, tortura y muerte. Se invoca la paz mientras el miedo sigue siendo política de Estado. No hay transición cuando el terror sigue organizado.

En este contexto, resulta casi obsceno hablar de transición sin libertad de prensa. El ecosistema informativo venezolano sigue devastado: medios cerrados, concesiones revocadas, periodistas perseguidos y presos, portales bloqueados y una autocensura que no nace de la prudencia, sino del miedo. La información sigue bajo control y la verdad sigue siendo tratada como una amenaza. Una transición auténtica requiere ciudadanos informados, debate público y pluralidad de voces. Sin prensa libre, la transición no es más que propaganda.

Otro pilar del engaño es la fantasía de hablar de “transición” sin reinstitucionalizar el país (TSJ, CNE, AN). No se trata de un tecnicismo ni de un adorno retórico: sin reinstitucionalización, la transición es una puesta en escena. Postergarla para un supuesto “después” equivale a aceptar que la democracia sea mera utilería. Si no es una urgencia del presente, la transición no pasa de ser un simulacro.

Esta es, en esencia, la “transición” venezolana: un montaje calculado para aparentar cambios sin tocar el corazón del poder, mientras se reparten jugosas recompensas económicas. No conduce —ni pretende hacerlo— a una transición democrática creíble; apunta a una apertura económica selectiva, funcional a los intereses de capitales extranjeros ávidos del petróleo venezolano. Pero incluso esa promesa resulta inviable, dada la falta de garantías jurídicas impuestas por el estatismo gobernante. Lo que se presenta como transición se reduce al cambio del lenguaje, pero no al poder. Se promete un futuro abstracto mientras se conserva intacto el control del presente. 

Por su parte, el chavismo sin Maduro —derrotado, humillado—, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y con el beneplácito de la Casa Blanca, se aferra al poder como un acto desesperado de supervivencia. Amparado en el eufemismo de una supuesta “prudencia estratégica”, gana tiempo mientras maquilla el discurso, recicla los cuadros civiles y militares y ajusta el marco legal de la República a la medida de los intereses del Tío Sam (Reforma de la Ley de Hidrocarburos). Su apuesta no es reconstruir el país, sino hacerle juego al calendario político estadounidense: esperan que Mr. Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término —amenazado por el descontento ciudadano— y que ello frene la agenda exterior de la Casa Blanca, incluida la presión política y militar sobre Venezuela. No es una estrategia nacional; es un cálculo oportunista que encomienda el destino de Venezuela al desgaste del inquilino de Pennsylvania Avenue de la ciudad de Washington.

Mientras todo esto ocurre, la oposición venezolana permanece atrapada en su propio laberinto, perdida en una deriva estratégica sin salida. Se mantiene dócilmente alineada con la política de la Casa Blanca, a pesar de haber sido explícitamente excluida de los planes de transición de Mr. Trump. Oposición que ha aplaudido obedientemente cada gesto de Washington, incluso cuando ello ha implicado pisotear sus propias banderas de lucha, como el respeto a la voluntad popular expresada el 28/7/2024. Sin el menor rubor, “pasaron la página” para alinearse con la propuesta de Trump de convocar un nuevo proceso electoral, negando así el reconocimiento de unos comicios ya celebrados el 28 de julio. Del mismo modo, han elegido un silencio cómplice y vergonzoso ante los atropellos sistemáticos de la administración Trump contra miles de venezolanos que viven en los Estados Unidos, renunciando deliberadamente a la defensa de sus connacionales para no incomodar al caudillo mediático de Washington.

Venezuela no necesita una transición tutelada por Mr. Rubio, ni administrada por los mismos responsables de su destrucción política, económica y social (Delcy Rodríguez y su combo de operadores). Pensar que quien ha sido uno de los artífices del proyecto hegemónico vaya a autodestruirlo (como afirman los voceros y seguidores de María Corina) es un acto de ingenuidad política sin parangón. Lo que Venezuela demanda es una transición gestada por los actores políticos nacionales, no en Washington, que implique una ruptura clara y sin concesiones con el modelo represivo, hambreador y excluyente que ha cerrado todos los espacios democráticos en el país. Mientras persistan los mismos actores del proyecto hegemónico en Miraflores, cualquier intento de “transición” será una farsa, al margen del beneplácito del gran capital internacional. No solo será una fantasía pasajera, sino una traición imperdonable a la voluntad popular y un agravio a la memoria de millones de venezolanos que han soportado esta pesadilla durante los últimos 27 años.

De la farsa antimperialista a la alfombra roja para la CIA

Durante años, el régimen bolivariano perfeccionó un género propio: la ópera bufa antimperialista. El chaveco-madurismo convirtió el antiimperialismo en una consigna vacía, utilizada más como herramienta de propaganda que como política real de defensa de la soberanía nacional. Bajo un discurso encendido contra Estados Unidos y las potencias occidentales, el régimen ha consolidado un modelo que, lejos de enfrentar al imperialismo, reproduce sus lógicas económicas y políticas, pero sin controles democráticos ni participación popular. Un antiimperialismo “tapa amarilla”, degradado a simples consignas, que ha operado como coartada para legitimar un proyecto autoritario que concentra el poder, criminaliza la disidencia y profundiza la desigualdad. Su mueca más obscena sigue siendo el alarido del comandante de escritorio «¡Vengan por mí, cobardes!», bravuconada hueca y estridente vendida como gesta heroica para entretenimiento del público de gradería 

En esta alegoría, el supuesto líder inexpugnable que repetía una y otra vez que nadie lo sacaría de Miraflores terminó, de forma abrupta, confinado en un calabozo frío y mugroso del Metropolitan Detention Center (Brooklyn, Nueva York), no como mártir de ninguna causa, sino como una caricatura patética de su propia grandilocuencia. No hay cámaras, no hay pueblo, no hay epopeya. Solo el silencio incómodo que acompaña a los falsos valientes, a los héroes de utilería cinematográfica. Se acabaron los lujos, las mansiones, las exquisiteces burguesas, y las cuentas bancarias en dólares. 

Como acto final de esta gran farsa, irrumpe Delcy en escena, la gran sacerdotisa del desastre económico, político y social, desfilando con su habitual solemnidad teatral. Con una reverencia que roza lo ridículo, ha ofrecido una bienvenida cortés y dócil a Mr. John Ratcliffe, director de la CIA, un acto servil y repugnante. La escena, entre tragicómica y grotesca, deja al descubierto la brecha entre la retórica altisonante —promesas de independencia y valentía épica— y la práctica cotidiana de sumisión, clientelismo y espectáculo vacío. Sí, la misma CIA. La misma agencia omnipresente, todopoderosa y eternamente culpable de todo, que hasta hace cinco minutos era presentada como el cerebro maligno detrás de cada apagón, cada inflación, cada resaca revolucionaria y de la extracción de Nicolás. Delcy, sin pestañear, ha extendido la alfombra roja y la solemnidad diplomática, como si no acabara de pasar nada, como si esa misma agencia no hubiera sido señalada de participar en la reciente “extracción” del gran hegemón. El enemigo de ayer se convierte en invitado distinguido hoy, porque en el bolivarianismo la coherencia ideológica es un lujo burgués y la memoria, un estorbo contrarrevolucionario.

Así, el imperialismo deja de ser una amenaza existencial para convertirse en un interlocutor conveniente. La CIA ya no conspira: ahora conversa. Ya no desestabiliza: ahora dialoga. Y el régimen, que vive denunciando complots imaginarios, demuestra que su verdadero talento no está en resistir al enemigo externo, sino en abrazarlo cuando conviene, siempre que ello garantice la continuidad en el poder.

Pero mientras Delcy hace malabarismos para mantenerse en Miraflores y solicita a la Asamblea Nacional que modifique la ley de hidrocarburos para satisfacer las exigencias de Mr. Trump y las transnacionales energéticas, el país real sigue desangrándose: la inflación no es una fábula, la represión no es una invención, la tortura no es delirio, el exilio no es metáfora, la muerte es una realidad y el hambre no entiende de ironías. 

La tragedia del chaveco-madurismo no es que haya sido humillado militarmente por el imperio el pasado 3/01/2026, sino que se derrotó solo, ahogado en su propia fanfarronería publicitada por sus chafarotes. Gritó tanto que terminó creyéndose su propio eco. Confundió el atropello con coraje, la propaganda con realidad y la lealtad con el silencio comprado. El resultado ha sido una perversa parodia sostenida por el petróleo, el miedo, la represión y la muerte.

Mientras tanto, el inquilino de la Casa Blanca se contempla en el espejo y se autoproclama no solo salvador, sino también “presidente en funciones de Venezuela”, como si una publicación en redes sociales pudiera coronar un imperio ficticio, y declara que controlará su petróleo y sus recursos como si fueran trofeos de guerra. Firma decretos con fervor mesiánico, confunde sanciones con virtud y reduce la geopolítica a un juego de mesa en el que él siempre será el ganador. Ordena el cierre de centros de tortura y la liberación de presos en discursos que solo existen en la ficción de sus delirios, mientras que en la realidad la maquinaria represiva del régimen permanece intacta. Decreta transiciones inviables que excluyen a la oposición y que, lejos de desmontar estructuras de poder, apuntan a consolidar nuevas formas de dominación. Trump no gobierna: improvisa con arrogancia, convierte la política en espectáculo y sustituye la diplomacia por la violencia de sus cañoneras. 

Ni autoritarismo reciclado, ni tutela extranjera

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se convirtió en escenario de una de las operaciones políticas más cínicas de la diplomacia estadounidense reciente. Bajo el lema de la “restauración democrática”, Washington ha impulsado una campaña contra el régimen autoritario de Maduro que jamás ha tenido como objetivo el fortalecimiento democrático del país. Detrás del discurso grandilocuente del inquilino de la Casa Blanca se esconde una estrategia colonial de vieja data: el control de los recursos naturales y la subordinación de los países de la región. La lucha por las libertades democráticas ha servido como pretexto y como herramienta retórica destinada a legitimar la injerencia. En ese marco, el secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero no constituye un hecho aislado, sino una confirmación más de que Mr. Trump actúa como gendarme del mundo, arrogándose la potestad de aplicar la legislación estadounidense más allá de sus fronteras, como si se tratara de un mandato universal incuestionable, en línea con la lógica histórica de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823).

Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos. 

El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.

 Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.

El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.

Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.

Trump: anomalía democrática, poder desmedido y posverdad

Ha transcurrido casi un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, como era de esperar, él mismo se ha encargado de proclamarse el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. En su relato, Trump no gobierna: cumple una misión casi mesiánica, llamada a restaurar una grandeza supuestamente usurpada por enemigos internos y externos. A la par, continúa desplegando su ya habitual estrategia: la descalificación sistemática de todo aquel que no se someta a su culto personal, ya sean adversarios políticos, periodistas incómodos o antiguos aliados convertidos en traidores de ocasión.

Basta, sin embargo, con retirar el velo de su propaganda para advertir que la realidad es bastante menos épica. Un examen mínimamente riguroso de aquello que Mr. Trump exhibe como trofeos sus presuntos éxitos económicos, diplomáticos e institucionales, revelan una constante inquietante: sus “logros” son, en el mejor de los casos, discutibles y, en el peor, fracasos ruidosos que han erosionado la fortaleza interna de Estados Unidos y debilitado su credibilidad internacional.

Los supuestos hitos de su liderazgo se desmoronan al contrastarlos con la realidad. El triunfalismo permanente encubre una gestión marcada por la improvisación, la arbitrariedad y un estilo de gobierno que confunde el interés nacional con la autopromoción. El balance no es el de un estadista visionario, sino el de un dirigente obsesionado con fabricar un legado ficticio, aun cuando el país deba pagar el precio de sus caprichos y vendettas personales.

Aunque la economía estadounidense sigue creciendo, ese dinamismo responde sobre todo a la inercia de un sector privado robusto y al liderazgo tecnológico del país, no a la genialidad económica del presidente. El proteccionismo trumpista, presentado como una fórmula mágica para resucitar la industria nacional, ha sido un ejercicio de voluntarismo simplista. La política arancelaria se ha convertido en una caricatura de sí misma: impuestos que suben y bajan al compás del estado de ánimo presidencial o de sus simpatías personales hacia otros mandatarios. El resultado ha sido previsible: distorsión de las cadenas globales de valor, aumento de costos para las empresas, pérdida de competitividad y una factura que termina pagando el consumidor en forma de inflación. Atribuir la evolución positiva de la economía a estas medidas no es análisis: es propaganda.

Más grave aún es el deterioro institucional. Estados Unidos, tradicionalmente presentado como un referente de democracia liberal y separación de poderes, muestra hoy signos alarmantes de erosión. Desde el regreso de Trump, el Estado de derecho se ha convertido en un estorbo que debe ser doblegado, presionado o directamente instrumentalizado. El Departamento de Justicia ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un brazo político al servicio del presidente, útil para perseguir a adversarios y proteger a aliados. La destitución, o el intento de marginar, a jueces que no se alinean con Trump demuestra que la lealtad personal sustituye al mérito y la independencia judicial pasa a ser vista como una insolencia.

El uso del indulto presidencial resume esta deriva con particular crudeza. Trump ha perdonado a implicados en el asalto al Capitolio, un ataque directo al corazón del sistema democrático, y ha extendido su clemencia a figuras como el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en tribunales estadounidenses. No se trata de misericordia ni de justicia, sino de un mensaje político transparente: la lealtad se premia, la ley se negocia.

Su política migratoria constituye otro de sus fracasos morales y políticos. Trump ha convertido al inmigrante en un chivo expiatorio, criminalizando a millones de personas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense. Las deportaciones masivas y expeditas, ejecutadas con desprecio por los derechos humanos, castigan a quienes huyen de la miseria, la violencia y la represión, mientras alimentan una narrativa de miedo útil para el consumo electoral interno.

En política exterior, el panorama es desolador. Trump se autoproclama gran pacificador y afirma haber resuelto múltiples conflictos internacionales. La realidad, como de costumbre, es menos grandiosa. En Tailandia y Camboya, su intervención produjo una tregua fugaz que se evaporó al desaparecer de los titulares. Entre India y Pakistán hubo una pausa, no una paz. En la República Democrática del Congo y Ruanda se anunció un acuerdo mientras la violencia persistía. En Gaza, el alto el fuego respondió a cálculos estratégicos de Netanyahu, no a un triunfo diplomático estadounidense. Sin embargo, el fracaso más estridente ha sido Ucrania: Trump prometió poner fin a la guerra en 24 horas y, un año después, su única propuesta exige a Kiev sacrificar territorio y soberanía. Más que una solución, es una concesión que fortalece a Moscú y debilita la posición de Occidente.

En América Latina, Trump insiste en desempolvar la doctrina Monroe como si el continente siguiera siendo un patio trasero obediente. Sus insinuaciones de intervención militar revelan una mezcla peligrosa de nostalgia imperial y desconocimiento de la región. La política resultante ha sido errática, personalista y profundamente irrespetuosa de las soberanías nacionales. En ese contexto, la llamada “presión máxima” contra Venezuela ha terminado reducida a un ejercicio de retórica vacía, con sanciones ruidosas, amenazas recurrentes, aislamiento diplomático y la evocación anacrónica de cañoneras. Todo ello, además, aderezado con contradicciones obscenas: se secuestran tanqueros en el Caribe a fin de “asfixiar económicamente al régimen mientras Chevron continúa operando sin sobresaltos”. El balance es brutalmente simple: mucho ruido y cero resultados. Los desconocedores de la voluntad popular expresada el 28/7/2024 siguen cómodamente instalados en Miraflores, mientras que cada día se estrechan aún más los ya exiguos espacios democráticos del país.

Mr. Trump es un accidente histórico en la democracia estadounidense. Su liderazgo se apoya más en la teatralidad del espectáculo que en la responsabilidad de ser presidente. El poder desmedido, la posverdad y el beneficio familiar han sido los ejes de su proyecto. Trump no gobierna para Estados Unidos: gobierna para sí mismo. 

Inciso necesario: Resulta penoso que amplios sectores de la oposición democrática venezolana sigan arrodillados, con fervor casi litúrgico, ante los desplantes abiertamente antidemocráticos de Mr. Trump, y que, además, no solo aceptan humillaciones y atropellos en silencio, sino que los aplauden y los convierten en doctrina.

Navidad Sin Presos Políticos

En esta Navidad, cuando las luces intentan abrirse paso entre la oscuridad, recordamos que la esperanza es más fuerte que el miedo. Aunque muchos corazones hoy cargan con dolor, incertidumbre y silencio impuesto, el espíritu de la Navidad nos recuerda que la dignidad humana no puede ser reprimida.

Que el nacimiento de la esperanza renueve nuestra fe en un futuro en el que la justicia, la libertad y el respeto vuelvan a florecer en nuestra tierra. Que cada gesto de solidaridad, cada palabra valiente y cada acto de amor sean una luz que acompañe a quienes resisten con dignidad.

A quienes sufren persecución, a los presos por pensar distinto, a los exiliados forzados y a las familias separadas: su dolor no es en vano. Cada abuso queda marcado en la memoria del pueblo y cada acto de valentía acerca el día de la libertad.

Que esta Navidad nos abrace con la certeza de que ningún invierno es eterno y que, después de la noche más larga, siempre hay un amanecer.

Esta Navidad no es de silencio: es de resistencia.

Navidad Sin Presos Políticos

El Nobel que no premia a una persona, sino a una causa: Venezuela

María Corina Machado quizá sea una receptora imperfecta del Premio Nobel de la Paz, como lo han sido muchos otros galardonados a lo largo de la historia. Ningún liderazgo humano está exento de contradicciones, límites o decisiones difíciles, especialmente cuando se ejerce bajo condiciones extremas. Sin embargo, este reconocimiento trasciende con creces su figura individual, tal como lo subrayó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel de la Paz. No se trata únicamente de una persona, sino de un país entero: de Venezuela y de su larga, dolorosa y aún inconclusa lucha por la paz, la dignidad, la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción democrática.

El premio reconoce una causa colectiva. Pone en el centro a millones de venezolanos que, durante más de dos décadas, han resistido la arbitrariedad, la represión y el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Destaca el sacrificio silencioso de ciudadanos comunes —estudiantes, trabajadores, madres, abuelos, profesionales, líderes sociales— que han sido perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o reducidos al silencio, y que aun así se niegan a renunciar a la idea de un país libre.

En ese sentido, el Nobel no absuelve ni idealiza a nadie: ilumina una lucha. Reconoce la determinación de una sociedad que, pese al terrorismo de Estado, la criminalización de la disidencia y el uso del miedo como método de gobierno, continúa defendiendo el voto, la verdad, la justicia y la convivencia democrática. Es un recordatorio de que la paz no es sumisión ni silencio impuesto, sino el resultado de derechos garantizados, instituciones legítimas y ciudadanos libres.

Más que un premio individual, este Nobel es un acto de memoria y de respaldo moral. Le dice al mundo que Venezuela no es una abstracción geopolítica ni una narrativa ideológica, sino un pueblo concreto que sufre, resiste y espera. Y afirma, con claridad ética, que la lucha venezolana por la democracia no es una amenaza a la paz, sino su condición indispensable.

De la distopía orwelliana al socialfascismo-bolivariano

George Orwell, en su novela distópica 1984, presenta el territorio ficticio de Oceanía, un vasto superestado sometido a un régimen totalitario implacable. El poder está concentrado en manos del Partido, cuya figura más visible es el omnipresente Gran Hermano, símbolo de vigilancia, obediencia y control. Bajo su mirada constante, cada aspecto de la vida queda sometido a supervisión: desde el pensamiento individual y el uso del lenguaje hasta la propia historia y la noción misma de la verdad.

Orwell no imaginó que, décadas después, surgirían gobiernos autoritarios de otro tipo: no envueltos en banderas con esvásticas (Hakenkreuz) o fasces (fasci littori), sino en tricolores, acompañados de discursos patrióticos y promesas de redención para los más humildes. Orwell escribió sobre totalitarismos explícitos; lo que quizá no previó fue su modalidad caribeña: el autoritarismo bolivariano, que se proclama libertador y defensor de los desposeídos mientras reprime, monopoliza la verdad, afianza el control social y coapta los derechos de los trabajadores.

Uno de los pilares del Estado totalitario descrito por Orwell fue la manipulación del lenguaje. El “neolenguaje” no solo simplificaba palabras, sino que también estrechaba la capacidad de pensamiento y cambiaba su significado. En nuestro país, se ha establecido un neolenguaje orwelliano, en el que las palabras ya no significan lo que deberían. Frases como “gobierno obrerista” encubren estructuras de poder alejadas del pueblo trabajador. La miseria y el hambre son presentadas como signos de bienestar y justicia social; la opresión, como una supuesta democracia popular; y la llamada revolución, como una forma de enfrentar al neoliberalismo, aunque, en los hechos, reproduzca prácticas similares. La represión se llama “protección del pueblo”, la escasez es “guerra económica”, el hambre es “soberanía alimentaria” y la dictadura es “democracia participativa y protagónica”. Esta inversión del sentido, en la que la guerra es paz, la ignorancia es fuerza y la sumisión es libertad, es una de las herramientas más eficaces del régimen para desmovilizar la crítica, aplastar al disidente y controlar el pensamiento colectivo. Vivimos tiempos en los que el Estado no informa: reinventa. No narra: distorsiona. No comunica: intimida. La verdad es un territorio prohibido y la mentira oficial, un deber patriótico.

Otro rasgo inquietante es la reescritura permanente de la historia. Orwell imaginó un régimen capaz de manipular el pasado para asegurar la obediencia; en la Venezuela oprimida, observamos algo similar: episodios históricos reinterpretados, un Bolívar africanizado y próceres elevados a la categoría de santos tutelares de su proyecto hegemónico. Así se ha construido un relato en el que el pasado deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un instrumento de legitimación. La historia deja de ser memoria para transformarse en propaganda/

A ello se suma otro elemento orwelliano, quizá uno de los más decisivos: la construcción de un enemigo permanente, responsable de todos los males y fracasos. En el esquema binario de la revolución, todo ciudadano es un sospechoso en potencia: estás con el proceso (entiéndase el pueblo) o estás contra él. Y ese “pueblo” es un sujeto abstracto que, curiosamente, coincide siempre con los intereses del proyecto dominante. De lo maniqueo del discurso oficial: no se persigue al periodista; se defiende al pueblo de la mentira. No se encarcela al disidente; se combate la traición y el terrorismo. No se censura; se protege la soberanía comunicacional. Todo abuso se convierte en un acto heroico en la narrativa del mesías de Miraflores. 

En la obra de George Orwell se plantea la existencia simultánea del enemigo externo y del enemigo interno como un mecanismo fundamental para la represión y el control social. El enemigo externo -una potencia en guerra permanente o un adversario lejano- actúa como elemento de cohesión nacional, pues permite justificar la militarización del país, la vigilancia, la represión y la obediencia. Paralelamente, el régimen alimenta la idea del enemigo interno, un conjunto de supuestos traidores infiltrados que amenazan la pureza ideológica y la seguridad del Estado. Estos enemigos internos, reales o imaginarios, sirven para legitimar la persecución, la represión y la depuración constantes en la sociedad. Para Orwell, ambas figuras son construcciones políticas diseñadas para mantener a la población en un estado de miedo, dependencia y desconfianza, de modo que el poder se presenta como el único garante de la supervivencia.

Las elecciones, al mejor estilo orwelliano, han dejado de ser mecanismos de toma de decisiones ciudadanas para convertirse en rituales de legitimación. La evidencia más clara quedó demostrada el pasado 28 de julio de 2024, cuando se consumó el mayor fraude de la historia republicana con la complicidad de todos los poderes del Estado. Ese día se pisoteó la voluntad popular expresada en las urnas. La soberanía popular fue sustituida por la fuerza del fusil.

En Oceanía, el régimen se sostenía sobre una emoción fundacional: el odio. “Nuestra civilización se construye sobre el odio”, proclamaban sin pudor sus dirigentes, convencidos de que la cohesión social solo podía lograrse mediante el miedo, la enemistad y la polarización constante. El autoritarismo bolivariano opera bajo una lógica similar: no es un proyecto libertario, sino un proyecto de dominación perversa que divide a los ciudadanos en categorías irreconciliables: “amigos y enemigos”, “patriotas y apátridas”, “buenos y malos”, “ciudadanos y terroristas”. En este esquema maniqueo, la lealtad ciega se erige en virtud suprema, mientras que la disidencia se castiga y criminaliza. El resultado es un orden político que disciplina, somete y reprime al ciudadano, consolidando un sistema en el que el miedo no es un accidente, sino una estrategia de Estado.

Venezuela no es una distopía literaria: es un país real, atrapado durante más de 25 años en una pesadilla que Orwell vislumbró hace más de siete décadas. La tragedia venezolana demuestra que el totalitarismo no necesita grandes mayorías para imponerse; le basta con destruir la verdad, apropiarse del lenguaje y aplastar la voluntad colectiva mediante la fuerza de las armas. Tal como advirtió Orwell, cuando el poder controla la palabra y manipula la realidad, la mentira se vuelve un mecanismo de dominación, el lenguaje se transforma en herramienta de manipulación y la fuerza pasa a ser un instrumento de obediencia.

El proyecto socialfascista bolivariano no emancipa ni libera; uniforma, adoctrina, reprime y asesina, reproduciendo los mismos patrones de los totalitarismos del siglo XX que asegura combatir. Su retórica revolucionaria -falsa y grandilocuente y cuidadosamente efectista- funciona como un blindaje ideológico destinado a justificar la violación de los derechos humanos, la anulación de los espacios democráticos y la concentración absoluta del poder.