Auge y derrumbe de un proyecto carismático y autoritario

En América Latina, la política ha arrastrado históricamente una profunda debilidad estructural: su tendencia persistente a confundir el proyecto con la persona. A lo largo de distintos momentos históricos y bajo ideologías aparentemente opuestas, numerosos movimientos han sido construidos no sobre programas ideológicos sólidos ni sobre visiones estratégicas duraderas, sino en torno a la figura casi providencial de un líder. La política se convierte entonces menos en una disputa de ideas que en una apuesta por la voluntad, el carisma o la supuesta excepcionalidad de un individuo. El líder o salvador no es solo el conductor del proyecto: es su fuente de legitimidad, su intérprete único y, en muchos casos, su única garantía de coherencia.

El sociólogo Max Weber denominó a este fenómeno de dominación carismática: una forma de autoridad que se sostiene en la devoción hacia una persona considerada excepcional. En este tipo de liderazgo, la legitimidad no se fundamenta en instituciones sólidas ni en doctrinas consolidadas, sino en el magnetismo personal del líder y en la creencia colectiva en su singularidad. Hugo Chávez puede considerarse un claro ejemplo de este tipo de dominación. Su figura se construyó como la de un redentor político en un contexto marcado por la implosión del sistema bipartidista venezolano —representado por AD y Copei— durante la década de 1990. En ese escenario de crisis institucional y desencanto ciudadano, su liderazgo carismático encontró terreno fértil para consolidarse como una alternativa. 

El chavismo fue un fenómeno profundamente personalista. Un cesarismo tropical, donde la legitimidad del líder terminó desplazando a la de las instituciones. Chávez, el encantador de serpientes del siglo XXI, supo articular una narrativa poderosa basada en la redención de los pobres frente a una élite política desacreditada, presentándose como el portavoz directo del pueblo de Venezuela y el líder providencial destinado a corregir las injusticias acumuladas durante décadas. 

El proyecto chavista funcionó durante años como un verdadero aluvión político, impulsado por la presencia de un líder carismático, una retórica demagógica, un perverso sistema de control social financiado por los abundantes ingresos petroleros y una represión despiadada contra la disidencia política. Bajo esas condiciones, el chavismo logró capitalizar el descontento acumulado, las expectativas frustradas de inclusión social, los resentimientos históricos y las aspiraciones de justicia de amplios sectores de la sociedad, transformando ese malestar en una poderosa base de apoyo político. Sin embargo, nunca mostró una verdadera coherencia programática. Su principal bandera ideológica —el llamado socialismo del siglo XXI— terminó siendo, en realidad, un gran fraude ideológico. Un batiburrillo doctrinario: una amalgama de militarismo pretoriano, retórica antiimperialista, referencias cristianas, terrorismo de Estado de inspiración fascista, apelaciones constantes a Simón Bolívar e invocaciones oportunistas al socialismo. La ausencia de un marco doctrinario no fue un accidente ni el resultado de una mera improvisación. Más bien respondió a una lógica política en la que el discurso ideológico operó como un repertorio flexible de símbolos, consignas y referencias históricas al servicio del mesías tropical, más que como un cuerpo teórico coherente y sistemático.

La muerte de Chávez (2013) desnudó la verdadera naturaleza del proyecto que encarnaba. Ningún liderazgo es eterno: los líderes mueren, se desgastan, pierden la iniciativa o simplemente dejan de interpretar el momento histórico. La ausencia de una doctrina capaz de sostener por sí sola la cohesión del chavismo como movimiento terminó por condenarlo a su descomposición. Tras la desaparición física de Chávez, lo que ha persistido ha sido principalmente la invocación de su legado y la repetición de sus consignas, muchas veces acompañadas de notorias incoherencias ideológicas. La transferencia simbólica del liderazgo a Nicolás Maduro buscó asegurar la continuidad del proyecto político iniciado por Chávez. Sin embargo, esta designación monárquica reveló pronto sus límites. El carisma político no es un patrimonio heredable ni puede transmitirse por simple designación. La sucesión terminó transformando al chavismo sin Chávez en una estructura cada vez más burocrática y coercitiva, sostenida menos por la adhesión popular que por el control del aparato estatal, militar y partidista. En términos de Max Weber, este proceso pudo interpretarse como una forma de “rutinización del carisma”, en la que un liderazgo mesiánico tiende, ilusoriamente, a institucionalizarse, lo cual ha derivado históricamente en grandes fracasos.

La designación dinástica de Maduro representó la muerte del chavismo como movimiento aluvional. Más que el heredero político de Chávez, Maduro terminó siendo el administrador de su fase crepuscular: el custodio de un proyecto que, tras la desaparición de su líder carismático, comenzó a transformarse en un cascarón vacío dedicado fundamentalmente a preservarse a sí mismo. Su gestión quedó marcada por su incapacidad, por una crisis económica sin precedentes, el colapso de los servicios públicos, la migración masiva, la represión despiadada, el asesinato de jóvenes y el progresivo cierre de los espacios democráticos. El proyecto sobrevivió gracias a la incondicionalidad de un estamento militar corrupto y a un perverso terrorismo de Estado impuesto desde Miraflores.

El secuestro de Maduro el pasado 3/01/2026 marcó un punto de inflexión decisivo para el chavismo en su largo y doloroso camino hacia el derrumbe político: simbolizó una capitulación humillante ante el imperio. El post-chaveco-madurismo, bajo la hegemonía de los hermanos Rodríguez, se configura como un modelo abiertamente antidemocrático y como el sepulturero definitivo del chavismo originario. Despojado ya de su impulso plebeyo y de su narrativa antiimperialista, el régimen aparece cada vez más dócilmente subordinado a los intereses económicos y geopolíticos de Washington, más allá de los estertores espasmódicos y cada vez menos creíbles de su retórica confr
ontacional.

Una izquierda colonizada y subordinada a la petrochequera de Miraflores

Durante años, la izquierda ha enarbolado la defensa de los derechos humanos, la democracia, el antimilitarismo, la protección de los asilados y la justicia social como principios irrenunciables. Sin embargo, una parte significativa de esa misma izquierda mantiene una solidaridad injustificable y un silencio cómplice ante las atrocidades del régimen autoritario venezolano.

No se trata de un desliz coyuntural ni de una interpretación errada y pasajera, sino de una conducta sostenida durante casi tres décadas, pese al progresivo deterioro institucional, económico y humanitario que ha devastado al país y obligado a millones de ciudadanos a emigrar. Ante una realidad tan dramática y ampliamente documentada, la reacción ha sido reiterada: minimizar los abusos, relativizar las violaciones de derechos humanos y encubrir los fracasos bajo consignas ideológicas.

Venezuela dejó de ser un debate ideológico abstracto para convertirse en el reflejo crudo de una tragedia social y política palpable. Frente a este drama, importantes sectores de la izquierda tarifada internacional han desempeñado un papel de complicidad activa, priorizando beneficios y cuotas de poder por encima de los principios y banderas que supuestamente deberían defender. Resulta insostenible, si no moralmente obsceno, seguir hablando de “proceso revolucionario”, “país bloqueado”, “revolución asediada” o “trinchera antiimperialista”. El bolivarianismo no es un proyecto revolucionario y mucho menos antiimperialista: es un proyecto autoritario de impronta fascista que reprime y persigue a la disidencia política y a los trabajadores, socava la libertad de expresión y ha convertido la justicia en una herramienta de coacción y castigo. Un proyecto que militariza la sociedad, que impone un terrorismo de Estado, que irrespeta la voluntad popular y que ha provocado una devastación social, forzando a millones a huir del país (una de las mayores crisis migratorias de la región). No es una opinión. Es un hecho documentado, medido y denunciado por organismos internacionales, ONG de derechos humanos y víctimas sobrevivientes de esta pesadilla.

Sin embargo, la vara con la que se juzgan estos hechos parece cambiar según quién detente el poder. Así, cuando un gobierno de derecha reprime una protesta, encarcela a opositores o restringe las libertades, la condena es inmediata, tajante y moralmente categórica. Y está muy bien que así sea. Pero cuando esas mismas prácticas provienen de un gobierno que se envuelve en banderas antiimperialistas o en retórica “popular”, emerge el doble estándar: no es para tanto, hay que entender la correlación de fuerzas, existen provocaciones externas, la culpa es de las sanciones, el verdadero enemigo es Estados Unidos. Para la izquierda asalariada la represión cambia de nombre. El autoritarismo se disfraza de resistencia. El abuso se presenta como “defensa del proceso”. Los asesinatos se narran como gestas épicas. El aplastamiento de las luchas sociales se tipifica como una “necesaria estabilización del orden”. Este doble rasero no es un desliz ingenuo ni una confusión teórica: es una elección política. Para esa izquierda asalariada, el problema no es el autoritarismo en sí, sino quién lo ejerce. El poder se vuelve tolerable —incluso justificable— cuando está en “las manos correctas” Es una izquierda que ha terminado por subordinar sus principios a la perversa petrochequera de Miraflores.

Esa claudicación de principios no ocurre en el vacío: se ha sostenido sobre un relato que busca justificarla y hacerla políticamente aceptable: el antiimperialismo. Pero no entendido como una posición crítica frente a las dinámicas de dominación global, sino como un dogma incuestionable, una suerte de amnistía moral y coartada retórica. Bajo su amparo, todo se explica y todo se absuelve. Funciona como una cláusula de inmunidad: si un gobierno se proclama enemigo de Estados Unidos, automáticamente queda del lado correcto de la historia, al margen de sus prácticas concretas. Sin desconocer el carácter históricamente intervencionista —y muchas veces devastador— de la política exterior norteamericana, desde Vietnam hasta Irak, pasando por Guatemala, Chile, República Dominicana, Granada y, más recientemente, nuestro país, resulta intelectualmente deshonesto convertir el antiimperialismo en un principio que exonera cualquier deriva autoritaria, corrupción sistémica o violación de derechos fundamentales. La crítica al imperialismo no puede convertirse en un cheque en blanco para proyectos políticos que, en nombre de la soberanía, erosionan las libertades que dicen defender. Si el antiimperialismo ha de conservar algún valor ético, debe desprenderse de su uso como blindaje ideológico de proyectos autoritarios. Debería ser una crítica coherente, no una licencia para tolerar abusos cuando provienen de actores “afines”. De lo contrario, deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en una coartada para la complacencia.

Este cinismo doctrinario de esa izquierda mercancía convierte al enemigo de mi enemigo en aliado automático, aunque ese aliado encarne autoritarismo, teocracia o la más flagrante regresión social. Así, se terminan defendiendo regímenes como el de Irán, o Afganistán no por sus estándares de igualdad, libertad o pluralismo, sino por su confrontación geopolítica con Occidente. El resultado ha sido una alianza contranatural de conveniencia que sacrifica principios ideológicos en el altar del falaz antiimperialismo 

La petrochequera bolivariana no se limitó a colonizar discursos: prostituyó ideales. Movimientos sociales que alguna vez fueron voces críticas se convirtieron en vasallos sumisos, rendidos al chantaje económico, vendiendo su independencia como quien subasta su dignidad. La izquierda global dejó de ser un faro de resistencia para convertirse en un títere domesticado, legitimando dictaduras con la complicidad de un silencio comprado. No fue conquista de territorios, sino de conciencias: una colonización total de voluntades, donde la ética se troca por sobornos y aplausos serviles.

Del antiimperialismo de espectáculo a la genuflexión.

Venezuela no se arruinó por falta de recursos, sino por la administración irresponsable de una de las mayores rentas petroleras del planeta. Durante décadas, el país confundió la riqueza con el petróleo y el Estado con la petrochequera. Así se consolidó una economía rentista, escasamente productiva, dependiente de la importación y atravesada por redes de corrupción estructural. La renta dejó de ser palanca de desarrollo para convertirse en mecanismo de dominación política: el poder repartía, la sociedad dependía. En lugar de discutir cómo diversificar la economía y aumentar la productividad, la disputa giró en torno a quién capturaba la renta. El resultado fue un país vulnerable, con una institucionalidad debilitada y una ciudadanía reducida a clientela.

El ascenso de Hugo Chávez no desmontó el rentismo: lo radicalizó. El estatismo expansivo destruyó buena parte del tejido productivo no petrolero y profundizó la dependencia de la renta. PDVSA, que durante décadas funcionó con estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fue transformada en instrumento político. El despido masivo de más de 18.000 trabajadores tras el paro petrolero de 2002–2003 —documentado en informes oficiales e investigaciones académicas sobre la industria— marcó un punto de inflexión. La capacidad técnica fue sustituida por la lealtad partidista; la planificación, por consignas ideológicas.

Desde entonces, la inversión cayó sostenidamente, el mantenimiento se postergó y la capacidad operativa se deterioró. Según cifras secundarias reportadas por la OPEP y la propia data oficial venezolana, la producción pasó de más de 3 millones de barriles diarios a niveles históricamente bajos antes de la imposición de las sanciones sectoriales de 2017–2019. Es un dato verificable: el colapso estructural precede a las sanciones. Estas agravaron la crisis, pero no la originaron.

Entre 2006 y 2007, en nombre de la “plena soberanía petrolera”, se impuso la migración a las empresas mixtas (Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 38.443 y normativa posterior). El Estado, a través de PDVSA, debía poseer al menos el 60 % de la participación accionaria. El discurso prometía un mayor control estratégico y una mayor renta para la nación. Sin embargo, además, hay una paradoja estructural: mientras el discurso oficial demonizaba al “capital transnacional”, el nuevo esquema convirtió a esas mismas compañías en copropietarias formales de proyectos de explotación. Antes operaban bajo contratos de servicio; con las empresas mixtas pasaron a tener participación accionaria directa. En nombre de la soberanía, se modificó el modelo histórico venezolano, generando estructuras societarias más complejas y, en la práctica, más vulnerables a la opacidad y al arbitraje internacional. El resultado no fue una mayor soberanía efectiva, sino una mayor complacencia al capital transnacional.

Hoy el giro es aún más evidente. La reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 —aprobada sin amplio debate público ni consulta nacional— flexibiliza condiciones que durante dos décadas fueron presentadas como principios innegociables. Una transformación de esta magnitud, que redefine la relación entre el Estado, PDVSA y el capital privado, debió ser discutida con universidades, trabajadores del sector, expertos y la sociedad civil. No lo fue.

Los cambios apuntan en la misma dirección: reducir el control operativo efectivo del Estado y ampliar el margen de acción del capital privado, especialmente de las transnacionales norteamericanas y europeas. Entre los elementos más controvertidos se encuentran: el Estado venezolano pierde el control real de la industria en favor del capital transnacional. Por ejemplo, PDVSA pierde el control operativo; así, las transnacionales —aunque sean minoritarias— pueden asumir plenamente la gestión técnica y operativa de los campos petroleros, quedando PDVSA reducida a un socio nominal, sin control efectivo. Además, la comercialización, históricamente controlada por PDVSA, ahora, las transnacionales pueden comercializar directamente el crudo y manejar los ingresos en cuentas bancarias en el exterior. Esto no solo reduce la capacidad fiscal del Estado, sino también su capacidad de supervisión y control. Otro aspecto importante es que los conflictos derivados de estos contratos ya no se resolverán ante los tribunales venezolanos, sino mediante arbitrajes internacionales. Además de ser violatorio de la Constitución del 1999 (arts. 150, 151, 302 y 303), en la práctica, esto significa que Venezuela renuncia a su soberanía jurídica y se subordina a tribunales en los que pesan más las correlaciones políticas y económicas globales que el derecho interno. Finalmente, la Asamblea Nacional pierde su potestad para aprobar los contratos petroleros por tratarse de acuerdos de interés público (arts. 150, 151 de la Constitución Nacional) y su función queda reducida a un rol meramente informativo.

El chavismo construyó su identidad política sobre el antiimperialismo y la defensa irrestricta de la soberanía energética. Con esa narrativa, justificó la confrontación diplomática, los atropellos a los trabajadores petroleros, las purgas internas y una reingeniería petrolera que prometía independencia estructural. Dos décadas después, el mismo proyecto político flexibiliza aceleradamente el marco legal para atraer capital extranjero, sin autocrítica ni explicación al país. La contradicción es evidente: lo que antes se denunciaba como “entrega” hoy se presenta como “necesidad estratégica”. Lo que antes se calificaba de dominación extranjera ahora se negocia discretamente. El antiimperialismo terminó siendo un recurso retórico eficaz para cohesionar apoyos internos y fabricar antagonismos externos, pero resultó incapaz de sostener una industria compleja que exige inversión, tecnología y reglas claras.

El antiimperialismo chavista terminó siendo una consigna para el público de galería, un recurso retórico eficaz para movilizar aplausos y fabricar enemigos externos. Hoy no hay soberanía altisonante ni cadenas televisivas desafiantes; hay sumisión ante los caprichos de Mr. Trump, una traición a su narrativa original obligada tras la humillación del 3 de enero. Prueba de ello, fue el recibimiento casi faraónico —alfombra roja y música en vivo incluidas— al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Evento que no solo resultó protocolarmente desmedido, sino que evidenció niveles de subordinación despreciables. Más que un gesto diplomático habitual, constituyó una escenificación orientada a exhibir complacencia y sometimiento incondicional. La dignidad nacional fue relegada a un segundo plano, especialmente si se considera que Mr. Wright representa los intereses del país que recientemente vulneró nuestra soberanía.

El chavismo no representa una propuesta de emancipación o ruptura con el orden dominante, constituye una farsa ideológica, que apela a un discurso revolucionario como recurso simbólico para legitimar y consolidar su proyecto hegemónico.

La reforma no solo ha modificado la ley: certifica el entierro definitivo de una narrativa que durante dos décadas sirvió como escudo del proyecto bolivariano.

Crónica de una transición tutelada con autoritarismo continuado

A raíz del secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero, la palabra “transición” ha inundado el discurso público. Se repite hasta el cansancio, tanto en los altos círculos del poder en Washington como en la conversación cotidiana del venezolano de a pie, casi siempre sin aclarar qué significa realmente ni a quién sirve. El equipo interventor norteamericano encabezado por Mr. Rubio —autoproclamado tutor del destino venezolano— ha presentado una ruta de transición compuesta por tres fases: una “estabilización” destinada a impedir que el país colapse tras la intervención; una fase de “recuperación”, orientada a reactivar la economía bajo parámetros externos; y, finalmente, una “transición” política, postergada y condicionada, que aparece más como promesa que como derecho soberano del pueblo venezolano.

La transición venezolana promovida por Mr. Rubio nace viciada desde su origen. No surge de un acuerdo nacional ni de la voluntad popular, sino de una intervención extranjera que pretende revestirse de un lenguaje democrático. En este plan los venezolanos no tenemos ningún rol; solo obedecemos. El país ha sido tratado como territorio administrado y no como nación soberana. Más que una hoja de ruta hacia la democracia, el plan de Rubio sienta un precedente peligroso para la región: la normalización de la intervención como método de control económico. Una transición impuesta desde la Casa Blanca y subordinada a intereses económicos difícilmente puede dar lugar a la construcción —y mucho menos a la consolidación— de nuevos espacios genuinamente democráticos.

Así, la transición auspiciada por la “Casa Blanca” es un proceso abiertamente peligroso que no implica una ruptura del orden autoritario, sino una transición tutelada, diseñada no para liberar al país, sino para garantizar el control económico de sus reservas petrolíferas por parte de las transnacionales.

No hay transición cuando el autoritarismo gobernante conserva todos sus instrumentos de dominación. Primero: los presos políticos siguen presos. Según la organización Foro Penal, en la actualidad existen aproximadamente 777 presos políticos (civiles y militares), de los cuales solo han sido excarcelados (no liberados) desde el 8 de enero aproximadamente 266 personas. Han sido excarcelados con medidas cautelares sujetas a régimen de presentación en tribunales, prohibición de declarar a la prensa, procesos judiciales abiertos, prohibición de salida del país, entre otras. Mientras haya ciudadanos privados de libertad, cualquier narrativa de cambio es una farsa cuidadosamente construida. No hay transición democrática posible con rehenes y secuestrados políticos.

A la par, el aparato represivo sigue intacto. No han sido desmontados los cuerpos de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, GN), ni las huestes paramilitares, las cuales preservan las mismas cadenas de mando, las mismas prácticas de intimidación, persecución, tortura y muerte. Se invoca la paz mientras el miedo sigue siendo política de Estado. No hay transición cuando el terror sigue organizado.

En este contexto, resulta casi obsceno hablar de transición sin libertad de prensa. El ecosistema informativo venezolano sigue devastado: medios cerrados, concesiones revocadas, periodistas perseguidos y presos, portales bloqueados y una autocensura que no nace de la prudencia, sino del miedo. La información sigue bajo control y la verdad sigue siendo tratada como una amenaza. Una transición auténtica requiere ciudadanos informados, debate público y pluralidad de voces. Sin prensa libre, la transición no es más que propaganda.

Otro pilar del engaño es la fantasía de hablar de “transición” sin reinstitucionalizar el país (TSJ, CNE, AN). No se trata de un tecnicismo ni de un adorno retórico: sin reinstitucionalización, la transición es una puesta en escena. Postergarla para un supuesto “después” equivale a aceptar que la democracia sea mera utilería. Si no es una urgencia del presente, la transición no pasa de ser un simulacro.

Esta es, en esencia, la “transición” venezolana: un montaje calculado para aparentar cambios sin tocar el corazón del poder, mientras se reparten jugosas recompensas económicas. No conduce —ni pretende hacerlo— a una transición democrática creíble; apunta a una apertura económica selectiva, funcional a los intereses de capitales extranjeros ávidos del petróleo venezolano. Pero incluso esa promesa resulta inviable, dada la falta de garantías jurídicas impuestas por el estatismo gobernante. Lo que se presenta como transición se reduce al cambio del lenguaje, pero no al poder. Se promete un futuro abstracto mientras se conserva intacto el control del presente. 

Por su parte, el chavismo sin Maduro —derrotado, humillado—, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez y con el beneplácito de la Casa Blanca, se aferra al poder como un acto desesperado de supervivencia. Amparado en el eufemismo de una supuesta “prudencia estratégica”, gana tiempo mientras maquilla el discurso, recicla los cuadros civiles y militares y ajusta el marco legal de la República a la medida de los intereses del Tío Sam (Reforma de la Ley de Hidrocarburos). Su apuesta no es reconstruir el país, sino hacerle juego al calendario político estadounidense: esperan que Mr. Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término —amenazado por el descontento ciudadano— y que ello frene la agenda exterior de la Casa Blanca, incluida la presión política y militar sobre Venezuela. No es una estrategia nacional; es un cálculo oportunista que encomienda el destino de Venezuela al desgaste del inquilino de Pennsylvania Avenue de la ciudad de Washington.

Mientras todo esto ocurre, la oposición venezolana permanece atrapada en su propio laberinto, perdida en una deriva estratégica sin salida. Se mantiene dócilmente alineada con la política de la Casa Blanca, a pesar de haber sido explícitamente excluida de los planes de transición de Mr. Trump. Oposición que ha aplaudido obedientemente cada gesto de Washington, incluso cuando ello ha implicado pisotear sus propias banderas de lucha, como el respeto a la voluntad popular expresada el 28/7/2024. Sin el menor rubor, “pasaron la página” para alinearse con la propuesta de Trump de convocar un nuevo proceso electoral, negando así el reconocimiento de unos comicios ya celebrados el 28 de julio. Del mismo modo, han elegido un silencio cómplice y vergonzoso ante los atropellos sistemáticos de la administración Trump contra miles de venezolanos que viven en los Estados Unidos, renunciando deliberadamente a la defensa de sus connacionales para no incomodar al caudillo mediático de Washington.

Venezuela no necesita una transición tutelada por Mr. Rubio, ni administrada por los mismos responsables de su destrucción política, económica y social (Delcy Rodríguez y su combo de operadores). Pensar que quien ha sido uno de los artífices del proyecto hegemónico vaya a autodestruirlo (como afirman los voceros y seguidores de María Corina) es un acto de ingenuidad política sin parangón. Lo que Venezuela demanda es una transición gestada por los actores políticos nacionales, no en Washington, que implique una ruptura clara y sin concesiones con el modelo represivo, hambreador y excluyente que ha cerrado todos los espacios democráticos en el país. Mientras persistan los mismos actores del proyecto hegemónico en Miraflores, cualquier intento de “transición” será una farsa, al margen del beneplácito del gran capital internacional. No solo será una fantasía pasajera, sino una traición imperdonable a la voluntad popular y un agravio a la memoria de millones de venezolanos que han soportado esta pesadilla durante los últimos 27 años.

De la farsa antimperialista a la alfombra roja para la CIA

Durante años, el régimen bolivariano perfeccionó un género propio: la ópera bufa antimperialista. El chaveco-madurismo convirtió el antiimperialismo en una consigna vacía, utilizada más como herramienta de propaganda que como política real de defensa de la soberanía nacional. Bajo un discurso encendido contra Estados Unidos y las potencias occidentales, el régimen ha consolidado un modelo que, lejos de enfrentar al imperialismo, reproduce sus lógicas económicas y políticas, pero sin controles democráticos ni participación popular. Un antiimperialismo “tapa amarilla”, degradado a simples consignas, que ha operado como coartada para legitimar un proyecto autoritario que concentra el poder, criminaliza la disidencia y profundiza la desigualdad. Su mueca más obscena sigue siendo el alarido del comandante de escritorio «¡Vengan por mí, cobardes!», bravuconada hueca y estridente vendida como gesta heroica para entretenimiento del público de gradería 

En esta alegoría, el supuesto líder inexpugnable que repetía una y otra vez que nadie lo sacaría de Miraflores terminó, de forma abrupta, confinado en un calabozo frío y mugroso del Metropolitan Detention Center (Brooklyn, Nueva York), no como mártir de ninguna causa, sino como una caricatura patética de su propia grandilocuencia. No hay cámaras, no hay pueblo, no hay epopeya. Solo el silencio incómodo que acompaña a los falsos valientes, a los héroes de utilería cinematográfica. Se acabaron los lujos, las mansiones, las exquisiteces burguesas, y las cuentas bancarias en dólares. 

Como acto final de esta gran farsa, irrumpe Delcy en escena, la gran sacerdotisa del desastre económico, político y social, desfilando con su habitual solemnidad teatral. Con una reverencia que roza lo ridículo, ha ofrecido una bienvenida cortés y dócil a Mr. John Ratcliffe, director de la CIA, un acto servil y repugnante. La escena, entre tragicómica y grotesca, deja al descubierto la brecha entre la retórica altisonante —promesas de independencia y valentía épica— y la práctica cotidiana de sumisión, clientelismo y espectáculo vacío. Sí, la misma CIA. La misma agencia omnipresente, todopoderosa y eternamente culpable de todo, que hasta hace cinco minutos era presentada como el cerebro maligno detrás de cada apagón, cada inflación, cada resaca revolucionaria y de la extracción de Nicolás. Delcy, sin pestañear, ha extendido la alfombra roja y la solemnidad diplomática, como si no acabara de pasar nada, como si esa misma agencia no hubiera sido señalada de participar en la reciente “extracción” del gran hegemón. El enemigo de ayer se convierte en invitado distinguido hoy, porque en el bolivarianismo la coherencia ideológica es un lujo burgués y la memoria, un estorbo contrarrevolucionario.

Así, el imperialismo deja de ser una amenaza existencial para convertirse en un interlocutor conveniente. La CIA ya no conspira: ahora conversa. Ya no desestabiliza: ahora dialoga. Y el régimen, que vive denunciando complots imaginarios, demuestra que su verdadero talento no está en resistir al enemigo externo, sino en abrazarlo cuando conviene, siempre que ello garantice la continuidad en el poder.

Pero mientras Delcy hace malabarismos para mantenerse en Miraflores y solicita a la Asamblea Nacional que modifique la ley de hidrocarburos para satisfacer las exigencias de Mr. Trump y las transnacionales energéticas, el país real sigue desangrándose: la inflación no es una fábula, la represión no es una invención, la tortura no es delirio, el exilio no es metáfora, la muerte es una realidad y el hambre no entiende de ironías. 

La tragedia del chaveco-madurismo no es que haya sido humillado militarmente por el imperio el pasado 3/01/2026, sino que se derrotó solo, ahogado en su propia fanfarronería publicitada por sus chafarotes. Gritó tanto que terminó creyéndose su propio eco. Confundió el atropello con coraje, la propaganda con realidad y la lealtad con el silencio comprado. El resultado ha sido una perversa parodia sostenida por el petróleo, el miedo, la represión y la muerte.

Mientras tanto, el inquilino de la Casa Blanca se contempla en el espejo y se autoproclama no solo salvador, sino también “presidente en funciones de Venezuela”, como si una publicación en redes sociales pudiera coronar un imperio ficticio, y declara que controlará su petróleo y sus recursos como si fueran trofeos de guerra. Firma decretos con fervor mesiánico, confunde sanciones con virtud y reduce la geopolítica a un juego de mesa en el que él siempre será el ganador. Ordena el cierre de centros de tortura y la liberación de presos en discursos que solo existen en la ficción de sus delirios, mientras que en la realidad la maquinaria represiva del régimen permanece intacta. Decreta transiciones inviables que excluyen a la oposición y que, lejos de desmontar estructuras de poder, apuntan a consolidar nuevas formas de dominación. Trump no gobierna: improvisa con arrogancia, convierte la política en espectáculo y sustituye la diplomacia por la violencia de sus cañoneras. 

Ni autoritarismo reciclado, ni tutela extranjera

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Venezuela se convirtió en escenario de una de las operaciones políticas más cínicas de la diplomacia estadounidense reciente. Bajo el lema de la “restauración democrática”, Washington ha impulsado una campaña contra el régimen autoritario de Maduro que jamás ha tenido como objetivo el fortalecimiento democrático del país. Detrás del discurso grandilocuente del inquilino de la Casa Blanca se esconde una estrategia colonial de vieja data: el control de los recursos naturales y la subordinación de los países de la región. La lucha por las libertades democráticas ha servido como pretexto y como herramienta retórica destinada a legitimar la injerencia. En ese marco, el secuestro de Maduro en la madrugada del 3 de enero no constituye un hecho aislado, sino una confirmación más de que Mr. Trump actúa como gendarme del mundo, arrogándose la potestad de aplicar la legislación estadounidense más allá de sus fronteras, como si se tratara de un mandato universal incuestionable, en línea con la lógica histórica de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”, 1823).

Sin embargo, denunciar la política imperial de Mr. Trump no implica, bajo ninguna circunstancia, salir en defensa del régimen de Maduro y de su estrecho grupete de poder, una camarilla que ha hecho de la deriva autoritaria un método de gobierno y de la retórica antiimperialista una máscara cínica. Maduro y sus chafarotes cargan con la responsabilidad de violaciones graves, sistemáticas y persistentes a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente: la criminalización de la protesta social, la persecución de dirigentes sindicales, la judicialización del disenso político, la tortura y el asesinato de activistas políticos y el desmantelamiento deliberado de los ya precarios espacios democráticos. 

El antiimperialismo no puede convertirse en una coartada moral para blanquear las atrocidades del chaveco-madurismo, ni en un salvoconducto para legitimar la concentración obscena de poder, la represión sistemática y la impunidad estructural. Callar uno en nombre del otro no es una postura crítica ni “estratégica”: es, sin rodeos, una forma explícita de complicidad política. Representa una claudicación ética y una impostura ideológica injustificable, en la que han caído —y en la que persisten obstinadamente— amplios sectores de la izquierda, incapaces o renuentes a confrontar el autoritarismo cuando este se reviste de un falaz lenguaje emancipador. En nombre de una supuesta causa progresista, no solo se toleran sino que se justifican prácticas de dominación, censura, violencia política, tortura e incluso asesinatos, siempre que provengan de actores que se autoproclaman herederos de luchas históricas. Esta ceguera selectiva rara vez es ingenua: con frecuencia opera como retribución política y moral al financiamiento recibido a través de la petrochequera bolivariana.

 Tras el descabezamiento del proyecto hegemónico bolivariano —consumado con el secuestro de Maduro— la administración Trump no buscó desmontar el régimen, sino reconfigurarlo y someterlo a sus propios intereses geopolíticos. Golpeó al chaveco-madurismo sin tocar su columna vertebral: no desmanteló el aparato represivo, ni las instituciones colonizadas y subordinadas a Miraflores. Por el contrario, optó por capturar y administrar ese entramado, disciplinarlo selectivamente y reciclarlo como instrumento de control, delegando en Delcy Rodríguez el rol de intermediaria clave en una estrategia de dominación económica y de gobernabilidad tutelada sobre el país. Esto no debería sorprender, ya que el chaveco-madurismo representa un entramado de militares, burócratas y empresarios corruptos que asaltaron el Estado para administrarlo como botín de guerra, en el que las lealtades ideológicas nunca han existido.

El plan presentado por la Casa Blanca, bajo la responsabilidad de Rubio, Hegseth, Vance y Miller, no se esfuerza siquiera por disimular su verdadera naturaleza: un esquema de tutela política y apropiación económica administrado directamente desde Washington. Bajo el lenguaje edulcorado de la “estabilización” y la “recuperación”, se reactiva una fórmula largamente conocida en la historia latinoamericana: primero el control, luego —si conviene— la democracia. En nombre de la “estabilidad del país”, se legitima la apropiación directa de la renta petrolera: catorce empresas de hidrocarburos ya se disputan el botín de los hidrocarburos por órdenes explícitas de Mr. Trump (9/01/2026), mientras se invita a corporaciones financieras estadounidenses como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup a invertir en el país bajo la supervisión directa del Departamento del Tesoro. El petróleo, una vez más, aparece como el núcleo duro de la intervención. La soberanía popular expresada el 28/7/2024 ha sido, sin ambages, desconocida. Toda exigencia de legitimación democrática ha sido desestimada como prematura, incómoda o directamente prescindible, supeditada a la consolidación previa y excluyente del control económico. Conviene precisar que este nuevo ensayo de vasallaje político no solo neutraliza la voluntad popular, sino que también relega a la irrelevancia a la disidencia política en su conjunto. Incluso aquella encarnada por María Corina -históricamente alineada con los dictámenes de Mr. Trump- ha sido marginada dentro de este nuevo entramado de dominación neocolonial.

Venezuela no necesita ni un autoritarismo reciclado con nuevo ropaje (Delcy y su grupete), ni un protectorado extranjero administrado desde Washington. Entre la brutalidad del chaveco-madurismo y la tutela imperial no existe ninguna salida democrática posible: ambas opciones anulan, por vías distintas, pero perfectamente complementarias, la voluntad popular. La única alternativa legítima pasa por el respeto irrestricto de la soberanía popular expresada el 28/7/2024, el restablecimiento pleno de las libertades políticas, la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, la dignificación real del salario de los trabajadores y la reconstrucción de una institucionalidad democrática sin tutelas externas ni caudillismos internos. Sin democracia efectiva no hay soberanía; y sin soberanía no hay futuro, solo la administración crónica de una crisis inducida y explotada tanto desde el poder doméstico como desde los centros imperiales. Denunciar simultáneamente ambas formas de dominación no es ambigüedad ni equidistancia oportunista: es una posición ética, política y democrática ineludible.

Trump: anomalía democrática, poder desmedido y posverdad

Ha transcurrido casi un año desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y, como era de esperar, él mismo se ha encargado de proclamarse el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. En su relato, Trump no gobierna: cumple una misión casi mesiánica, llamada a restaurar una grandeza supuestamente usurpada por enemigos internos y externos. A la par, continúa desplegando su ya habitual estrategia: la descalificación sistemática de todo aquel que no se someta a su culto personal, ya sean adversarios políticos, periodistas incómodos o antiguos aliados convertidos en traidores de ocasión.

Basta, sin embargo, con retirar el velo de su propaganda para advertir que la realidad es bastante menos épica. Un examen mínimamente riguroso de aquello que Mr. Trump exhibe como trofeos sus presuntos éxitos económicos, diplomáticos e institucionales, revelan una constante inquietante: sus “logros” son, en el mejor de los casos, discutibles y, en el peor, fracasos ruidosos que han erosionado la fortaleza interna de Estados Unidos y debilitado su credibilidad internacional.

Los supuestos hitos de su liderazgo se desmoronan al contrastarlos con la realidad. El triunfalismo permanente encubre una gestión marcada por la improvisación, la arbitrariedad y un estilo de gobierno que confunde el interés nacional con la autopromoción. El balance no es el de un estadista visionario, sino el de un dirigente obsesionado con fabricar un legado ficticio, aun cuando el país deba pagar el precio de sus caprichos y vendettas personales.

Aunque la economía estadounidense sigue creciendo, ese dinamismo responde sobre todo a la inercia de un sector privado robusto y al liderazgo tecnológico del país, no a la genialidad económica del presidente. El proteccionismo trumpista, presentado como una fórmula mágica para resucitar la industria nacional, ha sido un ejercicio de voluntarismo simplista. La política arancelaria se ha convertido en una caricatura de sí misma: impuestos que suben y bajan al compás del estado de ánimo presidencial o de sus simpatías personales hacia otros mandatarios. El resultado ha sido previsible: distorsión de las cadenas globales de valor, aumento de costos para las empresas, pérdida de competitividad y una factura que termina pagando el consumidor en forma de inflación. Atribuir la evolución positiva de la economía a estas medidas no es análisis: es propaganda.

Más grave aún es el deterioro institucional. Estados Unidos, tradicionalmente presentado como un referente de democracia liberal y separación de poderes, muestra hoy signos alarmantes de erosión. Desde el regreso de Trump, el Estado de derecho se ha convertido en un estorbo que debe ser doblegado, presionado o directamente instrumentalizado. El Departamento de Justicia ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un brazo político al servicio del presidente, útil para perseguir a adversarios y proteger a aliados. La destitución, o el intento de marginar, a jueces que no se alinean con Trump demuestra que la lealtad personal sustituye al mérito y la independencia judicial pasa a ser vista como una insolencia.

El uso del indulto presidencial resume esta deriva con particular crudeza. Trump ha perdonado a implicados en el asalto al Capitolio, un ataque directo al corazón del sistema democrático, y ha extendido su clemencia a figuras como el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico en tribunales estadounidenses. No se trata de misericordia ni de justicia, sino de un mensaje político transparente: la lealtad se premia, la ley se negocia.

Su política migratoria constituye otro de sus fracasos morales y políticos. Trump ha convertido al inmigrante en un chivo expiatorio, criminalizando a millones de personas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense. Las deportaciones masivas y expeditas, ejecutadas con desprecio por los derechos humanos, castigan a quienes huyen de la miseria, la violencia y la represión, mientras alimentan una narrativa de miedo útil para el consumo electoral interno.

En política exterior, el panorama es desolador. Trump se autoproclama gran pacificador y afirma haber resuelto múltiples conflictos internacionales. La realidad, como de costumbre, es menos grandiosa. En Tailandia y Camboya, su intervención produjo una tregua fugaz que se evaporó al desaparecer de los titulares. Entre India y Pakistán hubo una pausa, no una paz. En la República Democrática del Congo y Ruanda se anunció un acuerdo mientras la violencia persistía. En Gaza, el alto el fuego respondió a cálculos estratégicos de Netanyahu, no a un triunfo diplomático estadounidense. Sin embargo, el fracaso más estridente ha sido Ucrania: Trump prometió poner fin a la guerra en 24 horas y, un año después, su única propuesta exige a Kiev sacrificar territorio y soberanía. Más que una solución, es una concesión que fortalece a Moscú y debilita la posición de Occidente.

En América Latina, Trump insiste en desempolvar la doctrina Monroe como si el continente siguiera siendo un patio trasero obediente. Sus insinuaciones de intervención militar revelan una mezcla peligrosa de nostalgia imperial y desconocimiento de la región. La política resultante ha sido errática, personalista y profundamente irrespetuosa de las soberanías nacionales. En ese contexto, la llamada “presión máxima” contra Venezuela ha terminado reducida a un ejercicio de retórica vacía, con sanciones ruidosas, amenazas recurrentes, aislamiento diplomático y la evocación anacrónica de cañoneras. Todo ello, además, aderezado con contradicciones obscenas: se secuestran tanqueros en el Caribe a fin de “asfixiar económicamente al régimen mientras Chevron continúa operando sin sobresaltos”. El balance es brutalmente simple: mucho ruido y cero resultados. Los desconocedores de la voluntad popular expresada el 28/7/2024 siguen cómodamente instalados en Miraflores, mientras que cada día se estrechan aún más los ya exiguos espacios democráticos del país.

Mr. Trump es un accidente histórico en la democracia estadounidense. Su liderazgo se apoya más en la teatralidad del espectáculo que en la responsabilidad de ser presidente. El poder desmedido, la posverdad y el beneficio familiar han sido los ejes de su proyecto. Trump no gobierna para Estados Unidos: gobierna para sí mismo. 

Inciso necesario: Resulta penoso que amplios sectores de la oposición democrática venezolana sigan arrodillados, con fervor casi litúrgico, ante los desplantes abiertamente antidemocráticos de Mr. Trump, y que, además, no solo aceptan humillaciones y atropellos en silencio, sino que los aplauden y los convierten en doctrina.

Navidad Sin Presos Políticos

En esta Navidad, cuando las luces intentan abrirse paso entre la oscuridad, recordamos que la esperanza es más fuerte que el miedo. Aunque muchos corazones hoy cargan con dolor, incertidumbre y silencio impuesto, el espíritu de la Navidad nos recuerda que la dignidad humana no puede ser reprimida.

Que el nacimiento de la esperanza renueve nuestra fe en un futuro en el que la justicia, la libertad y el respeto vuelvan a florecer en nuestra tierra. Que cada gesto de solidaridad, cada palabra valiente y cada acto de amor sean una luz que acompañe a quienes resisten con dignidad.

A quienes sufren persecución, a los presos por pensar distinto, a los exiliados forzados y a las familias separadas: su dolor no es en vano. Cada abuso queda marcado en la memoria del pueblo y cada acto de valentía acerca el día de la libertad.

Que esta Navidad nos abrace con la certeza de que ningún invierno es eterno y que, después de la noche más larga, siempre hay un amanecer.

Esta Navidad no es de silencio: es de resistencia.

Navidad Sin Presos Políticos

El Nobel que no premia a una persona, sino a una causa: Venezuela

María Corina Machado quizá sea una receptora imperfecta del Premio Nobel de la Paz, como lo han sido muchos otros galardonados a lo largo de la historia. Ningún liderazgo humano está exento de contradicciones, límites o decisiones difíciles, especialmente cuando se ejerce bajo condiciones extremas. Sin embargo, este reconocimiento trasciende con creces su figura individual, tal como lo subrayó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel de la Paz. No se trata únicamente de una persona, sino de un país entero: de Venezuela y de su larga, dolorosa y aún inconclusa lucha por la paz, la dignidad, la defensa de los derechos humanos y la reconstrucción democrática.

El premio reconoce una causa colectiva. Pone en el centro a millones de venezolanos que, durante más de dos décadas, han resistido la arbitrariedad, la represión y el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Destaca el sacrificio silencioso de ciudadanos comunes —estudiantes, trabajadores, madres, abuelos, profesionales, líderes sociales— que han sido perseguidos, encarcelados, forzados al exilio o reducidos al silencio, y que aun así se niegan a renunciar a la idea de un país libre.

En ese sentido, el Nobel no absuelve ni idealiza a nadie: ilumina una lucha. Reconoce la determinación de una sociedad que, pese al terrorismo de Estado, la criminalización de la disidencia y el uso del miedo como método de gobierno, continúa defendiendo el voto, la verdad, la justicia y la convivencia democrática. Es un recordatorio de que la paz no es sumisión ni silencio impuesto, sino el resultado de derechos garantizados, instituciones legítimas y ciudadanos libres.

Más que un premio individual, este Nobel es un acto de memoria y de respaldo moral. Le dice al mundo que Venezuela no es una abstracción geopolítica ni una narrativa ideológica, sino un pueblo concreto que sufre, resiste y espera. Y afirma, con claridad ética, que la lucha venezolana por la democracia no es una amenaza a la paz, sino su condición indispensable.

De la distopía orwelliana al socialfascismo-bolivariano

George Orwell, en su novela distópica 1984, presenta el territorio ficticio de Oceanía, un vasto superestado sometido a un régimen totalitario implacable. El poder está concentrado en manos del Partido, cuya figura más visible es el omnipresente Gran Hermano, símbolo de vigilancia, obediencia y control. Bajo su mirada constante, cada aspecto de la vida queda sometido a supervisión: desde el pensamiento individual y el uso del lenguaje hasta la propia historia y la noción misma de la verdad.

Orwell no imaginó que, décadas después, surgirían gobiernos autoritarios de otro tipo: no envueltos en banderas con esvásticas (Hakenkreuz) o fasces (fasci littori), sino en tricolores, acompañados de discursos patrióticos y promesas de redención para los más humildes. Orwell escribió sobre totalitarismos explícitos; lo que quizá no previó fue su modalidad caribeña: el autoritarismo bolivariano, que se proclama libertador y defensor de los desposeídos mientras reprime, monopoliza la verdad, afianza el control social y coapta los derechos de los trabajadores.

Uno de los pilares del Estado totalitario descrito por Orwell fue la manipulación del lenguaje. El “neolenguaje” no solo simplificaba palabras, sino que también estrechaba la capacidad de pensamiento y cambiaba su significado. En nuestro país, se ha establecido un neolenguaje orwelliano, en el que las palabras ya no significan lo que deberían. Frases como “gobierno obrerista” encubren estructuras de poder alejadas del pueblo trabajador. La miseria y el hambre son presentadas como signos de bienestar y justicia social; la opresión, como una supuesta democracia popular; y la llamada revolución, como una forma de enfrentar al neoliberalismo, aunque, en los hechos, reproduzca prácticas similares. La represión se llama “protección del pueblo”, la escasez es “guerra económica”, el hambre es “soberanía alimentaria” y la dictadura es “democracia participativa y protagónica”. Esta inversión del sentido, en la que la guerra es paz, la ignorancia es fuerza y la sumisión es libertad, es una de las herramientas más eficaces del régimen para desmovilizar la crítica, aplastar al disidente y controlar el pensamiento colectivo. Vivimos tiempos en los que el Estado no informa: reinventa. No narra: distorsiona. No comunica: intimida. La verdad es un territorio prohibido y la mentira oficial, un deber patriótico.

Otro rasgo inquietante es la reescritura permanente de la historia. Orwell imaginó un régimen capaz de manipular el pasado para asegurar la obediencia; en la Venezuela oprimida, observamos algo similar: episodios históricos reinterpretados, un Bolívar africanizado y próceres elevados a la categoría de santos tutelares de su proyecto hegemónico. Así se ha construido un relato en el que el pasado deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un instrumento de legitimación. La historia deja de ser memoria para transformarse en propaganda/

A ello se suma otro elemento orwelliano, quizá uno de los más decisivos: la construcción de un enemigo permanente, responsable de todos los males y fracasos. En el esquema binario de la revolución, todo ciudadano es un sospechoso en potencia: estás con el proceso (entiéndase el pueblo) o estás contra él. Y ese “pueblo” es un sujeto abstracto que, curiosamente, coincide siempre con los intereses del proyecto dominante. De lo maniqueo del discurso oficial: no se persigue al periodista; se defiende al pueblo de la mentira. No se encarcela al disidente; se combate la traición y el terrorismo. No se censura; se protege la soberanía comunicacional. Todo abuso se convierte en un acto heroico en la narrativa del mesías de Miraflores. 

En la obra de George Orwell se plantea la existencia simultánea del enemigo externo y del enemigo interno como un mecanismo fundamental para la represión y el control social. El enemigo externo -una potencia en guerra permanente o un adversario lejano- actúa como elemento de cohesión nacional, pues permite justificar la militarización del país, la vigilancia, la represión y la obediencia. Paralelamente, el régimen alimenta la idea del enemigo interno, un conjunto de supuestos traidores infiltrados que amenazan la pureza ideológica y la seguridad del Estado. Estos enemigos internos, reales o imaginarios, sirven para legitimar la persecución, la represión y la depuración constantes en la sociedad. Para Orwell, ambas figuras son construcciones políticas diseñadas para mantener a la población en un estado de miedo, dependencia y desconfianza, de modo que el poder se presenta como el único garante de la supervivencia.

Las elecciones, al mejor estilo orwelliano, han dejado de ser mecanismos de toma de decisiones ciudadanas para convertirse en rituales de legitimación. La evidencia más clara quedó demostrada el pasado 28 de julio de 2024, cuando se consumó el mayor fraude de la historia republicana con la complicidad de todos los poderes del Estado. Ese día se pisoteó la voluntad popular expresada en las urnas. La soberanía popular fue sustituida por la fuerza del fusil.

En Oceanía, el régimen se sostenía sobre una emoción fundacional: el odio. “Nuestra civilización se construye sobre el odio”, proclamaban sin pudor sus dirigentes, convencidos de que la cohesión social solo podía lograrse mediante el miedo, la enemistad y la polarización constante. El autoritarismo bolivariano opera bajo una lógica similar: no es un proyecto libertario, sino un proyecto de dominación perversa que divide a los ciudadanos en categorías irreconciliables: “amigos y enemigos”, “patriotas y apátridas”, “buenos y malos”, “ciudadanos y terroristas”. En este esquema maniqueo, la lealtad ciega se erige en virtud suprema, mientras que la disidencia se castiga y criminaliza. El resultado es un orden político que disciplina, somete y reprime al ciudadano, consolidando un sistema en el que el miedo no es un accidente, sino una estrategia de Estado.

Venezuela no es una distopía literaria: es un país real, atrapado durante más de 25 años en una pesadilla que Orwell vislumbró hace más de siete décadas. La tragedia venezolana demuestra que el totalitarismo no necesita grandes mayorías para imponerse; le basta con destruir la verdad, apropiarse del lenguaje y aplastar la voluntad colectiva mediante la fuerza de las armas. Tal como advirtió Orwell, cuando el poder controla la palabra y manipula la realidad, la mentira se vuelve un mecanismo de dominación, el lenguaje se transforma en herramienta de manipulación y la fuerza pasa a ser un instrumento de obediencia.

El proyecto socialfascista bolivariano no emancipa ni libera; uniforma, adoctrina, reprime y asesina, reproduciendo los mismos patrones de los totalitarismos del siglo XX que asegura combatir. Su retórica revolucionaria -falsa y grandilocuente y cuidadosamente efectista- funciona como un blindaje ideológico destinado a justificar la violación de los derechos humanos, la anulación de los espacios democráticos y la concentración absoluta del poder.

El chavismo: modelo posmoderno del fascismo del siglo XX

Cuando cayó el fascismo europeo a mediados del siglo XX, el mundo respiró con alivio. Parecía que aquella maquinaria totalitaria, construida sobre el culto al líder, la manipulación de las masas y la represión del disenso, había quedado sepultada bajo los escombros de la guerra. Sin embargo, la historia rara vez se repite literalmente; suele hacerlo en versiones adaptadas a su tiempo, disfrazadas de nuevos ideales. En América Latina, esa metamorfosis del autoritarismo encontró su forma más persistente en el llamado chavismo, un régimen que, bajo el ropaje de la revolución socialista, terminó erigiendo un sistema de dominación que muchos ya describen como el fascismo del siglo XXI.

El chavismo nació en los años noventa como una promesa de redención nacional. Hugo Chávez se presentó como la voz de los excluidos, el vengador del pueblo frente a las élites corruptas y la política tradicional. Su mensaje caló hondo en una sociedad golpeada por la desigualdad, la corrupción y la desilusión democrática. Pero aquel proyecto que engañosamente se anunció como una “revolución de los humildes” pronto comenzó a mostrar sus costuras: un régimen de poder absoluto, construido sobre tres pilares: el culto a la personalidad, la militarización del Estado y la destrucción progresiva de las instituciones democráticas.

A lo largo de su mandato, Chávez convirtió la política en una épica personal. Su imagen omnipresente en los medios, su lenguaje mesiánico y su narrativa de “pueblo contra enemigos” consolidaron un esquema clásico del autoritarismo carismático. Con el tiempo, esa retórica devino en un aparato ideológico cerrado, donde el Estado y la revolución se confundieron hasta volverse indistinguibles. Quien criticaba al Gobierno era, automáticamente, enemigo del pueblo.

Uno de los rasgos más inquietantes del chavismo y de su continuador Maduro, que lo emparenta con el fascismo clásico, es su manipulación del concepto de pueblo. En el fascismo italiano, el “pueblo” era una masa orgánica que debía unirse en torno al líder y al destino de la nación; en el chavismo, ese “pueblo bolivariano” se erige en una entidad sagrada, propietaria exclusiva de la verdad y de la legitimidad moral.

Pero esa unidad es ilusoria: solo pertenece al pueblo quien se somete al poder. Quien disiente, deja de ser ciudadano para convertirse en traidor. Esta división maniquea —los leales contra los enemigos internos— permite justificar cualquier atropello, desde la persecución judicial hasta la censura mediática. El discurso oficial no tolera matices: el chavismo se alimenta de la polarización, porque sin enemigos que lo amenacen, su legitimidad se derrumba.

En el fascismo del siglo XXI, el Estado no solo administra: también vigila, adoctrina y castiga. Lo que en Europa fueron los sindicatos únicos o las corporaciones estatales, en Venezuela se transformó en una red de programas sociales, organismos de control y colectivos armados que operan como extensiones del poder político.

La economía, en teoría socialista, se convirtió en una herramienta de sometimiento. Los subsidios y las ayudas —como las cajas de alimentos CLAP o los bonos del carnet de la patria— se reparten según la lealtad política, no según la necesidad. Así, la supervivencia cotidiana depende del grado de obediencia al régimen. El control social, en este modelo, no se impone solo con armas, sino también con hambre.

El control social y la represión lo hacen envuelto en legalidad. Los tribunales y los fiscales actúan como ejecutores del poder, mientras los cuerpos de seguridad operan con impunidad. La tortura, las detenciones arbitrarias, los juicios amañados y los ajusticiamientos extrajudiciales no son excesos aislados, sino parte de un terrorismo de Estado que castiga la disidencia para preservar su dominio.

Si Mussolini hablaba de la “religión del Estado”, el chavismo ha construido la suya: una liturgia patriótica que mezcla bolivarianismo, socialfascismo y sumisión militar. En el imaginario chavista, el Ejército no es una institución al servicio de la República, sino la vanguardia moral de la revolución. Con el paso de los años, el poder político y el militar se fusionaron en un solo cuerpo, como en todo sistema de inspiración fascista.

A la dimensión militar se suma otra casi religiosa. Chávez fue elevado, tras su muerte, a una suerte de santidad política: su rostro adorna murales, su voz se repite en actos oficiales y su figura es invocada como guía espiritual de la patria. La fe en el líder trascendido refuerza la obediencia al sucesor, Maduro, quien desgobierna invocando la memoria del “comandante eterno” para legitimarse.

Ningún autoritarismo sobrevive sin controlar el relato. En este sentido, el chavismo aprendió de los manuales más clásicos del totalitarismo. Los medios públicos se transformaron en órganos de propaganda; los privados fueron comprados, cerrados o sometidos mediante leyes restrictivas. El lenguaje mismo fue colonizado: “patria”, “soberanía”, “lealtad”, “traición” dejaron de ser palabras comunes para convertirse en instrumentos de alineamiento ideológico.

El control simbólico alcanza incluso a la memoria histórica. Bolívar fue reinterpretado como precursor del socialismo, y los símbolos patrios se reformularon para adaptarse al nuevo credo revolucionario. Todo régimen fascista necesita una mitología fundacional; el chavismo la encontró en una historia reescrita a su medida, donde el pasado legitima eternamente el presente.

Una de las paradojas del chavismo-fascismo es su insistencia en mantener un barniz democrático. Las elecciones no desaparecieron; se transformaron en rituales vacíos. El voto, despojado de su valor competitivo, sirve para legitimar al poder, no para disputarlo. En este escenario, las elecciones son simulacros de participación: se vota, pero no se elige. La mejor demostración fue el pasado 28/7/2024

El chavismo no es una simple dictadura ni un régimen militar clásico. Es una forma de autoritarismo posmoderno, capaz de combinar discurso progresista con prácticas represivas, apelaciones al socialismo con una economía extractiva y corrupta, y retórica antiimperialista con alianzas pragmáticas con potencias extranjeras. En ese sentido, el chavismo se ha convertido en un modelo de exportación: un manual para los nuevos autoritarismos globales que buscan legitimarse en la retórica del pueblo, disfrazar la represión de democracia y manipular la pobreza como herramienta de control.

Llamar fascismo del siglo XXI al chavismo no es una exageración retórica ni un accidente histórico; no es, igualmente, un insulto, sino un diagnóstico. Es el espejo en el que se reflejan las debilidades de nuestros sistemas de gobierno: la corrupción, la desigualdad, la impunidad, la fe ciega en los caudillos. Chávez y su continuador, Maduro, no vinieron de otro planeta; surgieron de un sistema injusto, ya podrido y en plena descomposición.

El chavismo no es el futuro: es el recordatorio de todo lo que el siglo XX nos enseñó a temer… y que, contra toda lógica histórica, en pleno siglo XXI ha vuelto a convertirse en una amenaza.

Trump y la destrucción de la democracia norteamericana

En la historia reciente de Estados Unidos, ningún presidente ha desafiado con tanta audacia los cimientos de la democracia liberal norteamericana como Donald Trump. Su mandato, lejos de ser un accidente aislado en el devenir político norteamericano, constituye una ofensiva sistemática contra las instituciones, los valores democráticos, la ciencia y el conocimiento. 

Trump no inventó la polarización ni la desconfianza hacia la clase política. Se nutrió de un malestar previo: la sensación de abandono en vastos sectores de la clase media empobrecida, el resentimiento ante la globalización y el descrédito de las élites tradicionales de Washington. Pero su gran “mérito” —si cabe usar el término— fue haber transformado ese malestar en un arma contra la propia democracia. Supo convertir la ira y el descontento en una plataforma política, canalizando emociones primarias como el miedo, la nostalgia y el resentimiento hacia un proyecto personalista y autoritario.

La presidencia de Mr. Trump ha sido un ejercicio constante de manipulación informativa, donde la mentira se convirtió en una herramienta de gobierno y la “posverdad” pasó a ser una norma cotidiana. Trump ha lanzado miles de afirmaciones falsas o engañosas. Pero lo más grave no han sido las mentiras en sí, sino el efecto corrosivo de convertir la verdad en un asunto relativo, dependiente de la lealtad política. En ese escenario, los datos, las instituciones y hasta los tribunales pasaron a ser percibidos como enemigos si contradecían el relato oficial. El resultado: una democracia formal, pero emocionalmente autoritaria. Una república que todavía vota, pero cada vez menos piensa.

La guerra contra la prensa libre ha sido un componente central de esta estrategia. Al tildar a los periodistas de “enemigos del pueblo” y deslegitimar a medios enteros, Trump sembró la idea de que no existe información confiable fuera de lo que emana de su propia voz o de la de sus voceros. 

Pero la embestida no se limitó a la imposición de la posverdad. Trump ha atacado frontalmente a las instituciones diseñadas para limitar el poder presidencial. Su desprecio por la división de poderes ha sido evidente: por ejemplo, ha utilizado al Departamento de Justicia para proteger a sus aliados y desacreditar, perseguir y despedir laboralmente a jueces, fiscales y legisladores. Como si el poder fuera un espejo que solo refleja su conveniencia, también ha hecho del perdón presidencial un escudo personal, extendiéndolo a sus amigos y aliados, desde los implicados en el asalto al Capitolio (6 de enero de 2021) hasta figuras como Rudy Giuliani y Sidney Powell, acusadas de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Trump ha transformado al Partido Republicano en un rehén de su propia figura. Legisladores, gobernadores y dirigentes que antaño defendían las instituciones se someten hoy a su voluntad por temor a ser castigados en las urnas por la base trumpista (MAGA). La política estadounidense se ha convertido en un espectáculo de lealtades personales y obediencia ciega, donde el aplauso al líder pesa más que la defensa de la Constitución. El “trumpismo” ha demostrado que el populismo autoritario no es un fenómeno exclusivo de democracias frágiles o jóvenes, ni de países tercermundistas. Puede florecer en el corazón de la república más antigua del mundo contemporáneo si se combina con un líder carismático dispuesto a derribar reglas, un electorado fanatizado dispuesto a seguirlo y unas élites políticas demasiado cobardes para enfrentarlo.

La administración de Trump ha impulsado medidas antidemocráticas que restringen los derechos fundamentales de los inmigrantes. Su retórica estigmatizante ha permitido el resurgimiento de la xenofobia y ha alimentado discursos extremistas que vuelven a dividir a la sociedad. Mr. Trump gobierna no solo mediante decretos regresivos que vulneran derechos básicos, sino también a través de símbolos; y los símbolos, cuando se instalan en el imaginario colectivo, tardan mucho más en desactivarse que la proclamación de un orden ejecutivo.

Lo que ocurre en Washington no es una rareza; es un reflejo. Desde Budapest hasta Caracas, desde San Salvador hasta Turquía, el siglo XXI ha visto cómo las democracias se desangran lentamente. El método es siempre el mismo: se captura el poder a través de los votos, se violentan los derechos humanos, se deslegitima la prensa, se reescriben las reglas, se reprime y se atropella a los trabajadores, y todo en nombre del pueblo. 

No todo está perdido. Los tribunales todavía bloquean algunos excesos, el Congreso aún resiste en ciertos temas, y una ciudadanía inquieta se moviliza, protesta y litiga. Los medios independientes siguen denunciando; las universidades, debatiendo; y la sociedad civil, alertando. Son las últimas líneas de defensa frente a una maquinaria política que se alimenta de la polarización y del miedo. Pero las preguntas son: ¿Cuánto durarán esos diques antes de ceder ante la marea del poder concentrado? ¿El sistema democrático norteamericano tendrá la fortaleza para resistir este asalto interno? El tiempo lo dirá 

Washington ya no exporta libertad, sino el manual del populismo institucionalizado anglosajón 

Nota a pie de página: Es lamentable que un personaje tan ajeno a los valores democráticos y con una política antiinmigrante como Donald Trump se haya convertido en el paradigma y referente de amplios sectores de la oposición venezolana.

La defensa de “la patria” como arma de control social y político

A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han recurrido a la misma estrategia para legitimar su poder: invocar la defensa de la patria frente a supuestas amenazas (externas – internas) y manipular sin escrúpulos el sentimiento patriótico de la población. Es un recurso tan antiguo como eficaz. Bajo la bandera de la soberanía nacional se ocultan el miedo a perder privilegios, el rechazo al escrutinio democrático y la coartada perfecta para justificar la represión interna. En boca de los autoritarios, “defender la patria” no es más que un grito hueco, un instrumento de manipulación diseñado para adormecer conciencias, justificar abusos y silenciar a quienes se atreven a disentir de la política oficial.

Desde la llegada al poder del chaveco-madurismo, la “patria” dejó de ser un ideal común para convertirse en un disfraz de utilería al servicio del proyecto bolivariano dominante. Con una retórica patriotera repetida hasta el cansancio, el régimen pretende blindarse de toda crítica y tapar la ruina política, social y económica en la que ha sumido al país. La patria, en sus labios, no pasa de ser un eslogan de feria, una muletilla de propaganda con la que los chafarotes del poder desangran al país día tras día. Son los farsantes que gritan “¡Hay que defender la patria!” mientras la saquean, la subastan al mejor postor y la hunden en una pobreza estructural extrema.

En estos 25 años de “desgobierno bolivariano”, fabricar enemigos ha sido el recurso más efectivo del régimen para encubrir su desastre administrativo y perpetuar su narrativa épica. Cada crisis, cada fracaso y cada escándalo de corrupción encuentran un culpable externo: el imperio, la oligarquía, los traidores de turno. Así, mientras el país se hunde en la pobreza y la desinstitucionalización, ellos se presentan como héroes de opereta: autoproclamados defensores de la patria, sitiados por conspiraciones que solo existen en su imaginación, y en las interminables cadenas televisadas donde fabrican su propio mito.

Esta farsa patriotera, hecha de símbolos vacíos y discursos de utilería, ha sido la coartada perfecta del régimen para aplastar al ciudadano que se atreve a protestar, silenciar al periodista incómodo, aterrorizar al estudiante rebelde, encarcelar al obrero que exige sus derechos y, con brutal impunidad, asesinar al dirigente social que no se doblega ante su política hambreadora. La lógica es simple: quien no aplaude al régimen, conspira; quien disiente, atenta contra la patria; quien exige derechos, es acusado de traición. Con esta ecuación burda, los usurpadores han convertido al Estado en un tribunal inquisidor en el que el ciudadano siempre resulta culpable por el simple hecho de pensar distinto. Entre himnos gritados a destiempo, consignas huecas y uniformes prestados, se esconde la verdadera maquinaria del poder: un terrorismo de Estado que criminaliza la crítica y reduce la vida pública a un espectáculo grotesco. El famoso llamado a “defender la patria” no es otra cosa que un chantaje emocional, una mentira envuelta en banderas y fanfarrias, diseñada para anestesiar conciencias y legitimar la represión.

En Venezuela, la patria dejó de ser un espacio de ciudadanía para convertirse en un inmenso cuartel. El pestilente uniforme militar, se ha convertido en un disfraz de legitimidad política, de impunidad ante la violación de los derechos humanos. Los cuarteles y guarniciones militares, lejos de defender la soberanía nacional, se han transformado en escenarios de propaganda donde la patria no se debate ni se construye: se grita, se ordena y se obedece. 

El chaveco-madurismo ha degradado la defensa de la patria a una caricatura. No la defienden: la explotan, la exprimen y la usan como un trapo para limpiar sus propios desastres. La patria, en sus manos, es apenas un eslogan de feria, un decorado barato que se exhibe en desfiles militares, cadenas interminables y discursos huecos; pero desaparece en la vida diaria de los venezolanos, obligados a sobrevivir con salarios de miseria, hospitales en ruinas, escuelas abandonadas, cortes de luz recurrentes, represión y violencia política. 

Cuando los voceros del autoritarismo gritan “¡Defender la patria!”, en realidad lo que persiguen es proteger sus negocios, sus inversiones y los privilegios logrados gracias a la corrupción y el robo del erario público. La patria no se defiende militarizando a la sociedad, ni sembrando terror con colectivos con pasamontañas y fusiles, ni con generales tapa amarilla pronunciando discursos más aprendidos, y mucho menos pretendiendo borrar la identidad de los ciudadanos. La patria se defiende con escuelas bien dotadas, hospitales dignos, salarios justos, una justicia independiente, el respeto a la voluntad popular y los derechos humanos. Todo lo demás no es patria: es negocio, propaganda y represión envuelta en trapos de bandera. Es la creación de una sociedad basada en el miedo y el terror.

El Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz representa un homenaje al coraje y la constancia del pueblo venezolano en su lucha pacífica contra la dictadura chaveco-madurista, simbolizada por su figura más representativa: María Corina Machado. Este galardón no implica respaldo a una postura o visión política específica, sino un firme reconocimiento al compromiso con los principios universales de libertad, justicia y respeto por los derechos humanos.

Autoritarismo, terror de Estado, represión y muerte

A partir del golpe de Estado del 28/7/2024, en Venezuela se instauró una política represiva de Estado orientada a desconocer los resultados electorales y aplastar toda manifestación en defensa de la voluntad y la soberanía popular. El régimen recurrió a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra cientos de ciudadanos, en su mayoría activistas políticos, dirigentes sociales, sindicales y periodistas, además del asesinato de indefensos manifestantes. 

Esta violación sistemática de los derechos humanos se perpetró mediante el uso de las fuerzas policiales y militares del Estado, así como a través de grupos armados irregulares al servicio del régimen (colectivos). De esta manera, la represión adquirió un carácter cada vez más institucionalizado, consolidándose como un mecanismo para aniquilar los movimientos políticos y sociales que exigían el respeto a los resultados del 28 de julio.

Este preocupante panorama sobre los derechos humanos en Venezuela quedó reflejado en el informe más reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) de las Naciones Unidas, correspondiente a 2025. El documento advierte sobre severos retrocesos en diversas libertades fundamentales, al tiempo que persiste una impunidad casi absoluta frente a las graves violaciones denunciadas tanto por organismos nacionales como internacionales.

Tras las fraudulentas elecciones del 28/7/2024, el informe documenta una escalada represiva dirigida contra quienes exigieron respeto a la voluntad popular. Manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con violencia desproporcionada, por las fuerzas de seguridad y grupos armados irregulares. Paralelamente, se desató una ola de detenciones arbitrarias y masivas que se extendió por todo el país. Los secuestrados han sido sometidas a procesos irregulares y acusadas bajo cargos genéricos y estigmatizantes, como “terrorismo”, “incitación al odio” o “resistencia a la autoridad”, etiquetas que buscan criminalizar la protesta ciudadana y legitimar la persecución política. Estas prácticas, señala el informe, consolidan un patrón de represión sistemática que tiene como finalidad silenciar el disenso y sembrar el miedo en la sociedad venezolana.

El informe también documenta múltiples casos de tortura, aislamiento prolongado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto físicos como psicológicos. A ello se suman la negación sistemática de atención médica adecuada, el hacinamiento extremo en los centros de reclusión y la carencia de servicios básicos como agua potable, alimentación suficiente y condiciones mínimas de salubridad. Estas prácticas no solo violan de manera flagrante los derechos fundamentales, sino que constituyen una política de castigo destinada a quebrar la resistencia de los detenidos y generar un efecto disuasorio en la población.

Asimismo, el informe denuncia una campaña sostenida de hostigamiento e intimidación contra organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. ONG como PROVEA y Foro Penal, entre otras, han sido objeto de amenazas, allanamientos, restricciones administrativas y persecución judicial, lo que busca neutralizar su labor de documentación y acompañamiento a las víctimas. Esta estrategia represiva, advierte el documento, pretende reducir al mínimo los espacios de denuncia y vigilancia ciudadana, consolidando un clima de miedo y silencio forzado en el país.

Cabe destacar que el régimen chaveco-madurista, al mejor estilo del nazismo alemán y de las dictaduras del Cono Sur en el siglo XX, ha institucionalizado el peligroso concepto jurídico del Sippenhaft o Sippenhaftung. Este principio, aplicado en la Alemania nazi, establecía que la responsabilidad penal de un acusado de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares directos, quienes eran considerados igualmente culpables, arrestados y, en algunos casos, incluso condenados a muerte por los supuestos delitos cometidos por su pariente. Los “humanistas bolivarianos del siglo XXI” han rescatado la siniestra tesis defendida por Heinrich Himmler acerca de la “corrupción de la sangre”, según la cual no bastaba con castigar al individuo considerado culpable, sino que era necesario también perseguir, neutralizar o exterminar a sus familiares. De esta forma, Maduro y sus milicos buscan sembrar el terror colectivo, utilizando los lazos de consanguinidad como herramientas de represión política, con el claro propósito de disuadir cualquier forma de disidencia o resistencia social.

Lo que ocurre hoy en Venezuela no son excesos aislados, ni simples extralimitaciones de funcionarios, ni errores coyunturales. Se trata de un patrón de represión cuidadosamente diseñado desde Miraflores con el propósito de perpetuarse en el poder a costa de las libertades ciudadanas. La criminalización de la disidencia, la institucionalización del terror, la violencia letal y la impunidad sistemática no son anomalías: constituyen, en sí mismas, manifestaciones del terrorismo de Estado que se impulsa desde Miraflores.

El gran desafío que enfrenta hoy la sociedad venezolana -y con ella la comunidad internacional- no se limita a condenar las violaciones de derechos humanos, sino a impedir que tales aberraciones se naturalicen bajo el peso del silencio, la indiferencia o la complicidad de muchos. La impunidad prolongada no solo normaliza la barbarie, sino que erosiona los cimientos de la convivencia democrática y abre la puerta a nuevas formas de dominación autoritaria.

Lo que está en juego en Venezuela trasciende las fronteras nacionales: no se trata únicamente del destino de una democracia agonizante, sino de la defensa misma de la dignidad humana frente a un autoritarismo chaveco-madurista que ha hecho del terror de Estado un instrumento cotidiano de gobierno.

Carta New York Times

State Terrorism and Human Rights Violations Under Maduro's Regime

Venezuela is enduring a severe humanitarian and human rights crisis, not caused by war or natural disaster, but by deliberate state terrorism imposed by the authoritarian Maduro regime. Following the 7/28/2024 fraudulent elections, the regime intensified its repression, targeting opposition figures, civil society leaders, students, workers, and journalists. Thousands of Venezuelans have been arbitrarily detained, many without charges, under vague accusations such as “terrorism” or “conspiracy.” UN investigations (Independent International Fact-Finding Mission) and human rights organizations report widespread use of torture, enforced disappearances, extrajudicial executions, and other inhumane treatment to suppress dissent and instill fear.

The crisis extends beyond political persecution. Venezuela’s healthcare system has collapsed, hospitals lack basic supplies, and preventable diseases claim lives. Public services like water and electricity are unreliable, while food insecurity and educational decline are rampant. Independent media and NGOs are under attack, with censorship and restrictive laws silencing dissent. Indigenous communities face displacement and exploitation linked to illegal mining and state neglect.

Despite the growing suffering and the forced exodus of over 7 million Venezuelans, the international response has been nothing short of disgraceful. Silence or distortion of Venezuela’s reality, as seen in Julie Turkewitz’s recent article, is not neutrality -it’s complicity. Venezuelans don’t need sympathy. We demand truth, accountability, and active solidarity.