25 de Mayo: Silencio electoral, victoria del autoritarismo

El 25 de mayo marcó un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela, no por lo que ocurrió en las urnas, sino por lo que estuvo completamente ausente: la participación masiva del pueblo. Aquella jornada quedó grabada como una escena desoladora y casi fantasmagórica: centros de votación vacíos, funcionarios aburridos por la soledad, y soldados custodiando urnas vacías. La oposición, liderada por María Corina Machado, apostó a la abstención como respuesta al mega fraude del 28/7, pero esa estrategia, lejos de desafiar al régimen, acabó allanando el terreno para que el poder hegemónico se consolidara aún más, sin ninguna oposición real en el horizonte.

Según expertos, las elecciones de 2025 son una de las de menor participación ciudadana de la última década. La falta de transparencia del genuflexo CNE, junto a evidencias de manipulación fraudulenta del registro electoral y del proceso de totalización de votos, ha oscurecido tanto el verdadero nivel de participación como los resultados finales. Entre las principales irregularidades destacan las fallas en las auditorías pre y post electorales, la eliminación del código QR y la reducción arbitraria del Registro Electoral Permanente. Esta última, mediante la exclusión de aquellos a ciudadanos que no votaron el 28/7, etiquetándolos como “electores no activos” para inflar artificialmente el porcentaje de participación. Esta maniobra explicaría la abismal discrepancia entre los datos de observadores independientes, que estimaron una participación de un 12 % -15 %, y la cifra oficial del 42 % reportada por el CNE. Cabe resaltar que la distinción entre “electores activos” y “no activos” no tiene base en la legislación electoral vigente, por lo que carece de fundamento técnico y legal. La opacidad del proceso se ha visto aún más agravada por la falta de publicación de los resultados desagregados en el portal del CNE, lo cual no sorprende, pues a diez meses del 28/7, los resultados de ese evento siguen sin ser divulgados.

Para los abstencionistas, lo ocurrido el 25 de mayo representó una “derrota para Maduro” y una “ratificación del liderazgo de María Corina”. Sin embargo, esta supuesta derrota del chaveco-madurismo se tradujo contrariamente en la victoria de 23 de las 24 gobernaciones, una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional (256 de 285 diputados) y el control total de los parlamentos regionales. Esa supuesta “contundente derrota” no debilitó al régimen ni le arrebató poder alguno; al contrario, lo fortaleció y le permitirá profundizar su hegemonía y control social. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿fue esta abstención un acto de resistencia real, o paradójicamente una cesión voluntaria de poder que terminó fortaleciendo a quienes se pretendía derrotar? Mas allá de la cacareada deslegitimación, los hechos son ineludibles: tras el 25 de mayo, todas las instituciones clave para definir el rumbo político del país quedaron bajo el control absoluto de un proyecto corrupto, autoritario y entreguista. La abstención, lejos de frenar al régimen, le despejó el camino. La historia ha demostrado que la “deslegitimación” del régimen ha sido una fantasía inútil. Al poder autoritario de Miraflores no le hace falta el voto ciudadano para su legitimación, le basta el respaldo armado de una élite militar que ha hecho del Estado su botín. Los fusiles han sustituido el consenso por la represión, el diálogo por la intimidación, y la legalidad por la obediencia impuesta.

En este escenario electoral, igualmente cabe acotar el fracaso del sector opositor encarnado en figuras como Capriles, Rosales, Requesens, Stalin González y compañía que optó por la vía de la participación electoral. Como alternativa política opositora, no lograron capitalizar electoralmente a esa inmensa masa de ciudadanos que adversan al proyecto hegemónico bolivariano.

El país está atrapado en un limbo político. Por un lado, un régimen opresor-hambreador sin respaldo popular que se sostiene en el poder gracias al respaldo de las bayonetas. Frente a él, una mayoría ciudadana insatisfecha, empobrecida, y reprimida, la cual ha sido cautivada por la retórica emocional-efectista de María Corina. Retórica suicida que ha sido alimentada por promesas imposibles, fechas simbólicas y caminos cortoplacistas inviables. Estrategia que lejos de ofrecer una salida real, se ha limitado a glorifica las sanciones económicas impuestas por Washington, apostar por un improbable quiebre militar o una intervención extranjera orquestada por la grotesca dupla Trump-Rubio. 

¿Y ahora qué hacer? Es evidente que la oposición democrática -la que no se presta a ser caja de resonancia de la agenda MAGA- debe recomponerse. Basta ya de consignas vacías y de hiperliderazgos que, en el fondo, solo replican los mismos vicios del poder autoritario que pretenden combatir. No se puede salir de la crisis con el engaño, negando la realidad, estigmatizando a quienes no comparten su visión (traidores, normalizadores) y aferrándose liberaciones dirigidas por fuerzas extrajeras (síndrome cubano). Corregir un error no es traicionar una causa; es, más bien, un acto de valentía, honestidad, y madurez.

Es urgente la recomposición de las fuerzas democráticas, la construcción de una coalición sólida y amplia ideológicamente que sea capaz de enfrentar y derrotar el proyecto totalitario que ha sumido a la nación en la desesperanza y la decadencia.

Participar para resistir, no para legitimar. La abstención fortalece al autoritarismo

Los defensores del abstencionismo insisten, de forma reduccionista y equivocada, en que participar en las elecciones del próximo 25 de mayo sería un acto inútil. Sostienen que acudir a las urnas solo serviría para legitimar el fraude consumado el pasado 28 de julio y convertirnos en cómplices de crímenes gravísimos contra la Nación. Afirman que votar sería una traición imperdonable a la memoria de nuestros mártires, a los presos políticos, y a todos aquellos que han pagado con su libertad —y en no pocos casos con su vida— el atrevimiento de soñar con una Venezuela libre.

Esta visión maniquea, además de basarse en premisas falsas y moralmente perversas, desconoce una verdad histórica ineludible: la abstención jamás ha debilitado al régimen, y mucho menos ha logrado frenarlo. Por el contrario, ha contribuido al cierre progresivo de los escasos espacios democráticos y ha facilitado el avance del proyecto autoritario. Más paradójico aún, los abstencionistas denuncian con razón el carácter autoritario del sistema, pero inexplicablemente centran su discurso en la falta de condiciones y en la ausencia de legalidad, como si estuviéramos en una democracia plena, con separación de poderes, garantías ciudadanas y respeto al Estado de Derecho. Saben bien que no es así. Venezuela está desgobernada por un régimen autoritario-militarizado que se sostiene no por la voluntad popular, sino por el control férreo de las bayonetas. Un régimen donde las leyes no son normas de convivencia, sino instrumentos de sometimiento, redactadas, reinterpretadas y aplicadas por y para una logia cívico-militar de impronta fascista. Las instituciones “autónomas” son meros apéndices del Ejecutivo. En dictadura, participar en una elección no significa elegir en libertad: significa disputar terreno dentro de un tablero amañado, navegar con lucidez en los estrechos márgenes que permite el poder, con el propósito estratégico de erosionar su hegemonía y abrir grietas en su andamiaje.

Saben perfectamente que eso no existe. Venezuela es desgobernada por un régimen autoritario militarizado, donde el poder se sostiene no por la voluntad del pueblo, sino por la fuerza de las bayonetas. Un régimen en el que las leyes son herramientas de dominación, redactadas, aplicadas y manipuladas al servicio de una logia cívico-militar de impronta fascista. Las instituciones “autónomas” no son otra cosa que brazos ejecutores del Ejecutivo. Participar en una elección bajo dictadura no equivale a elegir libremente: es disputar espacios dentro del campo minado del autoritarismo, navegar —consciente y estratégicamente— en los márgenes que deja el poder, con la mira puesta en romper su hegemonía.

La verdadera disyuntiva no es simplemente votar o no votar, sino preguntarse: ¿es políticamente útil y estratégicamente sensato participar? Quienes apostamos por la participación afirmamos que el voto —incluso en condiciones profundamente desiguales— sigue siendo una herramienta de lucha. Permite acumular fuerza social, hacer visibles a las mayorías silenciadas, abrir fisuras en el bloque de poder, desgastar progresivamente al proyecto autoritario y reactivar el espíritu de lucha y la esperanza colectiva. 

Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia, diversos pueblos que han enfrentado regímenes autoritarios se han visto ante la misma disyuntiva. Basta con recordar casos emblemáticos: Polonia en 1989, todavía bajo el yugo soviético; Sudáfrica en 1994, saliendo del apartheid; o Chile a fines de los años 80, aún bajo dictadura militar. En todos estos escenarios, las fuerzas democráticas —con líderes como Lech Wałęsa, Nelson Mandela, Patricio Aylwin o Ricardo Lagos— decidieron participar en elecciones sin garantías plenas. Lo hicieron no por ingenuidad, sino como una forma de disputar espacios, visibilizar su causa y construir estructuras de resistencia desde adentro. Con el tiempo, esa apuesta se reveló certera: la participación electoral, incluso bajo condiciones profundamente desiguales —como ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio—, puede convertirse en un arma política poderosa para debilitar al bloque hegemónico, acumular fuerza social y abrir grietas en el andamiaje autoritario.

Ante la falta de argumentos, el abstencionismo se refugia en el mesianismo de María Corina Machado y adopta un lenguaje estigmatizador que recuerda peligrosamente al chaveco-madurismo: descalifican a quienes defendemos la ruta electoral llamándonos traidores, opositores funcionales, bates quebrados, bicharracos o alacranes. Más allá de ese hiperliderazgo tóxico y la burbuja de delirios en la que habitan, los abstencionistas han sido absolutamente incapaces de articular una estrategia viable, democrática y autónoma para derrotar al proyecto autoritario. Su accionar se limita a la aclamación genuflexa de las sanciones impuestas por Mr. Trump y a la espera estéril de una fantasía decadente: una intervención extranjera multinacional que jamás llegará.

Más recientemente, han abrazado la narrativa de que el autoritarismo cívico-militar puede ser desmontado mediante supuestas “operaciones de extracción”, asumiendo con candidez -o cinismo- que el “arresto” de figuras clave como Maduro o sus colaboradores más inmediatos bastaría para derribar todo el andamiaje represivo. Esta postura no solo es estratégicamente infantil, sino que ignora deliberadamente la compleja maquinaria represiva que sostiene al chaveco-madurismo, y subestima de forma peligrosa los desafíos estructurales que implica una transición democrática real. Es difícil encontrar parangón a la descomunal ceguera estratégica, envuelta en una arrogancia moral, que caracteriza a quienes renuncian a la ruta electoral.

Participar en la elección del 25/5 no es solo ejercer un derecho ciudadano: es, ante todo, una apuesta política cargada de sentido histórico y estratégico. Supone asumir la lucha en un terreno brutalmente desigual, donde el régimen ha manipulado las reglas, institucionalizado el ventajismo y convertido la represión en rutina. Aun así, entrar en esa contienda es un acto de rebeldía cívica: una forma de desafiar al poder desde dentro de su propia arquitectura de control, de erosionar su legitimidad desde la trinchera electoral. La ruta del voto, lejos de ser ingenua, es hoy una herramienta imprescindible para acumular fuerza, articular mayorías, movilizar al país y abrirle grietas al hegemonismo autoritario y sus cómplices civiles y militares

Hasta luego compañero

Hoy despedimos con profundo respeto y admiración a José "Pepe" Mujica, un hombre que encarnó la política con dignidad, humildad y coherencia. Campesino, guerrillero, presidente, pero ante todo, ser humano comprometido con la justicia social y la sencillez de la vida.

Pepe vivió como pensó y gobernó como vivió: con austeridad, con principios firmes, con el corazón puesto en los más humildes. Su palabra, siempre cargada de sabiduría popular y ética profunda, trascendió fronteras e inspiró a millones en América Latina y el mundo.

Fue un símbolo viviente de la resistencia, de la reconciliación, y de la esperanza. Incluso habiendo conocido la prisión y el dolor, eligió sembrar paz y comprensión. Su vida es testimonio de que la política puede ser una herramienta de amor, y no de poder.

Hoy, el mundo pierde a un referente moral, pero su legado seguirá latiendo en cada acto de honestidad, en cada lucha por la equidad, en cada gesto de humanidad.

Gracias, Pepe, por tu ejemplo. 

La abstención no es una alternativa política

Algunos sectores de la oposición afirman, erróneamente, que participar en las elecciones del próximo 25/5 sería un acto inútil, una forma de legitimar el fraude electoral del 28 de julio, y una traición imperdonable a la memoria de nuestros mártires y presos políticos. Desde esa perspectiva, han propuesto la abstención como un mecanismo de rechazo al fraude consumado el 28/7.

Este llamado a la abstención no debería sorprender a nadie: muchos de los sectores que hoy lo promueven han sido, desde 2018, sus principales impulsores y defensores. Si bien nadie puede ignorar el monumental fraude del 28 de julio, no podemos quedarnos inmovilizados, anclados en esa fecha, y mucho menos renunciar a la ruta electoral sin una estrategia clara y viable de lucha y resistencia. Renunciar a la vía electoral sería abandonar el terreno político y favorecer un escenario aún más desigual: el de la violencia, donde el autoritarismo tiene la hegemonía de las armas. El desafío no es rechazar la vía electoral por sus limitaciones, sino fortalecerla, convirtiendo cada elección en un acto de rebeldía, resistencia y acumulación de fuerza. Además, es un error pensar que absteniéndose se deslegitima al régimen: los regímenes autoritarios, como el de Miraflores, no dependen de la legitimidad popular, sino del apoyo de las bayonetas. Aunque abstenerse puede expresar un malestar legítimo, en esencia no es una alternativa política que conducirá al desalojo del poder del autoritarsimo. 

Históricamente, la abstención no ha generado resultados políticos positivos. En las presidenciales de 2018, la mayoría opositora decidió no participar, facilitando así la cómoda reelección del inquilino de Miraflores. En las parlamentarias de 2020, la ausencia opositora permitió al oficialismo recuperar el control total de la Asamblea Nacional, perdiéndose así un espacio crucial de representación y una trinchera de resistencia frente al poder autoritario. Esa cadena de errores estratégicos tuvo consecuencias previsibles y costosas. La oposición quedó sumida en un laberinto del que intentó salir creando estructuras institucionales paralelas -un Tribunal Supremo en el exilio y un gobierno interino inoperante- que terminaron por diluirse o desaparecer, al convertirse en cascarones vacíos, sin ningún valor político ni estratégico. Cabe preguntarse entonces: ¿qué ha logrado la oposición con la abstención? Nada, mientras el proyecto autoritario se ha fortalecido.

Contrariamente, la participación electoral -incluso en condiciones adversas como las impuestas por el CNE- ha permitido a la oposición obtener victorias significativas, como las parlamentarias de 2015 y, más recientemente, las del 28/7. Estos episodios demuestran que, aún en contextos difíciles, el voto puede convertirse en una herramienta disruptiva frente al poder autoritario. Sin embargo, es importante señalar que, en tiempos de dictadura, el voto mayoritario por sí solo no es suficientes para forzar a regímenes autoritarios como el de Maduro a respetar y reconocer su derrota en las urnas. Es imperativo contar con un plan estratégico posterior al acto electoral, lo suficientemente efectivo y sólido, que permita contrarrestar la impronta antidemocrática del régimen forzándolo a reconocerlos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los resultados electorales sean desconocidos, que la voluntad popular sea conculcada y que el régimen autoritario, en complicidad con las instituciones del Estado, como ocurrió el 28/7, se niegue a reconocerlos.

La disyuntiva “votar o no votar” es un falso dilema, promovido tanto por el poder autoritario como por la antipolítica de los abstencionistas. La verdadera pregunta es cómo construir una alternativa democrática capaz de disputar el poder. Apostar por el voto en dictadura no es ingenuidad ni resignación y mucho menos traición: es reconocer que, en ausencia de alternativas viables, los mecanismos democráticos, aunque imperfectos, siguen siendo el camino para construir el cambio.

Es muy probable que amplios sectores de la oposición, frustrados, desalentados o siguiendo las directrices de María Corina y la Plataforma Unitaria, opten por la abstención, facilitando así el avance del proyecto autoritario. Gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y la Asamblea Nacional quedarán bajo control oficialista, permitiendo estol último la aprobación de la nefasta Reforma Constitucional cocinada en los cenáculos del PSU. En medio de este panorama de reconfiguración autoritaria en contra de la democracia liberal pluralista, la dirigencia opositora se refugia en gestos retóricos y fechas fosilizadas. María Corina continuará reivindicando su victoria en las primarias y detallando las distintas fases del plan de “desalojo de Maduro del poder”, mientras Edmundo proseguirá con sus extensas giras internacionales. Paralelamente, los ecos mediáticos de Miami seguirán celebrando las sanciones económicas y alimentando una narrativa fantasiosa basada en una inviable intervención militar estadounidense -el viejo síndrome cubano-o en una supuesta fractura inminente dentro del estamento militar. 

El país pareciera sucumbir ante este nuevo asalto del fascismo bolivariano, un proyecto hegemónico y represivo que evoca las peores páginas del autoritarismo latinoamericano.

La estafa del socialismo del siglo XXI

El denominado “socialismo del siglo XXI” se presentó como una alternativa tanto al neoliberalismo excluyente como a los autoritarismos tradicionales de izquierda. Prometía justicia social, inclusión y desarrollo económico bajo un modelo de democracia participativa. Sin embargo, en la práctica, esta propuesta ha derivado en regímenes autoritarios que emplean un discurso progresista como fachada para legitimar prácticas de corrupción, represión, desmantelamiento institucional y entrega de la soberanía a potencias extranjeras. Lejos de generar bienestar, ha provocado profundas crisis económicas, el deterioro del tejido social y una sistemática erosión de las libertades fundamentales, revelándose como una auténtica estafa ideológica.

En Venezuela, bajo el disfraz de una supuesta “revolución”, el llamado socialismo del siglo XXI —carente de un verdadero ideario socialista— ha desmantelado progresivamente el Estado democrático liberal a través de una cadena de reformas y contrarreformas, muchas de ellas contrarias al orden constitucional vigente. Estas modificaciones han concentrado desproporcionadamente el poder en el Ejecutivo, reducido drásticamente la autonomía del Legislativo y socavado la independencia del Poder Judicial. Lejos de ser simples ajustes institucionales, tales transformaciones han alterado el equilibrio entre los poderes públicos, configurando un sistema de gobierno hipercentralizado y desprovisto de los contrapesos propios de todo Estado de derecho.

A diferencia de las autocracias tradicionales, el socialismo del siglo XXI —bajo un disfraz progresista— recurre frecuentemente a procesos electorales no competitivos. Mediante el férreo control del Consejo Nacional Electoral, la inhabilitación sistemática de líderes opositores, la cooptación o intervención de partidos políticos, la censura a medios de comunicación y el uso abusivo de recursos estatales, ha logrado mantener su hegemonía, incluso tras perder el respaldo mayoritario de la población. No obstante, cuando estos mecanismos han resultado insuficientes, el régimen no ha dudado en recurrir al fraude y al desconocimiento de la voluntad popular —como ocurrió el pasado 28 de julio de 2024— para asegurar la continuidad de su proyecto autoritario.

El artificio ideológico del socialismo del siglo XXI ha incorporado prácticas propias del terrorismo de Estado como parte de una estrategia sistemática de control social. Esto se ha traducido en la militarización del país, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y torturas que, en muchos casos, han provocado la muerte de los detenidos. La represión se ha ejercido de forma indiscriminada, afectando a ciudadanos comunes, periodistas, sindicalistas, activistas políticos, estudiantes, defensores de derechos humanos, menores de edad e incluso familiares de los perseguidos. Se replican así patrones característicos del nazismo alemán, como la Sippenhaft, que sancionaba a los allegados de quienes eran considerados “enemigos del Estado”. Además, el régimen ha institucionalizado la criminalización de la protesta, distorsionando su carácter legítimo para presentarla como una amenaza al orden público y a la estabilidad nacional. En este contexto, el Poder Judicial ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un instrumento funcional del aparato represivo.

La impostura llamada socialismo del siglo XXI ha apelado a un nacionalismo artificioso y patriotero como herramienta de manipulación y control social. Ha construido una narrativa maniquea que divide a la ciudadanía entre “verdaderos patriotas” y “traidores a la patria”, fomentando una polarización profunda que fractura el tejido social. A través de este falso nacionalismo, ha buscado encubrir la entrega de nuestras riquezas al capital transnacional, legitimar la estigmatización de disidentes, justificar operativos represivos y encarcelar a miles de venezolanos. El discurso nacionalista ha sido instrumentalizado como una retórica siniestra, útil para deslegitimar la crítica y consolidar la concentración del poder en manos de una élite cívico-militar-policial.

El proyecto hegemónico camuflado como socialismo del siglo XXI representa una de las mayores estafas ideológicas de la era contemporánea. Aunque se presenta como un modelo socialista, en la práctica opera bajo un esquema de capitalismo de Estado autoritario, explotador y antiobrero, caracterizado por la concentración del poder, el clientelismo y la apropiación de recursos públicos por parte de una casta gobernante. Su retórica antiimperialista y anticapitalista no es más que un artificio propagandístico destinado a encubrir la verdadera naturaleza del régimen. Lejos de ofrecer una alternativa viable al orden global, este modelo ha demostrado ser una trampa que debilita las economías, restringe los espacios democráticos y consolida dictaduras bajo la apariencia de un discurso progresista.

Los espacios democráticos son como el aire: solo se aprecian cuando se pierden.

Trump y Ucrania: El trasfondo económico de un conflicto aparentemente ideológico

El lamentable episodio ocurrido en Washington, protagonizado por el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos ante el presidente Zelenski, quedará registrado en la historia como un acto de humillación y cobardía. Lo ocurrido no fue solo una escena vergonzosa, sino también una declaración implícita de apoyo a la autocracia rusa del siglo XXI.

El trato irrespetuoso que Zelenski recibió en la Casa Blanca confirma una realidad preocupante: la administración de Trump, más allá de sus discursos grandilocuentes, representa una claudicación estratégica frente a la política expansionista del Kremlin. Fue una reunión marcada por el estilo grosero, bravucón y falaz del mandatario estadounidense, que se impuso ante un interlocutor que buscaba ayuda.

Trump y el vicepresidente J.D. Vance presionaron a Zelenski para que firmara un acuerdo económico leonino que otorgaba a Estados Unidos el control del 50% de los recursos naturales de Ucrania, además de la administración de sus puertos y otras infraestructuras críticas, como compensación por los fondos asignados tras la invasión rusa.

La administración Trump justifica ese acuerdo alegando que Kiev debe reembolsar 500.000 millones de dólares por la ayuda militar recibida tras la agresión rusa. Sin embargo, según el Instituto Kiel, esta cifra es inexacta: la asistencia real asciende a 137.000 millones de dólares, muy por debajo de lo que afirma Trump. Además, estos fondos fueron otorgados como ayuda, no como préstamos, por lo que no son reembolsables. Cabe preguntarse cuánto habría adeudado Europa a EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial si se hubiera aplicado el mismo criterio.

De prosperar la coerción impulsada desde Washington, la deuda impuesta a Ucrania equivaldría a una proporción de su PIB aún mayor que las reparaciones exigidas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, según el Tratado de Versalles de 1919. A pesar de que el acuerdo obliga a Ucrania a ceder la mitad de sus recursos naturales, no contempla garantías territoriales ni de seguridad frente a la política expansionista del Kremlin.

Es relevante destacar que Ucrania posee depósitos de 120 materias primas industriales cruciales, entre ellas carbón, petróleo, gas, titanio, litio, uranio, grafito, berilio y manganeso. Estos recursos son fundamentales para las industrias aeronáutica, espacial y militar, lo que ha despertado el interés de diversas corporaciones transnacionales y actores políticos estadounidenses. Entre ellos destaca el influyente y ultraconservador senador republicano Lindsey Graham, quien se refiere a Ucrania como el “El Dorado ucraniano”.

La administración Trump aborda el apoyo militar, humanitario y financiero proporcionado a Ucrania primordialmente desde un enfoque económico, en lugar de considerarlo un mecanismo para la protección de Ucrania y del continente europeo frente a la amenaza rusa. Reducir el conflicto, provocado por Rusia tras la anexión de Crimea y la agresión a Ucrania, a una mera cuestión de financiación revela una profunda incomprensión del peligro que representa la política expansionista del Kremlin y sus sueños de recuperar la territorialidad soviética. Para Trump, no hay sufrimiento, solo inversión y rentabilidad. La guerra en Ucrania no es una lucha en defensa de valores democráticos, sino un negocio: cada bomba es una transacción; cada vida, una cifra en su balance de pérdidas y ganancias. No hay principios, solo oportunidades.

Es imperativo que el sector de la oposición venezolana que aún apuesta por una solución mágica patrocinada por Trump tome conciencia de esta realidad y abandone la promoción de falsas esperanzas. La crisis venezolana no se resolverá con atajos ni con la intervención de actores externos que responden a sus propios intereses. La única salida viable requiere estrategia, unidad y un compromiso genuino con la lucha democrática, sin alimentar ilusiones que solo conducen a la frustración y al estancamiento.

Trump y Putin, impulsados por intereses económicos y ambiciones expansionistas, promueven una reconfiguración del orden mundial.

El Trumpismo: Posverdad, proteccionismo, xenofobia y oscurantismo

El fenómeno político de la posverdad adquirió relevancia durante el primer mandato presidencial de Mr. Trump y ha experimentado un renovado auge con su reciente regreso a la Casa Blanca. En el ámbito filosófico, la posverdad se conceptualiza como la alteración de la realidad para modificar actitudes y opiniones en el público general. En este contexto, la verdad se distorsiona, manipula o ignora en favor de narrativas que fortalecen prejuicios e intereses particulares.

En los primeros días de este segundo mandato, Trump ha impulsado y popularizado nuevamente el concepto de “posverdad” en la política e instituciones. Durante su primer periodo y campaña electoral, fue acusado de difundir información falsa y manipular hechos mediante afirmaciones no verificadas, lo que fomentó un clima de desinformación. Ejemplos incluyen su insistencia en teorías sin evidencia, como el supuesto fraude electoral masivo, o el uso de mensajes que apelan a emociones y prejuicios en lugar de datos comprobables. Ahora retoma esta estrategia al afirmar que la Unión Europea (UE) fue creada para generar inestabilidad económica y política en Estados Unidos, justificando así su política proteccionista, que aumentó en un 25 % los aranceles sobre importaciones europeas. Además, al transgredir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, 1/07/2020) y amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, planea imponer nuevos aranceles del 25 % a productos importados de México y Canadá. Estas medidas, claramente proteccionistas y fundamentadas en premisas infundadas, han generado tensiones económicas globales y temores sobre el impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, debido al aumento de costos para las empresas que dependen de insumos extranjeros.

La retórica y las políticas de Trump han sido abiertamente xenófobas. Desde su primera campaña presidencial en 2016, vinculó problemas nacionales como la inseguridad y la economía con la presencia de inmigrantes, usando este enfoque como eje central de su estrategia política. Con su segundo mandato, su administración ha tomado decisiones que afectan a comunidades inmigrantes, como la propuesta de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, contraviniendo la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción”. Las deportaciones masivas, consideradas “las más grandes” en la historia del país, no solo se dirigen a inmigrantes indocumentados, sino también a personas protegidas por programas como DACA, TPS, DED y programas humanitarios implementados en la administración Biden. Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, vigente aún, para acelerar deportaciones al clasificar a ciertos grupos como amenazas a la seguridad nacional, evadiendo los trámites del debido proceso. Estamos ante una nueva forma de limpieza étnica, ejecutada por los seguidores del movimiento MAGA bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Además, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decretó la suspensión del programa TPS para ciudadanos venezolanos, cerca de 600,000 personas, argumentando que su permanencia temporal en EE.UU. “contraría el interés nacional”.

En poco tiempo, la administración Trump ha implementado políticas que ponen en riesgo la integridad de la investigación científica y la libertad académica. Ha promovido una narrativa anticientífica, propia de la posverdad que caracteriza su gestión. Su desprecio por el conocimiento especializado se refleja en el rechazo constante a la ciencia, la negación de consensos científicos y la difusión de información errónea, ejemplificado en el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, a pesar de su historial antivacunas y de desinformación en salud pública. Además, ha amenazado con recortes financieros a proyectos de investigación que no se alineen con su ideología política. Esta manipulación de la agenda científica busca controlar el conocimiento desde el poder, debilitando la capacidad crítica de la sociedad.

La preeminencia de la posverdad, el proteccionismo, la xenofobia y el oscurantismo impulsados por Trump no son casuales; constituyen una estrategia meticulosamente diseñada para fortalecer su perverso proyecto político. Mediante la manipulación sistemática de la información, los actores en el poder han logrado que la falacia, la exclusión y la ignorancia no solo sean toleradas, sino pilares fundamentales de la gobernabilidad para los próximos cuatro años.