Trump y Ucrania: El trasfondo económico de un conflicto aparentemente ideológico

El lamentable episodio ocurrido en Washington, protagonizado por el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos ante el presidente Zelenski quedará registrado en la historia como un acto de humillación y cobardía. Lo ocurrido no fue solo una escena vergonzosa, sino también una declaración implícita de apoyo a la autocracia rusa del siglo XXI.

El trato irrespetuoso recibido por Zelenski en la Casa Blanca confirma una realidad preocupante: la administración de Trump, más allá de sus declaraciones pirotécnicas, representa una claudicación estratégica frente a la política expansionista del líder del Kremlin. Fue una reunión marcada por el estilo grosero, bravucón, prepotente y falaz del monarca de la Casa Blanca ante un interlocutor en busca de ayuda.

Trump y el vicepresidente J.D. Vance pretendían que Zelenski firmara un acuerdo económico leonino que otorgaba a Estados Unidos el control del 50% de todos los recursos naturales de Ucrania, así como la administración de sus puertos y otras infraestructuras críticas, como compensación por los fondos asignados tras la invasión rusa.

La administración de Trump justifica la firma de dicho acuerdo alegando que Kiev debe reembolsar 500.000 millones de dólares por la ayuda militar recibida tras la agresión rusa. Sin embargo, según el Instituto Kiel, esta cifra es inexacta, ya que la asistencia real asciende a 137.000 millones de dólares, muy por debajo de lo que afirma Trump. Además, estos fondos fueron otorgados como ayuda, no como préstamos, por lo que no son reembolsables. Cabe preguntarse cuánto habría adeudado Europa a EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial si se hubiera aplicado el mismo criterio.

De prosperar la coerción impulsada por la Casa Blanca, la deuda impuesta a Ucrania equivaldría a una proporción de su PIB aún mayor que las reparaciones exigidas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles de 1919. A pesar de que el acuerdo obliga a Ucrania a ceder la mitad de sus recursos naturales, no contempla garantías territoriales ni de seguridad frente a la política expansionista del Kremlin.

Es relevante destacar que Ucrania posee depósitos de 120 materias primas industriales cruciales, entre ellas carbón, petróleo, gas, titanio, litio, uranio, grafito, berilio y manganeso. Estos recursos son fundamentales para las industrias aeronáutica, espacial y militar, lo que ha despertado el interés de diversas corporaciones transnacionales y actores políticos estadounidenses. Entre ellos destaca el influyente y ultraconservador senador republicano Lindsey Graham, quien suele referirse a Ucrania como el "El Dorado ucraniano

La administración de Trump aborda el apoyo militar, humanitario y financiero proporcionado por Estados Unidos a Ucrania primordialmente desde un enfoque económico, en lugar de contemplarlo como un mecanismo para la protección de Ucrania y del continente europeo frente a la amenaza rusa. Considerar el conflicto generado por Rusia tras la anexión de Crimea y el ataque a Ucrania exclusivamente como un problema de financiación no refleja una incomprensión del peligro que implica la política expansionista del Kremlin y sus sueños por recuperar la territorialidad soviética. Para Mr. Trump, no hay sufrimiento, solo inversión y rentabilidad. La guerra en Ucrania no es una lucha en defensa de los valores democráticos, sino un negocio. Cada bomba es una transacción; cada cuerpo, una cifra en su balance de pérdidas y ganancias. No hay principios, solo oportunidades.

Es imperativo que el sector de la oposición venezolana que aún apuesta por una solución mágica patrocinada por Mr. Trump tome conciencia de la realidad y abandone la promoción de falsas esperanzas. Es fundamental comprender que la crisis venezolana no se resolverá con atajos ni con la intervención de actores externos que responden a sus propios intereses. La única salida viable requiere estrategia, unidad y un compromiso genuino con la lucha democrática, sin alimentar ilusiones que solo conducen a la frustración y al estancamiento.

Trump y Putin impulsados por intereses económicos y ambiciones expansionistas promueven una reconfiguración del orden mundial.

El Trumpismo: Posverdad, proteccionismo, xenofobia y oscurantismo

El fenómeno político de la posverdad adquirió importancia durante el primer mandato presidencial de Mr. Trump, y ha experimentado un renovado auge con su regreso reciente a la Casa Blanca. En el ámbito filosófico, la posverdad se conceptualiza como la alteración de la realidad con el fin de modificar actitudes y opiniones dentro del público general. En este contexto, la verdad es distorsionada, manipulada o ignorada en favor de narrativas que fortalecen prejuicios e intereses específicos.

En los primeros días de este segundo mandato presidencial, Mr. Trump ha impulsado y popularizado nuevamente el concepto de "posverdad" en el ámbito político e institucional. Durante su primer período en el cargo y su campaña electoral, Trump fue acusado de divulgar información incorrecta y de manipular hechos mediante afirmaciones no verificadas, lo que fomentó un clima de desinformación. Ejemplos de esto incluyen su insistencia en teorías como el fraude electoral masivo sin base evidente, o el uso de mensajes que apelaban a emociones y prejuicios en lugar de sustentarse en datos verificables. Ahora, vuelve a emplear su estrategia de posverdad al afirmar que la Unión Europea (UE) fue creada con el único propósito de generar inestabilidad económica y política en Estados Unidos y, por lo tanto, justifica su política proteccionista al aumentar en un 25% los aranceles sobre las importaciones provenientes de la UE. Además, al transgredir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) (1/07/2020) e invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, planea imponer nuevos aranceles del 25% sobre productos importados de México y Canadá. Estas medidas comerciales, claramente de naturaleza proteccionista y fundamentadas en premisas infundadas, han generado tensiones económicas a nivel global y han suscitado temores de impactos negativos sobre el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, debido al aumento de costos para las empresas que dependen de insumos extranjeros.

La retórica y las políticas de Mr.Trump han sido xenófobas. Desde su primera campaña presidencial en 2016, Trump ha vinculado diversos problemas nacionales, como la inseguridad y la economía, con la presencia de inmigrantes, utilizando este enfoque como eje central de su estrategia política. Con su segunda llegada a la Casa Blanca su administración ha tomado decisiones que afectan a las comunidades inmigrantes, como la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento lo cual contraviene la Decimocuarta Enmienda la cual garantiza la ciudadanía estadounidense a cualquier persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción. Las deportaciones masivas de inmigrantes ("la más grande" en la historia de Estados Unidos) no solo están dirigidas a inmigrantes indocumentados, sino también a personas actualmente protegidas por programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Salida Forzosa Diferida (DED), y los programas de libertad condicional humanitaria (humanitarian parole) implementados durante la administración Biden. Mr. Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una disposición aun vigente, destinada a acelerar las deportaciones al clasificar a ciertos grupos como amenazas a la seguridad nacional; mecanismo que permitiría evadir los trámites propios del debido proceso. Estamos ante una nueva forma de limpieza étnica llevada a cabo por los MAGA bajo el pretexto de la "seguridad nacional". Asimismo, como parte de la política antiinmigratoria, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decretó la suspensión del programa de TPS para los ciudadanos venezolanos, cuya cifra asciende a aproximadamente 600,000 individuos, argumentando que su permanencia temporal en Estados Unidos se considera "contraria al interés nacional".

A pesar del breve tiempo, la administración Trump ha implementado políticas que plantean riesgos significativos para la integridad de la investigación científica y la libertad académica. Ha promovido una narrativa contraria a la ciencia fundamentada en una posverdad característica de su gestión. La actitud de desvalorizar el conocimiento especializado se ha reflejado en un desprecio constante hacia la ciencia, el rechazo a la investigación y la negación de consensos científicos consolidados. Un ejemplo distinguido es el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, a pesar de su historial de difusión de información errónea sobre vacunas y otros temas de salud pública. Además, amenazado con imponer restricciones financieras a proyectos de investigación ya existentes y con no financiar aquellos que no se alineen con su ideología política. Esta manipulación de la agenda científica constituye un intento de controlar el conocimiento desde el poder, debilitando la capacidad crítica de la sociedad.

La preeminencia de la posverdad, el proteccionismo, la xenofobia y el oscurantismo impulsados por Mr. Trump no son accidentales; constituyen una estrategia meticulosamente diseñada para empoderar su perverso proyecto político. Mediante la manipulación de la información y la desinformación sistemática, los actores en el poder han conseguido que la falacia, la exclusión y la ignorancia no solo sean toleradas, sino que se conviertan en pilares fundamentales de la gobernabilidad de los próximos 4 años.

Votar en dictadura: estrategia de resistencia o legitimación

Venezuela enfrenta una crisis política profunda que, a pesar de los intentos de la oposición y la presión de la comunidad internacional, parece no tener una salida viable en el corto plazo. 

En un intento por proyectar una falsa normalidad, la oficina electoral del régimen (entiéndase CNE) ha convocado a nuevos comicios el 4/27 para elegir gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la Asamblea Nacional. Ante esta convocatoria, sectores de la oposición liderados por María Corina Machado han llamado a la abstención sin previa consulta ni debate con el resto de los factores políticos de la coalición democrática. La decisión de abstenerse no es nada nuevo, ha constituido un error político reiterado y oneroso, como se evidenció en los años 2005, 2018 y 2020. 

Los defensores de la abstención sostienen que la vía electoral está agotada y afirman, de manera falaz, que participar en los comicios del 4/27 solo serviría para legitimar el fraude consumado por el régimen el 28/7. Argumentan que no acudir a las urnas es una forma de reivindicar la voluntad popular expresada el pasado 28/7, un acto de deslegitimación y un rechazo simbólico que, según ellos, facilitará la salida de Maduro del poder.

¿Qué ha cambiado desde el 28 de julio? En esencia, el régimen sigue siendo el mismo: ilegítimo desde 2018, no a partir de 2025 como algunos afirman, con una impronta autoritaria, represiva y fraudulenta. Que mantiene con control absoluto sobre el CNE, la Asamblea Nacional y el TSJ, y que disfruta del respaldo de la cúpula militar. Si las condiciones políticas no han variado de forma significativa ¿Poiqué llamaron a votar el pasado mes de Julio y ahora impulsan la abstención?. ¿Es la abstención una estrategia válida, capaz de a provocar un cambio político? La evidencia histórica indica lo contrario, la falta de participación en procesos electorales no ha debilitado al régimen chaveco-madurista, sino que le ha proporcionado un control absoluto sobre los espacios de poder y ha reforzado su narrativa de invencibilidad. La abstención genera una inacción política que contribuye, de forma indirecta, a la permanencia del régimen en el poder e impide la acumulación de fuerza necesaria para lograr un cambio político. Considerar que la abstención permitirá "cobrar" los resultados electorales del 28/7y por ende la toma de posesión de Edmundo González, es ficticio e ilusorio. 

No existen garantías de que el proceso del 27/4 se realice de manera transparente, ni de que el régimen se abstenga de manipular los resultados electorales nuevamente. Los regímenes autoritarios, como el de Maduro, preservan el poder a través del fraude y la represión. Votar en una dictadura puede convertirse en una estrategia de resistencia, de articular movimientos sociales, generar nuevas dinámicas de protesta, así como un catalizador de cambios políticos. El voto, lejos de ser un acto de sumisión, puede convertirse en una herramienta clave para reorganizar estructuras opositoras, conectar con la ciudadanía, reforzar liderazgos, generar una narrativa de lucha sostenida y articular un mensaje de cambio lo cual conlleva a socavar los cimientos del autoritarismo.

Además, llamar a la abstención, fundamentada en la expectativa de una fractura dentro de la Fuerza Armada o en la noción de una intervención extranjera respaldada por organismos transnacionales o por los EE.UU., representa una premisa errónea. En primer lugar, la institución militar nunca ha actuado como garante de la constitucionalidad, históricamente ha sido un instrumento represivo al servicio del gobierno de turno. En segundo lugar, una intervención auspiciada por organismos multilaterales resultaría inviable. En el Consejo de Seguridad de la ONU potencias como China y Rusia, con intereses estratégicos en Venezuela, ejercerían su derecho al veto para bloquear cualquier intento de intervención. En la OEA, igualmente no sería factible dada la falta del respaldo necesario para su aprobación (la causa venezolana no supera el apoyo de 14-16 países de los 33 que la conforman activamente). Finalmente, una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela es altamente improbable, debido a una combinación de factores geopolíticos, estratégicos y de costo-beneficio para la administración de Mr. Trump. Además, pese a la retórica agresiva de altos funcionarios de su gobierno, lo que sí es una realidad es: i) Mr. Trump ha evitado reunirse con Edmundo González, ii) no revocó la licencia de Chevron y iii) envió a Richard Grenell a negociar con Maduro la liberación de seis estadounidenses secuestrados en Caracas, la deportación de venezolanos y otros “posibles acuerdos”, según reportó el Miami Herald. Adicionalmente, bajo el argumento de que "las condiciones habían mejorado en Venezuela", la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem canceló la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde hace años beneficia a unos 600.000 venezolanos en los Estados Unidos.

Participar en elecciones najo una dictadura no garantiza una transición democrática -el voto bajo estas circunstancias no es un mecanismo de alternancia normal de poder- pero puede ser un factor clave en la erosión del poder autoritario y la apertura de nuevos escenarios de lucha. La clave está en no reducir la acción política al solo hecho de votar, sino en convertir ese proceso en un acto de resistencia estratégica que genere presión, movilización y desgaste del régimen. 

Afirmar que el camino electoral está agotado, siendo esta la única herramienta política disponible para el ciudadano es una declaración sumamente temeraria. Especialmente cuando, además de las elecciones legislativas y parlamentarias, se plantea la posibilidad de un referéndum consultivo para legitimar el proyecto de reforma constitucional impulsado por Maduro y su círculo de poder. Esta reforma "exprés" contempla al menos 80 nuevos artículos, diseñados para fortalecer y consolidar su proyecto autoritario, cercenado aún más los pocos espacios democráticos que existen en el país.

El objetivo no es “pasar la página del 28/7, ni conferir legitimidad a Maduro; más bien, se trata de emplear la movilización ciudadana en torno al sufragio como un mecanismo de lucha y erosión del régimen. En circunstancias como la que se vive en nuestro país, el voto es el único instrumento estratégico para visibilizar el descontento, luchar por nuevos espacios, desafiar la narrativa oficial y articular formas de resistencia que trasciendan el acto electoral en sí mismo.

El perverso arte de construir espejismos

La crisis en Venezuela ha llevado a diversos sectores, incluida la dirigencia opositora, a aferrarse a promesas y estrategias basadas en fantasías. Aunque esta tendencia es comprensible, dado el anhelo de cambio de amplios sectores sociales, las promesas vacías resultan profundamente perjudiciales para la causa de lograr un cambio político y reconstruir nuestra democracia, arrebatada por la bota militar.

Cuando las estrategias fantasiosas se construyen sobre la sobredimensión de premisas externas (apoyo de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales o intervenciones militares) o sobre fechas simbólicas falsas, se alimenta una narrativa que promete soluciones rápidas y mágicas, pero engañosas. Al no cumplirse estos espejismos, la frustración y la desesperanza crecen, debilitando la moral colectiva y minando la credibilidad en el liderazgo político.

Las falsas ilusiones en política suelen presentarse bajo la forma de promesas simplistas o simbólicas, que eluden las complejidades estructurales de los problemas reales. Aunque estos espejismos pueden atraer la atención y alimentar una esperanza momentánea, a largo plazo resultan ser profundamente perjudiciales para la conducción política. Estas estrategias ilusorias acaban perpetuando los ciclos de esperanza-frustración-desencanto lo cual puede provocar resignación em las masas. En Venezuela, la perversidad de estas tácticas fantasiosas ha sido una constante: desde dolorosas e improvisadas acciones insurreccionales como las protestas fallidas de 2017 y 2024, un fracasado golpe militar en 2019 hasta repetidos anuncios de supuestas “fechas de inflexión”. La reiteración de estos espejismos por parte de la dirigencia opositora ha desmovilizado a amplios sectores populares, profundizando la sensación de impotencia frente a la aparente invencibilidad del inquilino de Miraflores. 

Un ejemplo reciente de esta estrategia alucinatoria fue el discurso construido en torno al supuesto “cobro” de la victoria presidencial del 28/7. Esta falsa ilusión se fundamentó en la expectativa de un quiebre institucional en la Fuerza Armada Nacional, una montonera uniformada que, lejos de defender el orden constitucional, se ha convertido en un instrumento de represión, tortura y muerte al servicio del régimen bolivariano. Otra promesa vacía fue el supuesto regreso de Edmundo González al país para asumir la presidencia de la República el pasado 10 de enero de 2025. Tal como se anticipaba, nada de esto ocurrió: no hubo quiebre militar, Edmundo no retornó al país, y mucho menos se juramentó. Ambos espejismos representaron derrotas políticas innecesarias, ya que nunca representaron avances viables en función de una victoria estratégica.

Un ejemplo reciente de esa estrategia alucinatoria fue la creada en torno al “cobro” de la victoria presidencial del 28/7. Engaño basado en un supuesto quiebre institucional de la Fuerza Armada Nacional, montonera uniformada, que lejos de defender el orden constitucional de la nación, se ha convertido en un instrumento de represión, tortura y muerte al servicio del régimen bolivariano. Otra promesa vacía fue que Edmundo González regresaría al país para asumir la presidencia de la República el pasado 10/1/2025. Tal como se anticipaba, nada de ello se concretó, no hubo quiebre militar, Edmundo no retronó al país y mucho menos se juramentó. Ambos espejismos representaron derrotas políticas previstas con anticipación. Estos fracasos, lejos de ser simples episodios aislados, se insertan en una dinámica más amplia donde la manipulación de expectativas se convierte en una táctica recurrente, utilizada con fines calculados para influir en la percepción pública y preservar intereses grupales.

Un nuevo espejismo opositor ha surgido en torno al 20 de enero de 2025, fecha en la que Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos y Marco Rubio ocupará el cargo de secretario de Estado. Pote de humo que está siendo alimentado, además, por las “amenazas poco creíbles” de la llamada troika de Miami: María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Rick Scott, miembros del Congreso norteamericano pero ajenos a la futura administración de Trump. Es importante destacar que, en muchos casos, estas estrategias alucinatorias no son simples errores inocentes, sino herramientas deliberadas utilizadas por actores políticos y mediáticos para ganar protagonismo, mantener su relevancia o desviar la atención de sus propias deficiencias.

A pesar de las profundas dificultades actuales, marcadas por el desconocimiento de los resultados del 28/7 perpetrado por Maduro y sus milicos, la voluntad indomable del pueblo venezolano y su inquebrantable anhelo de democracia continúan siendo un motor para nuevas luchas por el cambio político y social que la gran mayoría de los venezolanos anhelamos.

El Terror como Instrumento de Poder

El término Sippenhaft, traducido como "culpabilidad por asociación familiar," tiene sus raíces en la Alemania nazi, donde se utilizaba para castigar a los familiares de quienes eran considerados enemigos del régimen. Este concepto jurídico, implementado durante el Tercer Reich, establecía que la responsabilidad penal de una persona acusada de crímenes contra el Estado se extendía automáticamente a sus familiares. Estos eran considerados igualmente culpables, arrestados e incluso, en algunos casos, condenados a muerte por los actos cometidos por su pariente acusado.

Este adefesio jurídico, asociado a los horrores del nazismo bajo el liderazgo de Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS, ha trascendido su contexto histórico original y resurgido como una herramienta de coerción en diversos regímenes represivos contemporáneos, como lo ha hecho el proyecto autoritario del facho-chavismo-madurísimo

En los últimos tiempos, la represión en Venezuela, no se limitado únicamente a los individuos que se posiciona como disidente del régimen. Víctimas de la barbarie que suelen ser deshumanizadas y etiquetadas como "traidores" o "enemigos de la patria". La misma se ha extendido a los familiares de opositores políticos, periodistas, activistas de derechos humanos o incluso miembros de la Fuerza Armada quienes han sido blanco de amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias e incluso tortura. Múltiples han sido los casos en los que organismos de seguridad del Estado, como el SEBIN, la Policía Nacional y la DGCIM, han detenido y torturado a familiares de militares o políticos opositores, bajo la acusación de "cómplices" o como represalia directa por las acciones de sus parientes. Esta práctica bolivariana ha tenido un doble propósito: chantajear emocionalmente al detenido y sembrar miedo y terror entre sus familiares.

Vale acotar que la lógica de la forma parte parte del terrorismo de Estado, concebido dentro de la aberrante doctrina de seguridad nacional bolivariana. Doctrina en los cuales conceptos como territorialidad, soberanía, enemigo interno y externo, así como el desarrollo de la nación, fueron redefinidos en función de los objetivos geopolíticos del proyecto autoritario bolivariano. 

El uso del Sippenhaft por parte de los organismos represivos del Estado no solo constituye una violación de derechos humanos fundamentales, sino que también infringe principios básicos del derecho internacional, como el derecho a la presunción de inocencia y la prohibición de castigos colectivos. Estas acciones pueden ser analizadas desde la perspectiva de crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha señalado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

La implementación de prácticas similares al Sippenhaft por parte del autoritarismo bolivariano pone de manifiesto la desesperación de un régimen que, ante la pérdida de apoyo popular y de legitimidad, busca aferrarse al poder a toda costa, incluso a través de la represión indiscriminada. El castigo colectivo, lejos de ser una herramienta eficaz de control, revela las fracturas internas de un sistema que, al desmoronarse, recurre al miedo como su último recurso para intentar someter a la población. Estas prácticas no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también evidencian la fragilidad de un régimen facho que, incapaz de garantizar la justicia, recurre a la violencia para intentar asegurar su permanencia.

La historia ha demostrado una y otra vez que, aunque los regímenes autoritarios puedan sembrar el terror y someter a los pueblos a través de tácticas de represión brutal, no pueden suprimir indefinidamente el anhelo de libertad y justicia que late en el corazón de las naciones. Los pueblos siempre encuentran el camino hacia la libertad."

 

Que el espíritu de esta temporada nos inspire a mantener viva la esperanza y la unidad. Que en cada rincón de nuestra patria lata el sueño de la libertad, justicia y paz.

Que esta Navidad renueve nuestra esperanza y nos brinde la certeza de que los tiempos oscuros no son eternos. Que cada estrella en el cielo nos recuerde que siempre hay luz después de la tormenta.

¡Feliz Navidad! Que el 2025 sea el año en que Venezuela se alce libre, soberana y sin presos políticos 

 

La coyuntura desaprovechada

Entre el 29 y el 30 de julio, los sectores populares de Venezuela lideraron masivas movilizaciones en protesta contra el fraude electoral y el irrespeto a la voluntad popular expresada el 28/7, perpetrados por Maduro y sus milicos. 

El régimen se vio sorprendido por la magnitud y el perfil socioeconómico de las protestas. El aparato represivo de Maduro se mostró torpe e inicialmente ineficaz, mientras las manifestaciones se extendían por todo el país. La naturaleza sorpresiva y espontanea de estas protestas desbordó la capacidad de respuesta de las fuerzas de represivas del régimen. Lamentablemente, las protestas no condujeron a una verdadera insurrección popular que hubiese permitido “cobrar” el resultado electoral del 28/7. Existían condiciones objetivas (desempleo, inflación, falta de libertades, corrupción, hambre y miseria) y subjetivas (momento desencadenante -fraude-, esperanzas de cambio) que creaban el escenario ideal para el surgimiento de una rebelión popular. Lastimosamente, la dirigencia opositora optó por redactar proclamas laudatorias en torno al 28/7, en lugar de haber asumido la dirección política de esas protestas libertarias. Con ello, se perdió la coyuntura, la oportunidad hacer valer la voluntad popular expresada el 28/7, y por ende un nuevo despertar democrático. 

La orfandad política y organizativa le permitió al régimen literalmente “aplastar” las protestas populares. La oleada represiva se tradujo en el asesinato de 28 jóvenes y en la detención de más de 2.000 personas, incluyendo un elevado número de menores de edad, mujeres y líderes sociales. Los detenidos, etiquetados como terroristas, han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, además de enfrentar procesos judiciales arbitrarios. Maduro y sus militares impusieron un terrorismo de Estado que sembró miedo, terror y muerte.

La esperanza de un cambio político ha comenzado a desvanecerse, y el espíritu de resistencia, especialmente en los sectores populares, se ha debilitado. La intimidación, la represión y la violencia han erosionado el ánimo de quienes alguna vez acariciaron la posibilidad de un cambio político el pasado 28/7. Donde alguna vez brotó la esperanza, ahora reinan el miedo y el temor.

Convertir el 10 de enero de 2025, fecha de la juramentación presidencial, en un punto de inflexión para el cambio político es un grave error. La idea de que Edmundo González asuma la presidencia ese día es una de las menos probables (TalCual, 31/10/2024); de hecho, es posible que nunca lo haga. Esta estrategia ilusoria ha sido fomentada por sectores fanatizados de la oposición y por opinadores oportunistas que se lucran explotando esa esperanza. Desde una perspectiva política, esto equivale a entregarle a Maduro una victoria política en bandeja de plata, generando frustración entre quienes anhelan un cambio político.

Es momento de diseñar una nueva estrategia postelectoral realista, orientada hacia la construcción de un movimiento inclusivo y diverso, libre de hiperliderazgos hegemónicos, que sea capaz de representar de manera plural las distintas voces de la sociedad. Esta estrategia debe fundamentarse en la defensa de la Constitución Nacional, la lucha por los derechos sociales y la libertad de los presos políticos, quienes han sido invisibilizados y criminalizados por el régimen y abandonados por los actores políticos. La tarea no es sencilla, pero es el único camino hacia el derrocamiento del régimen de facto que representará Maduro a partir del 10 de enero de 2025.