La mayoría de la población venezolana padece
las consecuencias de una crisis económica, política y social producto de los
errores e improvisaciones cometidos por parte de la banda de forajidos que han
desgobernado al país en los últimos 15 años. Una inflación galopante, escasez
de alimentos y medicamentos, empleos precarios o informales, inestabilidad
laboral, inseguridad generalizada, crisis de vivienda, deterioro acelerado de
los servicios básicos (agua, electricidad, salud y educación) son algunos de
los rasgos que caracterizan la situación que vive la mayoría de la población.
Todo ello a pesar de una extraordinaria bonanza petrolera, la mayor de nuestra
historia.
Esta severa crisis, que afecta fundamentalmente
a los sectores más desposeídos, le ha permitido al régimen bolivariano
profundizar perversamente la dependencia económica de esos estratos (C, D y E) con
respecto al Estado, es decir le ha permitido aumentar el control social que
ejerce sobre esos sectores a través del uso de los sobrantes de la renta
petrolera en programas sociales, rebautizados con el nuevo argot militarista
como “misiones sociales”. Programas sociales que surgieron no con la finalidad
de acabar con el flagelo de la pobreza y la exclusión social, o como producto
del amor que profesaba el difunto tte coronel por los pobres, como falazmente
se ha repetido en estos últimos años, sino por la urgente necesidad de aumentar
el apoyo electoral (número de votos) de cara al referéndum revocatorio del 2004
y las elecciones del 2006, que podían comprometer la continuidad del proyecto
hegemónico bolivariano. Es decir, se trataba de comprar con recursos del Estado
la voluntad electoral de una buena porción de la población -subyugada por el hambre
y la miseria- a fin de garantizar la continuidad del proyecto facho-bolivariano
y no como falsamente se ha afirmado de que se trataba de estrategias masivas
orientadas a garantizar los derechos fundamentales a la población, con énfasis
en los sectores más excluidos. Esas fueron las razones políticas que llevaron
al régimen del fallecido vocinglero de Miraflores, en colaboración estrecha con
el gobierno de Cuba, de establecer las tan cacareadas misiones sociales.
La penetración de las misiones (Robinson,
Barrio Adentro, Alimentación, Ribas, Sucre, Piar, Zamora, Negra Hipolita,
vivienda, Agro Venezuela, entre muchas otras) alcanza entre un 45-53% de los
hogares venezolanos, es decir que casi la mitad de la población obtiene algún
beneficio de esos programas que lejos de dar una solución estructural a la
problemática del desempleo, la pobreza y la exclusión social, contrariamente
institucionalizan y consolidan la miseria. Es obvio, que cuando un
porcentaje por demás importante de la población vive de alguna manera de las “gratificaciones”
que proporciona el Estado, que en muchas ocasiones no van acompañadas de
contraprestación de trabajo por la ayuda que reciben, el sujeto beneficiado se
transforma en rehén político al servicio de los intereses del régimen, a merced
de los criterios que le imponga el mecenas de turno en el poder. Las misiones
han sido utilizadas por el régimen facho-bolivariano a fin de lograr que los
individuos que integran la sociedad actúen conforme a los intereses del
proyecto, es decir de imponer una uniformidad en la intención del voto a favor
de la revolución. Ello ha quedado demostrado en lo sucesivos éxitos electorales
del fachochavismo, a pesar del rotundo fracaso social y económico de las manoseadas
misiones sociales. A pesar de haberse malgastado millones y millones de
bolívares en estos programas los resultados de este gran fracaso están a la
vista: hoy hay más familias pobres en el país que en los pasados 15 años.
Estas políticas domesticadoras del régimen no
representan una solución estructural a la problemática de la pobreza y la
exclusión social. La prolongación en el tiempo de estas limosnas sociales,
lejos de erradicar sus causas, por el contrario las han exacerbado y además han
estimulado el surgimiento de un sujeto social eunuco con mentalidad parasitaria
que pretende vivir indefinidamente de ingresos que no son fruto de su trabajo,
sino de dádivas del Estado las cuales tiene que mendigar a cambio de su voto.
Las misiones sociales representan una de las
tantas ignominias del difunto dicharachero de Sabaneta, una de las tantas
políticas fraudulentas gestadas durante su gobierno a fin de consolidar el
proyecto facho-militarista bolivariano en el país. Las misiones sociales representan
medios institucionalizados de control social (rasgos muy propio de los proyectos
autoritarios) que ejerció el régimen del comandante galáctico en el pasado
y que el ungido de Miraflores continua aplicando en nombre de una reaccionaria,
castrante y represiva revolución.
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