Con la llegada al poder de la logia
milico-civilista bolivariana no solo se dio inicio a una sistemática
destrucción del aparato productivo nacional, a la militarización de la sociedad
y a la conculcación de las libertades y derechos de los venezolanos, sino a la
institucionalización de la corrupción y el narcotráfico. Lejos de adelantar un
proyecto emancipatorio y contrahegemónico a favor de los desposeídos, el
socialfascismo bolivariano ha impulsado la corrupción y el narcotráfico que han
permeado y necrosado el tejido social venezolano incluyendo al Estado
venezolano y en especial a la Fuerza Armada Nacional.
Son incontables los casos de corrupción que
han sido documentados y denunciados ante la Asamblea Nacional y el Ministerio
Público sin que haya prosperado investigación alguna. La eficiencia demostrada
por la Fiscal General de la República en perseguir y encarcelar a opositores al
régimen contrasta con la negligencia y complicidad demostrada en relación a los
casos denunciados por corrupción.
Muchos han sido los hechos de corrupción
ocurridos en estos 16 años de “desgobierno” bolivariano. Entre otros recordamos
el caso del central azucarero Ezequiel Zamora de Barinas, los desfalcos en el Plan
Bolívar 2000 cometidos por los generales Manuel Rosendo, Víctor Cruz Weffer y Mervin
López Hidalgo por un monto superior a los 800 millones de dólares. El caso de
PDVAL relacionado con la aparición de miles de toneladas de alimentos en estado
de descomposición en contenedores que fueron importados en el contexto de
programas para traer alimentos al país, estimándose que se perdieron
aproximadamente 2.200 millones de dólares. El famoso maletinazo de Antonini
Wilson que originó su detención en un aeropuerto de Argentina con 790.550
dólares sin declarar. Aporte que había enviado el fallecido tte coronel para
financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. El escandalo de los
bancos Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Banco Real y Baninvest. Instituciones
bancarias adquiridas por boliburgueses (Arne Chacón Escamillo y asociados)
a través de operaciones fraudulentas
Como olvidar el saqueo de Didalco Bolívar en
la gobernación de Aragua, acusado de haber depositado millones de dólares en
paraísos fiscales, reivindicado por el tte coronel, premiado por el Tribunal
Supremo de Justicia quien lo nombró presidente del Partido Podemos y escogido
por el ungido de Maduro como integrante de la delegación del régimen que se
sentó a dialogar con la oposición en el famoso debate televisado (11/04/2014).
Vale la pena recordar que Didalco fue acusado por Rafael Isea -gobernador de
Aragua para ese entonces- hoy defenestrado por el proceso y acusado por Tareck
El Aissami actual gobernador de Aragua por la desaparición de 59 millones de
dólares y 9 millones de euros en la administración de la empresa Minarsa
(Minerales de Aragua). Pero la historia hamponil no termina allí, pues Tareck
El Aissami ha sido señalado por los narcotraficantes Walid Makled, Farid Feris
Domínguez y Daniel Barrera de estar vinculado al narcotráfico
colombo-venezolano. Estamos frente a una mafia de delincuentes de franelas
rojas que han constituido un Estado paralelo narco-corrupto para su propio beneficio.
Un caso importante fue el del Fondo de
Desarrollo Endógeno (FONDEN) del cual desaparecieron 29.000 millones de dólares
producto de las exportaciones petroleras sin que se sepa su paradero. Además, el
desfalco del boliburgués estadounidense-venezolano Francisco Illarramendi al Fondo
de Pensiones de PDVSA por más de 500 millones de dólares. Sujeto vinculado a Rafael
Ramírez en los múltiples saqueos a la Estatal petrolera.
Otro de los tantos escándalos delincuenciales
con sello bolivariano fue el caso del Ministerio de Deporte, en el cual la
firma de la ministra Alejandra Benítez fue falsificada, lográndose sustraer de
dicha dependencia importantes sumas de dinero a través del sistema de control
CADIVI. Ello aunado al traslado de importantes montos de dinero en efectivo por
parte de funcionarios de ese ministerio como fue el caso de José Ovidio
Almeida, jefe de los planificadores del Ministerio de Deporte, interceptado en
el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, con una maleta en la que llevaba 407.000
euros en efectivo sin declarar ante las autoridades (2013).
Pero obviamente una de las más grandes fuentes
de corrupción del régimen bolivariano ha sido CADIVI, institución encargada del
control de cambio vigente en el país desde el año 2003. A pocos años de su fundación
la directora de dicha entidad Adina Bastidas fue acusada de otorgar millones dólares
en forma irregular a compañías fantasmas sin que ello fuese investigado. Ya
para el 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el
oficialista Ricardo Sanguino, señalaba que al menos 21.000 millones de dólares habían
sido otorgados a tasa preferencial a “empresas de maletín” para importaciones esenciales
que jamás se realizaron. Además, Jorge Giordani ex ministro de finanzas y
excomulgado del proceso ha señalado que una buena parte de los dólares
otorgados por el coronel Manuel Barroso, presidente de CADIVI en el año 2012,
habrían sido asignados a empresas ficticias dirigidas por boliburgueses, cuyos
nombres el actual iletrado de Miraflores y sus acólitos se niegan a develar.
Más recientemente ha quedado al descubierto
otro “caso de corrupción de impronta bolivariana” relacionado al Banco Madrid,
filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA) donde figuran ex
funcionarios del régimen, ex militares del 4F y boliburgueses. Producto de las
averiguaciones adelantadas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
(Sepblac) de España se ha determinado el blanqueo de capitales venezolanos en
dicha entidad. Entre los implicados figuran el ex viceministro de Energía de
Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico
Javier Alvarado; el ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana Alcides
Rondón; el ex director de Seguridad chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el
antiguo dirigente de Pdvsa, Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el boliburgués
Omar Farías. Se estima que dicha institución bancaria “facilitó” transferencias
por un valor aproximado de 4.200 millones de dólares relacionadas con el blanqueo
de capitales venezolanos. Para variar la bancada oficialista de la Asamblea
Nacional se negó a discutir el caso y el Ministerio Público sigue manteniendo
un silencio sepulcral al igual que en todos los anteriores sobre la corrupción
que implica a miembros de la nomenclatura bolivariana.
Si bien se podría afirmar que la corrupción ha
sido un mal de vieja data en nuestra historia republicana, lo novedoso en este
despreciable mundo delincuencial del siglo XXI ha sido la institucionalización
del narcotráfico en el pañis que ha permeado hasta la propia Fuerza Armada
Nacional. Prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de estar
involucrados en el narcotráfico, entre mucho otros aparecen el general (R) Hugo
Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general
(R) Henry Rangel Silva ex ministro de la defensa y actual gobernador de Trujillo,
el general (R) Luis Acosta Carlez ex gobernador de Carabobo, el general Néstor
Reverol ex ministro de Relaciones Interiores y actual comandante de la Guardia
Nacional y el general (R) Cliver Alcala Cordones. Todos ellos han sido acusados
de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid Makled
(alias el turco), vinculado al cartel mexicano de Sinaloa quien se ufanaba de
tener a más de 115 generales de la FAN vinculados a su red de narcotráfico. Un
dato curioso es que al momento de la detención del turco Makled llevaba consigo
una credencial firmada por el ex magistrado de la Suprema Corte, Eladio Aponte,
fiscal militar estrella del régimen por muchos años, hoy en desgracia acogido
al programa de testigos protegidos del gobierno de la Casa Blanca. Más
recientemente el tte Diosdado Cabello, capataz de las focas del oficialismo en
la Asamblea Nacional, al igual que su hermano José David Cabello director del
SENIAT han sido asociados al narcotráfico por varios medios de comunicación norteamericanos
y europeos.
Venezuela se ha convertido en un narco-Estado
dirigido por una logia milico-civilista que apela a una retórica socialista y
anticapitalista como instrumento de engaño y manipulación, mientras sus dirigentes
disfrutan los encantos de la burguesía producto de la corrupción y el
narcotráfico. La corrupción y la impunidad forman parte del código genético de
los cínicos militantes y defensores del socialfascismo bolivariano.
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