Razias de la muerte

 

La aplicación del Estado de Seguridad Nacional bolivariano se ha traducido en la sistemática violación de la Constitución Nacional al margen de un falaz discurso de respeto de los derechos humanos por parte del régimen. Violaciones que se han reflejado en la criminalización de la protesta pública, en detenciones arbitrarias, así como la institucionalización de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. El régimen y sus esbirros fachos pretenden imponer un estado psicológico de indefensión y terror en el ciudadano ante un Estado omnipotente y represor.

Ante el fracaso de la militarización de la seguridad ciudadana, y de los planes para frenar la delincuencia, el régimen ha apelado a la política de las razzias policiales al mejor estilo de las dictaduras militares del Cono Sur del siglo pasado. Recientemente el Ministro del Interior justicia y Paz, General Gustavo González López, mejor conocido por su “modelo de expresión matemático aritmético”, anunció la puesta en marcha de la operación “Liberación del Pueblo” en varias ciudades del país. La intervención milico-policial en la zona de la Cota 905 finalizó con más de 15 presuntos antisociales muertos, curiosamente, sin ningún presunto antisocial herido.

Sin embargo, muy al contrario de lo afirmado por el chafarote Ministro de Interior, residentes de la Cota 905 han denunciado abusos por parte de las fuerzas milico-policiales, han negado cualquier vinculación con el paramilitarismo colombiano, así como el ajusticiamiento de algunos de los detenidos. Muchos de ellos aparecieron fallecidos, curiosamente con  disparos en la cabeza, lo que presume que fueron ejecutados por los funcionarios policiales. Ejecuciones extrajudiciales que no deben de sorprendernos ya que la letalidad en el accionar policial durante el régimen bolivariano, no ha sido la excepción sino la regla. Ejemplo de ello han sido las redadas policiales y militares de exterminio realizadas en San Vicente, Maracay (13/05/15), en La Vega, Caracas (27/01/15), en Quinta Crespo, Caracas (7/10/14), en el Carmen, San Juan de Los Morros (14/12/14), Hato la Paragua (15/01/12), en el Cementerio, (4/9/10), por señalar solo algunas. Sin olvidar declaraciones de personeros del régimen como la del General Antonio Benavides quien afirmó “al final un delincuente se expone a ir a la cárcel o a estar bajo tierra, porque ese es el destino final de un delincuente".

Obviamente, no se trata de ser complaciente o alcahuete ante una delincuencia desenfrenada, pero igualmente es inaceptable darle carta blanca a instituciones carcomidas por la corrupción y penetradas por el malandraje como las policías y la Guardia Nacional para que apliquen la pena de muerte discrecionalmente. Se pretende otorgarle una patente de corso a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada para que prosigan con las ejecuciones de presuntos delincuentes.

El problema de la delincuencia en nuestro país no es de fácil solución, sin embargo, la misma no pasa por la institucionalización de los ajusticiamientos extrajudiciales. El régimen ha fracasado en el combate contra la delincuencia. La creación de las cacareadas “zonas de paz”, especies de paraísos delincuenciales y los pactos de no-agresión con los Pranes de los centros de reclusión han contribuido a profundizar el problema de la delincuencia, en lugar de proporcionar soluciones efectivas.

La política de lucha contra la delincuencia requiere darle más importancia a la prevención del delito que a su represión. Es fundamental disminuir los niveles de pobreza y exclusión social, fomentar la educación y el empleo digno, pero al mismo tiempo es necesario garantizarle al delincuente el debido proceso, eliminar los retardos procesales, atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad y en la administración de justicia, acabar con la impunidad, así como implementar una política penitenciaria que logre insertar a los reclusos a la sociedad. De igual manera implica que nuestras cárceles dejen de ser factorías de muerte o en el mejor de los casos depósitos inhumanos de hombres y mujeres, y se transformen en verdaderos centros de rehabilitación de los delincuentes procesados.

En nombre de una supuesta “seguridad pública” el régimen ha decretado la pena de muerte para los delincuentes, lo cual violenta el Estado de Derecho del país. Ello, ante el silencio cómplice de la servil la Fiscal General ocupada en la persecución de disidentes al proceso y del rastrero Defensor del Puesto (Pueblo) atareado con el maquillaje de su delicado cutis para lucir bien en la TV.