OLP: Pestilencia fascista

Desde la llegada al poder de la logia milico-civilista bolivariana la sociedad venezolana ha estado sujeta a una avasallante militarización, y sistemática violación de los derechos humanos. Hemos visto como un Estado omnipotente, no respetuoso de las Leyes de la Republica, utiliza sus fuerzas milico-policiales, y sus grupos paramilitares en contra de sus ciudadanos, recurriendo en algunos casos al asesinato.

Ante el desbordamiento de la inseguridad y los ruidosos fracasos de sus planes de seguridad (Patrullaje Inteligente, Plan Desarme, Plan de Pacificación y zonas de paz, etc.), el régimen, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional ha puesto en práctica la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) a nivel nacional. Operativos que se han caracterizado por allanamientos a conjuntos residenciales y viviendas humildes sin orden judicial, robo de pertenencias personales, desalojos forzosos, demolición de hogares, detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes a los detenidos y hasta abominables ajusticiamientos de presuntos delincuentes.

De acuerdo al parte de guerra dado por el Ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López (el del modelo matemático aritmético) 4.021 ciudadanos fueron detenidos, de los cuales sólo 368 fueron puestos a la orden del Ministerio Público y 52 personas fallecieron producto de “enfrentamientos o resistencia a la autoridad con armas de fuego”. Dos aspectos llaman la atención: i) el alto índice de detenciones arbitrarias (91% según PROVEA) y ii) el elevado número de “delincuentes abatidos” sin que ningún funcionario policial o militar hubiese resultado herido o fallecido en el desarrollo de dichas razias. Ello no ocurre ni en las truculentas superproducciones policiales de Hollywood donde los policías son heridos o muertos en los enfrentamientos con los malhechores. Otro aspecto preocupante es que los fallecidos recibieron disparos a corta distancia (quemarropa) según denuncian los familiares de los abatidos. Todos estos hechos hacen presumir que estamos en presencia de ajusticiamientos colectivos, como el acaecido en el Barrio San Vicente, Maracay (5/08/15). Los venezolanos nos preguntamos ¿Cuántos de los 52 “delincuentes abatidos” fueron ajusticiados -como el mostrado en el video- y no producto de “enfrentamientos o resistencia a la autoridad” como afirmó el falaz chafarote del modelo matemático aritmético?. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica.

Las insolentes y falaces declaraciones de Tareck El Aissami afirmando que la conducta de los funcionarios mostrada en el video no se compagina con la política de respeto a los derechos humanos por parte del Estado Venezolano, confirma una vez más su cinismo y bellaquería. Variados elementos demuestran lo contrario: i) el desgarrante acto criminal fue realizado de manera impúdica, lo que lleva a pensar de que se trató del cumplimiento de órdenes superiores, ii) la naturalidad y la frialdad canallesca con que actúan los uniformados involucrados, así como la manera “profesional” como alteran la escena del crimen hace pensar que se trataba de una operación de rutina. La presencia de otros 3 cadáveres en la zona del ajusticiamiento hace pensar que esas victimas corrieron la misma suerte que el joven asesinado en el video. No olvidemos que miembros de la Policía de Aragua han sido acusados de participar en el ajusticiamientos de detenidos, como fue el caso de la familia Barrios, que terminó valiéndole a Venezuela una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011.

Lamentablemente la violación de los derechos humanos no es un fenómeno reciente en nuestro país. Todos recordamos con indignación el asesinato de presos políticos, los operativos antisubversivos llevados a cabo por los milicos, DIGEPOL-DISIP en las zonas guerrilleras, y las incursiones de “limpieza social” realizados por  la extinta Policía Metropolitana durante los gobiernos adeco-copeyanos. Sin embargo, con la llegada al poder del fachochavismo y la revitalización de la reaccionaria Doctrina de la Seguridad Nacional (dicotomía "amigo-enemigo") se ha instaurado un Estado policial-militar que se ha traducido en una sistemática violación de los derechos humanos, así como en un “salto cualitativo” en materia represiva. La aplicación de las tenebrosas OLP -modelo represivo propio de la Doctrina de la Seguridad- representa un enfoque militar-represivo de la problemática político-social que justifica la estigmatización, descalificación y eliminación del enemigo.

El binomio proto-fascista Maduro-Cabello con la anuencia del sátrapa defensor del pueblo pretenden combatir la delincuencia: i) criminalizando a la pobreza, ii) llevando a cabo razias en las zonas populares que violentan los derechos humanos de los más humildes y iii) creando escuadrones policiales con licencia para matar. Las OLP son operativos milico-policiales con fuerte pestilencia fascista.