A lo largo de la historia siempre han habido gobiernos que han
convertido la corrupción y el narcotráfico en política de Estado. Un buen
ejemplo de ello ha sido el régimen bolivariano y sus vinculaciones con el
narcotráfico. La detención de Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freites (sobrinos de la primera combatiente)
en el aeropuerto de Puerto Príncipe acusados del tráfico de drogas lo
confirma. Ambos sobrinos presidenciales viajaban portando
pasaportes diplomáticos del gobierno venezolano,
lo cual es prueba de cómo el régimen utiliza su Cancillería para facilitar
documentos a individuos que se dedican al tráfico de drogas y, así, facilitar
sus operaciones a través de la inmunidad diplomática. Además, cabe acotar que
ambos narcosobrinos formaron parte de la comitiva presidencial en su reciente
visitó a China. No estamos ante la presencia de un grupo de criminales y
mafiosos quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de
funcionarios, sino de un Estado forajido que ha tomado el control de las redes
criminales y del narcotráfico no para erradicarlas, sino para ponerlas a su
servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de la
logia milico bolivariana.
Hablar del narcotráfico en nuestro país, es hablar del Estado. Es
imposible entender el nivel de actividad y poder del narcotráfico sin el apoyo,
y sin la protección del Estado. Obviamente, estamos ante la presencia de una
perversa alianza, un perfecto matrimonio entre el narcotráfico y el Estado, es
decir un narcoestado, una situación sui géneris donde el Estado en lugar de
combatir el tráfico y comercialización de la droga, lo patrocina y ampara.
Prueba de ello es la existencia de un cartel conformado por algunos miembros de
la Fuerza Armada Nacional (FAN), agentes de los cuerpos policiales y dirigentes
políticos de la nomenclatura bolivariana. Se refieren a él como el Cartel de
los Soles, haciendo referencia a la insignia que porta el generalato de la FAN.
Otros han optado por llamarlo el Cartel Bolivariano. Esta red “oficial” de
tráfico de drogas, según opera en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha
desplazado a mentados carteles como los de La Guajira y la Costa colombiana.
Las intimidades del nacoestado venezolano han sido denunciadas por Mildred
Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito
de las Drogas (CONACUID, ahora ONA). No olvidemos que Camero fue nombrada por
el propio Chávez como presidente de la CONACUID, y obligada a renunciar seis
años más tarde.
Además, prominentes figuras del mundo castrense han sido acusados de
estar involucrados con ese cartel, entre muchos otros aparecen el general (R)
Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, acusado
y detenido por los cargos de narcotráfico en Aruba y posteriormente liberado
por su condición de representante diplomático ante ese país, el general (R)
Henry Rangel Silva ex ministro de la defensa y actual gobernador de Trujillo,
el general (R) Luis Acosta Carlez exgobernador de Carabobo, el general Néstor
Reverol exministro de Relaciones Interiores y actual comandante de la Guardia
Nacional y el general (R) Cliver Alcalá Cordones. Todos ellos han sido acusados
de haber formado parte de la red de tráfico de cocaína dirigida por Walid
Makled, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa. Un dato curioso es que al
momento de la detención del turco Makled llevaba consigo una credencial firmada
por el ex magistrado de la Suprema Corte, Eladio Aponte, fiscal militar
estrella del régimen por muchos años, hoy en desgracia acogido al programa de
testigos protegidos del gobierno de la Casa Blanca. Más recientemente el
Maccarthy del Furrial Cabello, al igual que su hermano José David Cabello
director del SENIAT y Tareck El Aissami gobernador del Estado Aragua han sido
asociados al narcotráfico por varios medios de comunicación nacionales e
internacionales. Desde la llegada al poder del socialfascismo bolivariano, el
Estado venezolano se convirtió en el principal cartel de drogas del continente.
Los tentáculos del narcotráfico no tan solo han permeado al Estado y sus
instituciones, sino a toda la sociedad. No existe actividad económica
fundamental que no sea usada por el narcotráfico. Es un secreto a voces el
lavado de dinero en actividades inmobiliarias, cambiarias y bursátiles por
parte de la corrupta boliburguesía, así como acumulación de fabulosas fortunas
personales de connotados miembros de la nomenclatura bolivariana.
La Venezuela del siglo XXI se ha convertido en un narcoestado dirigido
por una logia milico-civilista que apela a una retórica socialista como
instrumento de engaño y manipulación. Pretenden transformar al país en un
narcofeudo del crimen, de fronteras elásticas, de blanqueo de capitales, de
corrupción y de narcotráfico. El socialfascismo bolivariano ha hecho del
narcoenriquecimiento una manera legítima de acumulación de capital.
El narcotráfico, el lavado de dinero, y el enriquecimiento ilícito
forman parte del ADN de la élite bolivariana que “desgobierna” al país en
nombre de un falso socialismo.
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