La logia
milico-civilista que “desgobierna” a la República, no satisfecha con la
destrucción del país acaba de consumar un golpe de palacio en complicidad con
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mediante el Decreto Presidencial Nº
2.231, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.845 el iletrado Maduro ha
autorizado la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras,
Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual se encargará de toda la exploración,
producción y venta de hidrocarburos y minerales del país.
De acuerdo al
Decreto Presidencial esta nueva empresa militar tendrá como objeto participar
en todo lo relativo a las actividades licitas de servicios petroleros, petroquímicos,
de gas y explotación minera. Es decir asumen el control total de la industria
petrolera, relegando a un segundo plano a la estatal petrolera de PDVSA.
La creación de
CAMINPEG representa un nuevo paso del socialmilitarismo bolivariano, entiéndase del socialismo Siglo XXI, en
su empeño por militarizar al país, por transformar a nuestra sociedad en un
gran cuartel disciplinado y obediente al servicio de un caudillo insepulto. Representa
un nuevo paso en la desnacionalización petrolera y una nueva ventana para
seguir profundizando las alianzas leoninas con las
transnacionales vinculadas al negocio energético (Chevron, ConocoPhillips,
Shell, Mitsubishi, BP, Mitsubishi, Rosneft, Petrobras, Petrochina, Repsol), y
minero (Rusoro, Citic). Este nuevo emporio adscrito al Ministerio de Defensa
funcionará como un Estado dentro del Estado, con capacidad de intervenir directamente en todo el proceso
productivo, distributivo y de comercialización de las industrias minera,
petroquímica, petrolera y gasífera.
Con la
creación de CAMINPEG se despoja a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y al
Ministerio de Petróleo y Minas de la regulación, formulación y seguimiento de
políticas, así como fiscalización de las actividades del Ejecutivo Nacional en
materia minera, petroquímica, petrolera y gasífera. Militarización que no responde a razones
técnicas puesto que los milicos no disponen de la formación académica y
tecnológica para ello. No es lo mismo gritar a pulmón batiente que son “socialistas,
revolucionarios, antiimperialistas y chavistas” que manejar una planta de
refinación o una mina.
La barbarie bolivariana ha
dispuesto la creación de CAMINPEG a fin de mantener un control férreo y secreto del
funcionamiento de ese sector, puesto que casi todos los recursos financieros
que han ingresado al país durante estos últimos años provienen precisamente de
las industrias
petroquímica, petrolera, minera y gasífera. Además, su creación constituye una
“retribución con creces” al sector castrense por su lealtad y defensa de la
“robolución”. Lealtad que no responde a ninguna convicción ideológica o
sentimiento patrio como falazmente lo afirman sus integrantes, sino a la
conveniencia de apoyar a un régimen que le ha permitido un manejo
“discrecional” de los recursos del Estado y asociaciones delictivas en medio de
la mayor impunidad.
Esta nueva derecha militar en el poder ha consumado un golpe de palacio sin recurrir a tanquetas, ni aviones,
lo han hecho por la vía de la Gaceta Oficial al autoasignarse la renta del
subsuelo, es decir las ganancias provenientes de la industria minera,
petrolera y gasífera nacional
de manera exprés, sin consulta popular o discusión en la Asamblea Nacional.
Es evidente
que nuestro país atraviesa un período de intensa militarización del Estado y la
sociedad. No es sorpresa alguna encontrar a milicos al frente de ministerios, gobernaciones
de Estado, presidentes de institutos autónomos, gerentes de industrias
estatizadas, parlamentarios, embajadores, sin tener la formación profesional
que los acredite para el ejercicio de los mismos, más que el uniforme y la
voluntad servil. La invasión de la peste militar a las instituciones del Estado
comenzó con el régimen del tte coronel insepulto y se ha acentuado con el
monárquico Maduro. La misma persigue una mayor concentración del poder del
Estado en los mandos militares, a fin de lograr una mayor verticalidad,
sumisión (carácter jerárquico), así como un control social más efectivo. El
régimen busca resolver por la vía de las
armas la pérdida de su hegemonía política.
Consciente de
la presión de la “caldera social” que existe en el país, la nomenclatura bolivariana acentúa la militarización
con el objetivo de contrarrestar y reprimir la protesta popular por la escasez
de alimentos y medicinas, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la
inseguridad personal, la crisis médico- asistencial, el colapso de la
infraestructura vial, de las universidades e institutos de investigación, el
alto costo de la vida, la precarización de los salarios.
Con la formación de CAMINPEG las industrias
petroquímica, petrolera, minera y gasífera se convierten en fuentes de una mayor
ineficiencia, despilfarro y corrupción de lo que ha sucedido en PDVSA. Padecemos
las consecuencias de un proyecto militarista, demencial, fanatizado y corrupto
que ha despilfarrado nuestra riqueza petrolera en estos últimos años y que la
militarización de la misma presagia peores resultados.
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