Las masacres de la Paragua (6 asesinados, 10/06), Cariaco
(9 asesinados, 11/16) y la de Barlovento (11/16) donde 12 personas fueron
asesinadas y enterradas en fosas comunes, no pueden consideraras como hechos
aislados. Estos asesinatos han sido el producto de la institucionalización de
la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la
militarización de la seguridad ciudadana. Desde la puesta en práctica del
“Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) más de 850 venezolanos
según Provea han sido ejecutados extrajudicialmente. Victimas que han sido
presentadas como “abatidos en enfrentamiento” en los partes de guerra a la
opinión pública presentados por el general Gustavo González (egresado de la
Escuela de las Américas), así como por el narco-general Néstor Reverol.
Las redadas emprendidas bajo las OLPs han terminado convirtiéndose en
operaciones de exterminio de jóvenes en zonas populares del país.
Con la llegada al poder del fachomilitarismo
bolivariano (1998) se dio inicio a la aplicación de la Doctrina de Seguridad
Nacional Bolivariana (DSNB) y del establecimiento del control militar del
Estado que incluyó la militarización de la seguridad ciudadana. Pruebas de la
aplicación de DSNB son la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo (Lodofat), la creación del Centro Estratégico de
Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y más recientemente la puesta en
ejecución de las OLPs. La Lodofat fue aprobada a fin de criminalizar y
judicializar las luchas del movimiento estudiantil, popular y sindical venezolano.
Por su parte el Cesppa constituye un organismo milico-policial que tiene por
objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles
que estipule arbitrariamente el Estado. Por su parte las OLPs representan la
demostración más fehaciente de la militarización de la seguridad ciudadana. Constituyen
funestos operativos de exterminio en los cuales decenas de personas han sido
aniquiladas a manos de efectivos de la pestilente bota militar y agentes de los
cuerpos de seguridad.
Lamentablemente el anémico intelectual de Maduro le
ha dado continuidad a la vieja visión maniquea del amigo-enemigo del nazista Carl
Schmitt y su perverso terrorismo de Estado. Apela al uso de la fuerza militar para
la defensa de la Patria contra un fantasioso “enemigo interno”. Bestialidad que
los lleva a tipificar como enemigo interno a estudiantes, obreros, presuntos
delincuentes, disidentes políticos, campesinos, o cualquier otro sujeto no afín
con su barbarie. El régimen se comporta de manera muy similar a los regímenes
autoritarios y a las dictaduras militares del siglo XX y XXI. Maduro y su
pranato utiliza con rígida lógica militar la concepción de Schmitt para erosionar
aún más el Estado de derecho y justificar la sistemática violación del derecho
a la vida. Mientras los voceros del régimen “claman victorias” por el
abatimiento de “peligrosos maleantes”, los familiares y testigos aseveran que
los “abatidos” fueron en realidad detenidos sin que hubiesen hecho resistencia
alguna y luego aparecieron en las morgues con signos de haber sido asesinados
por disparos a corta distancia (quemarropa) y otros con muestras evidentes de
haber sido torturados. Este es el caso de uno de las víctimas en la masacre de
Barlovento a quien le fracturaron el cráneo producto de la tortura y mintieron
al afirmar que la causa de la muerte había sido un ataque de epilepsia. Una muestra
contundente de la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados
de la patria del que tanto nos habla Padrino López (egresado también de la
Escuela de las Américas).
La militarización de la seguridad ciudadana
impuesta por el régimen es contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna
(CM) y en diversos tratados y convenios internacionales que establecen muy
claramente el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana. Para nadie
es un secreto que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no
disponen de capacitación alguna para realizar labores de seguridad ciudadana,
muy al contrario, son formados para exterminar al enemigo.
Definitivamente, estamos en presencia de la tortura
y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales
han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Las
masacres de la Paragua, de Cariaco y de Barlovento tienen la misma impronta
facha-asesina que los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, de
la ciudad de Maracay (5/08/15). Vale recordar que los artículos 43 y 55
de la CM consagran: la inviolabilidad del derecho a
la vida, estableciendo además que ninguna ley podrá establecer la pena de
muerte, ni autoridad alguna aplicarla y la obligación de los cuerpos de
seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas”. Los éxitos de las OLPs no son más que (“body counts” al mejor
estilo de los milicos colombianos) de inocentes ajusticiados por el Estado
venezolano en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana.
Las declaraciones falaces del chafarote Padrino
López eludiendo sus responsabilidades y desvinculado a la FAN de las torturas,
desapariciones forzadas, y ajusticiamientos extrajudiciales cometidos por sus
efectivos en Cariaco y Barlovento lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes.
Su supuesto apego al respecto de los derechos fundamentales lo utiliza como coartada
para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos.
En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional
Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un
mérito, es una labor patriótica bolivariana. La Paragua, Cariaco y Barlovento
por mencionar las más recientes masacres así lo demuestran.
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