Contrariamente
a la promesa de restaurar el Estado de Derecho -violentado por los gobiernos anteriores-
el proyecto chaveco-madurista ha profundizado e institucionalizado la violación de los
derechos humanos a través de la cultura del terror, del miedo colectivo, la
represión ilimitada y de la muerte.
El ideario
chaveco-madurista ha
promovido abiertamente la cultura del terror como estrategia para el control
social de la población. Las detenciones arbitrarias, la tortura, las
ejecuciones extrajudiciales en zonas populares (OLP), y las desapariciones
forzosas (José Rivas, Marco Monasterio, Oscar Romero y Roberto Hernández en el
Estado Vargas (1999) y Alcedo Mora en el Estado Mérida (2015) forman parte del
libreto siniestro puesto en escena por los cancerberos del régimen. Además, ha
recurrido al uso de la justicia militar, a operaciones de exterminio como las
de La Paragua (2006), Barlovento (2016), Cariaco (2018), y del Junquito (2018) y
al asesinato de detenidos políticos como los casos de Rodolfo González Martínez
(El aviador) (2015), Nadis Cecilia Orozco (2017), y más recientemente el
Concejal Fernando Albán (2018); todas ellas aberraciones propias de regímenes dictatoriales.
La
utilización de la cultura de la muerte como instrumento de sumisión busca apabullar
al venezolano a fin de ejercer su control político, económico, y social y por
ende hacerlo vulnerable, manipulable y esclavo de la tiranía. El haber arrojado
al concejal Fernando Albán desde el piso 10 de la sede del SEBIN -a fin de
ocultar su repugnante tortura y asesinato en sus calabozos - es una del muestra
más del terrorismo de Estado impuesto por el perverso ideario chaveco-madurista. Además, cabe destacar que
hubo una serie de irregularidades en el caso del concejal Albán violatorias de
las normas constitucionales, por ejemplo, fue secuestrado a su llegada al país,
se le desapareció e incomunicó y no fue presentado a los tribunales competentes
dentro del lapso establecido por la Ley (48 horas). Tras su asesinato, la
autopsia no fue practicada por un anatomopatólogo acreditado, sino por un curandero
de los que egresan de la escuela de medicina comunitaria (MIC). No hay que olvidar
que el SEBIN bajo la dirección de González López (egresado de la Escuela
de las Américas -Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de
Seguridad) se ha convertido en antro de torturas y muerte. Los “suicidios” de Rodolfo González Martínez
y de Fernando Albán recuerdan los “suicidios”
de José Gregorio Rodríguez (1962) y Fabricio Ojeda (1966) y la “muerte natural” de Jorge Rodríguez
(1976) ocurridos durante los gobiernos de la mal llamada Cuarta República.
Es
evidente que con el asalto al poder del facho-chavismo se produjo un retroceso
significativo de los espacios democráticos existentes en el país. La imposición
de la doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana, sustentada en el concepto
del “amigo-enemigo” del jurista Nazi Carl Schmitt ha implicado la
identificación, exclusión y eliminación física de todo sujeto considerado “no
amigo” de la política oficial. Terror que se ejerce bajo el pretexto “de la
estabilidad política y la soberanía nacional”, cuando en realidad persigue
destruir todo vestigio de oposición a la política oficial. El régimen elabora
construcciones ideológicas maniqueas a fin de legitimar el aplastamiento de
quienes difieren de su proyecto político.
La
conducta del fiscal usurpador Tarek William Saab ha sido infame al calificar de
suicidio la muerte del Concejal Albán basado en el reporte policial proporcionado
por los esbirros involucrados en su asesinato. Desde su ilegitima investidura Saab
ha actuado más como un rastrero funcionario de Miraflores que como verdadero Fiscal
General de la Nación. Es irónico ver al otrora defensor de los derechos humanos
convertido hoy en un despreciable esbirro al servicio del régimen,
dispuesto a mentir y hasta justificar conductas policiales oprobiosas las
cuales cuestionó con gran vehemencia en el pasado.
La
degradación de Saab es tal que está presto a sancionar judicialmente a todo
aquel que se atreva a desafiar la historia oficial sobre el suicidio de Albán. Con
su miserable actitud imita a los juristas nazis quienes legitimaron las
prácticas y leyes que vulneraban los derechos individuales alemanes a fin de
consolidar el tenebroso proyecto de Hitler. La ignominia de Saab nos retrotrae
a la tesis de Roland Freisler (1934) Fiscal del Estado alemán quien instaba a
los jueces a abandonar la imparcialidad y apoliticismo y juzgar al acusado en
el marco del espíritu nacionalsocialista. Ni hablar del Defensor del Pueblo,
Alfredo Ruiz Angulo, fantoche y cobarde funcionario que ha guardado un silencio
bochornoso ante las sistemáticas violaciones de los derecho humanos y más
recientemente ante el asesinato del Concejal Albán.
No nos
debe sorprender que tartufos como Saab, Reverol, Ruiz y Cabello repitan una y
otra vez que Albán no fue asesinado, sino que se suicidó (“Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en
verdad” Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda nazi).
Venezuela es rehén de un lumpanato
cada vez más reducido, pero fanatizado dispuesto a cometer la más ruin de las
crueldades a fin de mantenerse en el poder. Este es el verdadero rostro del ideario
chaveco-madurista, tan autoritario, opresor, y
asesino como los fascismos del siglo XX (fascismo
italiano y el nacionalsocialismo alemán).
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