A medida que el brote de coronavirus (COVID-19) se ha extendido, la angustia y el miedo han invadido a los ciudadanos. El carácter letal del COVID-19 reside tanto virulencia, como en su capacidad para desbordar los servicios médico-asistenciales del país afectado. El COVID-19 surgió como una epidemia en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei a comienzos del mes de diciembre del 2019. Lamentablemente el régimen dictatorial de Beijing priorizó sus intereses económicos -preocupación por la desaceleración de la economía- sobre la salud del pueblo chino. El régimen totalitario encubrió la magnitud del brote, manipuló las cifras de infectados y fallecidos y empleó su control sobre los medios de comunicación para silenciar toda la información. Fue un mes después (01/2020) cuando el presidente Xi Jinping dio a conocer la gravedad de la epidemia y tomó algunas medidas -por demás tardías- para evitar la propagación del COVID-19. La dictadura china en su desespero por acallar la epidemia llegó al extremo de encarcelar a médicos (caso del Dr. Li Wenliang) por haber denunciado la gravedad del brote neumónico in Wuham. Penosamente el Dr. Wenliang murió después a consecuencia del COVID-19.
Como era de esperarse el coronavirus llegó a nuestro país. A una Venezuela sumida en un caos sin precedentes: desnutrición generalizada, hiperinflación galopante, desempleo monstruoso, desabastecimiento de alimentos, de gasolina y de gas, fallas en los servicios básicos de luz y de agua y un sistema de salud totalmente colapsado. La mayoría de los hospitales no funcionan, carecen de la infraestructura básica, de agua y electricidad, ello aunado a una falta de medicamentos en especial para los pacientes con patologías crónicas. Además, enfermedades erradicadas en el pasado como el paludismo, la tuberculosis, sarampión, y la difteria han repuntado de nuevo alcanzando cifras alarmantes. Todo ello nos hace más vulnerables al COVID-19.
Es evidente que el país no está preparado para lidiar con la pandemia del COVID-19 y que muy posiblemente su impacto será catastrófico. El régimen de Maduro y sus milicos lejos de implementar medidas destinadas a paliar las consecuencias de esta terrible pandemia han profundizado la militarización de las relaciones sociales y maximizado un estado punitivo y de excepción. Obviamente esta funesta militarización no se ha traducido en un mejoramiento de las precarias condiciones hospitalarias, ni en la dotación de nuevos equipos médicos (respiradores artificiales), insumos para el personal que labora en ellos (guantes, batas, tapabocas, test para el diagnostico del coronavirus). Tampoco en una mayor disponibilidad de camas en salas de hospitalización y unidades de cuidados intensivos (UCI). Si las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer frente a la situación se aplican a Venezuela, se necesitarían 1.400 camas UCI. En su lugar, contamos (sumando las públicas y privadas) con mucho menos del número deseado, mal dotadas y ya ocupadas muchas de ellas por pacientes con otras patologías graves. Además, la militarización de la salud no ha significado un aumento en la disponibilidad de medicamentos, ni mejoras en el acceso a servicios de agua y saneamiento ambiental, factores importantes para el control de la propagación del COVID-19.
La nomenclatura bolivariana mediante el Estado militar impuesto minimiza la emergencia sanitaria, oculta las cifras de infectados y fallecidos y encarcela a quienes desnudan la gravedad de la situación. Las detenciones arbitrarias de los periodistas Darvinson Rojas, Beatriz Rodríguez y Javier Vivas Santana son una clara demostración de la férrea censura que el régimen ha establecido para ocultar la caótica situación hospitalaria, así como las cifras reales de contagiados y fallecidos. Todo aquel que se enfrenta a las falsedades del régimen es considerado como enemigo de la Patria (enemigo interno) a quien hay que perseguir, aislar y aniquilar (Amigo-enemigo, Carl Schmitt, jurista del partido Nazi).
Las perspectivas sanitarias no son nada halagadoras. El epidemiólogo Marc Lipsitch (Escuela de Salud Pública, Universidad de Harvard) ha afirmado que un 40-70% de la población mundial se infectará con el COVID-19. Asumiendo los cálculos más conservadores (40%) ello implica que aproximadamente 11.548.000 venezolanos podrían terminar siendo infectados por el COVID-19 lo cual es por demás alarmante. Vale destacar que nuestro país ha tenido una de las curvas de contagio más rápida del mundo, mayor que la de Italia donde el registro de infectados y muertes ya apuntan a estadísticas aterradoras.
Venezuela es un país arruinado que sin la ayuda internacional no podrá defenderse social y sanitariamente ante una pandemia de la magnitud del COVID-19. Por más que Maduro militarice al país, decrete cuarentena -no funciona con un pueblo hambriento-, acalle y reprima a periodistas, recomiende brebajes mágicos (saúco, jengibre, pimienta y miel) y designe a falsarios y esotéricos como Sirio Quintero como asesores para enfrentar la pandemia, el COVID-19 seguirá expandiéndose en el tejido social venezolano aceleradamente.
Esta emergencia demanda un acuerdo nacional humanitario que vaya más allá de las diferencias políticas, una tregua que permita la llegada concertada de una ayuda internacional. Pensar en la formación de un gobierno de Emergencia Nacional (cambio político) como pre-requisito para concretar la ayuda internacional constituye un garrafal error político. Uno más de esa oposición que se ha convertido en una caja de resonancia de las desquiciadas políticas de la Casa Blanca. Venezuela necesita del socorro sanitario internacional para evitar la propagación descontrolada del COVID-19 y así proteger la salud y vida de los venezolanos.
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