El chaveco-madurismo se ha consolidado como un factor histórico adverso a los intereses de la clase trabajadora venezolana, a pesar de su retórica constante sobre un supuesto compromiso con los trabajadores. Como parte de su estrategia comunicacional, este discurso ha llegado al extremo de bautizar al inquilino de Miraflores como el “presidente obrero”.
Sin embargo, tal denominación contrasta profundamente con la realidad de las políticas implementadas por Nicolás Maduro. El “presidente obrero” ha sido responsable de la criminalización y judicialización de la protesta sindical. A través de un aparato jurídico represivo, numerosos trabajadores han sido falsamente acusados y condenados, como los seis dirigentes sociales y sindicales recientemente encarcelados por participar en protestas por mejoras salariales. Esta criminalización de la crítica y de la protesta social no es un hecho aislado, sino una política de Estado que se ejecuta desde Miraflores con el aval del Ministerio Público y del Poder Judicial.
No obstante, el carácter antiobrero del proyecto bolivariano no comenzó con Maduro. Conviene recordar que el teniente coronel Hugo Chávez fue un férreo opositor a la autonomía sindical. Durante su gobierno se promovió la intervención del Ejecutivo en la vida interna de los sindicatos, la creación de estructuras paralelas afines al oficialismo, y la subordinación de la representación laboral al aparato del Estado. Impulsó normativas como la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002), que penalizaba las huelgas y protestas en diversos sectores, y modificó leyes clave como el Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral (1999) y el Subsistema de Pensiones y Salud Pública (2012). No es casual su frase: *“En revolución, los sindicatos deben desaparecer”* (2005), que resume su visión autoritaria sobre el movimiento obrero.
Paradójicamente, pese a su retórica antineoliberal, el chavismo-madurismo ha aplicado políticas que replican los preceptos del neoliberalismo más ortodoxo, especialmente en lo referente a la flexibilización laboral y la precarización del empleo. Bajo su administración, el mercado laboral ha sido degradado mediante la creación de empleos de baja estabilidad a través de programas como las misiones sociales, las cooperativas, “Chamba Juvenil” o las Brigadas Comunitarias Militares. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), establecidas en estados como Aragua, Falcón y La Guaira, se han convertido en enclaves donde se vulneran derechos laborales elementales: no hay garantías de estabilidad, ni salarios dignos, ni prestaciones sociales, ni derecho a la sindicalización.
La precarización ha alcanzado niveles alarmantes: salarios mínimos que rondan los 5 dólares mensuales en un contexto hiperinflacionario y dolarizado; eliminación de beneficios como cajas de ahorro, seguros médicos y contratos colectivos; e imposición de un perverso sistema de bonificación salarial mediante los “Bonos de la Patria”. Todo esto constituye un retroceso sin precedentes en las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores venezolanos.
Si tomáramos en serio la retórica chavista sobre su supuesta defensa de los trabajadores, cabe preguntarse: ¿Por qué la indiferencia del régimen ante el legítimo reclamo de un ingreso justo, mientras la corrupción oficialista devora miles de millones de dólares? ¿Por qué se recurre a la bonificación del ingreso, práctica que fue criticada por los mismos que hoy la imponen? ¿Por qué se reprime a sindicatos y dirigentes que denuncian esta situación? ¿Por qué se ha eliminado el proceso de discusión de contrataciones colectivas?¿Por qué se sigue culpando a las sanciones internacionales por el colapso salarial, cuando el deterioro comenzó mucho antes de su implementación?
El movimiento sindical venezolano enfrenta desafíos monumentales. La represión sistemática ha generado un clima de miedo, obligando a muchos trabajadores a abstenerse de participar en protestas por temor a represalias. Este ambiente ha erosionado la capacidad de organización y movilización de la clase trabajadora.
En definitiva, el chavismo-madurismo no representa ni ha representado los intereses de los trabajadores, por más que intente proyectarse como un gobierno “obrerista”. Se trata, por el contrario, de uno de los proyectos más antiobreros, represivos y regresivos de la historia contemporánea venezolana.**
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