Venezuela enfrenta una crisis política profunda que, a pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión de la comunidad internacional, no parece tener una salida viable en el corto plazo.
En un intento por proyectar una falsa normalidad, la oficina electoral del régimen -el Consejo Nacional Electoral (CNE)- ha convocado nuevos comicios para el 27 de abril, donde se elegirán gobernadores, alcaldes, legisladores y miembros de la Asamblea Nacional. Ante esta convocatoria, sectores de la oposición liderados por María Corina Machado han llamado a la abstención, sin previa consulta ni debate con el resto de las fuerzas políticas que integran la coalición democrática. La decisión de abstenerse no es nueva; ha sido un error político reiterado y costoso, como se evidenció en 2005, 2018 y 2020.
Los defensores de la abstención argumentan que la vía electoral está agotada y sostienen, de manera falaz, que participar en los comicios del 27 de abril solo serviría para legitimar el fraude consumado por el régimen el 28 de julio pasado. Según ellos, no acudir a las urnas es una forma de reivindicar la voluntad popular expresada en esa fecha, un acto de deslegitimación y un rechazo simbólico que, supuestamente, facilitará la salida de Maduro del poder.
Pero, ¿qué ha cambiado desde el 28 de julio? En esencia, nada: el régimen sigue siendo el mismo, ilegítimo desde 2018 -no desde 2025, como algunos afirman- con un perfil autoritario, represivo y fraudulento. Mantiene control absoluto sobre el CNE, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y cuenta con el respaldo de la cúpula militar. Si las condiciones políticas no han variado significativamente, ¿por qué llamaron a votar en julio y ahora promueven la abstención? ¿Es esta última una estrategia válida para provocar un cambio político?
La evidencia histórica indica lo contrario. La falta de participación en procesos electorales no ha debilitado al régimen chavista-madurista; por el contrario, le ha otorgado control absoluto sobre los espacios de poder y ha reforzado su narrativa de invencibilidad. La abstención genera inacción política, que contribuye indirectamente a la permanencia del régimen y dificulta la acumulación de fuerzas necesarias para lograr un cambio.
Pensar que la abstención permitirá “cobrar” los resultados electorales del 28 de julio y, por ende, la toma de posesión de Edmundo González, es una ilusión ficticia.
No existen garantías de que el proceso del 27 de abril se realice de manera transparente, ni de que el régimen se abstenga de manipular nuevamente los resultados electorales. Los regímenes autoritarios, como el de Maduro, preservan el poder mediante el fraude y la represión. Sin embargo, votar en una dictadura puede ser una estrategia de resistencia: articular movimientos sociales, generar nuevas dinámicas de protesta y catalizar cambios políticos. El voto, lejos de ser sumisión, puede ser una herramienta clave para reorganizar estructuras opositoras, conectar con la ciudadanía, reforzar liderazgos, generar una narrativa sostenida de lucha y articular un mensaje de cambio que socave las bases del autoritarismo.
Asimismo, llamar a la abstención basado en la expectativa de una fractura dentro de la Fuerza Armada o en la esperanza de una intervención extranjera respaldada por organismos multilaterales o Estados Unidos representa un error estratégico. La institución militar nunca ha actuado como garante de la constitucionalidad; históricamente, ha sido un instrumento represivo al servicio del gobierno de turno. Por otro lado, una intervención auspiciada por organismos multilaterales es inviable: potencias como China y Rusia, con intereses estratégicos en Venezuela, ejercen su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la OEA, la causa venezolana no supera el respaldo de 14 a 16 de los 33 países que la integran activamente, por lo que tampoco allí hay posibilidad real de intervención. Finalmente, una intervención militar directa de Estados Unidos es altamente improbable, dadas las complejidades geopolíticas, estratégicas y de costo-beneficio para la administración de Mr. Trump. A pesar de su retórica agresiva, la realidad es que: i) Trump ha evitado reunirse con Edmundo González, ii) no revocó la licencia de Chevron, y iii) envió a Richard Grenell a negociar con Maduro la liberación de seis estadounidenses secuestrados en Caracas, la deportación de venezolanos y otros “posibles acuerdos”, según reportó el Miami Herald. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos en EE.UU., bajo el argumento de que “las condiciones habían mejorado” en Venezuela.
Participar en elecciones bajo una dictadura no garantiza una transición democrática -el voto en estas circunstancias no es un mecanismo normal de alternancia de pode-, pero puede ser un factor clave para erosionar el poder autoritario y abrir nuevos escenarios de lucha. La clave está en no reducir la acción política al mero acto de votar, sino en convertir ese proceso en un acto de resistencia estratégica que genere presión, movilización y desgaste del régimen.
Afirmar que el camino electoral está agotado, siendo esta la única herramienta política disponible para la ciudadanía, es una declaración sumamente temeraria. Más aún cuando, además de las elecciones legislativas y regionales, se plantea la posibilidad de un referéndum consultivo para legitimar la reforma constitucional impulsada por Maduro y su círculo de poder. Esta reforma “exprés” contempla al menos 80 nuevos artículos diseñados para fortalecer y consolidar su proyecto autoritario, cercenando aún más los pocos espacios democráticos que existen en el país.
El objetivo no es “pasar la página del 28 de julio” ni conferir legitimidad a Maduro; se trata, más bien, de emplear la movilización ciudadana en torno al sufragio como mecanismo de lucha y erosión del régimen. En la coyuntura actual, el voto es el único instrumento estratégico para visibilizar el descontento, reclamar nuevos espacios, desafiar la narrativa oficial y articular formas de resistencia que trasciendan el acto electoral.
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