Fraude electoral con apoyo de las bayonetas

En las sombras de una noche que debía ser testigo del ejercicio democrático, Venezuela presenció uno de los actos más oscuros y desesperanzadores de su historia reciente: un fraude electoral sin precedentes, respaldado por la bota militar. La voluntad popular, expresada en las urnas a favor de un cambio político, fue arteramente violentada al declarar el Consejo Nacional Electoral (CNE) triunfador al candidato oficialista.

Los venezolanos concurrieron al evento electoral preñados de esperanzas renovadoras a pesar de las circunstancias adversas que rodearon a la campaña electoral. La campaña estuvo caracterizada por una falta de competitividad, el uso grotesco de los recursos del Estado en favor del candidato oficialista, la imposición de una estricta censura comunicacional que limitó la información independiente y plural y la ausencia de una veeduría internacional. Además, se conculcó el derecho al voto de los venezolanos residentes en el exterior, quienes se vieron impedidos de ejercer su derecho democrático debido a trabas burocráticas y restricciones injustificadas impuestas por el régimen. Todo esto ocurrió ante la complicidad de un CNE arrodillado ante el inquilino del Palacio de Misia Jacinta.

A pesar de este panorama desalentador, el pueblo venezolano acudió masivamente a las urnas con la esperanza de derrotar políticamente al proyecto bolivariano. Sin embargo, lo que debía ser un acto soberano de expresión ciudadana se transformó en una farsa grotesca. Las primeras señales de irregularidades fraudulentas empezaron con la negativa de permitir que los testigos de la oposición entraron a los centros de votación por parte de los milicos del Plan República, agravándose en horas de la noche con la expulsión de los testigos al momento de la totalización en los centros de votación. 

Un mensaje politizado e intimidatorio del ministro de la defensa confirmó los planes de subvertir la voluntad popular. Los uniformados en lugar de proteger el derecho al sufragio y la voluntad de los ciudadanos se convirtieron en garantes del fraude y la manipulación electoral. Los reportes de violencia e intimidación comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Los testigos que intentaban defender el voto ciudadano fueron expulsados de los centros de votación, y reprimidos con una brutalidad desmedida por parte de efectivos militares y grupos paramilitares. 

El CNE, con el apoyo de los chafarotes del régimen, oficializó el fraude al anunciar como ganador de las elecciones al analfabeto de Miraflores con el 51.2% de los votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González. La consumación del fraude dejó en evidencia el precio que estaba dispuesto a pagar el régimen de Maduro para mantenerse en el poder. La jornada electoral se convirtió en un escenario de enfrentamiento entre la voluntad popular y un bloque de poder decidido a mantenerse a toda costa, en medio de una escena de represión y asesinatos.

En este contexto, la comunidad internacional le toca jugar un papel crucial ante tan grotesco fraude. La condena y el rechazo a las prácticas autoritarias del régimen deben ser contundentes y consistentes para ejercer presión y promover el respeto a los principios democráticos. Mandatarios de la región ya han tomado una postura firme. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado de manera categórica que "Chile no reconocerá ningún resultado que no sea verificable". De manera similar, António Guterres, secretario general de la ONU, ha solicitado la publicación de los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales. Por su parte, el Centro Carter y la Cancillería brasileña ha hecho un llamado a una "verificación imparcial de los resultados", destacando la necesidad de una supervisión internacional rigurosa para asegurar la integridad del proceso electoral. Estas demandas toman una nueva dimensión ante la denuncia de que Edmundo González obtuvo 6.275.182 votos, mientras que el hijo bastardo solo logró 2.759.256 votos, cifras fundamentadas en el análisis del 73,2% de las actas electrónicas proporcionadas por las máquinas de votación. Solo con una presión sostenida y un compromiso firme de la comunidad internacional se podrá lograr revertir este grotesco fraude electoral, permitiendo que la causa democrática prevalezca sobre el autoritarismo y la represión. Además, es esencial mantener la visibilidad de la situación en Venezuela en la agenda global, garantizando que los derechos humanos y la voluntad popular sean respetados y restaurados.

El pasado 28 de julio se demostró de manera contundente que el chavismo-madurismo ha perdido su relevancia como referencia política en Venezuela. No cuentan con el respaldo mayoritario de los venezolanos y por ello el arrebato antidemocrático que han ejecutado con el apoyo de las bayonetas. La violencia y el fraude electoral perpetrados durante esa jornada oscura subrayan la desesperación de un régimen que, en su debilitamiento, recurre a tácticas autoritarias para mantener el poder a toda costa. Sin embargo, esta situación también puede servir como un catalizador para el renacer de nuevas luchas sociales y políticas. La adversidad enfrentada por el pueblo venezolano puede fortalecer su determinación y convertirse en un motor para la resistencia y el cambio político que el país reclama. A pesar de la oscuridad que envuelve el presente, la voluntad popular y el deseo de democracia siguen siendo fuerzas poderosas que impulsan la búsqueda de un futuro más justo y equitativo.

El espíritu democrático de los venezolanos permanece hoy más vivo que nunca. Su incansable búsqueda de libertad y justicia seguirá motivando sus esfuerzos por derrotar al proyecto autoritario chavista-madurista. A pesar de la represión y las adversidades, los venezolanos continúan demostrando una valentía y resistencia admirables, organizándose en comunidades, participando en manifestaciones pacíficas y utilizando todas las herramientas a su disposición para exigir el respeto a los resultados electorales.

El miedo y el terror como estrategia electoral

Las campañas electorales son fundamentales en los sistemas políticos democráticos, donde diversos candidatos y partidos compiten por el voto de los ciudadanos para obtener un cargo de representación pública. En un sistema verdaderamente democrático, las campañas electorales deben llevarse a cabo en un marco de equidad y transparencia, asegurando que todos los participantes tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades para comunicarse con el electorado.

Tras 25 años de autoritarismo chaveco-madurista, los venezolanos tenemos a una nueva elección presidencial no democrática, no-competitiva, marcada por un apabullante ventajismo oficial reflejado en la imposición de un cronograma electoral arbitrario, el uso grotesco de fondos y recursos del Estado y la imposición de una censura comunicacional que limita la libertad de expresión y el derecho a la información. Además, el despidos de empleados públicos por ser sospechosos de simpatizar con la oposición y la persecución y encarcelamiento arbitrario de opositores. Todo ello ante la complicidad del Consejo Nacional Electoral que actúa como una oficina electoral al servicio del inquilino de Miraflores. 

Sin embargo, lo más peculiar de esta campaña ha sido la estrategia electoral gobiernera. Lejos de ofrecer propuestas innovadoras o soluciones a los graves problemas que afectan a los venezolanos, Maduro y su grupete han recurrido a la represión y el terror como estrategias electorales. Vale recordar que el miedo y el terror han sido utilizados por regímenes autoritarios y totalitarios como instrumentos paradigmáticos para controlar al electorado y preservar la dominación. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, solía decir: “El poder necesita infundir miedo y terror para sujetar, dominar y controlar a las masas”. En este contexto, la estrategia electoral oficialista se ha centrado en el “voto miedo”, basada en el principio de que es posible persuadir a las grandes mayorías a través de la apelación al terror (Snipes, La Tour y Bliss, 1999). Es decir, si no puedes convencer a tus votantes, reprímelos y aterrorízalos.

Ante el agotamiento de su agenda falaz y demagógica, el chaveco-madurismo promueve la narrativa de que el país colapsará y sobrevendrá el caos si la ultraderecha (entiéndase oposición) gana el próximo 28/7. El bastardo hijo de Chávez, quien ha extremado sus discursos ante la evidencia de su derrota en las urnas, ha afirmado que ocurrirá un baño de sangre, una guerra civil. El oficialismo alerta que se perderán las conquistas laborales y sociales, que se entregarán los recursos naturales y estratégicos a las empresas multinacionales, y que aumentará la corrupción y el desempleo. Además, que se pondría en riesgo la educación pública y el sistema de salud. En resumen, se perderían los logros de la revolución bolivariana.

¿Pero de qué conquistas laborales y sociales hablan? ¿A cuál proceso político, económico y social revolucionario se refieren? Estos farsantes ideológicos piensan que los venezolanos carecemos de memoria histórica. Creen que hemos olvidado que su proyecto político de impronta fascista representa una de las mayores falsificaciones de la historia contemporánea. Una deriva falsaria y autoritaria que ha conculcado los derechos de los trabajadores, intervenido sindicatos y criminalizado sus luchas sindicales. Que su modelo económico, un capitalismo de Estado ramplón, ha resultado en la destrucción del aparato productivo nacional, la pérdida de la soberanía económica, y la profundización del rentismo petrolero. Pérdida que se ha traducido en la entrega de nuestras riquezas naturales a las transnacionales mediante concesiones leoninas (Faja Petrolífera del Orinoco y Arco Minero) y la creación de Zonas Económicas Especiales. Que, en nombre de una falaz revolución, han destruido los sistemas de salud y educación e institucionalizado un perverso terrorismo de Estado. Han sido 25 años horadando y transgrediendo las libertades democráticas.

Pero la estrategia del terror ha fracasado y fracasará en sus pretensiones de desmotivar e intimidar al pueblo venezolano en sus aspiraciones por un cambio político. El próximo 28/7, las grandes mayorías saldrán a votar en favor de una alternativa democrática que ponga fin a esta pesadilla autoritaria que representa un inmenso lodazal de miseria, hambre, y terror.

La derechización de Europa

Las elecciones europeas, celebradas entre el 6 y el 9 de junio, han dado lugar a un nuevo mapa político en el viejo continente. Sus resultados no pueden sorprender. Era evidente el ascenso de la extrema derecha y el declive de una izquierda dada la pérdida progresiva de su perfil político e ideológico.

El avance de la extrema derecha ha sido avasallante. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen se consolidó en Francia. Los ultras también ganaron en Austria, Hungría e Italia. En Polonia y Alemania, la extrema derecha se posicionó como segunda fuerza, aunque en los países nórdicos como Suecia y Finlandia su apoyo disminuyó. El Partido Popular Europeo se mantuvo como la primera fuerza del hemiciclo, mejorando sus resultados respecto a 2019 y superando las expectativas de las encuestas. Los socialdemócratas, aunque se mantienen como la segunda fuerza, sufrieron reveses significativos en Alemania y España. Por su parte, los liberales han sido quizás los más golpeados políticamente, con la derrota del partido de Emmanuel Macron en Francia y Alexander De Croo en Bélgica. Los verdes, por su parte, perdieron una media de 20 escaños, con malos resultados en Alemania y Francia, aunque lograron una sorprendente victoria en Dinamarca.

La dura derrota de las izquierdas en las elecciones europeas del 7/6 refleja la profunda crisis ideológica que las afecta. Por un lado, una izquierda reformista que hace tiempo que renunció a cambiar el sistema, cuya única “ideología” es la sumisión al sistema, al poder establecido, y que por tanto ha dejado de defender los intereses del pueblo. Una izquierda que ha llegado al extremo de no saber lo que significa la palabra “socialista”. Y por otro lado, una izquierda anquilosada, marginal, trastocada por la desaparición de la URSS y de las burocracias opresivas de la Europa Oriental. Una izquierda que en medio de sus desvaríos ideológicos ha llegado a apoyar a dictaduras o regímenes autoritarios con presos políticos y graves violaciones de derechos humanos, que defiende regímenes que imponen a sus mujeres los velos y pañuelos, que aborrece la libertad de expresión, que propicia una sociedad uniforme en la que la disidencia es condenada y judicializada.

El actual auge de la ultraderecha no es más que un nuevo capítulo en la lucha ideológica, frente a una izquierda desunida, desorientada y desorganizada, sin ideas ni estrategias claras. Es evidente que, tras su triunfo electoral, la extrema derecha se consolidará dentro y fuera de las instituciones europeas, y su peso político será cada vez más determinante dada la nueva correlación de fuerzas en el parlamento europeo. Se impondrán sus políticas militaristas y antiinmigrantes, así como el deterioro de los salarios y las condiciones de empleo, la precarización de las relaciones laborales y la reducción de puestos de trabajo. El auge arrollador de la derecha debe interpretarse como un fracaso de la izquierda europea.

Es lamentable observar el declive de una fuerza transformadora como lo fue la izquierda europea, faro de esperanza y cambio, que promovió la democracia representativa, la justicia social y el progreso. Hoy es una izquierda reaccionaria, estancada, y entrampada en un discurso ideológico contradictorio, que no logra articular un proyecto alternativo coherente. 

Es imperativo que la izquierda europea recupere su espíritu original de transformación social y vuelva a conectar con las necesidades y aspiraciones de los explotados y de los excluidos sociales.

López Obrador: populismo autoritario

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluirá su mandato el próximo 1/10/2024. Ha sido un sexenio signado por el autoritarismo, el maniqueísmo, el fracaso económico, y el control social, coexistiendo con una oposición abigarrada que fue incapaz de hacerle un contrapeso y desarrollar un proyecto político alternativo. 

El sexenio de AMLO se redujo al sistemático desmantelamiento de la democracia mexicana y la consolidación de su proyecto populista autoritario: la Cuarta Trasformación. AMLO logró debilitar al Poder Legislativo a través de reformas que le otorgaron más poder al Ejecutivo, reduciendo la capacidad del Congreso para actuar como contrapeso. A través de leyes aprobadas por su mayoría parlamentaria, AMLO convirtió al Poder Judicial en un mero instrumento al servicio de su proyecto populista 4T. Además, transformó a la fiscalía general de la República en una herramienta para intimidar y reprimir a la disidencia política. Su populismo creó múltiples programas sociales que lejos de producir los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza y la exclusión social, los exacerbó profundizando las desigualdades sociales y la miseria. AMLO termina su sexenio con 4 millones de nuevos pobres y 15 millones de mexicanos que perdieron el acceso a los servicios de salud pública (Coneval).

AMLO a lo largo de su mandato se empeñó en dividir maniqueamente a la sociedad mexicana entre buenos (sus seguidores) y malos (todos los demás, estigmatizados como conservadores, neoliberales, corruptos y enemigos de la patria). Menoscabó la libertad de expresión, así como la legitimidad de todos los movimientos y asociaciones no afines a su proyecto 4T y a su partido el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

Su primitivismo intelectual lo llevó a atacar la libertad académica y la investigación científica. Recortó compulsivamente (75%) el presupuesto de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav). Su autoritarismo debilitó la integridad electoral de México al socavar el funcionamiento de instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambas consideradas vitales para el ejercicio democrático del país. 

A pesar de todas las críticas formuladas en contra de la administración de Calderón por el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, AMLO militarizó la seguridad pública. Su estrategia de abrazos no balazos resulto un total fiasco, provocando la mayor crisis de violencia y muerte en la historia del país (171,085 asesinatos, y 50,000 desaparecidos). Pero no tan solo militarizó a la sociedad, sino le entregó a los uniformados áreas estratégicas del Estado mexicano, incluyendo aeropuertos, puertos, la aviación civil y las comunicaciones. Pero, además, los militares han estado involucrados en la construcción de importantes obras de infraestructura (Parque Ecológico del Lago de Texcoco, 4 aeropuertos internacionales y algunos tramos (5, 6 y 7) del controvertido Tren Maya). Esta creciente presencia militar en ámbitos civiles ha socavado el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado mexicano, limitando la transparencia administrativa y por ende incrementando la corrupción.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum se enfrenta a la disyuntiva de continuar la política de AMLO, es decir, gobernar por medio de la amenaza, el miedo, el control social y el uso político y discrecional de la justicia, o impulsar y fortalecer la ansiada transformación democrática del Estado mexicano. Con inquietud escuchamos decir a la presidenta Sheinbaum que su misión prioritaria será garantizar la “construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, es decir, darle continuidad y profundizar el populismo autoritario de AMLO. Este enfoque plantea serias preocupaciones sobre el futuro político del país, ya que ello obstaculizaría el desarrollo de un México más democrático (una de sus tantas promesas electorales). Solo el tiempo dirá si Claudia Sheinbaum será capaz de navegar esta compleja encrucijada y conducir a México hacia un futuro más democrático, equitativo y justo.

El nefasto bonapartismo tropical

Genéricamente, la noción de cesarismo/bonapartismo se utiliza para hacer referencia a gobiernos autoritarios, fundados en el culto a un líder al que se le atribuyen rasgos heroicos, que cuentan con el apoyo del aparato burocrático-militar y cuya legitimación se basa en una supuesta voluntad del pueblo. El término bonapartismo se deriva del concepto de cesarismo -régimen político establecido por Cayo Julio César- introducido por la pluma de Marx en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852). Texto en el cual Marx analizó críticamente los reinados de Napoleón Bonaparte (1769-1821) y su sobrino Napoleón III (1808-1873).

A lo largo de los siglos XX y XXI, América Latina ha sido testigo del surgimiento de una nueva oleada de regímenes bonapartistas. Aunque estos ensayos políticos emergen mayoritariamente de procesos electorales y conservan algunas formalidades propias de las democracias liberales, en la práctica desarrollan estrategias destinadas a debilitar la institucionalidad democrática y a promover liderazgos carismáticos y autoritarios. Chávez y Maduro son claros ejemplos del cesarismo-bonapartismo del que hablaba Marx. Ambos personifican la figura del mandatario todopoderoso, que se eleva sobre las contradicciones de las clases sociales y, respaldado por el aparato burocrático-militar, interviene desde el poder para mantener y preservar el proyecto hegemónico gobernante.

Por sus peculiaridades ideológicas, el bonapartismo bolivariano ha sido incapaz de modificar las estructuras económicas preexistentes del país, es decir, las relaciones de producción y la distribución de la riqueza. Al margen de la retórica efectista y pirotécnica, solo se ha limitado a impulsar planes de impronta populista que, lejos de superar la pobreza y la exclusión, han terminado profundizándolas (82% de los venezolanos son pobres y el 53% está en pobreza extrema, ONU) en el marco de un perverso control social.

El bonapartismo bolivariano, en su consolidación como proyecto autoritario, secuestró ideológicamente el término “socialismo”. Sin embargo, lejos de promover una auténtica transformación socialista-anticapitalista, como afirman tanto sus defensores como sus detractores, Venezuela sigue siendo un país con un sistema económico capitalista dependiente. Un capitalismo de Estado depredador, que lejos de superar el cuestionado rentismo petrolero, exacerbó sus rasgos más negativos de este diseño económico y fomentadó una corrupción cívico-militar que ha arruinado a la industria petrolero nacional.

Los resultados de este infausto modelo estatista-militarizado se reflejan en que la mayoría de la población sufre de inseguridad alimentaria grave, especialmente los niños, con un aumento de la desnutrición infantil. Los sistemas públicos de salud y educación están colapsados, y la libertad de expresión está cada día más limitada debido al control absoluto de los medios de comunicación. La sociedad ha sido militarizada y la violación de los derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática. Se ha impuesto una precarización laboral de impronta neoliberal, lo cual ha resultado en la pérdida de importantes conquistas laborales ya consagradas en las Constituciones de 1947 y 1961, y en la pulverización de los salarios y pensiones en medio de una hiperinflación y dolarización anárquica de la economía. Esta deriva bonapartista tropical ha significado un retroceso en términos de democracia, de respeto de los derechos humanos y de justicia social.

La coyuntura electoral que se avecina el 28/7 no será una fiesta ciudadana; será un evento complejo enmarcado en unas elecciones no competitivas, caracterizadas por el uso de recursos del Estado en favor del inquilino de Miraflores, la modificación de circuitos electorales y la migración arbitraria de electores, todo ello bajo la mirada complaciente de un Consejo Nacional Electoral al servicio del candidato gobiernero.

Es crucial que todos acudamos a las urnas, ejerzamos nuestro derecho al voto y demostremos que la fuerza de la democracia radica en la participación consciente de cada ciudadano. No olvidemos que el voto representa la estrategia más efectiva y viable para lograr el cambio político-social que aspiramos los venezolanos.

Hay que derrotar a la barbarie bonapartista bolivariana que representa la desesperanza, la pauperización, la miseria y la represión. ¡Todos a votar!

 

Fantasías y Realidades: El Realismo Mágico Electoral

La oficina electoral de Miraflores, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha decidido convocar elecciones presidenciales para el próximo 28/07, violando las normas y disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

María Corina Machado, quien durante mucho tiempo fue una firme defensora de la ruta anti-electoral, sorprendentemente emergió como ganadora de las primarias (10/23), convirtiéndose en la candidata de la fracción mayoritaria de la oposición. Su inscripción como candidata auspiciada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no pudo llevarse a cabo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a su inhabilitación arbitraria. Es decir, la primaria opositora permitió elegir a una candidata, que paradójicamente nunca fue candidata pues siempre estuvo inhabilitada.

Entonces ¿por qué y para qué se permitió la inscripción de ciudadanos inhabilitados políticamente en una primaria para elegir a un candidato o candidata a la Presidencia de la República que de resultar ganador no podría inscribirse ante el CNE? (Tal Cuál 28/7/23 y 12/7/23). Permitirlo resultó contradictorio y el tiempo ha demostrado que no contribuyó a lograr el surgimiento de un candidato único, de una alternativa viable, ya que al final no pudo inscribirse. Además, provocó confusión y falsas esperanzas entre los votantes.

La imposibilidad de reconciliar su fantasía con la realidad obligó a María Corina a abdicar su simbólica candidatura en favor de la Dra. Corina Yoris, quien también se encontró imposibilitada de inscribirse debido a una decisión arbitraria del CNE. Ante esta situación anómala y equívoca, la PUD optó por inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato "provisional" y sorpresivamente, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, decidió también inscribir su candidatura para la contienda presidencial.

Es innegable que el actual sistema político y electoral no permite la celebración de unas elecciones competitivas y transparentes, como las que caracterizan a las democracias pluralistas. El CNE está claramente subordinado a los deseos del inquilino de Miraflores, el Registro Electoral Permanente no ha sido actualizado, se utiliza el aparato estatal para favorecer al candidato oficialista, la mayoría de los partidos políticos han sido judicializados y los programas sociales son usados para manipular y chantajear la intención del voto de los más necesitados. No obstante, a pesar de todo ello, una abrumadora mayoría de venezolanos desaprueba la gestión de gobierno de Maduro (80% frente a 20%) y ha manifestado sus deseos por un cambio de dirección política en el país. Una eventual unión de la disidencia política permitiría desplazar del poder al opresivo proyecto chaveco-madurista.

La compleja situación y los obstáculos y abusos por parte del CNE han proporcionado nuevas justificaciones a los abstencionistas para rechazar abierta -no hay condiciones electorales- o solapadamente con ambiguas e imaginarias expectativas electorales. Estimulan la abstención insistiendo en candidaturas rechazadas por el CNE, así como proponiendo una inexplicable campaña electoral sin candidato que motive y movilice a los electores (se anunciará 10 días antes de las elecciones). Esta es una estrategia suicida que nos conduce a una derrota inexorable, sin que el CNE tenga la necesidad de recurrir a maniobras fraudulentas. Derrota que conduciría a una profundización del control político y social y a la consolidación de un modelo de sociedad tutelada por la pestilente bota militar. Insistir en candidaturas inexistente (María Corina – Corina Yoris) confunden al elector y generan incertidumbre.

Todos a votar el próximo 28/7. Maduro es derrotable en las urnas a pesar de su grosero ventajismo. Abstenerse es facilitar la perpetuación en el poder del chaveco-madurismo y el secuestro de la democracia.

 

Oppenheimer: una víctima emblemática del macartismo

El término "macartismo" se origina del apellido del senador republicano Joseph McCarthy (1908-1957), quien desencadenó una frenética campaña anticomunista en los Estados Unidos (EE. UU.) en la década de los 50. Esta época oscura se caracterizó por intimidaciones, acusaciones infundadas y audiencias públicas sin garantías procesales, donde se perseguía a todo aquel sospechoso de simpatizar o ser comunista. Miles de ciudadanos, incluidos destacados científicos como Oppenheimer, Papanek, Kamin, Solomon, así como artistas de renombre como Chaplin, Welles, Cole, Trumbo, Koch, Meyers, Hellman, Goldfrank y muchos otros, fueron acusados y, en muchos casos, encarcelados. Además, cientos de educadores, activistas de los derechos civiles, periodistas, líderes laborales y trabajadores también fueron objeto de persecución durante ese período tenebroso de la historia estadounidense. Recientemente, la vida de una de las víctimas de la vorágine macartista, Robert Oppenheimer fue representada de manera dramática y cautivadora en la película que lleva su nombre, la cual recibió 7 premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas del país del norte, incluyendo el premio a la mejor película.

Oppenheimer, fue un eminente físico estadounidense conocido como el "padre de la bomba atómica" por su papel fundamental en el desarrollo de armas nucleares en los Estados Unidos (EE. UU.). Fue el director del proyecto Manhattan, equipo que desarrolló exitosamente la primera bomba atómica, la cual fue detonada en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945, un mes antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Oppenheimer fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante ese período de caza de brujas debido a la relación de su esposa y su hermano con el Partido Comunista de EE. UU., su apoyo al gobierno electo de la Segunda República española y su defensa de la sindicalización de sus colegas universitarios. Además, se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno por parte de EE. UU. Oppenheimer, además, fue incluido por el FBI en el Índice de Detención Preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que, en caso de emergencia nacional, debían ser arrestada. A pesar de que las acusaciones contra Oppenheimer no fueron verificadas, se le revocaron todas las acreditaciones de seguridad y fue destituido de su cargo en la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Fue públicamente humillado y forzado a separarse de su carrera científica y del mundo que tanto había contribuido a construir.

Sin embargo, el macartismo aún persiste, no es un fenómeno relegado al pasado. La polarización política en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, ha dado lugar al resurgimiento de una forma de censura intelectual y exclusión que encarna al macartismo del pasado. La influencia negativa de esta perversa narrativa también se ha extendido a las academias, donde se excluye a quienes son identificados como "socialistas-comunistas", (por favor no confundir con la farsa ideológica del chaveco-madurismo). Esta etiqueta política estigmatizante ha conllevado a la desacreditación, el veto y la exclusión de investigadores sin considerar sus logros académicos y científicos. Se les cataloga, de manera extraoficial (off-the-record), como sujetos "controversiales", "beligerantes" y "conflictivos", sin que se prive una evaluación objetiva de su trabajo académico y científico. El problema no es científico, sino político e ideológico.

La ciencia debe ser un espacio donde se privilegie la búsqueda de la verdad y el intercambio de ideas, sin temor a exclusiones basadas en consideraciones políticas o ideológicas.