Diálogo con un interlocutor sordomudo

 Finalmente se concretó el diálogo auspiciado e instrumentado por el régimen. Diálogo que ha sido promovido por una comisión (impuesta por Samper-Unasur) integrada por José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martin Torrijos mediadores que lejos terciar en la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana, intentan imponer un diálogo humillante de impronta madurista. No puede presidir la comisión que promueve el diálogo un obscuro personaje como Rodríguez Zapatero quien en su intervención en la OEA (21/6/2016) encubrió premeditadamente la crisis humanitaria que vive el país y la ruptura del orden constitucional perpetrado por la nefasta mafia cívico-militar bolivariana.

Diálogo que ha sido oxigenado con la presencia de monseñor Emil Paul Tscherrig en representación del Vaticano y por las presiones ejercidas por Thomas Shannon, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU. Paradójicamente, el mismo "imperio" que conspira y bloquea a Venezuela según la nomenclatura bolivariana, ahora apadrina el tan ansiado monologo de Maduro. El patrocinio de Shannon no nos debe sorprender, pues a su gobierno no le preocupa la existencia de un gobierno dictatorial en Venezuela en la medida que el mismo no afecte a sus intereses económicos. Claramente, el “antimperialista” de Maduro ha sido muy diligente en favorecer a los intereses que representa Mr. Shannon (leoninas empresas mixtas, zonas económicas especiales, concesiones energéticas, doble tributación, arco minero de Guayana, etc.).

Hay que convenir que los diálogos son útiles y necesarios a fin de poner término a los conflictos. Por lo tanto, siempre habrá tiempo para el diálogo y el acuerdo entre pares en la medida de que haya voluntad política, respeto y tolerancia para lograr avances. Sin embargo, no se puede ir a un dialogo en un escenario donde los facilitadores actúan como emisarios políticos de Maduro, no hay signos de voluntad política por parte del régimen, se descalifica y calumnia a la disidencia y para el colmo se asiste con una agenda improvisada y divorciada del tema central: democracia o dictadura. Estamos ante un monólogo estéril condenado al fracaso, al margen de que cuente con la bendición del Santo Padre y el apoyo de Mr. Obama

La MUD ha concurrido a este monólogo haciendo importantes concesiones políticas a cambio de nada. Se difirieron el juicio político al ungido de Maduro, y la renovación plena del Consejo Nacional Electoral, y además se suspendió la marcha a Miraflores del 3/11, la cual nunca se debió convocar. Su realización implicaba caer en el terreno de la confrontación, escenario en el cual el régimen tiene una gran capacidad de maniobra dado su vocación autoritaria, represiva (GN, PNB) y criminal (grupos paramilitares). En contrapartida la dictadura cívico-militar no ha cedido en nada. Ha dispuesto una medida simbólica pero intrascendente: ha excarcelado a algunos secuestrados políticos, incluyendo a Carlos Melo quien tenía una medida cautelar sustitutiva en libertad.

Como colofón a este esfuerzo infecundo la MUD ha dado un “plazo de 10 días para ver resultados”. Aspirar que el régimen sordomudo de Maduro apruebe un cronograma electoral que incluya la Presidencia de la República, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y de respuesta al tema del desabastecimiento de alimentos y medicinas, no es más que una simple quimera. La MUD subestima la fortaleza del bloque de dominación cívico-militar en el poder. Una cosa es que el régimen haya perdido el apoyo popular, pero algo muy distinto es ignorar que aún conserva el control de la Fuerza Armada Nacional, la cual ha convertido en su brazo represor. ¿Puede alguien imaginar a Maduro y a su mafia gubernamental aceptando tales peticiones?

El 11/11 no va suceder capitulación alguna por parte de Maduro y su pranato. El inquilino de Miraflores y su logia de saqueadores, parásitos y represores continuarán su agenda represiva-dictatorial tratando de ganarle tiempo al tiempo (sin importar los lapsos), mientras los venezolanos seguiremos padeciendo las consecuencias de la espantosa crisis que afecta al país. Más que generar falsas expectativas, el llamado debe ser a seguir la lucha por la conquista de nuevos espacios democráticos.

De seguir la oposición rindiéndolo culto a la improvisación y al espontaneísmo el futuro será de nuevos fracasos y frustraciones. Reveses que se traducirán lamentablemente en la oxigenación del neodictador caribeño.

Los falsos positivos del régimen

El escándalo de los falsos positivos estremeció la vida política de la República de Colombia a finales del 2008. Con ese nombre es como se conoce a las revelaciones que involucraron a miembros del ejército colombiano en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del enfrentamiento a grupos insurgentes en el hermano país.

Cientos de inocentes labriegos que nada tenían que ver con los grupos insurgentes fueron asesinados a sangre fría como parte de la tristemente célebre política de Seguridad Democrática aplicada entre otros por el hoy general retirado y convicto Mario Montoya. Dicha política no fue otra más que el asesinar a humildes campesinos residentes en zonas de conflicto (cerca de 1,000 en el lapso 2002-2008 según datos de la Fiscalía colombiana), los cuales una vez ajusticiados eran presentados como combatientes de la guerrilla -muertos en combates- a fin de demostrar lo eficiente y exitoso de las operaciones de contra-insurgencia llevadas por el ejército colombiano. Entre muchos otros ajusticiamientos a manos de soldados colombianos se conocen los de Soacha, Antioquia, Boyacá, Huila y Sucre. Hoy en Colombia hay cerca de 3.000 uniformados detenidos involucrados en la política macabra del “body count”, de los cuales 815 ya han sido condenados, contándose entre ellos oficiales superiores (generales), medios suboficiales y soldados. Algo que no deben de olvidar los milicos bolivarianos.

Pero el régimen de facto del iletrado Maduro también tiene a sus Montoyas y sus falsos positivos. Chafarotes practicantes de la política macabra del “body count” y que en nombre de la seguridad ciudadana -la misma excusa de sus colegas colombianos- han asesinado a humildes moradores en las barriadas populares de las principales ciudades del país. La concepción represiva de las viejas razias policiales fue adaptada al esquema de seguridad interna facho-bolivariano dando surgimiento a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP). Estos funestos operativos iniciados por el general Gustavo González (insigne egresado de la Escuela de las Américas) y continuados por el narco-general Néstor Reverol se han transformados en operativos de exterminio, en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de agentes de los cuerpos de seguridad (funcionarios del Cicpc, de la PNB, y SEBIN) e integrantes de la Guardia Nacional en circunstancias un tanto extrañas.

Tanto el milico represor del modelo “matemático aritmético”, así como el narcogeneral responsable de abusos cometidos contra manifestantes (2013 y 2014), en sus ruedas de prensa, especies de partes de guerra siempre hablan de “enfrentamientos o resistencia a la autoridad con armas de fuego”. Sin embargo, llama la atención el elevado número de “delincuentes abatidos” sin que ningún funcionario policial o militar haya resultado herido o fallecido en el desarrollo de dichas razias. Esto contrasta con las continuas denuncias de familiares y testigos que aseveran que los fallecidos fueron detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego han aparecido en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa). Definitivamente, estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Todos recordamos los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, Maracay (5/08/15) algunos de cuyos autores materiales gozan de total libertad.

Más de 700 venezolanos han sido asesinados desde el inicio de estos operativos. Cientos de venezolanos inocentes, incluyendo algunos menores edad constituyen los falsos positivos del régimen presentados ante la opinión pública como peligrosos azotes de barrios. Y aunque así lo fueran en Venezuela no existe legislación que contemple la pena de muerte y muchos menos las ejecuciones extrajudiciales. Han sido asesinatos cometidos con el fin de presentar resultados con bajas (“body count”) y no detenciones en la lucha ante los altos índices de violencia. No olvidemos que en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana los cuerpos de seguridad disponen de licencia para matar como parte de su labor patriótica.

El régimen criminaliza a la pobreza e impone el terror en las zonas populares ante el descontento social. La militarización de la seguridad pública como eslabón fundamental de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana busca imponer una visión cuartelaría e imponer una respuesta autoritaria y no democrática frente a los conflictos propios de una sociedad en crisis.

El cinismo y el descaro del hamponato fachochavista no tiene parangón en nuestra historia republicana. Pregonan el humanismo bolivariano pero sus cuerpos policiales practican operativos de exterminio -OLP- contra indefensos ciudadanos en las zonas populares. Son unos verdaderos miserables farsantes y asesinos.

Es evidente que la profunda crisis económica, política y social del país le ha menguando al régimen y sus acólitos la capacidad de maniobra. Sin apoyo popular trata de evitar cualquier confrontación electoral (RR, elecciones regionales) por ello recurre a la represión y a la violencia.

El fachomadurismo representa una verdadera montonera de delincuentes disfrazados de políticos, y supuestos militantes sociales que viven de la mentira, del engaño y de la corrupción.

Reorientar y redimensionar la lucha política

Las reiteradas afirmaciones de que no habrá referéndum revocatorio (RR) en el 2016 por parte de los voceros del chavo-madurismo hacen pensar que el régimen en complicidad con el hamponato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidieron cerrar el camino electoral y propiciar un escenario de confrontación violenta en Venezuela.

La decisión del chavo-madurismo de huirle a la consulta electoral no es capricho de las madamas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Responde a la nueva correlación de fuerzas políticas del país, en la cual el chavo-madurismo perdió su hegemonía como organización política. Saben de antemano que el escenario electoral del 2016, le es aún menos favorable, que aquel que enfrentaron cuando perdieron el control de la Asamblea Nacional el pasado 6D del 2015. El aniquilamiento jurídico del RR por parte del lupanar del TSJ evidenciaría la condición dictatorial del régimen.

Tomando en consideración los pocos espacios o rendijas de lucha democrática que un persisten, la pregunta que surge es ¿Qué hacer? Algunos se dan por derrotados, entierran las banderas de lucha e invocan a la resignación no sin antes culpar a la disidencia política por la posible no realización del RR en el 2016; ignorando inexplicablemente el talante antidemocrático del régimen. Otros han sugerido tomar las calles hasta que el régimen caiga, o invocan al manoseado 350, declarándose en desobediencia civil. Se olvidan los fatídicos resignados y los proponentes radicales que la posible no realización del RR en el 2016 no es culpa de la disidencia -cumplieron con todas las exigencias establecidas por el CNE- sino que ello es parte del libreto autoritario del chavo-madurismo. No hay que olvidar que el poder es ejercido de manera arbitraria y hegemónica por una alianza entre tránsfugas ideológicos y sectores militares narcocomplacientes, que desconocen la división de los poderes públicos y violan sistemáticamente los derechos humanos.

La posible no realización del RR en el 2016 no significa la muerte del movimiento gestado en torno al mismo como algunos presagian. La movilización popular en favor del RR traspasó su transcendencia como consigna electoral, para convertirse en un medio catalizador del descontento popular (escasez de alimentos y medicinas, inflación, inseguridad personal, crisis médico asistencial, desempleo, etc.). La lucha hay que replantearla no entre la permanencia de Maduro en Miraflores y la disidencia política, sino entre un régimen impopular, autoritario e ilegítimo y el país nacional. El RR dejó de ser un movimiento plebiscitario para transformarse en un instrumento de lucha de los venezolanos orientado a conquistar nuevos espacios democráticos y lograr la libertad de los presos políticos. La decisión del chavo-madurismo de imposibilitar circunstancialmente una salida democrática, no le garantiza su sobrevivencia política en el tiempo, ni implica la desaparición del amplio movimiento de masas que se forjó en torno al RR. El caudal de descontento generado por la pésima gestión del régimen de Maduro representa una fuerza indetenible que más temprano que tarde terminará por imponerse.

Teniendo en cuenta este complejo panorama es tarea prioritaria lograr que la disidencia política amplíe su base social, que logre alcanzar una mayor articulación entre lo social y lo político; hay que insertase en el movimiento popular, en los sindicatos y organizaciones gremiales, lograr su mayor desarrollo y fortalecimiento. Es imperioso romper con la equivocada idea de que los partidos y las organizaciones sociales son entidades antagónicas y que compiten por espacios similares; todo lo contario, ambas se complementan y son necesarias, representan distintas manifestaciones de la participación ciudadana. Contraponerlos en una óptica autonomista, o jerarquizarlos y subordinarlos entre sí, solo obstaculiza y debilita la lucha. Permitir su desarrollo armónico apunta al fortalecimiento del movimiento popular.

Es urgente erradicar los planteamientos sectarios que alejan políticamente a sectores que en el pasado cerraron filas en torno al proyecto chavista. Hay que partir del reconocimiento de las tendencias políticas y corrientes ideológicas existentes, hay que hacer del pluralismo el criterio fundamental de la práctica política en la disidencia. Impulsemos un amplio Frente Nacional a manera de respuesta frente al régimen de facto de Maduro y sus chafarotes quienes sistemáticamente violentan la Carta Magna.

La redemocratización de la sociedad venezolana y la libertad de los presos políticos son tareas urgentes, ambas son inviables sin la salida del poder del dictadorzuelo de Maduro y sus milicos represores que medran en la cúpula del poder.

Desarrollemos un movimiento político y social amplio cuyo objetivo sea el establecimiento de un orden político plenamente democrático y socialmente equitativo.